Los 30 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), designados por el Congreso, fueron notificados por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados sobre la denuncia de transgredir la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Judicial, la Ley de la Federación de Abogados y el Código de Ética.
La acusación hecha por los anteriores jueces dice que deben ser sancionados con la suspensión del ejercicio de la profesión por aceptar la resolución del Congreso y prestarse a esa situación ilegal.
Los acusados, por el momento, no han emitido un pronunciamiento. Al contrario, se aprestan a seguir en funciones, incluso podrían no ir a la vacancia judicial el 22 de diciembre. La propuesta fue hecha por Ramiro Román, debido a la necesidad de revisar los procesos represados.
El magistrado también dijo que hay fallos con problemas y que los ministros que los emitieron deberían rendir cuentas. Sugiere una auditoría de los juicios, "porque el país debe saber qué pasa con los ellos".
La decisión de no ir a la vacancia depende de la aprobación de los magistrados. La propuesta será conocida la próxima semana en la última sesión ordinaria de la Corte.
Román exhibió dos fallos de casación de la Sala de lo Fiscal, integrada por los ex jueces Hernán Quevedo, José Vicente Troya y el conjuez José Durango, en los que se condena al Estado a pagar indemnizaciones. Así, el 22 de septiembre de 2003, esa Sala dispone la devolución del IVA desde mayo a octubre de 1999 a la empresa Flopec.
Román dice que también se debería revisar los fallos en casos de narcotráfico.
Para el presidente de la Corte Suprema, Ramón Rodríguez, los ex magistrados "podrían ser enjuiciados dependiendo del resultado de las auditorías". (MAR)
Corte nombra a 17 de 30 conjueces
Solo 17 de los 30 conjueces de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron elegidos ayer en la sesión extraordinaria convocada por el titular del organismo, Ramón Rodríguez.
Los restantes conjueces no fueron escogidos, porque varios magistrados no presentaron las carpetas de los postulantes y serán designados la próxima semana.
El titular de la Corte presidió la sesión de ayer solo por 35 minutos y encargó la conducción de la misma al subrogante Guillermo Castro.
Fausto Garcés, Nancy Altamirano, Renán Proaño, Jorge Flores, Jorge Albuja, José Antonio Hualpa, Roberto Moreno, Germán Trujillo, Hernán García, Napoleón Cabrera, Wilson Guzmán, Julio Andrade, Jorge Acosta, Jaime Espinoza, Humberto Berrazueta, Pedro Freire y José Udeña ocuparán los despachos de los jueces en caso de ausencia de los titulares, tal y como lo establecen las leyes respectivas. (MAR)
Atentado contra Peñaherrera trasciende las fronteras
Ayer, la Conaie acudió a la OEA para pedir que se investigara violación a la Constitución
La directiva de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) recibió un espaldarazo de dos organizaciones sociales, a 24 horas del antentado contra la encuestadora Market, propiedad de Blasco Peñaherrera Solah. Ayer, la Conaie y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) buscaban que organismos internacionales investiguen los actos de violencia registrados en la gestión de Gutiérrez.
"Si el Gobierno no toma una actitud clara en descubrir a los autores de estos atentados, no nos quedará más que pedir una comisión internacional de la verdad", dijo Fernando Santos, vicepresidente de la CCQ.
Alexis Ponce, de la APDH, sostuvo que la exhortación "se da en un clima de indiferencia", en el que el caso de Peñaherrera no es aislado.
Leonardo Viteri, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, quien fue a solidarizarse con Peñaherrera, declaró que "esa acción tiene coincidencia con otros hechos, por lo que no puede pasar inadvertido".
La Conaie acudió a la sede de la OEA para entregar documentación sobre las presuntas violaciones a la Constitución y a los acuerdos internacionales por parte del Congreso.
Leonidas Iza, titular de la organización, reiteró que una ruptura del orden constituido fue la designación de la nueva Corte Suprema. En cambio, ningún funcionario de Gobierno quiso referirse al atentado contra Market.
En el Ministerio de Gobierno se confirmó que se ha dispuesto a un efectivo policial para la custodia del empresario. Desde la Policía se informó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía. (PJC-GC)
Lucio recibe loas en el balcón de Carondelet
Manifestantes eran de programas sociales que apoya el régimen
"Quiero reiterar mi decisión inclaudicable de luchar contra la oligarquía corrupta, con el lema: o cambiamos al país o morimos en el intento", dijo ayer el presidente Gutiérrez ante aproximadamente 1 000 personas que marcharon hacia el Palacio de Gobierno, para respaldar la integración de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El mandatario salió al balcón de Carondelet y desde ahí solicitó el respaldo ciudadano para, a través de la consulta popular que convocará, despolitizar las cortes de justicia y todos los organismos de control. "No podemos permitir que bajo la mascarada de la institucionalidad o de defender la democracia continúen controlando al país", puntualizó.
Los manifestantes permanecieron poco más de una hora en la Plaza Grande y se retiraron inmediatamente después de que el presidente se dirigió a ellos. En esta ocasión, la Policía no los dispersó con gases lacrimógenos ni bloqueó su acceso al centro histórico.
Los simpatizantes se concentraron a las 10:00 en el parque El Arbolito y avanzaron por la av. Diez de Agosto gritando consignas a favor del régimen y en contra de los líderes del PSC y de la ID.
La marcha estaba integrada por militantes de Sociedad Patriótica de los barrios populares de Quito. Pedro Almeida, uno de los organizadores, indicó que el objetivo de la movilización era "dar fuerza a las acciones que el Gobierno ha iniciado en contra de quienes han manejado el país durante años". Mientras esto ocurría, el diputado Felipe Tsenkush, acusado por el PSC de recibir coimas, rondaba el Palacio de Carondelet.
Por la noche, dirigentes del FUT llegaron al Palacio para pedirle al presidente que rectifique en torno a la CSJ. (GC)
Jueces cesados presentan una demanda internacional
El PSC da su versión sobre el por qué de la alianza entre el PRE y el Prian
El líder del PSC, León Febres Cordero, dio ayer su versión sobre las razones de la alianza PRE-Prian: el retorno de Abdalá Bucaram, luego de que los roldosistas apoyen a Álvaro Noboa en la campaña presidencial de 2006. "Si es que se produjera ese fenómeno (triunfo de Noboa), entonces le abrirían el camino judicial para su retorno", sostuvo.
También dijo que el líder roldosista "cometió una torpeza" al dejar que el Prian le arrebatara los nombramientos de los integrantes de las dos salas de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
De otra parte, los ministros cesados anunciaron que hoy presentan una demanda ante la Corte Interamericana de Justicia, la OEA y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que los derechos de los ministros jueces de la Corte Suprema sean respetados.
Arturo Donoso, magistrado destituido por el Congreso, dijo que estas acciones pretenden sentar un precedente para que en el Ecuador no se violen los derechos y la Constitución.
Añadió que los magistrados seguirán en la lucha hasta que se restituya la institucionalidad y el respeto a la Constitución.
El documento se presenta luego de que la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Comisión Andina de Juristas (CAJ) calificaron de grave injerencia en los asuntos propios de la Función Judicial a la destitución de los magistrados. Sus comunicados llegaron desde Lima e Italia. (AM-MA-SL)
Cita a puerta cerrada entre Lucio y Kenney
La Embajada de los EEUU dice que fue sesión de rutina
La embajadora de los Estados Unidos, Kristie Kenney, se entrevistó ayer con el Presidente Gutiérrez, en Carondelet. La diplomática ingresó y salió por la cochera con el fin de evitar a la prensa.
Según la representante de prensa de la Embajada, Marty Estel, se trató de una visita "regular para abordar una serie de tópicos que permitan optimizar las relaciones entre ambos países".
Pero reconoció que Kenney debió reiterar el respaldo del Gobierno estadounidense a la administración de Gutiérrez y a la institucionalidad democrática del país en los mismos términos que lo había hecho antes. (GC)