La sociedad civil quiere elegir a los jueces

Que el Congreso Nacional en forma inmediata promulgue una ley que permita integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través del pronunciamiento de la sociedad civil en sus distintos estratos, para de allí en adelante aplicar la Ley de Cooptación exigieron ayer los alcaldes y prefectos reunidos en Guayaquil.
Los alcaldes Jaime Nebot, de Guayaquil; Paco Moncayo, de Quito; Carlos Falquez, de Machala; Johnny Terán, de Babahoyo; Marco Cortez, de Quevedo; José Yúnez, de Samborondón y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, capítulo Guayas, y los prefectos Nicolás Lapentti del Guayas, y Ramiro González de Pichincha, rechazaron la actitud tomada por la mayoría del Congreso de cesar en sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por considerarla anticonstitucional.
Jaime Nebot aseguró que la ventaja de esta propuesta es que el país regresa al estado de derecho y, lo más importante, se despolitiza la justicia haciendo que una sociedad civil elija una Corte clara y limpia.
"La Corte actual desaparece y como jurídica y políticamente no cabe volver a la Corte cesada, se escoge una nueva, pero de una manera transparente. Queremos que el caso se acabe y pronto", dijo.
Según el alcalde de Quito, Paco Moncayo, se le está dando una oportunidad al Gobierno y a la mayoría que eligió a la nueva Corte de rectificar para que regrese la paz y la constitucionalidad al Ecuador. Con la intervención de la sociedad civil se acaba el manoseo político, dijo Moncayo.
"La propuesta tienen un objetivo en común y esperamos que los alcaldes y prefectos de otras ciudades y provincias se unan para formar un frente", expresó Moncayo.
También, los representantes de las Cámaras de la Producción de Quito y Guayaquil se declararon en asamblea permanente y anunciaron que emprenderán acciones legales para recobrar la constitucionalidad del país y lograr la disolución de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los empresarios rechazan las decisiones del Congreso Nacional porque “violan, una vez más, la Constitución, con el auspicio del Ejecutivo, y destruyen la seguridad jurídica propiciando la inestabilidad en el país". Advirtieron que agotarán las acciones cívicas, constitucionales y legales hasta que se restituya el Estado de derecho. El sector empresarial está "sólidamente unido y se mantendrá vigilante". (GVL-MAP)

ALCALDES OPINAN

Carlos Falquez, alcalde de Machala, expresó que debe haber seguridad jurídica para lograr el progreso que tanto necesita el país: "Las decisiones que ha tomado el Congreso ponen en peligro la estabilidad del Ecuador. Condeno la actitud dictatorial con la Función Judicial y si no ponemos un alto, mañana el Congreso puede cambiar a los alcaldes y prefectos".
Marco Cortez, alcalde de Quevedo, aseguró que los ciudadanos rechazan la dictadura y el atropello y apoyan que se restaure la tranquilidad. (GVL)

PREFECTOS SE SUMAN

Los prefectos de Guayas y Pichincha, Nicolás Lapentti y Ramiro González, respectivamente, coincidieron en afirmar que existe un estado de ilegalidad que debe ser rectificado con el fin de enrumbar los destinos del país.
Aseguraron que no están en contra ni a favor de ningún nombre en la Corte Suprema de Justicia, pero que se está viviendo al margen de la ley.
Finalmente, manifestaron que se hace indispensable que todos los protagonistas de los errores cometidos hace pocos días rectifiquen para bienestar de los ecuatorianos. (GVL)

APOYO TELEFÓNICO

A la reunión que tuvieron los alcaldes y prefectos en el Unipark Hotel de Guayaquil, se sumaron varios gobernantes locales, quienes se pronunciaron vía telefónica a favor de la propuesta de que el Congreso rectificara. Los alcaldes Auki Lituaña, de Cotacachi; Fernando Cordero, de Cuenca, y el electo en las últimas elecciones Marcelo Cabrera. La próxima semana, en día por confirmar, los alcaldes y prefectos se reunirán en Cuenca atendiendo la invitación de Fernando Cordero, para ultimar detalles sobre la propuesta que está en marcha. (GVL)

JURISTAS EXPLICAN

Roberto Gómez, ex ministro de Trabajo y ex gobernador del Guayas, considera que la cooptación es el camino legal para designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Así lo estableció la ley y eso es lo que se ha estado haciendo, precisamente para liberar a la función judicial de las influencias políticas y darle mayor independencia. De tal manera que lo que procede es mejorar el funcionamiento del sistema tal como plantean los alcaldes y prefectos. Es necesario que el Congreso se sensibilice frente a la conmoción nacional que se ha presentado. (AM)

EL SECTOR PRIVADO

Blasco Peñaherrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, anunció que se analiza una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para lo cual, la próxima semana, acudirá a los Estados Unidos. Roberto Aspiazu, coordinador general del Comité Empresarial Ecuatoriano y vocero del sector privado, dijo: “Estamos atravesando una situación de facto donde hay una vulneración de principios elementales de convivencia democrática frente a lo cual no podemos por ningún concepto mantenernos impasibles". (MAP)

SECTOR ECONÓMICO

Paralelamente, en la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) se dio una reunión entre representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del sector productivo. David Yuravliker, delegado del FMI, indicó que su presencia en el país es para tratar sobre la economía nacional. Teodoro Maldonado, vicepresidente ejecutivo de la CCG, señaló que cita coincidió con la reunión de los presidentes de la Cámaras, pero que los representantes del FMI se mostraron preocupados por la situación del país y que se refirieron al tema político señalando que esto demuestra inestabilidad jurídica. (MAP)


ID, PSC y Pachakutik, dispuestos a ir a Congreso extra

Los gobiernistas defenderán lo actuado el miércoles por la noche en el Plano Legislativo

Solamente los partidos de la oposición (PSC, ID y PK) acogerían la propuesta planteada por los alcaldes de Quito y Guayaquil, de convocar a un período extraordinario de sesiones para aprobar la Ley de Cooptación y volver a cambiar la Corte Suprema de Justicia. Los demás bloques están en la línea de respaldar lo actuado.
El presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, se mostró partidario del planteamiento, sin embargo, recalcó que el tratamiento del tema necesita el apoyo de "suficientes voluntades políticas".
Con este criterio coincidió Jorge Guamán (PK), quien sostuvo que la coyuntura es ideal para saber "quiénes apoyan la democracia y quiénes no". Además, destacó que la propuesta contempla la participación de la sociedad civil.
De momento se conoce que la mayoría gobiernista (PRE, Prian, SP, MPD, DP, CFP e independientes) no daría quórum a la sesión extraordinaria. Así lo confirmó el bucaramista Ernesto Valle, quien también defendió la decisión de la mayoría y recalcó que en los últimos 25 años de democracia, el Congreso Nacional ha cambiado a los jueces amparándose en distintas resoluciones.
Cynthia Viteri (PSC) cuestionó esta posición, porque la nueva mayoría escogió "un camino inconstitucional para la reestructuración de la Corte, pese a que tenía los votos suficientes para reformar la Ley Orgánica de la Función Judicial". Agregó que su bloque apoyará la propuesta de los gobiernos seccionales, pero advirtió que, debido a la distribución de las fuerzas políticas, "solo la mayoría puede corregir lo que ha hecho".
Segundo Serrano y Luis Villacís, jefes de bloque del partido socialista y del MPD, respectivamente, indicaron que sí asistirán a una convocatoria a congreso extraordinario porque es "un deber de los legisladores". Pero, ambos desestiman la posibilidad de que lo actuado por la mayoría sea reversible.
Serrano afirma que "la mayoría puede hacer los cambios que considere necesarios, ya que la minoría no tiene la fuerza para evitarlos". Para Villacís, la reforma está dada y resta "hacer una campaña de moralización de la Función Judicial". (GFS)

Dos cortes de justicia están funcionando en el país

Magistrados defenestrados analizan ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia defenestrados por resolución del Congreso se reunieron ayer en el Colegio de Abogados de Pichincha y adoptaron algunas decisiones.
Resolvieron publicar un manifiesto para rechazar las violaciones constitucionales, desconocer la resolución del Congreso y suspender la administración de Justicia, porque ellos son los legítimos magistrados.
Con esta decisión, hay dos cortes supremas en el país. Los magistrados destituidos de sus cargos anunciaron que se reunirán todos los días, desde el próximo lunes, en las sedes de los gremios profesionales, de las cámaras de la producción y de las universidades que ayer les ofrecieron su respaldo.
También, analizan plantear una demanda contra el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Simón Zabala, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), también destituido por la misma mayoría legislativa, dijo que los ministros de la Corte y los miembros del TC y del TSE pueden demandar al Estado ante las cortes internacionales, pidiendo una indemnización al Estado, pues ya existe jurisprudencia con un caso similar en el Perú. Cuando Fujimori destituyó a todos los ministros de la Corte Suprema.
Pero el hecho más grave es que hay una grotesca arbitrariedad en contra de la institucionalidad del país, dijo Zabala. René de la Torre, ratificado en el TC, dijo que los magistrados defenestrados están en todo el derecho de llevar sus casos a las cortes internacionales.
También se planteó la necesidad de que el Congreso aprobara la Ley de Cooptación, para evitar nuevas agresiones a la Función Judicial. (MA)

"Un golpe también es un irrespeto a otra Función"

Gil Barragán sostuvo que el Congreso no tenía bases legales para cesar a la Corte

La resolución adoptada por el Congreso el miércoles anterior, mediante la cual cesó en funciones a 27 de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es calificada como inconstitucional por el jurista Gil Barragán. "La Constitución ni ninguna ley le da esas atribuciones a los diputados, de manera que lo que ha ocurrido es una ruptura del Estado de derecho", sostuvo.
El jurista explicó que la transitoria vigésimo quinta de la Constitución no hace referencia a jueces, sino a funcionarios públicos nombrados por el Congreso para un período de cuatro años, por lo tanto, no podía aplicarse en este caso.
También rechazó que la decisión parlamentaria se hubiera adoptado vía resolución. "Esa es una forma de expresión del Congreso pero, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la resolución se aplica solo para suntos de mero trámite, y la cesación de los magistrados de la Corte Suprema no es un mero trámite", explicó.
Consideró que la mayoría gobiernista actuó con irresponsabilidad, ya que "basó su acción en simples cálculos numéricos para lograr el número de votos requeridos, sin observar los procedimientos y normas legales".
Los hechos evidencian, agregó, una violación al orden constituido, ya que la Función Legislativa ejerció un golpe de Estado contra la Función Judicial.
"Un golpe de Estado no implica únicamente captar el poder central, sino el irrespeto y el desconocimiento de un poder sobre otro", concluyó. (GC)