La Legitimidad De Las Autonomias

Quito. 4 dic 99. (Editorial) En nuestro Ecuador continuamos sin
acuerdos mínimos de convivencia armónica. En medio de la más
aguda crisis que soportamos, conocidos sectores dominantes
mantienen enarbolada la bandera de un regionalismo que no puede
ocultar ambiciones económicas y políticas.

Tras la fachada de la descentralización y las autonomías se
pretende pescar a río revuelto y obtener prerrogativas en nombre
del bien común y del interés nacional. Así, las legítimas
demandas de descentralización se desvirtúan por las
pretensiones de los intereses oligárquicos acostumbrados a
presentar sus asuntos y pasiones particulares como razón del
país.

Es verdad que el centralismo, o mejor, el bicentralismo, absorbe
los recursos que deberían distribuirse en forma equilibrada para
el resto del país. Es verdad que una inteligente
descentralización adminstrativa y una justa y equilibrada
desconcentración económica permitirían superar las inequidades
existentes y promover el desarrollo armónico de todas las
provincias y regiones, pero de esto a proclamar, vía
plebiscito, "autonomías provinciales" improvisadas y demagógicas
hay mucha distancia.

Entre autonomía y descentralización existen rasgos comunes y
variantes significativas. Lo común es que una y otra defienden
diferencias, lo distintivo es que la descentralización se adopta
como régimen administrativo allí donde las desigualdades no
llegan a ser fuertemente marcadas.

A ojos vista las regiones del Ecuador son variadas y desiguales
por su naturaleza, clima y recursos. Estas condiciones influyen
en los comportamientos sociales que de todas maneras no son tan
distintos como para reclamar procesos autonómicos. Estas
diferencias regionales constituyen per se una gran riqueza
nacional que no ha sido debidamente aprovechada. Por el
contrario, muchas veces se convierten en fobias que enfrentan a
los ecuatorianos. La nación ecuatoriana está cohesionada por una
misma lengua y una historia común, aunque en su territorio
coexisten nacionalidades indígenas cuyas historias, idiomas y
culturas son radicalmente diferentes.

El sistema autonómico se insitutuye cuando se quiere hacer
justicia a comunidades como éstas, cuyo anhelo de automía
constituye una reivindicación histórica. Los planteamientos de
los pueblos indígenas resultan atractivos para el mundo entero
porque se trata de identidades originales que no han desaparecido
en contextos ajenos y adversos. En verdad es extraordinario que
más de cinco siglos de agresión externa no hayan logrado
exterminar una conciencia de pertenencia nacional basada en
creencias, tradiciones y prácticas compartidas y que ahora los
indígenas sean capaces de remozar sus ideales de
autodeterminación y autogestión.

Se podría señalar quizá que la cuestión indígena en el Ecuador
no atañe a todos los ecuatorianos pues se circunscribe a la
Sierra y a la Amazonía. Sin embargo, no hay que olvidar que
existen nacionalidaes indígenas también en la Costa, y que miles
de emigrantes viven en ciudades como Guayaquil o Machala. Ellos
son quechuas que mantienen su identidad étnica y cultural de
origen y que sobreviven sin la protección que amerita su
pertenencia a un pueblo diferente, este sí, del pueblo mestizo.

El tema de los Derechos Humanos ha recobrado protagonismo en los
últimos años porque ha incluido los derechos que los
individuos reivindican colectivamente como pertenecientes a
pueblos específicos. Tanto la ONU como la OEA y la OIT los apoyan
en el entendido de que la democracia no puede quedarse al margen
de las aspiraciones de los pueblos indígenas.

La autonomía indígena requiere una pluralidad de instituciones
apropiadas, entre ellas la Ley de circunscripciones
territoriales, la Ley Orgánica de las Nacionalidades Indígenas,
así como la creación de instituciones que garanticen el uso y
desarrollo de lenguas, de culturas, el fortalecimiento de la
Dirección Nacional de Educación.

Intercultural Bilingüe y de la Dirección Nacional de Salud
Indígena, entre otras. Esas leyes e instituciones deben ser a
la vez propias y abiertas para impedir que las comunidades
indígenas se conviertan en ghettos apartados de la sociedad.

La autonomía solo es posible en condiciones de equilibrada
distribución de recursos. Hay que reconocer que el país cuenta
con recursos limitados, pero esto puede ser compensado mediante
proyectos económicos autogestionarios que, partiendo de las
iniciativas de los propios indígenas, promuevan la productividad
mediante una agricultura tecnificada, la creación de
microempresas comunitarias, la formulación de proyectos de eco
y etnoturismo, con el manejo y conservación de sus recursos
naturales renovables y no renovables y, en general, con la
mantención del equilibrio de su entorno ecológico.

En este sentido, en nuestro país los pueblos indígenas sí tienen
el derecho para reclamar su autonomía, pues son entidades
históricas vivas, presentes en nuestro suelo aún antes de la
existencia y configuración del Estado ecuatoriano. Tal demanda
la han venido planteando con insistencia en diversos modos y
tonos a lo largo de toda la presente década, sin que su voz haya
sido escuchada por la sociedad y los gobiernos de turno.
* Directora Ejecutiva de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador
(DIARIO HOY) (P. 5-A)