El Consejo de Estado ratificó, con 15 votos en contra y 8 a favor, la revocatoria de tutelas a favor del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Tras conocerse el hecho, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) indicó que "la inhabilidad de ejercer cargos públicos solo proviene de una condena de juez penal".
CIDH pidió al estado colombiano suspender de manera inmediata la sanción a Petro hasta que emita una pronunciamiento. El organismo busca proteger los derechos políticos del alcalde destituido.
La medida que ahora queda en manos del presidente Santos tendría dos opciones: La primera que indica acoger la decisión de CIDH y significaría la suspensión del fallo de la destitución; la segunda contempla ignorar el pedido y interpretarlo como una recomendación lo que significaría ejecutar de forma inmediata el fallo de la Procuraduría.
Si el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene una respuesta favorable podría llevar el caso ante la Corte Interamericana, en Costa Rica. Sus competencias son de cumplimiento obligatorio. Si la Corte se inclina a favor de la CIDH podría ordenar la restitución de Petro. Caso contrario, el alcalde permanecería fuera de su cargo.
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