Quito. 28 jun 2000. Después del 10 de febrero del 2000 los
abogados de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) empezaron a
delinear una estrategia que solo se quedó en el papel. La orden de
prisión del juez noveno de lo Penal del Guayas, encargado del
cuarto, Aquiles Dávila, contra el ex banquero Fernando Aspiazu,
habría la posibilidad para que la AGD asuma la administración de
sus compañías y empresas.

"La AGD procederá a tomar la administración de los bienes,
acciones y participaciones de las compañías o empresas propiedad
de los directivos y accionistas de las instituciones financieras
sindicados con orden de prisión, que se hayan beneficiado de la
concentración de créditos o créditos vinculados". Esto según el
inciso 4, del artículo 15 de la Ley Reformatoria a la Ley de
Instituciones Financieras en Materia Económica del Área
Tributario-Financiera.

Todo se quedó en intentos. La posesión de los bienes no se ejecutó
porque la AGD se encontró con que los bienes de Aspiazu estaban
entregados en un fideicomiso administrado por un fiduciario. Fue
el juicio del Banco del Progreso (BP) que puso a debatir la forma
de cómo asumir los bienes de los ex banqueros sindicados con
prisión preventiva. Hasta esa fecha estaban con orden de prisión
Carlos Julio y José Miranda Alcívar del Banco del Azuay; Alejandro
Peñafiel del Banco de Préstamos; Nicolás Landes del Popular. Y
hace seis días se sumaron William y Roberto Isaías, ex accionistas
de Filanbanco.

El procurador judicial de la AGD, para el caso del Progreso,
Eduardo Guerrero, dijo en esa fecha que después de la acción del
juez, la entidad procederá a tomar en administración las empresas,
incluso para venderlas con el fin de obtener dinero para pagar a
los depositantes del Progreso.

"No necesita otra orden más para asumir la administración porque
es de puro derecho, así lo dispone la ley", le dijo a este Diario
en esa ocasión. Hace dos días Guerrero volvió a ser consultado, y
afirmó que la AGD se encuentra atada de manos porque no se
especifican los procedimientos para asumir los patrimonios de los
ex banqueros y que se han buscado diferentes fórmulas. Señala que
debería de elaborarse un reglamento que ni siquiera ha sido
discutido.

En febrero la AGD debatió entre sus abogados la forma de cómo
afrontar la posesión de los bienes de los banqueros que
administraron los bancos que están bajo la administración de la
entidad. Hubo diferentes criterios, incluso discusiones de cómo
proceder por las aristas que dejaron las empresas de Aspiazu. En
esa ocasión se analizaron las formas de cómo realizar el operativo
de posesión de los bienes de los ex banqueros de las instituciones
en saneamiento.

Según Vicente Taiano, abogado de la Superintendencia de Bancos, la
AGD está facultada para asumir de inmediato los bienes de los
banqueros que estén sindicados con orden de prisión, y no debe
interpretar la ley sino aplicarla. "La AGD debe enviar una
comunicación a la Superintendencia de Compañías para que le
reporte el número de empresas donde tienen participación
accionarial los sindicados e informarle que asumirá el control de
esas acciones".

Taiano dice que "la AGD tiene la potestad para actuar, pero no
existe voluntad". Recomendó que se sugiera a los juzgados que pida
al Registro de la Propiedad un informe del número de propiedades.
Según Dimitri Durán, ex asesor jurídico de la AGD, a partir de la
vigencia de la Ley de Transformación Económica (Ley Trole, 13 de
marzo del 2000) el marco jurídico cambió. Explica que solo en las
empresas en manos de la AGD, hasta esa fecha, se puede asumir los
bienes. La nueva ley le dio a la AGD la jurisdicción coactiva para
recuperar los créditos concedidos.

* El proceso empezó hace 7 días

LOS HERMANOS ISAIAS DASSUM INVESTIGADOS

El 22 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia inicio un
juicio -con orden de prisión preventiva- contra los hermanos
Roberto y William Isaías Dassum, entre otros. A ellos se les
investiga por un supuesto delito de peculado bancario.

Entre los bienes de los Isaías están la cadena Ecuatoriana de
Televisión C.A., Tabacalera Andina S.A. Tanasa, Omnibus BB
Transportes S.A., Agrotec S.A., Compañía Televisión del Pacífico
Teled, Club de Ejecutivos Quito S.A., Departur Turismo y
Apartamentos S.A., Editores e Impresores Edimpres S.A., Empresa
Editora Ecuatoriana Edeca, Radio Difusora del Pacífico Rapasa,
Industrias Lacteras Toni S.A., Naviera Continental Navicon C.A.,
Automotores de Francia C.A. Autofrancia, Comercial Morlan Cia.
Ltda...

* El caso en el Juzgado Cuarto

FERNANDO ASPIAZU SEMINARIO

El proceso penal que investiga al ex presidente del Banco del
Progreso, Fernando Aspiazu, por presunto peculado bancario se
sigue en el Juzgado Cuarto de lo Penal de Guayas. El juicio es el
número 30-2000. El 11 de febrero pasado se ordenó la prisión
preventiva de Aspiazu, quien se encontraba detenido por otros
procesos (existen otras dos órdenes de prisión en su contra por
las denuncias del SRI y Petrocomercial).

Los bienes que Fernando Aspiazu posee son el Sistema de Televisión
Integrado (Sí TV), Diario El Telégrafo, Radio La Prensa, Casa de
Valores Mervalores, Almacenera del Progreso (Almacepro), Casa de
Inversiones y Fideicomiso (Invidepro), Inmobiliaria Dinerscorp,
Andicorp, Administradora de Fondos AFP Promañana, hacienda
bananera, departamento en Urdesa, entre otras.

* Un juicio desde 1998

UN JUICIO CONTRA ALEJANDRO PEÑAFIEL

En el juicio por irregularidades en el Banco de Préstamos están
trece personas sindicadas, entre ellas Alejandro Peñafiel quien
tiene orden de prisión preventiva. El proceso se inició el 10 de
septiembre de 1998 por un supuesto de delito de peculado al
distraer fondos y apropiarse de los dineros de los depositantes.

Otra medida cautelar que adoptó el Juez Décimo Cuarto de lo Penal
de Pichincha -a más de la prisión preventiva- fue la enajenación
de bienes, activos y acreencias de Ana Peñafiel Escalante y de
Alejandro Peñafiel en 45 empresas, entre ellas Tripetrol
Exploration and Production Co., Minga S.A., Tripetrol Gas S.A.,
Tripetrol Holding Inc., Tripetrol Oil Trading Inc, Banapres
Investment LTD y Tripetrol Mart S.A. El 24 de enero de este año la
Fiscalía solicitó su extradición.

* Por una quiebra fraudulenta

NICOLAS LANDES SIN ORDEN DE PRISION

El Ministerio Público impulsó cuatro procesos penales por
supuestas infracciones a la Ley del Sistema Financiero, contra
Nicolás Landes, ex presidente del Directorio del Banco Popular.

El juicio 113-2000 se tramita en el Juzgado Quinto de lo Penal de
Pichincha "por declaración falsa y estados financieros falsos...
Además, por disminución de activos y aumento de pasivos, lo que
equivale a una quiebra fraudulenta".

Como medida cautelar, el Juez solo ordenó la prohibición de
enajenar bienes. Entre las propiedades está el Banco Andino de
Colombia, Transfiec S.A., Fidusa, Casa de Valores ACM,
Andinavalores S.A., Primma Compañía de Seguros y Reaseguros,
Fomexport C.A., Vivero Miño S.A., Servicosa y Recupersa S.A.
(Texto tomado de El Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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