Quito. 02 ago 2001. Los ahorros que se pagaron a los depositantes sumaron
unos 611,8 millones de dólares. Una docena de entidades entraron en
liquidación.
En 32 meses, la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) solo pudo cumplir
con una de sus funciones: pagar la garantÃa de depósitos. En ese tiempo
la Agencia devolvió los ahorros a 883 751 perjudicados de las 12
instituciones financieras que entraron en saneamiento desde diciembre de
1998 y que representaron 611,8 millones de dólares.
Aún no se devuelve el 1,2 por ciento (a 10 778 clientes con más de 7 000
dólares en sus cuentas) que suma 815,6 millones de dólares. Allà se
discute la forma de cómo se van a entregar los bonos, ya sea a dos o
cinco años plazos.
El retraso se dio porque la AGD no obtuvo fondos permanentes para
cancelar las garantÃas y obligaciones y porque no cumplió las otras
funciones que se le encomendaron como la subasta de activos, las
coactivas y la recuperación de las carteras. Se sumó la reestructuración
y reprivatización de los bancos abiertos a su cargo, en lo que fracasó.
Filanbanco cerró el 17 de julio y el PacÃfico pasó a manos del Banco
Central del Ecuador (BCE), porque la capitalización que hizo la AGD no
era legal, según las autoridades de control, y originó la salida del
gerente Luis VillacÃs, que tiene orden de prisión por este caso.
Allà los lÃos jurÃdicos y la presión polÃtica minaron el camino de los
gerentes que estuvieron hasta junio del 2001. Según los administradores,
también se sumaron las malas gestiones de los gerentes ya que solo se
preocuparon por devolver los depósitos y cobrar deudas, pero no supieron
administrar, seguir con los procesos judiciales y aplicar las coactivas.
Existen juicios que los deudores ganaron y que la AGD tuvo que cancelar
las indemnizaciones.
Las barreras nacieron con la misma entidad que no tuvo el poder coactivo
para presionar a los deudores. Según un informe de VillacÃs, antes de su
salida, hasta diciembre del 2000 los bancos en saneamiento solo
recuperaron el 30 por ciento de la cartera que era de 555, 5 millones de
dólares. El 14,5 por ciento fue en efectivo y el resto en Certificados de
Depósitos Garantizados (CDG), daciones de pago y compensaciones.
Recién en enero del 2001 se aprobó el Reglamento para el Ejercicio de la
Jurisdicción Coactiva. Sin embargo, otro decreto presidencial dio luz
verde a la reestructuración de pasivos con plazos de 60 dÃas para
entregar documentación, y luego se amplÃo a 90 dÃas. Un administrador
temporal de la entidad, dijo que eso complicó la recuperación de la
cartera y era difÃcil aplicar las coactivas.
En mayo del 2000 se prohibió la condonación de intereses y no se pudo
negociar con los deudores. Pese a ello, hasta marzo del 2001, se
empezaron 215 juicios de coactiva por un monto de 118,2 millones de
dólares. Se sumaron 30 embargos y 363 juicios en proceso.
En cuanto a las subastas de activos solo hubo diez. IncluÃan vehÃculos,
blindados, cajeros automáticos, subsidiarias del Banco Popular y otros
bienes. Se recuperaron apenas 3,6 millones de dólares, cinco por ciento
de los activos de bancos cerrados. La mayor parte, en la cartera que
bordea los 1,1 millones.
Para los administradores, la venta de otros bienes no se dio porque
muchos estaban en un sistema de "leasing". Es decir, el banco debÃa pagar
todas las letras para poder venderlo. Como en saneamiento solo se
devolvÃa la garantÃa se debÃa decidir si comprar o dejarlo allÃ. Eso pasó
con la mayorÃa de los bienes.
Asà también, cuando el banco estaba a punto de pasar a manos de la AGD se
escondió información. "Muchos desguazaron los bancos y los equipos". Por
eso, esta semana se subastarán 50 propiedades en calidad de compañÃas.
Los gastos que enfrentó la Agencia estatal
Cuando la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) recibió a 12 bancos y
cuatro instituciones financieras, para afrontar sus procesos de
liquidación, también tuvo que aplicar un esquema para la reducción del
personal correspondiente. Es asà como, durante dos años y dos meses se
liquidaron a 3 917 empleados de esas entidades.
Es de esa manera como se redujeron los costos administrativos en 3,7
millones de dólares durante ese tiempo, mientras que los gastos
operativos bajaron en alrededor de 10,3 millones.
Pero esa liquidación de personal originó las demandas judiciales por
parte de los ex trabajadores, perjudicados y ex dueños de los bancos, en
contra de los administradores de los bancos cerrados. Las demandas
sobrepasaban el millón de dólares por daños y perjuicios.
En cambio, por esos casos, los gastos subieron, pues la AGD tuvo que
invertir recursos para defender a sus funcionarios. Cada caso
sobrepasó los 10 000 dólares. Por ejemplo, César Rumbea enfrentó más
de cinco juicios con los perjudicados del Progreso y con Fernando
Aspiazu, ex dueño del Banco.(Texto tomado de El Comercio)
unos 611,8 millones de dólares. Una docena de entidades entraron en
liquidación.
En 32 meses, la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) solo pudo cumplir
con una de sus funciones: pagar la garantÃa de depósitos. En ese tiempo
la Agencia devolvió los ahorros a 883 751 perjudicados de las 12
instituciones financieras que entraron en saneamiento desde diciembre de
1998 y que representaron 611,8 millones de dólares.
Aún no se devuelve el 1,2 por ciento (a 10 778 clientes con más de 7 000
dólares en sus cuentas) que suma 815,6 millones de dólares. Allà se
discute la forma de cómo se van a entregar los bonos, ya sea a dos o
cinco años plazos.
El retraso se dio porque la AGD no obtuvo fondos permanentes para
cancelar las garantÃas y obligaciones y porque no cumplió las otras
funciones que se le encomendaron como la subasta de activos, las
coactivas y la recuperación de las carteras. Se sumó la reestructuración
y reprivatización de los bancos abiertos a su cargo, en lo que fracasó.
Filanbanco cerró el 17 de julio y el PacÃfico pasó a manos del Banco
Central del Ecuador (BCE), porque la capitalización que hizo la AGD no
era legal, según las autoridades de control, y originó la salida del
gerente Luis VillacÃs, que tiene orden de prisión por este caso.
Allà los lÃos jurÃdicos y la presión polÃtica minaron el camino de los
gerentes que estuvieron hasta junio del 2001. Según los administradores,
también se sumaron las malas gestiones de los gerentes ya que solo se
preocuparon por devolver los depósitos y cobrar deudas, pero no supieron
administrar, seguir con los procesos judiciales y aplicar las coactivas.
Existen juicios que los deudores ganaron y que la AGD tuvo que cancelar
las indemnizaciones.
Las barreras nacieron con la misma entidad que no tuvo el poder coactivo
para presionar a los deudores. Según un informe de VillacÃs, antes de su
salida, hasta diciembre del 2000 los bancos en saneamiento solo
recuperaron el 30 por ciento de la cartera que era de 555, 5 millones de
dólares. El 14,5 por ciento fue en efectivo y el resto en Certificados de
Depósitos Garantizados (CDG), daciones de pago y compensaciones.
Recién en enero del 2001 se aprobó el Reglamento para el Ejercicio de la
Jurisdicción Coactiva. Sin embargo, otro decreto presidencial dio luz
verde a la reestructuración de pasivos con plazos de 60 dÃas para
entregar documentación, y luego se amplÃo a 90 dÃas. Un administrador
temporal de la entidad, dijo que eso complicó la recuperación de la
cartera y era difÃcil aplicar las coactivas.
En mayo del 2000 se prohibió la condonación de intereses y no se pudo
negociar con los deudores. Pese a ello, hasta marzo del 2001, se
empezaron 215 juicios de coactiva por un monto de 118,2 millones de
dólares. Se sumaron 30 embargos y 363 juicios en proceso.
En cuanto a las subastas de activos solo hubo diez. IncluÃan vehÃculos,
blindados, cajeros automáticos, subsidiarias del Banco Popular y otros
bienes. Se recuperaron apenas 3,6 millones de dólares, cinco por ciento
de los activos de bancos cerrados. La mayor parte, en la cartera que
bordea los 1,1 millones.
Para los administradores, la venta de otros bienes no se dio porque
muchos estaban en un sistema de "leasing". Es decir, el banco debÃa pagar
todas las letras para poder venderlo. Como en saneamiento solo se
devolvÃa la garantÃa se debÃa decidir si comprar o dejarlo allÃ. Eso pasó
con la mayorÃa de los bienes.
Asà también, cuando el banco estaba a punto de pasar a manos de la AGD se
escondió información. "Muchos desguazaron los bancos y los equipos". Por
eso, esta semana se subastarán 50 propiedades en calidad de compañÃas.
Los gastos que enfrentó la Agencia estatal
Cuando la Agencia de GarantÃa de Depósitos (AGD) recibió a 12 bancos y
cuatro instituciones financieras, para afrontar sus procesos de
liquidación, también tuvo que aplicar un esquema para la reducción del
personal correspondiente. Es asà como, durante dos años y dos meses se
liquidaron a 3 917 empleados de esas entidades.
Es de esa manera como se redujeron los costos administrativos en 3,7
millones de dólares durante ese tiempo, mientras que los gastos
operativos bajaron en alrededor de 10,3 millones.
Pero esa liquidación de personal originó las demandas judiciales por
parte de los ex trabajadores, perjudicados y ex dueños de los bancos, en
contra de los administradores de los bancos cerrados. Las demandas
sobrepasaban el millón de dólares por daños y perjuicios.
En cambio, por esos casos, los gastos subieron, pues la AGD tuvo que
invertir recursos para defender a sus funcionarios. Cada caso
sobrepasó los 10 000 dólares. Por ejemplo, César Rumbea enfrentó más
de cinco juicios con los perjudicados del Progreso y con Fernando
Aspiazu, ex dueño del Banco.(Texto tomado de El Comercio)
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