Quito. 30 abr 99. Prisión para los evasores, nuevos impuestos
y limitaciones a las prebendas de la burocracia dorada
consiguió el Gobierno con el apoyo de la izquierda política
luego de su divorcio del partido Social Cristiano
En materia tributaria, en lo que resta del año continuará el
impuesto del 1% a la circulación de capitales y regresará el
Impuesto a la Renta. A partir de ahora se eliminan los escudos
fiscales -que se habían convertido en cómplices de dudosas
declaraciones tributarias- y se aumentan los bienes y
servicios gravados con el Impuesto a las Transacciones
Mercantiles. Quienes no cumplan las nuevas normas irán a la
cárcel.
En la misma ley, en su último título, se regulan y hasta
rebajan los beneficios sindicales de la burocracia dorada. Los
cambios son bastante similares a los que ya habían sido
propuestos a principios de marzo por el Ejecutivo tras un
acuerdo previo con el Partido Social Cristiano. Lo más
novedoso es que estas medidas que podrían llamarse
neoliberales fueron aprobadas con los votos de los partidos de
izquierda.
Los objetivos: bajar el déficit fiscal y lograr un acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional. Lo primero no se logró en la
magnitud deseada, sin embargo para lo segundo hay optimismo en
las autoridades financieras. A pesar de la satisfacción
gubernamental se espera el veto parcial del Presidente para
insistir en la clausura de los negocios de los evasores
fiscales y en el impuesto a las camaroneras.
En los últimos 20 años de democracia, nunca antes se había
discutido tanto y satanizado tanto la imposición de nuevos
tributos. Y no era para menos. En las presentaciones públicas
de cada uno de los presidentes constitucionales de la
República, siempre nos han dicho que el país tiene un
maravilloso futuro, pero lo que los ecuatorianos hemos sentido
es que cada día tenemos menos sucres en nuestros bolsillos y
que de esas escasas monedas varias terminan en las arcas
fiscales. No subían los impuestos, pero subía la gasolina, el
gas, la luz, el teléfono y cualquier otro rubro al que el
Gobierno podía echar mano sin la intervención del Congreso
Nacional.
MIL INTERESES
Antes de quemar el año 1998, el presidente Jamil Mahuad en
entrevista con el diario Hoy mencionaba lo fácil que era para
el Gobierno negociar con una sola persona, refiriéndose al
líder socialcristiano Jaime Nebot. "Él da su palabra y eso se
cumple", aseguró. Mencionó también lo difícil que resultaba
negociar con otros sectores. Hablar con los partidos de
izquierda es hablar con cada uno de los diputados y conciliar
cada uno de sus particulares intereses, aseguraba. Esa tónica
de conducir el mandato llevó al régimen a una dependencia
suicida de un solo partido político. Y cuando éste rompió la
cuerda, la caída parecía estrepitosa e irreversible. Los
rumores de renuncia del Presidente y las presiones de las
Cámaras de la Producción de la Costa hacían temer una
desestabilización.
En medio de la tensión, en el Congreso el análisis de la Ley
Reformatoria de las Finanzas Públicas era muy lento, a ratos
desesperante. Los partidos de izquierda habían ya concertado
con el régimen, pero cuando llegó la hora de las discusiones
las ideologías diferentes se hicieron sentir. "Aprobaremos los
impuestos pero no las limitaciones a la burocracia",
advirtieron desde el primer día. Los asesores de los diputados
y los asesores del Ministerio de Finanzas se reunían una y
otra vez para discutir artículo por artículo. Al final se
aprobaron los informes y empezaron las largas sesiones
legislativas. Hasta el partido de fútbol entre Liga Deportiva
Universitaria y River Plate conspiró en la aprobación de la
ley. Si los diputados se iban al fútbol, el Congreso quedaba
sin quórum. A la media noche del miércoles 21 de abril la ley
fue un hecho.
ADIÓS A LAS GANGAS
La nueva ley crea el Consejo Nacional de Remuneraciones del
Sector Público. Este es un organismo cuya misión será la
regulación del régimen laboral público. Ni las grandes
entidades autónomas, ni los municipios estarán excluidos de su
jurisdicción.
Este nuevo Consejo manejará las remuneraciones bajo el
concepto de masa salarial. Es decir que cuantificará el sueldo
y los beneficios adicionales de todos los servidores públicos
para establecer la posibilidad o no de otorgarlos. Con ello se
pretende terminar con los contratos colectivos que se
presentan con un incremento al sueldo básico del 10%,
encubriendo beneficios adicionales que triplican la ahora
llamada masa salarial.
Se establecerá una escala salarial de acuerdo a la función que
realice el burócrata. De esta manera desaparecerán los
privilegiados. Es decir que el auditor del municipio de
Chillanes pasaría a ganar lo mismo que el auditor de
Petroecuador. En la práctica se represará el sueldo superior
hasta que por inflación se iguale el hoy muy inferior. Esto
puede demandar tres o más años.
Otro concepto nuevo es la suspensión de beneficios laborales.
De ahora en adelante si una entidad pública ha firmado
beneficios laborales para sus trabajadores basada en
rendimientos financieros previstos y éstos se ven disminuidos,
puede entonces pedir que se le permita suspender el pago de
una o más bonificaciones o sobresueldos hasta que la situación
mejore.
También terminó la idea de que la transformación de una
empresa pública la consideren los trabajadores como un despido
intempestivo. Esto fue lo que pasó en Inecel cuando se dividió
el 31 de marzo pasado en seis empresas menores y los empleados
reclamaron indemnizaciones como si fueran despedidos de sus
trabajos, pero no sin antes asegurarse de ser absorbidos por
las nuevas empresas.
La ley también incluye la prohibición de que las empresas del
sector público den gratis o con algún tipo de subsidio a sus
trabajadores los productos que ellas ofrecen. Por ejemplo, en
Andinatel o Pacifictel se acabará el hecho de que sus
empleados gocen de 600 minutos de teléfono gratis al mes; o
que los empleados de las empresas de electrificación no paguen
ni un sucre por la luz que derrochan en sus casas.
Tampoco se permitirá, aunque ya esté escrito en el contrato
colectivo, que los hijos de un trabajador lo reemplacen en el
cargo si éste falleciere o se jubilare. La norma de la ley
prevalecerá sobre lo ya pactado.
En el caso de las petroleras, el nuevo esquema legal impide la
homologación de beneficios entre empresas relacionadas. Hoy,
gracias a hábiles negociaciones los petroleros consiguen
jugosas canonjías con la homologación de sus conquistas
laborales. Ahora se considera a cada empresa como una entidad
con fines diferentes a la otra y por lo tanto no sujeto de
homologación. Petrocomercial y Petroproducción, por ejemplo,
según la ley nueva "tienen un distinto giro de negocio".
Todos los contratos colectivos deberán pasar por el Consejo
Nacional de Remuneraciones y será éste quien cuantifique los
incrementos y determinará su viabilidad o no. Por si fuera
poco se penaliza con sanción expresa al funcionario que
firmare un contrato colectivo sin seguir los pasos
reglamentarios. Antes los representantes legales de una
institución firmaban no solo por congraciarse con los
trabajadores, sino hasta por mantenerse en el puesto o para
evitar ser objeto de chantajes.
Esto hace un mes parecía imposible de ser aprobado por
partidos de izquierda y peor por los de extrema izquierda.
Apenas se publique en el Registro Oficial será ley de la
República. "Aunque usted no lo crea, esto es una revolución",
asegura el viceministro de Finanzas, doctor Mario Prado. La
intención del gobierno es que todas las limitaciones a la
burocracia que se han implementado se conviertan en un arma
efectiva para limitar el gasto público. Lo que no se ha
considerado es la reducción de personal.
REFORMAS TRIBUTARIAS
En cuanto a las reformas tributarias el Gobierno pensaba
reducir el déficit fiscal al 3.5% del Producto Interno Bruto
(PIB). Cada punto del PIB se valoriza en 200 millones de
dólares. Como no todas las propuestas fueron aprobadas, el
déficit quedará en 4.4%. Esta cifra ya es manejable según las
autoridades económicas y sobre todo permitirá una negociación
con el FMI. Antes de la ley, el desfase presupuestario era del
7.3% del PIB.
En el Ecuador se dice que nadie paga impuestos porque nadie
castiga a los evasores. La nueva ley prevé hasta la prisión de
seis meses a tres años para quienes no tributen. Claro que la
prisión se ejecutará solo después de un largo y engorroso
proceso judicial. Es por ello que la aspiración del Ejecutivo
era que el Congreso le diera las facultades para clausurar un
establecimiento que esté evadiendo impuestos. Ésta sería una
medida más efectiva y amedrentadora para los evasores
consuetudinarios. El evasor es aquel ciudadano que pasados 10
días de la fecha tope en que debe pagar sus impuestos, no lo
haya hecho.
La clausura no fue aprobada en el plenario debido a que
algunos diputados salieron de la sesión al momento de la
votación, impidiendo que existan los votos necesarios para la
aprobación. Según el demócratapopular Ramiro Rivera, "la minga
entre socialcristianos y bucaramistas logró impedir que se
clausuraran los establecimientos que incumplan obligaciones
tributarias". El Ejecutivo, sin embargo, en su veto, insistirá
ante el Congreso para que reconsidere su posición.
En cuanto al Impuesto a la Renta (IR) que se lo restituye a
partir del uno de mayo, se aumenta la base imponible para las
personas naturales a 80 millones de sucres de ingresos totales
al año. Lo más novedoso es que con la eliminación de todos los
escudos fiscales y la derogatoria de todos los artículos
legales que consideren exoneraciones de impuestos, el nuevo IR
se calculará no solo sobre el salario nominal del empleado,
sino sobre todos los ingresos. Antes no se tributaba sobre las
bonificaciones o sueldos adicionales, ahora habrá que hacerlo.
Por ejemplo, un empleado cuyo sueldo mensual sea 10 millones
de sucres, recibirá al año con bonificaciones incluidas, unos
144 millones de sucres. Según la tabla aprobada, esta persona
deberá pagar por impuesto a la renta, 416 mil sucres
mensuales.
Cuando en mayo de 1998 Vistazo publicó el listado de las 100
grandes empresas que más impuesto pagan y las 100 que no
pagan, empezó la discusión de los llamados escudos fiscales.
Entonces el país conoció cómo una serie de leyes especiales
que se fueron aprobando de a poco en sucesivos congresos
dieron como resultado final una cultura evasora instaurada
legalmente por el mismo Estado. Los técnicos no le llaman
evasión, sino elusión.
Algunas de esas distorsiones han sido expresamente eliminadas
en la nueva ley. Por ejemplo, la compañía X hacía que su
subsidiaria en el extranjero le otorgase un préstamo. Los
papeles del préstamo eran registrado en el Banco Central y la
tasa de interés era fijada libremente. En la práctica eran
autopréstamos ficticios con intereses altísimos cuyos montos
eran deducibles del Impuesto a la Renta. Esta práctica
aumentaba no solo la evasión, sino hasta la deuda externa
privada del país. Se espera que esos rubros bajen
significativamente al ya no ser atractivas estas operaciones
virtuales.
Como nuevos sujetos de tributación se incorporan las empresas
verificadoras que antes alegaban como motivos para el no pago,
que sus actividades las realizaban fuera del país. La nueva
ley, sin embargo, considera que los pagos que reciben por sus
servicios son hechos en el Ecuador y por lo tanto deben
tributar aquí.
Los impuestos nuevos son a los vehículos con avalúos mayores a
200 millones de sucres, a los aviones y avionetas privadas y a
los yates de lujo. El cálculo se hará en base a los avalúos de
las matrículas de los carros y a las pólizas de seguro de
aeronaves o yates. Otro impuesto nuevo es al patrimonio de las
empresas que se espera que genere unos 33 millones de dólares.
No se pudo aprobar el impuesto a las concesiones camaroneras.
Hasta ahora los camaroneros mantienen solo un permiso de
ocupación de playas y pagan 20 mil sucres anuales por
hectárea. A ellos, el segundo sector exportador privado
después del bananero, se les modificaba la figura legal por el
de la concesión y se les gravaba con un impuesto de mil
dólares por cada 20 años de uso. La concesión que el gobierno
propuso que sea a 50 años, les hubiera permitido hipotecar
esos terrenos como respaldo para cualquier operación
crediticia. Pero los camaroneros dijeron no oponerse al
impuesto, sino pedir una ampliación a 90 años de la concesión.
En el Congreso fueron los diputados con intereses directos o
indirectos con el sector camaronero quienes impidieron la
aprobación del impuesto que pudo haber generado 60 millones de
dólares. Para el diputado Ramiro Rivera "el debate tributario
puso al descubierto a legisladores que más allá de hacer
lobby, cumplieron el rol de diputados funcionales, al poner de
relieve el interés de un sector particular por sobre el
interés nacional".
PRÓXIMO PASO
Al cierre de nuestra edición conocimos que se espera el veto
parcial del Ejecutivo a esta ley. Se insistirá en la clausura
de los locales que evadan impuesto y que el actual impuesto
del 1% fuera un anticipo del Impuesto a la Renta solamente
para personas naturales y sin opción de reliquidación. También
insistirían con el veto en la fórmula de pago a los gobiernos
seccionales para que sea el 9% en efectivo y el 2% restante en
bonos a fin de año.
Para el diputado León Roldós "no es una ley perfecta pero es
aceptable y cometería un error el Ejecutivo si la veta para
insistir en rigideces por solo afanes recaudadores". Para las
Cámaras de la Producción de la Costa habrá que empezar a
aceptar los impuestos y aprender a vivir con ellos.
Si el Ejecutivo consigue o no esas modificaciones está por
verse. De todos modos el próximo paso será la Ley de
Modernización. Al momento se especula mucho sobre la actitud
de los socialcristianos, quienes públicamente siempre han
apoyado las moder- nizaciones. Algunos analistas piensan que
el Gobierno volverá a coquetearles; otros, basados en la
actual experiencia parlamentaria aseguran que los partidos de
izquierda están suficientemente maduros para apoyar las
mejores opciones para el Ecuador.
La nueva ley sanciona al funcionario público que firmare un
contrato colectivo que contemple pedidos exagerados o
desfinanciados.
El nuevo Consejo de Remuneraciones unificará los sueldos. Así,
un auditor de un municipio ganará lo mismo que un auditor de
Petroecuador.
Hoy las camaroneras pagan 20 mil sucres por hectárea. Se
buscaba aumentar a mil dólares. No pasó. (Texto tomado de La
Revista Vistazo)
y limitaciones a las prebendas de la burocracia dorada
consiguió el Gobierno con el apoyo de la izquierda política
luego de su divorcio del partido Social Cristiano
En materia tributaria, en lo que resta del año continuará el
impuesto del 1% a la circulación de capitales y regresará el
Impuesto a la Renta. A partir de ahora se eliminan los escudos
fiscales -que se habían convertido en cómplices de dudosas
declaraciones tributarias- y se aumentan los bienes y
servicios gravados con el Impuesto a las Transacciones
Mercantiles. Quienes no cumplan las nuevas normas irán a la
cárcel.
En la misma ley, en su último título, se regulan y hasta
rebajan los beneficios sindicales de la burocracia dorada. Los
cambios son bastante similares a los que ya habían sido
propuestos a principios de marzo por el Ejecutivo tras un
acuerdo previo con el Partido Social Cristiano. Lo más
novedoso es que estas medidas que podrían llamarse
neoliberales fueron aprobadas con los votos de los partidos de
izquierda.
Los objetivos: bajar el déficit fiscal y lograr un acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional. Lo primero no se logró en la
magnitud deseada, sin embargo para lo segundo hay optimismo en
las autoridades financieras. A pesar de la satisfacción
gubernamental se espera el veto parcial del Presidente para
insistir en la clausura de los negocios de los evasores
fiscales y en el impuesto a las camaroneras.
En los últimos 20 años de democracia, nunca antes se había
discutido tanto y satanizado tanto la imposición de nuevos
tributos. Y no era para menos. En las presentaciones públicas
de cada uno de los presidentes constitucionales de la
República, siempre nos han dicho que el país tiene un
maravilloso futuro, pero lo que los ecuatorianos hemos sentido
es que cada día tenemos menos sucres en nuestros bolsillos y
que de esas escasas monedas varias terminan en las arcas
fiscales. No subían los impuestos, pero subía la gasolina, el
gas, la luz, el teléfono y cualquier otro rubro al que el
Gobierno podía echar mano sin la intervención del Congreso
Nacional.
MIL INTERESES
Antes de quemar el año 1998, el presidente Jamil Mahuad en
entrevista con el diario Hoy mencionaba lo fácil que era para
el Gobierno negociar con una sola persona, refiriéndose al
líder socialcristiano Jaime Nebot. "Él da su palabra y eso se
cumple", aseguró. Mencionó también lo difícil que resultaba
negociar con otros sectores. Hablar con los partidos de
izquierda es hablar con cada uno de los diputados y conciliar
cada uno de sus particulares intereses, aseguraba. Esa tónica
de conducir el mandato llevó al régimen a una dependencia
suicida de un solo partido político. Y cuando éste rompió la
cuerda, la caída parecía estrepitosa e irreversible. Los
rumores de renuncia del Presidente y las presiones de las
Cámaras de la Producción de la Costa hacían temer una
desestabilización.
En medio de la tensión, en el Congreso el análisis de la Ley
Reformatoria de las Finanzas Públicas era muy lento, a ratos
desesperante. Los partidos de izquierda habían ya concertado
con el régimen, pero cuando llegó la hora de las discusiones
las ideologías diferentes se hicieron sentir. "Aprobaremos los
impuestos pero no las limitaciones a la burocracia",
advirtieron desde el primer día. Los asesores de los diputados
y los asesores del Ministerio de Finanzas se reunían una y
otra vez para discutir artículo por artículo. Al final se
aprobaron los informes y empezaron las largas sesiones
legislativas. Hasta el partido de fútbol entre Liga Deportiva
Universitaria y River Plate conspiró en la aprobación de la
ley. Si los diputados se iban al fútbol, el Congreso quedaba
sin quórum. A la media noche del miércoles 21 de abril la ley
fue un hecho.
ADIÓS A LAS GANGAS
La nueva ley crea el Consejo Nacional de Remuneraciones del
Sector Público. Este es un organismo cuya misión será la
regulación del régimen laboral público. Ni las grandes
entidades autónomas, ni los municipios estarán excluidos de su
jurisdicción.
Este nuevo Consejo manejará las remuneraciones bajo el
concepto de masa salarial. Es decir que cuantificará el sueldo
y los beneficios adicionales de todos los servidores públicos
para establecer la posibilidad o no de otorgarlos. Con ello se
pretende terminar con los contratos colectivos que se
presentan con un incremento al sueldo básico del 10%,
encubriendo beneficios adicionales que triplican la ahora
llamada masa salarial.
Se establecerá una escala salarial de acuerdo a la función que
realice el burócrata. De esta manera desaparecerán los
privilegiados. Es decir que el auditor del municipio de
Chillanes pasaría a ganar lo mismo que el auditor de
Petroecuador. En la práctica se represará el sueldo superior
hasta que por inflación se iguale el hoy muy inferior. Esto
puede demandar tres o más años.
Otro concepto nuevo es la suspensión de beneficios laborales.
De ahora en adelante si una entidad pública ha firmado
beneficios laborales para sus trabajadores basada en
rendimientos financieros previstos y éstos se ven disminuidos,
puede entonces pedir que se le permita suspender el pago de
una o más bonificaciones o sobresueldos hasta que la situación
mejore.
También terminó la idea de que la transformación de una
empresa pública la consideren los trabajadores como un despido
intempestivo. Esto fue lo que pasó en Inecel cuando se dividió
el 31 de marzo pasado en seis empresas menores y los empleados
reclamaron indemnizaciones como si fueran despedidos de sus
trabajos, pero no sin antes asegurarse de ser absorbidos por
las nuevas empresas.
La ley también incluye la prohibición de que las empresas del
sector público den gratis o con algún tipo de subsidio a sus
trabajadores los productos que ellas ofrecen. Por ejemplo, en
Andinatel o Pacifictel se acabará el hecho de que sus
empleados gocen de 600 minutos de teléfono gratis al mes; o
que los empleados de las empresas de electrificación no paguen
ni un sucre por la luz que derrochan en sus casas.
Tampoco se permitirá, aunque ya esté escrito en el contrato
colectivo, que los hijos de un trabajador lo reemplacen en el
cargo si éste falleciere o se jubilare. La norma de la ley
prevalecerá sobre lo ya pactado.
En el caso de las petroleras, el nuevo esquema legal impide la
homologación de beneficios entre empresas relacionadas. Hoy,
gracias a hábiles negociaciones los petroleros consiguen
jugosas canonjías con la homologación de sus conquistas
laborales. Ahora se considera a cada empresa como una entidad
con fines diferentes a la otra y por lo tanto no sujeto de
homologación. Petrocomercial y Petroproducción, por ejemplo,
según la ley nueva "tienen un distinto giro de negocio".
Todos los contratos colectivos deberán pasar por el Consejo
Nacional de Remuneraciones y será éste quien cuantifique los
incrementos y determinará su viabilidad o no. Por si fuera
poco se penaliza con sanción expresa al funcionario que
firmare un contrato colectivo sin seguir los pasos
reglamentarios. Antes los representantes legales de una
institución firmaban no solo por congraciarse con los
trabajadores, sino hasta por mantenerse en el puesto o para
evitar ser objeto de chantajes.
Esto hace un mes parecía imposible de ser aprobado por
partidos de izquierda y peor por los de extrema izquierda.
Apenas se publique en el Registro Oficial será ley de la
República. "Aunque usted no lo crea, esto es una revolución",
asegura el viceministro de Finanzas, doctor Mario Prado. La
intención del gobierno es que todas las limitaciones a la
burocracia que se han implementado se conviertan en un arma
efectiva para limitar el gasto público. Lo que no se ha
considerado es la reducción de personal.
REFORMAS TRIBUTARIAS
En cuanto a las reformas tributarias el Gobierno pensaba
reducir el déficit fiscal al 3.5% del Producto Interno Bruto
(PIB). Cada punto del PIB se valoriza en 200 millones de
dólares. Como no todas las propuestas fueron aprobadas, el
déficit quedará en 4.4%. Esta cifra ya es manejable según las
autoridades económicas y sobre todo permitirá una negociación
con el FMI. Antes de la ley, el desfase presupuestario era del
7.3% del PIB.
En el Ecuador se dice que nadie paga impuestos porque nadie
castiga a los evasores. La nueva ley prevé hasta la prisión de
seis meses a tres años para quienes no tributen. Claro que la
prisión se ejecutará solo después de un largo y engorroso
proceso judicial. Es por ello que la aspiración del Ejecutivo
era que el Congreso le diera las facultades para clausurar un
establecimiento que esté evadiendo impuestos. Ésta sería una
medida más efectiva y amedrentadora para los evasores
consuetudinarios. El evasor es aquel ciudadano que pasados 10
días de la fecha tope en que debe pagar sus impuestos, no lo
haya hecho.
La clausura no fue aprobada en el plenario debido a que
algunos diputados salieron de la sesión al momento de la
votación, impidiendo que existan los votos necesarios para la
aprobación. Según el demócratapopular Ramiro Rivera, "la minga
entre socialcristianos y bucaramistas logró impedir que se
clausuraran los establecimientos que incumplan obligaciones
tributarias". El Ejecutivo, sin embargo, en su veto, insistirá
ante el Congreso para que reconsidere su posición.
En cuanto al Impuesto a la Renta (IR) que se lo restituye a
partir del uno de mayo, se aumenta la base imponible para las
personas naturales a 80 millones de sucres de ingresos totales
al año. Lo más novedoso es que con la eliminación de todos los
escudos fiscales y la derogatoria de todos los artículos
legales que consideren exoneraciones de impuestos, el nuevo IR
se calculará no solo sobre el salario nominal del empleado,
sino sobre todos los ingresos. Antes no se tributaba sobre las
bonificaciones o sueldos adicionales, ahora habrá que hacerlo.
Por ejemplo, un empleado cuyo sueldo mensual sea 10 millones
de sucres, recibirá al año con bonificaciones incluidas, unos
144 millones de sucres. Según la tabla aprobada, esta persona
deberá pagar por impuesto a la renta, 416 mil sucres
mensuales.
Cuando en mayo de 1998 Vistazo publicó el listado de las 100
grandes empresas que más impuesto pagan y las 100 que no
pagan, empezó la discusión de los llamados escudos fiscales.
Entonces el país conoció cómo una serie de leyes especiales
que se fueron aprobando de a poco en sucesivos congresos
dieron como resultado final una cultura evasora instaurada
legalmente por el mismo Estado. Los técnicos no le llaman
evasión, sino elusión.
Algunas de esas distorsiones han sido expresamente eliminadas
en la nueva ley. Por ejemplo, la compañía X hacía que su
subsidiaria en el extranjero le otorgase un préstamo. Los
papeles del préstamo eran registrado en el Banco Central y la
tasa de interés era fijada libremente. En la práctica eran
autopréstamos ficticios con intereses altísimos cuyos montos
eran deducibles del Impuesto a la Renta. Esta práctica
aumentaba no solo la evasión, sino hasta la deuda externa
privada del país. Se espera que esos rubros bajen
significativamente al ya no ser atractivas estas operaciones
virtuales.
Como nuevos sujetos de tributación se incorporan las empresas
verificadoras que antes alegaban como motivos para el no pago,
que sus actividades las realizaban fuera del país. La nueva
ley, sin embargo, considera que los pagos que reciben por sus
servicios son hechos en el Ecuador y por lo tanto deben
tributar aquí.
Los impuestos nuevos son a los vehículos con avalúos mayores a
200 millones de sucres, a los aviones y avionetas privadas y a
los yates de lujo. El cálculo se hará en base a los avalúos de
las matrículas de los carros y a las pólizas de seguro de
aeronaves o yates. Otro impuesto nuevo es al patrimonio de las
empresas que se espera que genere unos 33 millones de dólares.
No se pudo aprobar el impuesto a las concesiones camaroneras.
Hasta ahora los camaroneros mantienen solo un permiso de
ocupación de playas y pagan 20 mil sucres anuales por
hectárea. A ellos, el segundo sector exportador privado
después del bananero, se les modificaba la figura legal por el
de la concesión y se les gravaba con un impuesto de mil
dólares por cada 20 años de uso. La concesión que el gobierno
propuso que sea a 50 años, les hubiera permitido hipotecar
esos terrenos como respaldo para cualquier operación
crediticia. Pero los camaroneros dijeron no oponerse al
impuesto, sino pedir una ampliación a 90 años de la concesión.
En el Congreso fueron los diputados con intereses directos o
indirectos con el sector camaronero quienes impidieron la
aprobación del impuesto que pudo haber generado 60 millones de
dólares. Para el diputado Ramiro Rivera "el debate tributario
puso al descubierto a legisladores que más allá de hacer
lobby, cumplieron el rol de diputados funcionales, al poner de
relieve el interés de un sector particular por sobre el
interés nacional".
PRÓXIMO PASO
Al cierre de nuestra edición conocimos que se espera el veto
parcial del Ejecutivo a esta ley. Se insistirá en la clausura
de los locales que evadan impuesto y que el actual impuesto
del 1% fuera un anticipo del Impuesto a la Renta solamente
para personas naturales y sin opción de reliquidación. También
insistirían con el veto en la fórmula de pago a los gobiernos
seccionales para que sea el 9% en efectivo y el 2% restante en
bonos a fin de año.
Para el diputado León Roldós "no es una ley perfecta pero es
aceptable y cometería un error el Ejecutivo si la veta para
insistir en rigideces por solo afanes recaudadores". Para las
Cámaras de la Producción de la Costa habrá que empezar a
aceptar los impuestos y aprender a vivir con ellos.
Si el Ejecutivo consigue o no esas modificaciones está por
verse. De todos modos el próximo paso será la Ley de
Modernización. Al momento se especula mucho sobre la actitud
de los socialcristianos, quienes públicamente siempre han
apoyado las moder- nizaciones. Algunos analistas piensan que
el Gobierno volverá a coquetearles; otros, basados en la
actual experiencia parlamentaria aseguran que los partidos de
izquierda están suficientemente maduros para apoyar las
mejores opciones para el Ecuador.
La nueva ley sanciona al funcionario público que firmare un
contrato colectivo que contemple pedidos exagerados o
desfinanciados.
El nuevo Consejo de Remuneraciones unificará los sueldos. Así,
un auditor de un municipio ganará lo mismo que un auditor de
Petroecuador.
Hoy las camaroneras pagan 20 mil sucres por hectárea. Se
buscaba aumentar a mil dólares. No pasó. (Texto tomado de La
Revista Vistazo)
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