Lima. 24.03.94. La noche del viernes 25 de febrero, la céntrica
plaza San MartÃn de Lima, en la capital peruana, quedó iluminada
con cirios. Fueron encendidos por centenares de familias que
reclaman a las Fuerzas Armadas la entrega de sus hijos
desaparecidos y la autonomÃa de la Justicia del poder polÃtico y
militar.
Desde allÃ, pese al cerco policial y en marcha silenciosa hacia
la Corte Suprema, varias campesinas y madres humildes exigÃan al
fiscal de la nación: "Nosotros no queremos cadáveres, como
cobardemente ha sucedido con los estudiantes de La Cantuta;
queremos a nuestros familiares vivos y sonrientes como eran".
CAMBIO 16, en su número 1.122, recogÃa la denuncia del general
Rodolfo Robles, asilado en la Argentina, sobre quiénes eran los
principales responsables de la desaparición de nueve estudiantes
de La Cantuta, durante una incursión militar en la madrugada del
18 de julio de 1992. Pocos dÃas antes, el presidente, Alberto
Fujimori, realizaba una visita a la Universidad, conocido
semillero de la guerrilla Sendero Luminoso. Allà fue recibido
entre insultos, improperios e intentos de agresión por un grupo
de estudiantes.
El fiscal VÃctor Cubas Villanueva fue quien investigó y descubrió
que los restos humanos descubiertos recientemente en unas fosas
de Cieneguila y Huachipa, camino de la sierra de Lima, eran de
los desaparecidos de La Cantuta. Gracias a la presión de la
prensa ha sido posible avanzar en el esclarecimiento de los
hechos.
Ha transcurrido el tiempo y las investigaciones de la Justicia
ratifican casi literalmente el contenido de la denuncia efectuada
a esta revista. El tribunal militar acaba de sentenciar a 11
oficiales del Ejército a entre cuatro y 20 años de cárcel. Entre
ellos, el general Juan Rivero Lazo, de la Dirección del Servicio
de Inteligencia del Ejército (cinco años)y los mayores Santiago
MartÃn Rivas y Carlos Pchilingüe (20 años).
Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos
existe, en el caso La Cantuta, un evidente encubrimiento de
responsabilidades de los altos mandos castrenses. La legislación
nacional y el Colegio de Abogados de Lima precisan que el
genocidio no es un delito que pueda ser considerado como acto de
servicio. Sin embargo, los mandos de las Fuerzas Armadas han
intentado darle ese carácter, por lo que los pocos sentenciados
tendrÃan necesariamente que haber recibido expresas órdenes para
actuar. Además, peritos judiciales estiman que dada la magnitud
de aquella operación deben existir otros involucrados
desconocidos.
Desde 1991, el número de desaparecidos y de casos de tortura se
han reducido en relación al periodo en que el terrorismo alcanzó
los picos más altos de violencia y vÃctimas. En los últimos 13
años ha habido más de 26.000 muertos.
En la estrategia antisubversiva, lo ocurrido en La Cantuta no es
más que una radiografÃa de cuán grande es la injerencia militar
en la dirección del paÃs. Tan evidente es esta afirmación que el
Congreso Constituyente, con una mayorÃa oficialista (44 de 80
miembros), sorprendió al paÃs con la denominada Ley Cantuta,
mediante la cual decidió que el caso pasara al fuero militar.
Esta decisión, como ha revelado el fiscal Cubas Villanueva, ha
implicado fuertes presiones de los cÃrculos más altos del
Ejército, incluidas amenazas de muerte.
La nueva Constitución, que entró en vigor el pasado 31 de
diciembre, parecÃa ser la nueva pauta para empezar una etapa
diferente de la vida republicana, con mayor independencia del
poder judicial, aunque con más fuerza para el ejecutivo. Pero en
la práctica los enunciados teóricos sobre el rigor judicial han
perdido su sustento. Las cárceles están saturadas de terroristas
y otros delincuentes y los jueces actúan con indignante lentitud.
Además, una comunicación de la embajada del Perú en Alemania al
Bunderstag (Parlamento) indica que entre 1980 y 1992 se habÃan
abierto 83 procesos en el fuero militar por casos de violación de
derechos humanos, pero sólo cinco de ellos habÃan concluÃdo.
El Ministerio Público responsabiliza a fuerzas paramilitares
asociadas con elementos del Gobierno de 22 ejecuciones
extrajudiciales y de un máximo aproximado de 57 desapariciones
ocurridas hasta el pasado diciembre.
El esclarecimiento integral del caso La Cantuta es un excepción
en la regla de otras masacres también cometidas, según múltiples
indicios, por fuerzas del orden en Pavayacu, Acomarca, Cayara,
Uchuraccay o Barrios Altos.
Como pocas veces, la reacción del paÃs ha sido la unanimidad en
el rechazo de los asesinatos de La Cantuta, y los efectos
polÃticos han sobrepasado los cálculos del jefe de Estado. Se
rumorea que el controvertido asesor presidencial Vladimiro
Montesinos habrÃa sugerido el retiro del comandante general de
las Fuerzas Armadas, Nicola de Bari Hermoza, quien ya no contarÃa
con suficiente poder, como lo tuvo meses atrás, para sacar los
tanques a las calles.
El paÃs ha destacado el gesto del primer ministro, Alfonso
Bustamente, al no haber firmado la Ley Cantuta, actitud que
condujo a la sexta crisis ministerial del presente régimen. Desde
el 18 de febrero, el Consejo de Ministros es presidido por el
canciller, Efrain Goldenberg, miembro de la comunidad judÃa y
socio en una empresa con el presidente del Congreso , Jaime
Yoshiyama.
A Fujimori se le acumulan los errores y los problemas, aunque es
preciso señalar que también se lo reconoce internacionalmente su
gestión económica. La reacción por los asesinatos no se ha hecho
esperar. Una de la más fuertes proviene de los Estados Unidas. La
negativa reacción diplomática norteamericana fue tomada por el
oficialismo como una injerencia foránea en asuntos internos. Sin
embargo, los proyectos económicos del paÃs aconsejan andar con
pies de plomo en sus relaciones con el exterior.
AsÃ, el Perú ha pedido más dinero al Fondo Monetario
Internacional (FMI) para compensaciones sociales. A cambio, el
FMI exige un programa en el cual los indicadores macroeconómicos
no pongan en riesgo el pago de los compromisos financieros ya
asumidos. Para 1994-95, la inflación deberá ser del 20 por
ciento; el crecimiento de las reservas internacionales de 576
millones de dólares; el déficit fiscal del 2,5 por ciento del
PIB, y seguir con la dura austeridad fiscal. Y otra condición es
que la comunidad internacional no se vea presionada por graves
delitos contra los derechos humanos.
Las recientes encuestas reflejan que la intromisión del ejecutivo
en el poder judicial ha reducido la popularidad, entre 7 y 10
puntos, del presidente Fujimori. Esos mismos sondeos reflejan que
en unas elecciones en las que tuviera que enfrentarse al ex
secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, ambos
empatarÃan con un 41 por ciento de los votos.
A 14 meses de los comicios generales, el Congreso va a empezar a
discutir los proyectos de ley electoral, la cual debe crear tres
instancias independientes: el Jurado Nacional de Elecciones, la
Oficina de Procesos Electorales y la Oficina de Identificación
Civil. Cada una de ellas es una instancia que debe vigilar, al
menos en teorÃa, el adecuado funcionamiento de los comicios. De
no contar con esta legislación el próximo 30 de mayo, se estarÃan
vulnerando plazos y, por lo tanto, dando pie para que la
maquinaria oficial facilite la reelección de Fujimori.
Se estima que será muy difÃcil elevar o recuperar la popularidad
del presidente Fujimori si antes no se libera de las ataduras
castrenses. El paÃs reconoce los logros de las Fuerzas Armadas,
en la pacificación, pero censura que, en nombre de eses objetivo,
se pretenda encubrir a los malos elementos de esta institución.
Otra afilada arista de ese reinado militar en la Administración
de Fujimori es la infiltración de algunos altos mandos en el
narcotráfico. Un reciente documento oficial da cuenta de que 60
militares que sirvieron entre 1988 y 1993 en el Alto Huallaga
están siendo investigados por la justicia castrense. Entre ellos
estarÃan oficiales de alta graduación que permitieron las
operaciones del peruano Demetrio Chávez Peñaherrera, alias
Vaticano, peligroso miembro del cartel de Cali, que acaba de ser
condenado, también por el fuero militar, a cadena perpetua tras
su extradición de Colombia.
El propio presidente Fujimori declaró hace poco que Vaticano
construyó en la localidad de Campanilla, en el Alto Huallaga, su
propio aeropuerto, desde donde realizaba 40 vuelos mensuales para
llevar 30 toneladas de droga a Cali. En Campanilla existe una
base contrasubversiva del Ejército. Lamentablemente, la Justicia
peruana, en lugar de citar a los militares comprometidos, utilizó
un operativo del servicio de inteligencia para distraer la
atención del caso, al vincular a este delincuente con personas de
la farándula limeña.
En suma, la vigencia integral de los derechos humanos es el gran
desafÃo del Gobierno de Alberto Fujimori. El protagonismo militar
no ayuda en absoluto a limpiar la cara de un régimen que todavÃa
no ha logrado edificar una democracia limpia.
* Texto tomado de Revista Cambio 16. Número 1.165. Páginas 20 y
21.
plaza San MartÃn de Lima, en la capital peruana, quedó iluminada
con cirios. Fueron encendidos por centenares de familias que
reclaman a las Fuerzas Armadas la entrega de sus hijos
desaparecidos y la autonomÃa de la Justicia del poder polÃtico y
militar.
Desde allÃ, pese al cerco policial y en marcha silenciosa hacia
la Corte Suprema, varias campesinas y madres humildes exigÃan al
fiscal de la nación: "Nosotros no queremos cadáveres, como
cobardemente ha sucedido con los estudiantes de La Cantuta;
queremos a nuestros familiares vivos y sonrientes como eran".
CAMBIO 16, en su número 1.122, recogÃa la denuncia del general
Rodolfo Robles, asilado en la Argentina, sobre quiénes eran los
principales responsables de la desaparición de nueve estudiantes
de La Cantuta, durante una incursión militar en la madrugada del
18 de julio de 1992. Pocos dÃas antes, el presidente, Alberto
Fujimori, realizaba una visita a la Universidad, conocido
semillero de la guerrilla Sendero Luminoso. Allà fue recibido
entre insultos, improperios e intentos de agresión por un grupo
de estudiantes.
El fiscal VÃctor Cubas Villanueva fue quien investigó y descubrió
que los restos humanos descubiertos recientemente en unas fosas
de Cieneguila y Huachipa, camino de la sierra de Lima, eran de
los desaparecidos de La Cantuta. Gracias a la presión de la
prensa ha sido posible avanzar en el esclarecimiento de los
hechos.
Ha transcurrido el tiempo y las investigaciones de la Justicia
ratifican casi literalmente el contenido de la denuncia efectuada
a esta revista. El tribunal militar acaba de sentenciar a 11
oficiales del Ejército a entre cuatro y 20 años de cárcel. Entre
ellos, el general Juan Rivero Lazo, de la Dirección del Servicio
de Inteligencia del Ejército (cinco años)y los mayores Santiago
MartÃn Rivas y Carlos Pchilingüe (20 años).
Para las organizaciones defensoras de los derechos humanos
existe, en el caso La Cantuta, un evidente encubrimiento de
responsabilidades de los altos mandos castrenses. La legislación
nacional y el Colegio de Abogados de Lima precisan que el
genocidio no es un delito que pueda ser considerado como acto de
servicio. Sin embargo, los mandos de las Fuerzas Armadas han
intentado darle ese carácter, por lo que los pocos sentenciados
tendrÃan necesariamente que haber recibido expresas órdenes para
actuar. Además, peritos judiciales estiman que dada la magnitud
de aquella operación deben existir otros involucrados
desconocidos.
Desde 1991, el número de desaparecidos y de casos de tortura se
han reducido en relación al periodo en que el terrorismo alcanzó
los picos más altos de violencia y vÃctimas. En los últimos 13
años ha habido más de 26.000 muertos.
En la estrategia antisubversiva, lo ocurrido en La Cantuta no es
más que una radiografÃa de cuán grande es la injerencia militar
en la dirección del paÃs. Tan evidente es esta afirmación que el
Congreso Constituyente, con una mayorÃa oficialista (44 de 80
miembros), sorprendió al paÃs con la denominada Ley Cantuta,
mediante la cual decidió que el caso pasara al fuero militar.
Esta decisión, como ha revelado el fiscal Cubas Villanueva, ha
implicado fuertes presiones de los cÃrculos más altos del
Ejército, incluidas amenazas de muerte.
La nueva Constitución, que entró en vigor el pasado 31 de
diciembre, parecÃa ser la nueva pauta para empezar una etapa
diferente de la vida republicana, con mayor independencia del
poder judicial, aunque con más fuerza para el ejecutivo. Pero en
la práctica los enunciados teóricos sobre el rigor judicial han
perdido su sustento. Las cárceles están saturadas de terroristas
y otros delincuentes y los jueces actúan con indignante lentitud.
Además, una comunicación de la embajada del Perú en Alemania al
Bunderstag (Parlamento) indica que entre 1980 y 1992 se habÃan
abierto 83 procesos en el fuero militar por casos de violación de
derechos humanos, pero sólo cinco de ellos habÃan concluÃdo.
El Ministerio Público responsabiliza a fuerzas paramilitares
asociadas con elementos del Gobierno de 22 ejecuciones
extrajudiciales y de un máximo aproximado de 57 desapariciones
ocurridas hasta el pasado diciembre.
El esclarecimiento integral del caso La Cantuta es un excepción
en la regla de otras masacres también cometidas, según múltiples
indicios, por fuerzas del orden en Pavayacu, Acomarca, Cayara,
Uchuraccay o Barrios Altos.
Como pocas veces, la reacción del paÃs ha sido la unanimidad en
el rechazo de los asesinatos de La Cantuta, y los efectos
polÃticos han sobrepasado los cálculos del jefe de Estado. Se
rumorea que el controvertido asesor presidencial Vladimiro
Montesinos habrÃa sugerido el retiro del comandante general de
las Fuerzas Armadas, Nicola de Bari Hermoza, quien ya no contarÃa
con suficiente poder, como lo tuvo meses atrás, para sacar los
tanques a las calles.
El paÃs ha destacado el gesto del primer ministro, Alfonso
Bustamente, al no haber firmado la Ley Cantuta, actitud que
condujo a la sexta crisis ministerial del presente régimen. Desde
el 18 de febrero, el Consejo de Ministros es presidido por el
canciller, Efrain Goldenberg, miembro de la comunidad judÃa y
socio en una empresa con el presidente del Congreso , Jaime
Yoshiyama.
A Fujimori se le acumulan los errores y los problemas, aunque es
preciso señalar que también se lo reconoce internacionalmente su
gestión económica. La reacción por los asesinatos no se ha hecho
esperar. Una de la más fuertes proviene de los Estados Unidas. La
negativa reacción diplomática norteamericana fue tomada por el
oficialismo como una injerencia foránea en asuntos internos. Sin
embargo, los proyectos económicos del paÃs aconsejan andar con
pies de plomo en sus relaciones con el exterior.
AsÃ, el Perú ha pedido más dinero al Fondo Monetario
Internacional (FMI) para compensaciones sociales. A cambio, el
FMI exige un programa en el cual los indicadores macroeconómicos
no pongan en riesgo el pago de los compromisos financieros ya
asumidos. Para 1994-95, la inflación deberá ser del 20 por
ciento; el crecimiento de las reservas internacionales de 576
millones de dólares; el déficit fiscal del 2,5 por ciento del
PIB, y seguir con la dura austeridad fiscal. Y otra condición es
que la comunidad internacional no se vea presionada por graves
delitos contra los derechos humanos.
Las recientes encuestas reflejan que la intromisión del ejecutivo
en el poder judicial ha reducido la popularidad, entre 7 y 10
puntos, del presidente Fujimori. Esos mismos sondeos reflejan que
en unas elecciones en las que tuviera que enfrentarse al ex
secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, ambos
empatarÃan con un 41 por ciento de los votos.
A 14 meses de los comicios generales, el Congreso va a empezar a
discutir los proyectos de ley electoral, la cual debe crear tres
instancias independientes: el Jurado Nacional de Elecciones, la
Oficina de Procesos Electorales y la Oficina de Identificación
Civil. Cada una de ellas es una instancia que debe vigilar, al
menos en teorÃa, el adecuado funcionamiento de los comicios. De
no contar con esta legislación el próximo 30 de mayo, se estarÃan
vulnerando plazos y, por lo tanto, dando pie para que la
maquinaria oficial facilite la reelección de Fujimori.
Se estima que será muy difÃcil elevar o recuperar la popularidad
del presidente Fujimori si antes no se libera de las ataduras
castrenses. El paÃs reconoce los logros de las Fuerzas Armadas,
en la pacificación, pero censura que, en nombre de eses objetivo,
se pretenda encubrir a los malos elementos de esta institución.
Otra afilada arista de ese reinado militar en la Administración
de Fujimori es la infiltración de algunos altos mandos en el
narcotráfico. Un reciente documento oficial da cuenta de que 60
militares que sirvieron entre 1988 y 1993 en el Alto Huallaga
están siendo investigados por la justicia castrense. Entre ellos
estarÃan oficiales de alta graduación que permitieron las
operaciones del peruano Demetrio Chávez Peñaherrera, alias
Vaticano, peligroso miembro del cartel de Cali, que acaba de ser
condenado, también por el fuero militar, a cadena perpetua tras
su extradición de Colombia.
El propio presidente Fujimori declaró hace poco que Vaticano
construyó en la localidad de Campanilla, en el Alto Huallaga, su
propio aeropuerto, desde donde realizaba 40 vuelos mensuales para
llevar 30 toneladas de droga a Cali. En Campanilla existe una
base contrasubversiva del Ejército. Lamentablemente, la Justicia
peruana, en lugar de citar a los militares comprometidos, utilizó
un operativo del servicio de inteligencia para distraer la
atención del caso, al vincular a este delincuente con personas de
la farándula limeña.
En suma, la vigencia integral de los derechos humanos es el gran
desafÃo del Gobierno de Alberto Fujimori. El protagonismo militar
no ayuda en absoluto a limpiar la cara de un régimen que todavÃa
no ha logrado edificar una democracia limpia.
* Texto tomado de Revista Cambio 16. Número 1.165. Páginas 20 y
21.
Más en el