Con el feriado bancario que se ha prolongado desde ayer, en Uruguay, ya es innegable que el modelo económico que se aplica en América Latina es aberrante.

A fines de junio, el FMI amplió el crédito para ese país a $2 280 millones, con un plan de desembolsos entre 2002 y 2003. Por ello, Uruguay recibió $460 millones que se destinaron a un intento de fortalecer el sistema bancario.
Pero lo que allí está ocurriendo indica que la gravedad de la crisis pudiera ser incontrolable.

Lamentablemente, la situación no es propicia para la solidaridad regional y, con seguridad, cada país estará diseñando medidas de emergencia con la consigna de "sálvese el que pueda".

Mientras el Gobierno uruguayo espera por los resultados de las gestiones de una delegación de su país, que busca en Washington auxilio financiero del FMI, en los organismos multilaterales se escuchan los mismos discursos que
oímos cuando se desplomó el sistema financiero del Ecuador, y cuando lo propio ocurrió en Argentina.

En Montevideo se está viviendo una angustia que conocemos muy bien los ecuatorianos. Los remolones altos funcionarios del Tesoro de EEUU explican que mantienen un "estrecho diálogo con Uruguay"; se suman los no más apresurados del FMI, quienes añaden que se alistan a buscar una solución
global a los problemas uruguayos y que ese organismo está dispuesto a apoyar una mayor asistencia financiera a ese país. Aparentemente, no hay soluciones aisladas para la región, por lo que es imposible ignorar a los organismos
multilaterales de crédito y a sus pausadas declaraciones. Es decir, por lo pronto, es ilusorio pensar en construir soluciones unilaterales para que no se profundice la gravedad de la crisis uruguaya, o para que la economía de
otros países sudamericanos, como Ecuador, no se vea succionada por ese "efecto remolino" que jala con fuerza desde el Cono Sur.

No obstante, se supone que el régimen monetario que rige hoy en Ecuador le otorga un blindaje para resistir los coletazos que podría producir el desplome de Uruguay. Pero ello será insuficiente si, además, no se toman medidas para restringir aun más el gasto fiscal y buscar un equilibrio en
las cuentas públicas. Junto a ello, hay que alentar el ingreso de divisas, por medio de inversiones o de créditos. El caso de Uruguay debería encender las alarmas a las élites políticas ecuatorianas, en particular, que se
niegan a ver la fragilidad de la economía aherrojada por la dolarización y condenada, por lo pronto, a acarrear números rojos en la balanza comercial.

Ecuador está importando mucho más de lo que exporta; allí se incuba un peligro potencial que ha sido advertido en los últimos meses, respecto de lo cual se ha hecho muy poco.

Esta es la ocasión para volver a insistir en la necesidad de que la dirigencia nacional busque concertar un proyecto económico de largo y mediano plazo, que aproveche con inteligencia la situación favorable en el mercado petrolero mundial y el oxígeno que significan las remesas de divisas
de los emigrantes, pero que entienda, a la vez, que esos son signos transitorios. Ecuador necesita de la inversión extranjera, con controles antimonopólicos y filtros que eviten la corrupción, y la repatriación de los capitales que aguardan a que se consolide una seguridad jurídica que
disminuya razonablemente el riesgo y genere confianza. ¿Es posible, a la vez, estructurar un modelo económico no especulativo, que resuelva el problema de fondo? Esa es la pregunta para Ecuador y para la región.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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