La Propicia I es objeto de la atracción de polÃticos, funcionarios gubernamentales y ONG. Todos quieren "ayudar" a invertir los $11 millones que deben llegar a la barriada vÃctima de la explosión del poliducto y el incendio de febrero de 1998. La indemnización de Petroecuador no se concreta a pesar de que han pasado dos años del fallo, por el juego polÃtico
Puja eterna por $11 millones
El 30 de julio de 2004, la Presidencia Ejecutiva de Petroecuador calificó de emergencia la situación y se armó una nueva controversia. El barrio advierte de un posible manejo irregular de los fondos
La sentencia del 29 de octubre de 2002 de la I Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia fue motivo de festejo para los 1 540 moradores de La Propicia I, pues la justicia obligaba a Petroecuador a realizar obras en este barrio de Esmeraldas por $11 millones, como pago por los daños sufridos en el incendio de febrero de 1998. A dos años del fallo, los motivos de la celebración se desvanecen: esa comunidad, que podrÃa ser la más rica del mundo en relación al número de socios (568), no recibe la indemnización y estarÃa a punto de vivir otro "despojo", aunque esta vez como secuela de un manoseo polÃtico.
El alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán, lanzó hace pocos dÃas la voz de alerta, al señalar: âSe quieren robar la plataâ. No dijo nombres, pero apuntó directo a la resolución 2004109 del presidente de Petroecuador, Luis Camacho, en la que se califica de "emergencia y de fuerza mayor la aplicación de la sentencia a fin de que se contrate directamente las obras que sean necesarias, hasta cubrir el monto determinado" por los jueces.
Es una âdecisión inconsultaâ que apunta a privilegiar una âcontratación a dedoâ fueron las primeras crÃticas de los moradores y dirigentes. Es unilateral porque viola el mandato de la sentencia que obliga a la participación del barrio en la determinación de las obras, dice Angelita Mendoza, presidenta del Comité Pro Mejoras.
Aunque la ley faculta al presidente de Petroecuador a calificar una situación de emergencia, en ninguno de los Ãtem del reglamento especial encaja un capÃtulo sobre el cumplimiento de una sentencia.
Con la resolución se desconocieron los acuerdos suscritos semanas antes entre el barrio y la petrolera, como el compromiso firmado el 16 de junio de 2004 por el gerente de Protección Ambiental, Miguel Vélez, para avanzar en la suscripción de un convenio para la ejecución de un primer proyecto (que tenÃa informe favorable) por $1 194 949, con la participación del Municipio esmeraldeño, como la entidad ejecutora.
Un dÃa antes de la declaratoria de emergencia (29 de julio de 2004), la directiva del barrio se reunió con tres funcionarios de Petroecuador para analizar una proyecto de resolución del Consejo de Administración de Petroecuador, cita en la cual, los moradores cuestionaron una norma para la elaboración de un reglamento que regule la actuación de una comisión técnica en los procesos contractuales y precontractuales, cuando en los proyectos de la Gerencia de Protección Ambiental se habla de convenios y no de contratos, dice el asesor del barrio Edwin Piedra.
Por ese antecedente, las dudas se acrecentaron con la resolución del 30 de julio, en la que, si bien no incluye esa normativa, establece puntos de discordia, como la contratación directa y la creación de la comisión ejecutiva, en la cual no interviene, con voz y voto, ningún delegado del barrio. Aunque dice que actuar estrechamente con dos representantes, con "quienes se definirá la priorización de las obras".
La Resolución señala que el resultado de las negociaciones se deberá someter a la aprobación del ordenador del gasto, según el numeral 7.2.2 del Instructivo de Contratación de Obras, Bienes y Servicios, reformado mediante resolución número 266 CAD 99 08 09. Y establece que la Gerencia de EconomÃa y Finanzas determinará una partida para la plena ejecución de las contrataciones directas. (LB)
Las secuelas de la declaratoria de emergencia
En un dÃa Petroecuador hizo lo que no pudo en dos años, para contratar directamente y fijar $2 millones para 2004
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a documentos de la estatal petrolera que muestran una secuencia de hechos que se generan de la resolución 2004109 del 30 de julio de 2004. A decir de los dirigentes del barrio, revelan inconsistencias, supuestas violaciones legales y un posible manejo arbitrario de los fondos que será denunciado ante los organismos de control.
En el memo 1260-GPA-2004 (27 de agosto de 2004), el gerente de Protección Ambiental, Miguel Vélez, informa al gerente de EconomÃa y Finanzas que, en 2004, no se ha efectuado ningún egreso económico relacionado con el cumplimiento de la sentencia.
Añade que, conforme a los acuerdos que vienen perfeccionándose con el Comité Pro Mejoras, está previsto iniciar, en lo que resta de 2004, la ejecución de obras por el 50% del monto señalado en la sentencia. Es decir, $5,5 millones. Lo que, a la fecha, es impracticable, dada la controversia pendiente por el amparo interpuesto por La Propicia I contra la emergencia.
Por último, señala que, en vista de que los fondos para las obras no provendrán de la Gerencia de Protección Ambiental por la declaratoria de emergencia, corresponde a la Gerencia de EconomÃa y Finanzas "reprogramar el presupuesto del año en curso y asignar la totalidad del monto dispuesto por la sentencia, con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial".
Ese mismo dÃa, Miguel Vélez informa sobre la conformación de la Comisión Ejecutiva, que queda integrada por Patricia Vázquez (por la Presidencia Ejecutiva), Miguel Vélez y Patricio Mantilla (por la Gerencia de Protección Ambiental) y Eduardo Nina (el consultor técnico). Vásquez aparece como funcionaria, con un contrato de trabajo con la Presidencia Ejecutiva, en la categorÃa 24 (con sueldo de $3 mil) por dos años y no uno de prueba, como es la práctica.
Paralelamente, el 27 de agosto, la Gerencia Administrativa solicita a la Gerencia de EconomÃa y Finanzas una certificación presupuestaria por $11 millones. Eso, "con el fin de cumplir la sentencia para contratar directamente las obras".
Esa certificación llegó a pocas horas, con la denominación "Fondo de Desarrollo Comunal" (Construcción de Infraestructura Diversa en el Barrio La Propicia I de Esmeraldas). El Ãtem de gastos es el 9.61.150. Y el valor presupuestado asciende a $2 millones. Una nota adicional dice: "De acuerdo al cronograma de ejecución de obras, la diferencia de los egresos constarán en los presupuestos de los años subsiguientes".
El trámite contradice las proyecciones de la Gerencia de Protección Ambiental y la propia resolución de emergencia, que incluye en sus considerandos el informe favorable del proyecto que fue acordado realizar con participación del Municipio de Esmeraldas.
Para complementar los trámites de un dÃa, lo que no se hizo en casi dos años, el 28 de agosto de 2004, la Gerencia de Protección Ambiental dispone la contratación del consultor Angel Mina.
Este Diario buscó la versión oficial sobre los fundamentos legales de los trámites. Pero las autoridades se excusaron de hablar. (LB)
La polÃtica mueve los planes
Las "Fuerzas Vivas" de Esmeraldas están dispuestas a movilizarse para que se respete la sentencia. La toma de La RefinerÃa o el bloqueo de las cuentas de la estatal son acciones que no se descartan
La declaratoria de emergencia a la ejecución de la sentencia de la I Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia ha generado malestar entre profesionales y autoridades de Esmeraldas. De hecho, se podrÃa dilatar más el resarcimiento de los daños, como ahora ocurre al haberse interpuesto una acción de amparo por parte de la directiva del barrio La Propicia I, recurso que fue negado hace una semana por el juez civil Ãngel Pereira y tendrÃa que ser resuelto por el Tribunal Constitucional ante el anuncio de la apelación.
La molestia es mayor por cuanto la última resolución de Petroecuador echó por los suelos el acuerdo tripartito, del pasado 16 de junio, entre Petroecuador, la directiva del barrio y el Municipio de Esmeraldas como ente regulador. En el acta de la sesión de ese dÃa, firmada por Miguel Vélez, gerente de Protección Ambiental, se acordó que el procedimiento de implementación del fallo será con la participación exclusiva de esas tres instancias.
Además, se suscribió el compromiso de avanzar en la firma de un convenio para la ejecución de un primer proyecto, en la cual la entidad ejecutora iba a ser el Municipio. Y es en este punto donde se ha despertado mayores sospechas: se dejó de lado la participación del alcalde Ernesto Estupiñán, cuya lÃnea polÃtica como dirigente del Movimiento Popular Democrático es contraria al Gobierno nacional.
Directivos del barrio aseguraron que ese cambio se explica por la alianza de Sociedad Patriótica con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), que hasta ahora maneja el Consejo Provincial de Esmeraldas.
Los moradores aseguran que habÃa la intención de trasladar el control de las obras en La Propicia a esa entidad provincial, pero con la última derrota electoral del PRE esa iniciativa posiblemente quedará congelada o postergada. Algo que las fuerzas vivas de Esmeraldas no están dipuestas a aceptar.
El alcalde Ernesto Estupiñán se reunió con la directiva y dirigentes de oposición del barrio el viernes 29 de octubre. Al final, hubo una conclusión entre los moradores: presionar para que las obras se decidan y contraten en Esmeraldas respetando el Plan de Vida, que se desarrolla con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que estará listo en diciembre. Para conseguirlo, aseguran, se realizarán las acciones que sean necesarias. ¿La toma de la RefinerÃa? Es una medida extrema que no se descarta. Y otra: reactivar una acción legal para lograr la retención de cuentas de la estatal petrolera.
Los moradores advierten que la resolución de Petroecuador expresa el afán inicial de incumplir con su obligación de pago, pues agrega un elemento disociador, al haberse trasladado la participación de la comunidad al rol de "observador", dice Angelita Mendoza, presidenta del Comité Pro Mejoras.
Y lo que es peor, según José Luis Guebara, ex presidente de ese comité y autor de la demanda original, al dar curso a la resolución, se estarÃa dejando un precedente jurÃdico negativo, por cuanto el perdedor de un juicio es quien pondrÃa las reglas de juego para la aplicación del pago.
"Eso no solo va contra el sentido común, sino que pretende violentar el mandato de la sentencia de la Sala de la Corte Suprema de Justicia", asegura el dirigente. (LB)
El apoyo externo efectivo llega primero
La Propicia I está excluida de la inversión local
Tras la sentencia del 29 de octubre de 2002 y la aclaratoria del fallo del 25 de noviembre de ese año, el barrio pidió el apoyo de Petroecuador para la planificación de las obras. Esa gestión, según la aclaración de la sentencia, es un trámite abligatorio y previo a la ejecución de obras.
Ante la negativa de la estatal, la directiva de La Propicia pide apoyo al BID a través de una carta del 24 de febrero de 2003, por intermediación de Edwin Piedra, consultor externo del Banco.
Esa entidad resuelve apoyar con una asignación no reembolsable por 99 367 euros. El Plan de Vida tiene un eje: aprovechar los recursos para la generación de mano obra. El equipo de cuatro técnicos está coordinado por el antropólogo José Bedoya.
Ese respaldo fue clave, pues La Propicia I, por tener $11 millones, no está en los planes de inversión de los organismos seccionales, aunque el Municipio ha realizado obras de infraestructura básica. (LB)
Desde octubre de 2002, sobran los "agenciosos"
El Municipio y las Cámaras tienen expectativas de la inversión en La Propicia, pues los $11 millones son una opción real de reactivar la deprimida economÃa localn
La posibilidad de que se inviertan $11 millones en La Propicia I ha despertado el interés de propios y extraños. Tanto asà que, en los últimos dÃas, varios diputados de diversas tiendas polÃticas han tomado contacto con dirigentes y moradores de este barrio para ofrecerles su apoyo.
Las ofertas son variadas. Pero no son las primeras. Desde que se inició el litigio, a fines de 1998, la ayuda no ha demorado. El respaldo inicial fue de los grupos ambientalistas ante la "incredulidad de los abogados locales" al tener de contraparte a la poderosa petrolera. Tras dos fallos contrarios en Esmeraldas, la demanda prosperó por la presión de sectores ecologistas nacionales e internacionales, liderados por Acción Ecológica.
Asà lo señala José Luis Guebara, ex presidente y demandante, aunque aclara que ese apoyo se inspiró en la causa ambientalista. La demanda inicial fue por $35 millones.
El proceso convocó a muchos consultores. Uno de ellos, Edwin Piedra, ex asesor de la Conaie y su ex presidente Antonio Vargas, que -según los lugareños- apareció como consultor del BID. Piedra aseguró a BLANCO Y NEGRO que su participación se debió a un pedido de respaldo, por el trabajo de desarrollo de proyectos que viene realizando desde el 21 de enero de 2000 cuando se desvinculó de la polÃtica.
Aunque fue ratificado en la última asamblea, en agosto pasado (con la firma de 120 de los 568 socios en el acta de sesión), la presencia de Piedra es objetada. José Luis Guebara asegura que ejerce mucha influencia sobre la presidenta del Comité Pro Mejoras. (LB)
Los $11 millones son un imán para varios sectores
ONG, en escena
A mediados de 2003, José Luis Guebara dejó la presidencia del barrio ante los cuestionamientos sobre un plan de obras que presentó, auspiciado por varias ONGs. Este tema motivó el alejamiento de Guebara y el consultor Edwin Piedra.
La puja interna
La millonaria indemnización ha provocado la fractura en el barrio. Hay tres grupos que pugnan por la dirección. Para zanjar las divergencias, en mayo de 2003 se realizaron elecciones. Hubo tres listas. Angelita Mendoza fue electa presidenta por 12 votos.
Salvación local
El Alcalde de Esmeraldas no esconde su interés porque se aplique la sentencia en La Propicia I. Son $11 millones que puedan dinamizar la economÃa de la ciudad, dice. Un monto que duplica al del presupuesto municipal que llega apenas a $5 millones.
Opción de empleo
Las cámaras de la producción de Esmeraldas entraron en el forcejeo. Luis Stern, vocero de la Cámara de Comercio, asegura que los profesionales de la provincia tienen capacidad para asumir cualquier reto de desarrollo y más si es una opción real de empleo.
PUNTO DE VISTA
Petroecuador debe responder ya
La paradoja es el signo de la conducta polÃtica ecuatoriana. Y el caso del barrio esmeraldeño La Propicia I, lo reafirma. Con $11 millones, podrÃa ser (¿en la práctica lo es solo con el derecho de tener ese dinero a su favor?) el barrio más rico del mundo, con todas sus necesidades y servicios satisfechos, sin descontar el aseguramiento de un futuro próspero.
Si por los números se miden las cosas, 1 500 personas deberÃan recibir alrededor de $7 mil. Sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia obliga a invertir el dinero en obra social. Entonces, comienza la historia de siempre: se crean comisiones para iniciar la construcción de obras y, para que nada cambie, se violan las normas de modo que la designación sea a dedo.
Todo esto con un solo objetivo: favorecer a los contratistas, los investigadores, consultores y funcionarios. Y los responsables, para variar, no responden, tal como se deja sentado en este informe. Quizá porque están más interesados en los problemas polÃticos que en el drama que viven centeneras de familias.
A Petroecuador no se le puede aceptar "leguleyadas". Solo deben existir respuestas claras para no jugar con el destino de la gente. Si su Gerencia de Protección Ambiental ha programado, desde el año 2002, gastos que suman $71 millones, ¿cómo es que en ese mismo perÃodo no se han podido resarcir los daños al barrio La Propicia I, cuando la sentencia de la Corte Suprema le obligaba a hacerlo inmediatamente? (OP) (BLANCO Y NEGRO)
Puja eterna por $11 millones
El 30 de julio de 2004, la Presidencia Ejecutiva de Petroecuador calificó de emergencia la situación y se armó una nueva controversia. El barrio advierte de un posible manejo irregular de los fondos
La sentencia del 29 de octubre de 2002 de la I Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia fue motivo de festejo para los 1 540 moradores de La Propicia I, pues la justicia obligaba a Petroecuador a realizar obras en este barrio de Esmeraldas por $11 millones, como pago por los daños sufridos en el incendio de febrero de 1998. A dos años del fallo, los motivos de la celebración se desvanecen: esa comunidad, que podrÃa ser la más rica del mundo en relación al número de socios (568), no recibe la indemnización y estarÃa a punto de vivir otro "despojo", aunque esta vez como secuela de un manoseo polÃtico.
El alcalde de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán, lanzó hace pocos dÃas la voz de alerta, al señalar: âSe quieren robar la plataâ. No dijo nombres, pero apuntó directo a la resolución 2004109 del presidente de Petroecuador, Luis Camacho, en la que se califica de "emergencia y de fuerza mayor la aplicación de la sentencia a fin de que se contrate directamente las obras que sean necesarias, hasta cubrir el monto determinado" por los jueces.
Es una âdecisión inconsultaâ que apunta a privilegiar una âcontratación a dedoâ fueron las primeras crÃticas de los moradores y dirigentes. Es unilateral porque viola el mandato de la sentencia que obliga a la participación del barrio en la determinación de las obras, dice Angelita Mendoza, presidenta del Comité Pro Mejoras.
Aunque la ley faculta al presidente de Petroecuador a calificar una situación de emergencia, en ninguno de los Ãtem del reglamento especial encaja un capÃtulo sobre el cumplimiento de una sentencia.
Con la resolución se desconocieron los acuerdos suscritos semanas antes entre el barrio y la petrolera, como el compromiso firmado el 16 de junio de 2004 por el gerente de Protección Ambiental, Miguel Vélez, para avanzar en la suscripción de un convenio para la ejecución de un primer proyecto (que tenÃa informe favorable) por $1 194 949, con la participación del Municipio esmeraldeño, como la entidad ejecutora.
Un dÃa antes de la declaratoria de emergencia (29 de julio de 2004), la directiva del barrio se reunió con tres funcionarios de Petroecuador para analizar una proyecto de resolución del Consejo de Administración de Petroecuador, cita en la cual, los moradores cuestionaron una norma para la elaboración de un reglamento que regule la actuación de una comisión técnica en los procesos contractuales y precontractuales, cuando en los proyectos de la Gerencia de Protección Ambiental se habla de convenios y no de contratos, dice el asesor del barrio Edwin Piedra.
Por ese antecedente, las dudas se acrecentaron con la resolución del 30 de julio, en la que, si bien no incluye esa normativa, establece puntos de discordia, como la contratación directa y la creación de la comisión ejecutiva, en la cual no interviene, con voz y voto, ningún delegado del barrio. Aunque dice que actuar estrechamente con dos representantes, con "quienes se definirá la priorización de las obras".
La Resolución señala que el resultado de las negociaciones se deberá someter a la aprobación del ordenador del gasto, según el numeral 7.2.2 del Instructivo de Contratación de Obras, Bienes y Servicios, reformado mediante resolución número 266 CAD 99 08 09. Y establece que la Gerencia de EconomÃa y Finanzas determinará una partida para la plena ejecución de las contrataciones directas. (LB)
Las secuelas de la declaratoria de emergencia
En un dÃa Petroecuador hizo lo que no pudo en dos años, para contratar directamente y fijar $2 millones para 2004
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a documentos de la estatal petrolera que muestran una secuencia de hechos que se generan de la resolución 2004109 del 30 de julio de 2004. A decir de los dirigentes del barrio, revelan inconsistencias, supuestas violaciones legales y un posible manejo arbitrario de los fondos que será denunciado ante los organismos de control.
En el memo 1260-GPA-2004 (27 de agosto de 2004), el gerente de Protección Ambiental, Miguel Vélez, informa al gerente de EconomÃa y Finanzas que, en 2004, no se ha efectuado ningún egreso económico relacionado con el cumplimiento de la sentencia.
Añade que, conforme a los acuerdos que vienen perfeccionándose con el Comité Pro Mejoras, está previsto iniciar, en lo que resta de 2004, la ejecución de obras por el 50% del monto señalado en la sentencia. Es decir, $5,5 millones. Lo que, a la fecha, es impracticable, dada la controversia pendiente por el amparo interpuesto por La Propicia I contra la emergencia.
Por último, señala que, en vista de que los fondos para las obras no provendrán de la Gerencia de Protección Ambiental por la declaratoria de emergencia, corresponde a la Gerencia de EconomÃa y Finanzas "reprogramar el presupuesto del año en curso y asignar la totalidad del monto dispuesto por la sentencia, con el fin de dar cumplimiento a la orden judicial".
Ese mismo dÃa, Miguel Vélez informa sobre la conformación de la Comisión Ejecutiva, que queda integrada por Patricia Vázquez (por la Presidencia Ejecutiva), Miguel Vélez y Patricio Mantilla (por la Gerencia de Protección Ambiental) y Eduardo Nina (el consultor técnico). Vásquez aparece como funcionaria, con un contrato de trabajo con la Presidencia Ejecutiva, en la categorÃa 24 (con sueldo de $3 mil) por dos años y no uno de prueba, como es la práctica.
Paralelamente, el 27 de agosto, la Gerencia Administrativa solicita a la Gerencia de EconomÃa y Finanzas una certificación presupuestaria por $11 millones. Eso, "con el fin de cumplir la sentencia para contratar directamente las obras".
Esa certificación llegó a pocas horas, con la denominación "Fondo de Desarrollo Comunal" (Construcción de Infraestructura Diversa en el Barrio La Propicia I de Esmeraldas). El Ãtem de gastos es el 9.61.150. Y el valor presupuestado asciende a $2 millones. Una nota adicional dice: "De acuerdo al cronograma de ejecución de obras, la diferencia de los egresos constarán en los presupuestos de los años subsiguientes".
El trámite contradice las proyecciones de la Gerencia de Protección Ambiental y la propia resolución de emergencia, que incluye en sus considerandos el informe favorable del proyecto que fue acordado realizar con participación del Municipio de Esmeraldas.
Para complementar los trámites de un dÃa, lo que no se hizo en casi dos años, el 28 de agosto de 2004, la Gerencia de Protección Ambiental dispone la contratación del consultor Angel Mina.
Este Diario buscó la versión oficial sobre los fundamentos legales de los trámites. Pero las autoridades se excusaron de hablar. (LB)
La polÃtica mueve los planes
Las "Fuerzas Vivas" de Esmeraldas están dispuestas a movilizarse para que se respete la sentencia. La toma de La RefinerÃa o el bloqueo de las cuentas de la estatal son acciones que no se descartan
La declaratoria de emergencia a la ejecución de la sentencia de la I Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia ha generado malestar entre profesionales y autoridades de Esmeraldas. De hecho, se podrÃa dilatar más el resarcimiento de los daños, como ahora ocurre al haberse interpuesto una acción de amparo por parte de la directiva del barrio La Propicia I, recurso que fue negado hace una semana por el juez civil Ãngel Pereira y tendrÃa que ser resuelto por el Tribunal Constitucional ante el anuncio de la apelación.
La molestia es mayor por cuanto la última resolución de Petroecuador echó por los suelos el acuerdo tripartito, del pasado 16 de junio, entre Petroecuador, la directiva del barrio y el Municipio de Esmeraldas como ente regulador. En el acta de la sesión de ese dÃa, firmada por Miguel Vélez, gerente de Protección Ambiental, se acordó que el procedimiento de implementación del fallo será con la participación exclusiva de esas tres instancias.
Además, se suscribió el compromiso de avanzar en la firma de un convenio para la ejecución de un primer proyecto, en la cual la entidad ejecutora iba a ser el Municipio. Y es en este punto donde se ha despertado mayores sospechas: se dejó de lado la participación del alcalde Ernesto Estupiñán, cuya lÃnea polÃtica como dirigente del Movimiento Popular Democrático es contraria al Gobierno nacional.
Directivos del barrio aseguraron que ese cambio se explica por la alianza de Sociedad Patriótica con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), que hasta ahora maneja el Consejo Provincial de Esmeraldas.
Los moradores aseguran que habÃa la intención de trasladar el control de las obras en La Propicia a esa entidad provincial, pero con la última derrota electoral del PRE esa iniciativa posiblemente quedará congelada o postergada. Algo que las fuerzas vivas de Esmeraldas no están dipuestas a aceptar.
El alcalde Ernesto Estupiñán se reunió con la directiva y dirigentes de oposición del barrio el viernes 29 de octubre. Al final, hubo una conclusión entre los moradores: presionar para que las obras se decidan y contraten en Esmeraldas respetando el Plan de Vida, que se desarrolla con apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que estará listo en diciembre. Para conseguirlo, aseguran, se realizarán las acciones que sean necesarias. ¿La toma de la RefinerÃa? Es una medida extrema que no se descarta. Y otra: reactivar una acción legal para lograr la retención de cuentas de la estatal petrolera.
Los moradores advierten que la resolución de Petroecuador expresa el afán inicial de incumplir con su obligación de pago, pues agrega un elemento disociador, al haberse trasladado la participación de la comunidad al rol de "observador", dice Angelita Mendoza, presidenta del Comité Pro Mejoras.
Y lo que es peor, según José Luis Guebara, ex presidente de ese comité y autor de la demanda original, al dar curso a la resolución, se estarÃa dejando un precedente jurÃdico negativo, por cuanto el perdedor de un juicio es quien pondrÃa las reglas de juego para la aplicación del pago.
"Eso no solo va contra el sentido común, sino que pretende violentar el mandato de la sentencia de la Sala de la Corte Suprema de Justicia", asegura el dirigente. (LB)
El apoyo externo efectivo llega primero
La Propicia I está excluida de la inversión local
Tras la sentencia del 29 de octubre de 2002 y la aclaratoria del fallo del 25 de noviembre de ese año, el barrio pidió el apoyo de Petroecuador para la planificación de las obras. Esa gestión, según la aclaración de la sentencia, es un trámite abligatorio y previo a la ejecución de obras.
Ante la negativa de la estatal, la directiva de La Propicia pide apoyo al BID a través de una carta del 24 de febrero de 2003, por intermediación de Edwin Piedra, consultor externo del Banco.
Esa entidad resuelve apoyar con una asignación no reembolsable por 99 367 euros. El Plan de Vida tiene un eje: aprovechar los recursos para la generación de mano obra. El equipo de cuatro técnicos está coordinado por el antropólogo José Bedoya.
Ese respaldo fue clave, pues La Propicia I, por tener $11 millones, no está en los planes de inversión de los organismos seccionales, aunque el Municipio ha realizado obras de infraestructura básica. (LB)
Desde octubre de 2002, sobran los "agenciosos"
El Municipio y las Cámaras tienen expectativas de la inversión en La Propicia, pues los $11 millones son una opción real de reactivar la deprimida economÃa localn
La posibilidad de que se inviertan $11 millones en La Propicia I ha despertado el interés de propios y extraños. Tanto asà que, en los últimos dÃas, varios diputados de diversas tiendas polÃticas han tomado contacto con dirigentes y moradores de este barrio para ofrecerles su apoyo.
Las ofertas son variadas. Pero no son las primeras. Desde que se inició el litigio, a fines de 1998, la ayuda no ha demorado. El respaldo inicial fue de los grupos ambientalistas ante la "incredulidad de los abogados locales" al tener de contraparte a la poderosa petrolera. Tras dos fallos contrarios en Esmeraldas, la demanda prosperó por la presión de sectores ecologistas nacionales e internacionales, liderados por Acción Ecológica.
Asà lo señala José Luis Guebara, ex presidente y demandante, aunque aclara que ese apoyo se inspiró en la causa ambientalista. La demanda inicial fue por $35 millones.
El proceso convocó a muchos consultores. Uno de ellos, Edwin Piedra, ex asesor de la Conaie y su ex presidente Antonio Vargas, que -según los lugareños- apareció como consultor del BID. Piedra aseguró a BLANCO Y NEGRO que su participación se debió a un pedido de respaldo, por el trabajo de desarrollo de proyectos que viene realizando desde el 21 de enero de 2000 cuando se desvinculó de la polÃtica.
Aunque fue ratificado en la última asamblea, en agosto pasado (con la firma de 120 de los 568 socios en el acta de sesión), la presencia de Piedra es objetada. José Luis Guebara asegura que ejerce mucha influencia sobre la presidenta del Comité Pro Mejoras. (LB)
Los $11 millones son un imán para varios sectores
ONG, en escena
A mediados de 2003, José Luis Guebara dejó la presidencia del barrio ante los cuestionamientos sobre un plan de obras que presentó, auspiciado por varias ONGs. Este tema motivó el alejamiento de Guebara y el consultor Edwin Piedra.
La puja interna
La millonaria indemnización ha provocado la fractura en el barrio. Hay tres grupos que pugnan por la dirección. Para zanjar las divergencias, en mayo de 2003 se realizaron elecciones. Hubo tres listas. Angelita Mendoza fue electa presidenta por 12 votos.
Salvación local
El Alcalde de Esmeraldas no esconde su interés porque se aplique la sentencia en La Propicia I. Son $11 millones que puedan dinamizar la economÃa de la ciudad, dice. Un monto que duplica al del presupuesto municipal que llega apenas a $5 millones.
Opción de empleo
Las cámaras de la producción de Esmeraldas entraron en el forcejeo. Luis Stern, vocero de la Cámara de Comercio, asegura que los profesionales de la provincia tienen capacidad para asumir cualquier reto de desarrollo y más si es una opción real de empleo.
PUNTO DE VISTA
Petroecuador debe responder ya
La paradoja es el signo de la conducta polÃtica ecuatoriana. Y el caso del barrio esmeraldeño La Propicia I, lo reafirma. Con $11 millones, podrÃa ser (¿en la práctica lo es solo con el derecho de tener ese dinero a su favor?) el barrio más rico del mundo, con todas sus necesidades y servicios satisfechos, sin descontar el aseguramiento de un futuro próspero.
Si por los números se miden las cosas, 1 500 personas deberÃan recibir alrededor de $7 mil. Sin embargo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia obliga a invertir el dinero en obra social. Entonces, comienza la historia de siempre: se crean comisiones para iniciar la construcción de obras y, para que nada cambie, se violan las normas de modo que la designación sea a dedo.
Todo esto con un solo objetivo: favorecer a los contratistas, los investigadores, consultores y funcionarios. Y los responsables, para variar, no responden, tal como se deja sentado en este informe. Quizá porque están más interesados en los problemas polÃticos que en el drama que viven centeneras de familias.
A Petroecuador no se le puede aceptar "leguleyadas". Solo deben existir respuestas claras para no jugar con el destino de la gente. Si su Gerencia de Protección Ambiental ha programado, desde el año 2002, gastos que suman $71 millones, ¿cómo es que en ese mismo perÃodo no se han podido resarcir los daños al barrio La Propicia I, cuando la sentencia de la Corte Suprema le obligaba a hacerlo inmediatamente? (OP) (BLANCO Y NEGRO)
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