Durante la administración de Patricio Ortiz, ex ministro de Bienestar Social (entonces se llamaba Desarrollo Humano)se utilizaron más de $3 millones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en pagos de indemnizaciones a ex empleados, al Proyecto de Desarrollo Rural Integral y a la adquisición de picos y palas que eran entregados en las comunidades indígenas, en ceremonias a las que asistía el presidente de la República, Lucio Gutiérrez
Un amparo constitucional se prepara en contra del Ministerio de Bienestar Social, por haber contravenido la Constitución al violentar derechos de los niños y niñas escolares, según indicó Ramiro Avila, miembro de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
El Ministerio de Bienestar Social (MBS) utilizó $3 389 441 del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para pagar indemnizaciones a 235 empleados públicos, para mantener el Proyecto de Desarrollo Integral (Prodein) y para entregar picos y palas a comunidades indígenas.
Esos recursos, según Avila, les correspondían a los niños y niñas de las escuelas rurales y urbano-marginales del país. "La Constitución estipula que los niños y adolescentes tienen derecho a recibir atención prioritaria, preferente y especializada, como lo determina el artículo 48". Y para el caso, ni las indemnizaciones ni los grupos indígenas están por sobre ellos. Avila refuerza su postura con el artículo 49 de la Constitución, que determina que los derechos de los niños y adolescentes "prevalecerán sobre los de los demás".
La transferencia, a través de partidas presupuestarias, se hizo en tres partes durante la administración del ex ministro de Bienestar Social, Patricio Ortiz. El 21 de abril de este año, el Ministerio de Economía, mediante resolución PTO-088, trasladó $2 millones de la partida 12800000I6000000000580 PMA, para a la Subsecretaría de Desarrollo Rural Integral.
"La modificación autorizada servirá para que la Subsecretaría de Desarrollo Rural Integral (organismo del MBS) financie los componentes de infraestructura, crédito, capacitación y asistencia técnica a cargo del Proyecto de Desarrollo Integral (Prodein), en respuesta a los sectores sociales y más necesitados del país", consta en la resolución.
La petición la hizo Ortiz el 18 de marzo de este año, pero por $3 millones: "En razón de que el Programa (Prodein) ya se encuentra paralizado en un 80% en todos sus componentes...". Inicialmente Economía le entregó $2 millones.
La segunda transferencia, por $150 mil, se realizó el 9 de mayo, desde la misma partida. En el pedido de Ortiz y en la autorización de Economía se establece que el dinero salió de los recursos que el PMA entrega al país para el programa de desayuno escolar.
La última transferencia se hizo el 19 de junio, por $1 239 841. Estos fondos sirvieron para "indemnizar a 235 funcionaros del MBS que se acogieron a la suspensión de puestos por la aplicación de la reestructuración de personal".
Cinco meses después, Patricio Ortiz dice que hay una confusión, pues "los fondos no correspondían al desayuno escolar, sino a una partida para programas comunitarios del Ministerio". Eso sí, reconoce que estos provenían del PMA y señala que se destinaron al pago de indemnizaciones y una parte fue al Prodein.
Asegura que en esto no hay ninguna ilegalidad y que es potestad de los ministros optimizar el uso de las partidas presupuestarias: "Lo que se hace es jugar con las partidas para optimizarlas, pues si no se las gasta, el dinero se remite al Ministerio de Economía y uno lo pierde".
Hace algún tiempo Ortiz compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar el gasto de los $150 mil (segunda transferencia), luego de que el diputado Vicente Taiano (Prian) lo acusó de utilizar dinero del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para entregar picos y palas a comunidades indígenas.
Actualmente, Ortiz sostiene que de su Ministerio no salieron fondos para pagar esa campaña del Gobierno. "Si asistí (a las entregas de los picos y palas) fue por pedido del presidente, no porque compartiera ese criterio, por eso desde Bienestar Social nunca se adquirió un solo pico ni una sola pala".
Sin embargo, el documento del Ministerio de Economía, del 9 de mayo de 2003, dice que "la modificación autorizada servirá para que dicho Ministerio, a través de la Presidencia de la República, entregue en calidad de comodato, herramientas y bienes muebles de larga duración para aliviar parte de las necesidad de las comunidades indígenas rurales...". (AR)
Funcionaria busca recuperar los fondos desviados
El subcoordinador afirma que es casi imposible que se los reintegre
"No existe ilegalidad reglamentaria en el traspaso de una partida a otra", reconocen Ramiro Avila y Manuel Martínez, director del Foro de la Niñez.
Para ellos, el cuestionamiento radica en que ese dinero no debía utilizarse en otros proyectos "porque la Constitución dice, con absoluta claridad, que la prioridad son los niños", sostiene Martínez.
Francisco Jácome, subcoordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE), coincide en que esos recursos estaban destinados al desayuno escolar: "El documento del Presupuesto General del Estado dice que eran del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para alimentación escolar".
El PAE invierte $0,23 entre desayuno y almuerzo por cada estudiante. Actualmente reciben la alimentación 1 412 011 niños y niñas de escuelas rurales y urbano-marginales a escala nacional.
Así, los $3 389 441 invertidos en otras áreas hubiesen servido para unos 10 días más de alimentación escolar. Jácome dice que a pesar de que ese dinero no constaba en el presupuesto del PAE hubiese servido para mejorar la atención de los menores.
Para el funcionario, es casi imposible recuperar esos fondos, aunque la coordinadora nacional del Programa, Manuela Bonilla, es más optimista y se muestra confiada en que los pedidos y las conversaciones con los ministros del área social y, sobre todo, los que mantuvo con Carlos Pólit, que el jueves dejó la cartera de Bienestar Social, servirán para recuperarlos e invertirlos el próximo año.
"Hemos hecho las gestiones con Pólit (ahora es secretario particular del presidente Gutiérrez). Es factible que nos devuelvan esos $3 millones, porque hemos hablado de incorporar la leche al desayuno escolar", dice Bonilla.
Pero ahora el área social tiene nuevos secretarios, ante quienes la coordinadora insistirá en el reintegro de esos recursos. (AR)
UNA CARTERA CONFLICTIVA
Presunto sobreprecio, ¿una denuncia interesada?
El 19 de septiembre de este año, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Vicente Taiano (Prian), denunció la existencia de un presunto sobreprecio del 50%, por encima del valor real, en un contrato para adquisición de bidones, mascarillas y gafas de protección de la ceniza, usados en la emergencia por la erupción del volcán Tungurahua.
En esos días, el ministro de Bienestar Social, Patricio Ortiz, se hallaba de gira por Bolivia, Estados Unidos y España, mientras el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, pedía una investigación exhaustiva de la acusación, lo que motivó que se acortara el viaje.
A su regreso el ministro estuvo molesto por las dudas que había expresado el mandatario y señaló que la denuncia había salido de gente cercana a Gutiérrez que deseaba proyectarse políticamente desde el Ministerio.
Eso precipitó su salida del cargo, mientras la Contraloría inició la investigación del caso. Lo reemplazó Carlos Pólit y acaba de posesionarse Patricio Acosta, otro allegado al presidente. (AA)
Los alimentos se pudren en las bodegas
El paro de la UNE torna imposible el reparto a las escuelas
Los 33 días de paro del magisterio fiscal no solo implican el cierre obligatorio de las escuelas urbano-marginales y rurales del país, sino la suspensión del desayuno y almuerzo escolar.
En las bodegas de la Sierra y la Amazonía están almacenadas 4 031,06 toneladas de alimentos para los estudiantes. Ello significa que 504.528 escolares están afectados.
Solo en la bodega de Calderón, al norte de Quito, que abastece a la provincia de Pichincha, reposan 800 toneladas de varios productos (arroz, sal, azúcar, arveja, lenteja, aceite...) que no se pueden repartir por el paro decretado por la Unión Nacional de Educadores (UNE). Esos alimentos debían entregarse la primera semana de diciembre en la Sierra, sobre todo en el área rural.
El arroz y la avena son los productos más vulnerables ya que pueden dañarse en 30 días si no se consumen, particularmente en la Amazonía, debido al calor y a la humedad. Todavía no se han presentado novedades de este tipo, pero el riesgo está presente. En la Costa no hay ningún problema, pues, según un funcionario del PAE, las escuelas terminaron el consumo.
En la misma bodega, no solo están acumulados los alimentos, sino también cocinas, cilindros de gas, ollas y vajilas que varios establecimientos han solicitado para preparar la comida de los estudiantes.
También queda claro que este programa sirve promocionar al régimen de turno, pues en las fundas de todos los productos hay un sello del Gobierno Nacional y se indica que participan el Ministerio de Educación y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La coordinadora nacional, Manuela Bonilla, asegura que ese organismo tiene todo listo para repartir los productos apenas termine la medida de hecho.
Ella considera que el desayuno y el almuerzo constituyen una suerte de anzuelo para que los niños y niñas asistan a los planteles, y con el paro hay el riesgo de que se incremente la deserción escolar. "En muchos casos -dice- son la única alimentación que tienen durante el día".
La funcionaria explica que este Programa funciona con el apoyo de los padres de familia, que junto a los maestros preparan los alimentos, que luego son consumidos por los alumnos.
Anota que la labor de reparto desde las bodegas a los centros educativos demora 15 días. En Pichincha, entre ocho a 10 camiones salen diariamente a entregar los alimentos en las escuelas rurales. Estos deben durar alrededor de 40 días hábiles, es decir dos meses, cuando nuevamente se inicia el proceso.
La dirección del PAE y los futuros demandantes coinciden en que el desayuno escolar no servirá para eliminar la desnutrición, que afecta al 39,9% de la población infantil del país según el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador), pero sí es una ayuda sustancial para la educación de los niños y niñas.
Manuel Martínez, presidente del Foro de la Niñez, indica que, dentro del período de aprendizaje, la alimentación escolar también sirve para que los estudiantes mejoren su atención en clase. (AR)
DIALOGOS CON TRES MINISTROS
De recuperarse los fondos, el PAE comprará leche
El ex ministro de Bienestar Social Patricio Ortiz sostiene que los $3 389 441 no formaban parte del presupuesto del PAE, sino que pertenecían a esa Cartera de Estado.
Esto es corroborado por Francisco Jácome, actual subdirector de ese Programa, quien, no obstante, aclara que estaban destinados al plan de alimentación escolar, porque así lo estipulaba un documento del Presupuesto General del Estado.
Hoy por hoy, la preocupación de la coordinadora nacional del PAE, Manuela Bonilla, es conseguir el reintegro de los fondos para destinarlos, el próximo año, a la adquisición de leche, un alimento que deberá ser incorporado al desayuno y almuerzo escolar, que se entrega en los establecimientos públicos.
Ella espera entablar un diálogos con el nuevo ministro de Bienestar Social, Patricio Acosta (ex secretario general de la Administración), pues dice que el anterior, Carlos Pólit, había mostrado predisposición para reintegrarlos. Esa posición confirmaría que, efectivamente, los fondos sí pertenecían al PAE. (AA)
Programa de Alimentos, un preciado botín político
En un primer momento, Gutiérrez lo sacó del Ministerio de Educación
Durante este año, el PAE ha soportado dos crisis que han sido superadas en los últimos meses.
La primera se originó a inicios de febrero, cuando el presidente Lucio Gutiérrez publicó el Decreto Ejecutivo Nº 55, que trasladaba la administración del programa del Ministerio de Educación al de Bienestar Social.
En esos días estaba a cargo de la cartera de educación Rosa María Torres, quien fue designada como cuota política del movimiento Pachakutik, que entonces cogobernaba con Sociedad Patriótica (SP). Mientras, Patricio Ortiz, alto dirigente de ese partido, estaba al frente de Bienestar Social.
Esto motivó el reclamo de la dirigencia de Pachakutik, que el mandatario trató de subsanar con la designación de dos coordinadores en el PAE: Guillermo Churuchumbi, de Pachakutik, por el Ministerio de Educación, y Manuela Bonilla, del partido oficialista, en representación de Bienestar Social.
La falta de una sola "cabeza" en el organismo causó varios problemas, pues Churuchumbi alegaba que no tenía funciones reales. Esto se resolvió el 4 de abril pasado, cuando el presidente derogó el decreto inicial y restituyó el PAE a la cartera de Educación.
Asimismo, entre marzo y junio el Programa no repartió alimentos a los planteles, hasta viabilizar su presupuesto.
En junio estalló una segunda crisis, cuando el gerente de la empresa de alimentos Moderna, Gonzalo Correa, denunció que el entonces coordinador nacional del PAE, Gerardo Santillán Arias, había pedido una coima por el 10% a cambio de cancelarle $400 171,98 adeudados por el Programa.
El acusado se defendió con el argumento de que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) compraba los alimentos y equipos de oficina, mientras el PAE únicamente contrataba los servicios de transporte, almacenamiento y control de la calidad de los alimentos proporcionados por 67 proveedores.
La denuncia fue conocida por el Ministerio de Educación, la Contraloría y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), y 12 días después de la notificación de las irregularidades, el funcionario fue separado del cargo.
En el lapso en que el PAE dependió de Bienestar Social fue cuando más de $3 millones fueron utilizados en el pago de indemnizaciones a ex empleados y una parte se destinó a la compra de picos y palas que fueron repartidos en varias comunidades rurales, por el presidente Lucio Gutiérrez. (AR-AA)
PUNTO DE VISTA
El Ministerio de Bienestar Social arrancha el pan a los niños
En un país en el que miles de niños mueren anualmente por ausencia de alimentos y atención, el Ministerio de Bienestar Social, cuando era liderado por el dirigente de Sociedad Patriótica Patricio Ortiz, usó parte del dinero destinado al desayuno escolar para comprar picos y palas para los campesinos, y para comprar renuncias de funcionarios.
No hay palabras para calificar esta decisión, en la que se consumó un acto sin nombre: se arranchó el pan a cientos de niños que se benefician del Programa de Alimento Escolar (PAE).
Pero sucedió en el Gobierno que dice representar a los que menos tienen y que, con certeza, habrá recibido en las urnas el voto de adhesión de los padres de esos niños.
Por ello, está bien que organismos vinculados a los Derechos Humanos hayan decidido actuar de manera legal en contra de este Ministerio, que nada tuvo de "Bienestar Social" al momento de tomar semejante decisión.
Pero si es que no existieran leyes suficientes para sancionar esta acción infame, la vindicta pública debe rechazar y solicitar sanciones para los funcionarios de Sociedad Patriótica que actuaron en contra de los más pobres.
La reprochable acción que el ex ministro Patricio Ortiz intenta hoy justificar se hizo, principalmente, con el objetivo de usar ese dinero para entregar picos y palas a los indígenas; en momentos en que lo que el Gobierno intentaba era dividir al movimiento y fastidiar a sus aliados de ocasión: la Conaie.
Y es que si todo desvío de dinero está penado, el haber usado el dinero del PAE para otros fines debe merecer un castigo ejemplar, porque no es dable que el Ministerio de Bienestar Social arranche el pan a los niños. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
Un amparo constitucional se prepara en contra del Ministerio de Bienestar Social, por haber contravenido la Constitución al violentar derechos de los niños y niñas escolares, según indicó Ramiro Avila, miembro de la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
El Ministerio de Bienestar Social (MBS) utilizó $3 389 441 del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para pagar indemnizaciones a 235 empleados públicos, para mantener el Proyecto de Desarrollo Integral (Prodein) y para entregar picos y palas a comunidades indígenas.
Esos recursos, según Avila, les correspondían a los niños y niñas de las escuelas rurales y urbano-marginales del país. "La Constitución estipula que los niños y adolescentes tienen derecho a recibir atención prioritaria, preferente y especializada, como lo determina el artículo 48". Y para el caso, ni las indemnizaciones ni los grupos indígenas están por sobre ellos. Avila refuerza su postura con el artículo 49 de la Constitución, que determina que los derechos de los niños y adolescentes "prevalecerán sobre los de los demás".
La transferencia, a través de partidas presupuestarias, se hizo en tres partes durante la administración del ex ministro de Bienestar Social, Patricio Ortiz. El 21 de abril de este año, el Ministerio de Economía, mediante resolución PTO-088, trasladó $2 millones de la partida 12800000I6000000000580 PMA, para a la Subsecretaría de Desarrollo Rural Integral.
"La modificación autorizada servirá para que la Subsecretaría de Desarrollo Rural Integral (organismo del MBS) financie los componentes de infraestructura, crédito, capacitación y asistencia técnica a cargo del Proyecto de Desarrollo Integral (Prodein), en respuesta a los sectores sociales y más necesitados del país", consta en la resolución.
La petición la hizo Ortiz el 18 de marzo de este año, pero por $3 millones: "En razón de que el Programa (Prodein) ya se encuentra paralizado en un 80% en todos sus componentes...". Inicialmente Economía le entregó $2 millones.
La segunda transferencia, por $150 mil, se realizó el 9 de mayo, desde la misma partida. En el pedido de Ortiz y en la autorización de Economía se establece que el dinero salió de los recursos que el PMA entrega al país para el programa de desayuno escolar.
La última transferencia se hizo el 19 de junio, por $1 239 841. Estos fondos sirvieron para "indemnizar a 235 funcionaros del MBS que se acogieron a la suspensión de puestos por la aplicación de la reestructuración de personal".
Cinco meses después, Patricio Ortiz dice que hay una confusión, pues "los fondos no correspondían al desayuno escolar, sino a una partida para programas comunitarios del Ministerio". Eso sí, reconoce que estos provenían del PMA y señala que se destinaron al pago de indemnizaciones y una parte fue al Prodein.
Asegura que en esto no hay ninguna ilegalidad y que es potestad de los ministros optimizar el uso de las partidas presupuestarias: "Lo que se hace es jugar con las partidas para optimizarlas, pues si no se las gasta, el dinero se remite al Ministerio de Economía y uno lo pierde".
Hace algún tiempo Ortiz compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar el gasto de los $150 mil (segunda transferencia), luego de que el diputado Vicente Taiano (Prian) lo acusó de utilizar dinero del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para entregar picos y palas a comunidades indígenas.
Actualmente, Ortiz sostiene que de su Ministerio no salieron fondos para pagar esa campaña del Gobierno. "Si asistí (a las entregas de los picos y palas) fue por pedido del presidente, no porque compartiera ese criterio, por eso desde Bienestar Social nunca se adquirió un solo pico ni una sola pala".
Sin embargo, el documento del Ministerio de Economía, del 9 de mayo de 2003, dice que "la modificación autorizada servirá para que dicho Ministerio, a través de la Presidencia de la República, entregue en calidad de comodato, herramientas y bienes muebles de larga duración para aliviar parte de las necesidad de las comunidades indígenas rurales...". (AR)
Funcionaria busca recuperar los fondos desviados
El subcoordinador afirma que es casi imposible que se los reintegre
"No existe ilegalidad reglamentaria en el traspaso de una partida a otra", reconocen Ramiro Avila y Manuel Martínez, director del Foro de la Niñez.
Para ellos, el cuestionamiento radica en que ese dinero no debía utilizarse en otros proyectos "porque la Constitución dice, con absoluta claridad, que la prioridad son los niños", sostiene Martínez.
Francisco Jácome, subcoordinador del Programa de Alimentación Escolar (PAE), coincide en que esos recursos estaban destinados al desayuno escolar: "El documento del Presupuesto General del Estado dice que eran del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para alimentación escolar".
El PAE invierte $0,23 entre desayuno y almuerzo por cada estudiante. Actualmente reciben la alimentación 1 412 011 niños y niñas de escuelas rurales y urbano-marginales a escala nacional.
Así, los $3 389 441 invertidos en otras áreas hubiesen servido para unos 10 días más de alimentación escolar. Jácome dice que a pesar de que ese dinero no constaba en el presupuesto del PAE hubiese servido para mejorar la atención de los menores.
Para el funcionario, es casi imposible recuperar esos fondos, aunque la coordinadora nacional del Programa, Manuela Bonilla, es más optimista y se muestra confiada en que los pedidos y las conversaciones con los ministros del área social y, sobre todo, los que mantuvo con Carlos Pólit, que el jueves dejó la cartera de Bienestar Social, servirán para recuperarlos e invertirlos el próximo año.
"Hemos hecho las gestiones con Pólit (ahora es secretario particular del presidente Gutiérrez). Es factible que nos devuelvan esos $3 millones, porque hemos hablado de incorporar la leche al desayuno escolar", dice Bonilla.
Pero ahora el área social tiene nuevos secretarios, ante quienes la coordinadora insistirá en el reintegro de esos recursos. (AR)
UNA CARTERA CONFLICTIVA
Presunto sobreprecio, ¿una denuncia interesada?
El 19 de septiembre de este año, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Vicente Taiano (Prian), denunció la existencia de un presunto sobreprecio del 50%, por encima del valor real, en un contrato para adquisición de bidones, mascarillas y gafas de protección de la ceniza, usados en la emergencia por la erupción del volcán Tungurahua.
En esos días, el ministro de Bienestar Social, Patricio Ortiz, se hallaba de gira por Bolivia, Estados Unidos y España, mientras el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, pedía una investigación exhaustiva de la acusación, lo que motivó que se acortara el viaje.
A su regreso el ministro estuvo molesto por las dudas que había expresado el mandatario y señaló que la denuncia había salido de gente cercana a Gutiérrez que deseaba proyectarse políticamente desde el Ministerio.
Eso precipitó su salida del cargo, mientras la Contraloría inició la investigación del caso. Lo reemplazó Carlos Pólit y acaba de posesionarse Patricio Acosta, otro allegado al presidente. (AA)
Los alimentos se pudren en las bodegas
El paro de la UNE torna imposible el reparto a las escuelas
Los 33 días de paro del magisterio fiscal no solo implican el cierre obligatorio de las escuelas urbano-marginales y rurales del país, sino la suspensión del desayuno y almuerzo escolar.
En las bodegas de la Sierra y la Amazonía están almacenadas 4 031,06 toneladas de alimentos para los estudiantes. Ello significa que 504.528 escolares están afectados.
Solo en la bodega de Calderón, al norte de Quito, que abastece a la provincia de Pichincha, reposan 800 toneladas de varios productos (arroz, sal, azúcar, arveja, lenteja, aceite...) que no se pueden repartir por el paro decretado por la Unión Nacional de Educadores (UNE). Esos alimentos debían entregarse la primera semana de diciembre en la Sierra, sobre todo en el área rural.
El arroz y la avena son los productos más vulnerables ya que pueden dañarse en 30 días si no se consumen, particularmente en la Amazonía, debido al calor y a la humedad. Todavía no se han presentado novedades de este tipo, pero el riesgo está presente. En la Costa no hay ningún problema, pues, según un funcionario del PAE, las escuelas terminaron el consumo.
En la misma bodega, no solo están acumulados los alimentos, sino también cocinas, cilindros de gas, ollas y vajilas que varios establecimientos han solicitado para preparar la comida de los estudiantes.
También queda claro que este programa sirve promocionar al régimen de turno, pues en las fundas de todos los productos hay un sello del Gobierno Nacional y se indica que participan el Ministerio de Educación y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La coordinadora nacional, Manuela Bonilla, asegura que ese organismo tiene todo listo para repartir los productos apenas termine la medida de hecho.
Ella considera que el desayuno y el almuerzo constituyen una suerte de anzuelo para que los niños y niñas asistan a los planteles, y con el paro hay el riesgo de que se incremente la deserción escolar. "En muchos casos -dice- son la única alimentación que tienen durante el día".
La funcionaria explica que este Programa funciona con el apoyo de los padres de familia, que junto a los maestros preparan los alimentos, que luego son consumidos por los alumnos.
Anota que la labor de reparto desde las bodegas a los centros educativos demora 15 días. En Pichincha, entre ocho a 10 camiones salen diariamente a entregar los alimentos en las escuelas rurales. Estos deben durar alrededor de 40 días hábiles, es decir dos meses, cuando nuevamente se inicia el proceso.
La dirección del PAE y los futuros demandantes coinciden en que el desayuno escolar no servirá para eliminar la desnutrición, que afecta al 39,9% de la población infantil del país según el SIISE (Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador), pero sí es una ayuda sustancial para la educación de los niños y niñas.
Manuel Martínez, presidente del Foro de la Niñez, indica que, dentro del período de aprendizaje, la alimentación escolar también sirve para que los estudiantes mejoren su atención en clase. (AR)
DIALOGOS CON TRES MINISTROS
De recuperarse los fondos, el PAE comprará leche
El ex ministro de Bienestar Social Patricio Ortiz sostiene que los $3 389 441 no formaban parte del presupuesto del PAE, sino que pertenecían a esa Cartera de Estado.
Esto es corroborado por Francisco Jácome, actual subdirector de ese Programa, quien, no obstante, aclara que estaban destinados al plan de alimentación escolar, porque así lo estipulaba un documento del Presupuesto General del Estado.
Hoy por hoy, la preocupación de la coordinadora nacional del PAE, Manuela Bonilla, es conseguir el reintegro de los fondos para destinarlos, el próximo año, a la adquisición de leche, un alimento que deberá ser incorporado al desayuno y almuerzo escolar, que se entrega en los establecimientos públicos.
Ella espera entablar un diálogos con el nuevo ministro de Bienestar Social, Patricio Acosta (ex secretario general de la Administración), pues dice que el anterior, Carlos Pólit, había mostrado predisposición para reintegrarlos. Esa posición confirmaría que, efectivamente, los fondos sí pertenecían al PAE. (AA)
Programa de Alimentos, un preciado botín político
En un primer momento, Gutiérrez lo sacó del Ministerio de Educación
Durante este año, el PAE ha soportado dos crisis que han sido superadas en los últimos meses.
La primera se originó a inicios de febrero, cuando el presidente Lucio Gutiérrez publicó el Decreto Ejecutivo Nº 55, que trasladaba la administración del programa del Ministerio de Educación al de Bienestar Social.
En esos días estaba a cargo de la cartera de educación Rosa María Torres, quien fue designada como cuota política del movimiento Pachakutik, que entonces cogobernaba con Sociedad Patriótica (SP). Mientras, Patricio Ortiz, alto dirigente de ese partido, estaba al frente de Bienestar Social.
Esto motivó el reclamo de la dirigencia de Pachakutik, que el mandatario trató de subsanar con la designación de dos coordinadores en el PAE: Guillermo Churuchumbi, de Pachakutik, por el Ministerio de Educación, y Manuela Bonilla, del partido oficialista, en representación de Bienestar Social.
La falta de una sola "cabeza" en el organismo causó varios problemas, pues Churuchumbi alegaba que no tenía funciones reales. Esto se resolvió el 4 de abril pasado, cuando el presidente derogó el decreto inicial y restituyó el PAE a la cartera de Educación.
Asimismo, entre marzo y junio el Programa no repartió alimentos a los planteles, hasta viabilizar su presupuesto.
En junio estalló una segunda crisis, cuando el gerente de la empresa de alimentos Moderna, Gonzalo Correa, denunció que el entonces coordinador nacional del PAE, Gerardo Santillán Arias, había pedido una coima por el 10% a cambio de cancelarle $400 171,98 adeudados por el Programa.
El acusado se defendió con el argumento de que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) compraba los alimentos y equipos de oficina, mientras el PAE únicamente contrataba los servicios de transporte, almacenamiento y control de la calidad de los alimentos proporcionados por 67 proveedores.
La denuncia fue conocida por el Ministerio de Educación, la Contraloría y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), y 12 días después de la notificación de las irregularidades, el funcionario fue separado del cargo.
En el lapso en que el PAE dependió de Bienestar Social fue cuando más de $3 millones fueron utilizados en el pago de indemnizaciones a ex empleados y una parte se destinó a la compra de picos y palas que fueron repartidos en varias comunidades rurales, por el presidente Lucio Gutiérrez. (AR-AA)
PUNTO DE VISTA
El Ministerio de Bienestar Social arrancha el pan a los niños
En un país en el que miles de niños mueren anualmente por ausencia de alimentos y atención, el Ministerio de Bienestar Social, cuando era liderado por el dirigente de Sociedad Patriótica Patricio Ortiz, usó parte del dinero destinado al desayuno escolar para comprar picos y palas para los campesinos, y para comprar renuncias de funcionarios.
No hay palabras para calificar esta decisión, en la que se consumó un acto sin nombre: se arranchó el pan a cientos de niños que se benefician del Programa de Alimento Escolar (PAE).
Pero sucedió en el Gobierno que dice representar a los que menos tienen y que, con certeza, habrá recibido en las urnas el voto de adhesión de los padres de esos niños.
Por ello, está bien que organismos vinculados a los Derechos Humanos hayan decidido actuar de manera legal en contra de este Ministerio, que nada tuvo de "Bienestar Social" al momento de tomar semejante decisión.
Pero si es que no existieran leyes suficientes para sancionar esta acción infame, la vindicta pública debe rechazar y solicitar sanciones para los funcionarios de Sociedad Patriótica que actuaron en contra de los más pobres.
La reprochable acción que el ex ministro Patricio Ortiz intenta hoy justificar se hizo, principalmente, con el objetivo de usar ese dinero para entregar picos y palas a los indígenas; en momentos en que lo que el Gobierno intentaba era dividir al movimiento y fastidiar a sus aliados de ocasión: la Conaie.
Y es que si todo desvío de dinero está penado, el haber usado el dinero del PAE para otros fines debe merecer un castigo ejemplar, porque no es dable que el Ministerio de Bienestar Social arranche el pan a los niños. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
Más en el