Quito. 07.05.93. Corrupción, imprevisión, solidaridad e ingenio,
fueron cuatro de las muchas expresiones sociales contradictorias
que salieron a la luz tras el desenlace de un desastre natural
que alteró el compás de vida de los ecuatorianos durante las
últimas cinco semanas.
El saldo final del taponamiento y posterior desfogue del
caudaloso río Paute, en el sur oriente de Ecuador, incluyó
alrededor de 300 muertos y pérdidas materiales de entre 200 y 400
millones de dólares.
Desde el 30 de marzo -día del taponamiento- hasta el 1 de mayo
-día del violento desfogue- la tragedia de Paute hizo pasar a
segundo plano los conflictos políticos y sociales que generan los
afanes privatizadores y las políticas de ajuste del gobierno del
conservador Sixto Durán-Ballén.
Bautizado por grupos ecologistas locales como la "crónica de una
tragedia anunciada", el desastre de Paute pasará a la historia
como uno de los peores registrados en este país.
Cerca de 2.000 hectáreas de cultivos inundados, mas de 100
kilómetros de caminos y vías férreas destruidas, diez puentes,
decenas de centros artesanales y centenares de casas arrasadas
por las aguas, fueron otras cifras que hablan de la magnitud de
la tragedia.
Informes técnicos que alertaban del posible represamiento hace
más de tres años recomendaban detener la explotación de las
canteras de arena ubicadas en la zona del desastre, a 472
kilómetros de Quito, y acabar con los procesos de deforestación.
Sin embargo, ninguna de las dos recomendaciones fueron tomadas en
cuenta, y el desprendimiento de parte de una montaña sobre el río
Paute se produjo tal como se preveía.
Concesiones para extraer arena hasta finalizar este siglo y
permisos indefinidos para talar árboles, fueron entregados por
funcionarios a poderosas empresas privadas.
"Es un castigo de Dios, el nos ha quitado todo y él sabrá ver
después por nosotros", dijo con voz entrecortada por el llanto
María Quizala, una joven madre de familia que perdió su casa y un
pequeño terreno donde sembraba maíz.
La mujer, una campesina que ignora que la principal
responsabilidad de la tragedia recae sobre funcionarios corruptos
que el gobierno ahora se dispone a investigar, pertenece a una de
las 15.000 familias afectadas por el taponamiento y desfogue del
río.
Mientras el gobierno compromete ayuda económica a los
damnificados, grupos de pobladores de la zona afectada se
organizan para rescatar lo que quedó de sus propiedades y la
Iglesia Católica distribuye ayuda enviada desde diversos puntos
del país.
Unidos por el desastre, organizaciones gremiales y políticas,
medios de comunicación, conocidos millonarios y países amigos
entregaron cerca de 300.000 dólares para ayudar a los
damnificados.
La zona afectada, ubicada en la provincia sureña de Azuay, era un
extenso valle donde se cultivaba caña de azúcar, manzanas y otras
frutas de clima caliente. Además habían varias casas
vacacionales y talleres artesanales.
Con el desastre, la provincia de Azuay, una de mayor atractivo
turístico de este país, perdió casi todos sus visitantes. El
flujo de turistas disminuyó de abril de 1992 al mismo mes en este
año de 13.000 a menos de 500.
El primer capítulo del "desastre anunciado" se registró la
madrugada del 30 de marzo, cuando un gigantesco alud cayó sobre
el río Paute, taponándolo y formando una creciente laguna que
llegó a tener 16 kilómetros de largo y entre 200 metros y dos
kilómetros de ancho.
El desprendimiento de parte de la montaña transformó gran parte
del valle, ubicado a 2.289 metros sobre el nivel del mar, en un
inmenso lago que esconde en sus profundidades restos humanos y
animales, casas, escuelas, talleres artesanales y cultivos.
Quizá producto del nerviosismo y desconcierto que provocó el
alud, las autoridades no se percataron que el ritmo de
crecimiento del lago amenazaba inundar tanques de almacenamiento
de combustible.
Cuatro días después de producido el taponamiento, buzos de las
fuerzas militares se sumergían en la laguna para rescatar los
tanques y evitar que se continuaran derramando los 500.000 litros
de combustible almacenados.
Pero muchas de las personas desesperadas que veían como el
embalse crecía y ponía en peligro sus casas reaccionaron con una
rapidez y eficacia que contrastó con la imprevisión de las
autoridades.
Varios desarmaron por completo sus edificaciones, otros sacaron
todo lo que podían, y no faltó quien, colocando grandes tanques
de aire en las bases de su casa, transformó una vivienda en
barco.
La inmensa y contaminada represa natural, que se extendía
diariamente entre cinco y diez metros cúbicos, comenzó a
desfogarse lentamente el 24 de abril a través de un canal
construido con maquinaria pesada en el sitio del deslave.
Una semana después, el 1 de mayo, una detonación de dinamita
realizada por militares precipitó el desfogue de las aguas
taponadas.
Encauzado en su antiguo lecho, el Paute adquirió velocidades
cercanas a los 11.000 metros cúbicos por segundo. A su
incontenible y violento paso, 200 casas fueron arrasadas y cerca
de 1.000 hectáreas de cultivos destruidos.
La evacuación previa de cerca de 20.000 personas evitó que el
número de víctimas aumentará.
Mientras en la zona que permanecía inundada el agua se retiraba
descubriendo un paisaje de lodo y destrucción, al otro lado de la
represa natural la tragedia recién empezaba para cientos de
familias.
El temor de que el desfogue causara daños en la más importante
central hidroeléctrica de este país, ubicada a 80 kilómetros del
taponado río, obligó, en primera instancia, a cerrar esas
instalaciones y a racionar el fluido eléctrico. (IPS)
fueron cuatro de las muchas expresiones sociales contradictorias
que salieron a la luz tras el desenlace de un desastre natural
que alteró el compás de vida de los ecuatorianos durante las
últimas cinco semanas.
El saldo final del taponamiento y posterior desfogue del
caudaloso río Paute, en el sur oriente de Ecuador, incluyó
alrededor de 300 muertos y pérdidas materiales de entre 200 y 400
millones de dólares.
Desde el 30 de marzo -día del taponamiento- hasta el 1 de mayo
-día del violento desfogue- la tragedia de Paute hizo pasar a
segundo plano los conflictos políticos y sociales que generan los
afanes privatizadores y las políticas de ajuste del gobierno del
conservador Sixto Durán-Ballén.
Bautizado por grupos ecologistas locales como la "crónica de una
tragedia anunciada", el desastre de Paute pasará a la historia
como uno de los peores registrados en este país.
Cerca de 2.000 hectáreas de cultivos inundados, mas de 100
kilómetros de caminos y vías férreas destruidas, diez puentes,
decenas de centros artesanales y centenares de casas arrasadas
por las aguas, fueron otras cifras que hablan de la magnitud de
la tragedia.
Informes técnicos que alertaban del posible represamiento hace
más de tres años recomendaban detener la explotación de las
canteras de arena ubicadas en la zona del desastre, a 472
kilómetros de Quito, y acabar con los procesos de deforestación.
Sin embargo, ninguna de las dos recomendaciones fueron tomadas en
cuenta, y el desprendimiento de parte de una montaña sobre el río
Paute se produjo tal como se preveía.
Concesiones para extraer arena hasta finalizar este siglo y
permisos indefinidos para talar árboles, fueron entregados por
funcionarios a poderosas empresas privadas.
"Es un castigo de Dios, el nos ha quitado todo y él sabrá ver
después por nosotros", dijo con voz entrecortada por el llanto
María Quizala, una joven madre de familia que perdió su casa y un
pequeño terreno donde sembraba maíz.
La mujer, una campesina que ignora que la principal
responsabilidad de la tragedia recae sobre funcionarios corruptos
que el gobierno ahora se dispone a investigar, pertenece a una de
las 15.000 familias afectadas por el taponamiento y desfogue del
río.
Mientras el gobierno compromete ayuda económica a los
damnificados, grupos de pobladores de la zona afectada se
organizan para rescatar lo que quedó de sus propiedades y la
Iglesia Católica distribuye ayuda enviada desde diversos puntos
del país.
Unidos por el desastre, organizaciones gremiales y políticas,
medios de comunicación, conocidos millonarios y países amigos
entregaron cerca de 300.000 dólares para ayudar a los
damnificados.
La zona afectada, ubicada en la provincia sureña de Azuay, era un
extenso valle donde se cultivaba caña de azúcar, manzanas y otras
frutas de clima caliente. Además habían varias casas
vacacionales y talleres artesanales.
Con el desastre, la provincia de Azuay, una de mayor atractivo
turístico de este país, perdió casi todos sus visitantes. El
flujo de turistas disminuyó de abril de 1992 al mismo mes en este
año de 13.000 a menos de 500.
El primer capítulo del "desastre anunciado" se registró la
madrugada del 30 de marzo, cuando un gigantesco alud cayó sobre
el río Paute, taponándolo y formando una creciente laguna que
llegó a tener 16 kilómetros de largo y entre 200 metros y dos
kilómetros de ancho.
El desprendimiento de parte de la montaña transformó gran parte
del valle, ubicado a 2.289 metros sobre el nivel del mar, en un
inmenso lago que esconde en sus profundidades restos humanos y
animales, casas, escuelas, talleres artesanales y cultivos.
Quizá producto del nerviosismo y desconcierto que provocó el
alud, las autoridades no se percataron que el ritmo de
crecimiento del lago amenazaba inundar tanques de almacenamiento
de combustible.
Cuatro días después de producido el taponamiento, buzos de las
fuerzas militares se sumergían en la laguna para rescatar los
tanques y evitar que se continuaran derramando los 500.000 litros
de combustible almacenados.
Pero muchas de las personas desesperadas que veían como el
embalse crecía y ponía en peligro sus casas reaccionaron con una
rapidez y eficacia que contrastó con la imprevisión de las
autoridades.
Varios desarmaron por completo sus edificaciones, otros sacaron
todo lo que podían, y no faltó quien, colocando grandes tanques
de aire en las bases de su casa, transformó una vivienda en
barco.
La inmensa y contaminada represa natural, que se extendía
diariamente entre cinco y diez metros cúbicos, comenzó a
desfogarse lentamente el 24 de abril a través de un canal
construido con maquinaria pesada en el sitio del deslave.
Una semana después, el 1 de mayo, una detonación de dinamita
realizada por militares precipitó el desfogue de las aguas
taponadas.
Encauzado en su antiguo lecho, el Paute adquirió velocidades
cercanas a los 11.000 metros cúbicos por segundo. A su
incontenible y violento paso, 200 casas fueron arrasadas y cerca
de 1.000 hectáreas de cultivos destruidos.
La evacuación previa de cerca de 20.000 personas evitó que el
número de víctimas aumentará.
Mientras en la zona que permanecía inundada el agua se retiraba
descubriendo un paisaje de lodo y destrucción, al otro lado de la
represa natural la tragedia recién empezaba para cientos de
familias.
El temor de que el desfogue causara daños en la más importante
central hidroeléctrica de este país, ubicada a 80 kilómetros del
taponado río, obligó, en primera instancia, a cerrar esas
instalaciones y a racionar el fluido eléctrico. (IPS)
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