Quito. 31.07.94. En junio de 1992, el Consejo Nacional de
Universidades y Escuelas Politécnicas, CONUEP, con el apoyo del
Ministerio de Educación y Cultura, emprendió la investigación
"Misión de la Universidad ecuatoriana para el siglo XXI", un
ambicioso proyecto que culminó este mes con la presentación que
ante el gobierno y la sociedad hiciera el CONUEP de las
conclusiones y propuestas del estudio, así como del perfil de un
plan de desarrollo de las universidades y escuelas politécnicas.

Gracias a un convenio interinstitucional entre el CONUEP y el
MEC, celebrado en septiembre de 1991, este estudio de la
educación superior fue incorporado al proyecto del MEC denominado
EB/PRODEC (Educación Básica: Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y
Calidad), que sería financiado con un préstamo del Banco Mundial.
Una vez confirmada la decisión del BM de asignar un monto de 400
mil dólares al estudio de educación superior, éste se inició hace
poco más de dos años y se desarrolló fundamentalmente a través
del debate, del estudio de temas específicos que el proyecto
encargó a expertos en cada materia y que fueron discutidos
después en varios seminarios.

"En los documentos finales del proyecto que acabamos de entregar
ya no se hace un diagnóstico ni la ubicación de problemas, se
plantea un conjunto de propuestas al Estado, al sector
universitario y, en general, a la sociedad... Partimos de
considerar que en este caso lo que cuenta es la decisión política
y que el ejercicio del gobierno debe estar íntimamente
relacionado con el de las universidades, cada parte asumiendo sus
responsabilidades", explica Iván Carvajal, director del estudio.

"Con miras al siglo XXI toda la educación superior debe fijar su
misión, sus funciones en torno a la formación de una ciudadanía
moderna y democrática, capaz de actuar con soltura en medio de la
estrecha competitividad de un mercado globalizante", agrega.

Partiendo de esta realidad, el proyecto plantea varias propuestas
específicas con respecto a la diversificación, la regulación y
autonomía, y la calidad de la educación superior.

La responsabilidad social de la Universidad

Sobre la diversificación, el estudio "Misión de la Universidad
ecuatoriana para el siglo XXI" señala que la ley debe considerar
los diversos tipos de educación superior que existen ahora en el
país (pues ya no se puede hablar solo de universidades), sus
niveles diversos y, así mismo, sus particulares formas de
gobierno.

Este aspecto se halla profundamente relacionado con las
propuestas de regulación y autonomía, que plantean la necesidad
de que la creación de universidades esté supeditada a una
supervisión de la actividad académica, y el requerimiento de que
las universidades "rindan cuentas" a la sociedad.

De acuerdo con el proyecto, el principio de autonomía que rige
desde 1925 en las universidades ecuatorianas ha sido visto y
aprovechado únicamente en el sentido de que las universidades se
gobiernen a sí mismas y de que sus predios (como cualquier
propiedad privada) no puedan ser invadidos. Sin embargo, según
Iván Carvajal, la autonomía debe empezar a ser vista como "una
condición indispensable para la búsqueda de la verdad y para la
creación de conocimientos que lleva consigo un correlato
fundamental: la responsabilidad social de la Universidad". Por
esta razón, el estudio sugiere la creación de un sistema de
evaluación y acreditación de las universidades que en un primer
momento sería voluntario, pero que poco a poco se iría
convirtiendo en un requisito ineludible.

"La autonomía debe vincularse con los sistemas de autoevaluación,
evaluación externa y acreditación pública de las instituciones
-ha propuesto el proyecto-. Estos instrumentos permiten que la
sociedad cuente con la información sobre oferta, calidad,
eficiencia y equidad de las instituciones; permiten a éstas
autorregularse, perfeccionarse, corregir procesos, modificar
carreras, organizar adecuadamente el personal académico y
administrativo de apoyo; permiten al Estado organizar su política
de incentivos para la educación superior, y al sector externo,
incluidas las personas que quieren seguir estudios superiores,
los empleadores y la comunidad, orientar su demanda".

Una reforma curricular

Con respecto a la calidad de la enseñanza, Iván Carvajal señala
que es necesaria una reforma curricular de la Universidad que
parta de las demandas nacionales y del desarrollo científico y
tecnológico que vivimos. Desde su punto de vista, para que esta
reforma se lleve a cabo es indispensable mantener un contacto
permanente con el sector privado, dar prioridad al desarrollo de
la investigación científica y cultivar la ciencia: "hay que
introducir la formación científica desde el principio mismo de la
formación curricular", dice.

Por otra parte, el director del proyecto señala que si bien se ha
atribuido en gran parte el deterioro de la calidad académica a la
masificación que ha experimentado la Universidad en las dos
últimas décadas, el problema no fue la masificación en sí misma,
"pues se trata de un proceso creciente que incluso es signo de
modernidad", sino la improvisación con la que se la enfrentó, la
ausencia de mecanismos que aseguraran la calidad.

En relación con esto, el estudio ha tratado de idear un sistema
de ingreso y admisión en la Universidad que resulte equitativo y,
además, reduzca los porcentajes de deserción.

"De acuerdo con algunos estudios, en el primer año de estudios
universitarios entre el 40 y el 60 por ciento de los estudiantes
desertan; además, apenas entre el 8 y el 12 por ciento de quienes
ingresan a la Universidad llegan a egresar... por esto hemos
pensado que, de momento, para mejorar el sistema de admisión
podríamos evaluar la aptitud a través de un examen de ingreso que
se promediaría con el récord académico de la secundaria, o crear
un pre-universitario (de 6 meses o un año) que, si a la vez se
hace la reforma curricular, no alargaría las carreras", explica
Iván Carvajal.

RACIONALIZACION DE LOS RECURSOS

A partir de 1982, los presupuestos dedicados a la educación en el
país experimentaron una disminución de recursos. Por supuesto,
esta situación afectó a la Universidad que, por otra parte,
experimentaba un proceso de ampliación de cobertura. Frente a
esta circunstancia, que es también una de las causas de la crisis
universitaria, el proyecto "Misión de la Universidad ecuatoriana
para el siglo XXI" plantea la urgencia de una racionalización de
recursos y del número de empleados.

Según el proyecto, el gobierno debería empezar a entregar sus
asignaciones a las universidades en función de los costos y los
resultados que éstas presenten. De esta manera, se obligaría a
las universidades a ser eficientes. "El Estado deberá fijar los
parámetros de cambio, fijar reglas de juego claras, transparentes
y públicas -aclara nuestro entrevistado-. En un principio se
empezaría por entregar montos equitativos, para después aplicar
el nuevo sistema. Esto implica que, a la postre, las
universidades van a tener que combatir el desperdicio para ganar
en eficiencia, lo que va a significar un gran incremento de sus
recursos".

Compitiendo a través de la presentación de proyectos de
investigación, las universidades podrán acceder también a
recursos provenientes de fondos estatales para el desarrollo de
ciencia y tecnología. Además, se ha planteado la posibilidad de
que busquen fuentes de recursos distintas, como la prestación de
servicios a la empresa privada (cursos, seminarios) o la
obtención de regalías gracias a las patentes de invenciones.

Finalmente, está la participación económica del estudiante y su
familia, uno de los aspectos que más conflictos podrían causar.
"Debemos guiarnos por un principio de equidad social, y la verdad
es que la Universidad sigue siendo un privilegio al que accede un
sector privilegiado de la población. Entonces, va a ser necesario
crear mecanismos, exámenes específicos de la situación social del
estudiante que nos permitan ver cuánto está en posibilidades de
pagar... en esta época la educación superior no puede ser
gratuita para todos", señala Iván Carvajal.

Medidas urgentes

De entre las acciones que el proyecto "Misión de la Universidad
para el siglo XXI" ha considerado fundamentales, tres fueron
planteadas como urgentes por el presidente del CONUEP, Teodoro
Coello, durante la presentación de los documentos finales del
estudio:

- Formar una comisión designada conjuntamente por el presidente
de la República, el presidente del Congreso y el CONUEP para
preparar un proyecto de reforma a la Ley de Universidades y
Escuelas Politécnicas o, incluso, un proyecto para una nueva ley.

- Encargar al CONUEP, en vinculación con el CONADE y con el apoyo
técnico del INEC, la realización de un censo de docentes,
estudiantes y trabajadores de todas las universidades y escuelas
politécnicas, a fin de iniciar el Sistema Nacional de Información
Universitaria. Junto con ello, el MEC debería realizar un proceso
similar en los institutos post-secundarios que están bajo su
jurisdicción.

- Y constituir una comisión nacional de vinculación entre los
sectores productivos, las universidades y escuelas politécnicas y
las instituciones estatales relacionadas con el fomento de esa
vinculación.

El gobierno parece haber asumido positivamente estas propuestas,
con la única condición de que en la comisión que se conformaría
para reformar la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas se
incluya al Consejo Nacional de Modernización, CONAM.

MEDIDAS URGENTES

De entre las acciones que el proyecto "Misión de la Universidad
para el siglo XXI" ha considerado fundamentales, tres fueron
planteadas como urgentes por el presidente del CONUEP, Teodoro
Coello, durante la presentación de los documentos finales del
estudio:

- Formar una comisión designada conjuntamente por el presidente
de la República, el presidente del Congreso y el CONUEP para
preparar un proyecto de reforma a la Ley de Universidades y
Escuelas Politécnicas o, incluso, un proyecto para una nueva ley.

- Encargar al CONUEP, en vinculación con el CONADE y con el apoyo
técnico del INEC, la realización de un censo de docentes,
estudiantes y trabajadores de todas las universidades y escuelas
politécnicas, a fin de iniciar el Sistema Nacional de Información
Universitaria. Junto con ello, el MEC debería realizar un proceso
similar en los institutos post-secundarios que están bajo su
jurisdicción.

- Y constituir una comisión nacional de vinculación entre los
sectores productivos, las universidades y escuelas politécnicas y
las instituciones estatales relacionadas con el fomento de esa
vinculación.

El gobierno parece haber asumido positivamente estas propuestas,
con la única condición de que en la comisión que se conformaría
para reformar la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas se
incluya al Consejo Nacional de Modernización, CONAM. (7A)
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en Ciudad N/D

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