Quito. 04.06.94. La ley agraria finalmente pasó, pero sin el
consenso de los grupos directamente interesados en ella,
fundamentalmente agricultores blancomestizos y campesinos
indÃgenas. En lo fundamental la nueva ley promovida por el
partido Social Cristiano no difiere de la que fuera negada dÃas
atrás con los votos de ese mismo partido polÃtico. La balanza,
manejada por una mayorÃa de diputados socialcristianos y
gobiernistas finalmente se inclinó a favor de los agricultores en
los puntos claves, como la terminación de la reforma agraria
(frente a la posición indÃgena que más bien propugna
profundizarla), y el debilitamiento de la propiedad comunitaria,
piedra angular de la lucha de las organizaciones indÃgenas por el
control del campo. A modo de compensación se introdujeron
disposiciones consideradas por los indÃgenas como "adornos",
relativas a créditos para la explotación del agro.
En realidad el consenso siempre estuvo lejano debido a las
posiciones irreconciliables y contradictorias que mantienen
agricultores e indÃgenas sobre los temas centrales. ¿Qué punto de
encuentro cabe entre quienes quieren terminar con los motivos de
afectación de tierras y quienes quieren aumentar esos motivos?
¿Cómo podÃan conciliarse los que aspiran a radicalizar la reforma
agraria y quienes pretenden abolirla?
La controvertida Ley de Desarrollo Agrario fue finalmente
aprobada tras una maratónica sesión que concluyó a las dos de la
madrugada de ayer, viernes. La última palabra la dará el
Ejecutivo, que deberá sancionarla o vetarla..
La aprobación de la nueva Ley fue posible por un entendimiento
del bloque de legisladores socialcristianos y los de Gobierno
quienes, con la participación de tres diputados independientes,
dieron un quórum de 17 parlamentarios que permanecieron en la
sesión para aprobar la Ley que consta de 46 artÃculos, 5
disposiciones generales y 9 disposiciones transitorias.
La sesión se instaló a las 18h40 del jueves con la presencia de
22 legisladores, pero luego de un "enconado" debate y de escuchar
a los representantes de la Confederación de Nacionalidades
IndÃgenas poco a poco fueron abandonando la sala los legisladores
de Izquierda Democracia, MPD, Democracia Popular y algunos
independientes.
El articulado sufrió algunas modificaciones, especialmente en el
capÃtulo de capacitación agrÃcola y de la Ley de Aguas, para dar
potestad en el primer caso al Ministerio de Agricultura para
cumplir este cometido y eliminando un inciso sobre la utilización
de las aguas que daba el derecho real de concesión como un
derecho indefinido, tema complejo que fue ampliamente debatido.
En su totalidad, el proyecto de Ley reformulado y reestructurado,
de acuerdo a su contenido y según sus promotores, garantiza el
derecho a la propiedad con algunas limitaciones "que exige el
bien común"; cuenta con disposiciones transitorias para que los
campesinos obtengan crédito suficiente y en forma oportuna. AsÃ
mismo, se refiere a la instalación de red de mercados mayoristas
y minoristas para eliminar la sucesión interminable de
intermediarios. La reforma Agraria definitivamente terminará y el
IERAC desaparecerá.
La Ley, según sus auspiciadores, contiene artÃculos que favorecen
la ejecución de proyectos de riego para rehabilitar extensas
zonas de la producción, asà como para estimular la forestación y
reforestación.
La mayorÃa de legisladores que conforman el Plenario de las
Comisiones Legislativas y que aprobaron la Ley considera que el
proyecto "guarda armonÃa con las disposiciones constitucionales y
beneficia al paÃs en su importante sector agrÃcola".
La Ley recibió el rechazo de los bloques parlamentarios del MPD,
PSE, ID y DP, cuyos diputados, en los dos primeros casos
abandonaron la sesión al inicio de la votación, mientras que los
de la Democracia Popular lo hicieron a la mitad del camino de
este mismo proceso.
El diputado demócrata popular, Ramiro Rivera, planteó la
reconsideración de los artÃculos 18 y 30 del proyecto, que de
acuerdo a las normas reglamentarias debe ser discutida en una
próxima sesión.
Mientras tanto, el socialcristiano Simón Bustamante planteó la
reconsideración de todo el articulado del proyecto, que fue
negada por mayorÃa.
Según Rivera la reconsideración es procedente porque el proyecto
viola los artÃculos 51 y 48 de la Constitución PolÃtica del
Estado.
Rivera calificó a la Ley como una "mezcla mala, un injerto que
provocará trastornos sociales y conflictos jurÃdicos inmediatos".
"No cabe duda que la Ley aprobada al apuro por compromisos
polÃticos creará conflictos sociales y jurÃdicos. Es una Ley que
carece de legitimidad social, pues se ignoró y se despreció el
pensamiento de los campesinos e indÃgenas", puntualizó Rivera.
EN SINTESIS
- La nueva ley promovida por el partido Social Cristiano no
difiere de la que fuera negada dÃas atrás con los votos de ese
mismo partido polÃtico.
- Con la nueva ley se termina la reforma agraria, frente a la
posición indÃgena que más bien propugnaba profundizarla.
- A modo de compensación se introdujeron disposiciones
consideradas por los indÃgenas como "adornos", relativas a
créditos para la explotación del agro.
- En realidad el consenso siempre estuvo lejano debido a las
posiciones irreconciliables y contradictorias que mantienen
agricultores e indÃgenas sobre os temas centrales.
- La última palabra la dará el Ejecutivo, que deberá sancionar la
ley o vetarla..
- La aprobación de la nueva Ley fue posible por un entendimiento
del bloque de legisladores socialcristianos y los de Gobierno
- Luego de un "enconado" debate y de escuchar a los
representantes de la Confederación de Nacionalidades IndÃgenas
poco a poco fueron abandonando la sala los legisladores de
Izquierda Democracia, MPD, Democracia Popular y algunos
independientes.
- El proyecto sufrió algunas modificaciones, especialmente en el
capÃtulo de capacitación agrÃcola y de la Ley de Aguas, para dar
potestad en el primer caso al Ministerio de Agricultura para
cumplir este cometido y eliminando un inciso sobre la utilización
de las aguas que daba el derecho real de concesión como un
derecho indefinido, tema complejo que fue ampliamente debatido.
- En su totalidad, el proyecto de Ley reformulado y
reestructurado, de acuerdo a su contenido y según sus promotores,
garantiza el derecho a la propiedad con algunas limitaciones "que
exige el bien común".
- La reforma agraria definitivamente desaparecerá, lo mismo el
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.
- La Ley, según sus auspiciadores, contiene artÃculos que
favorecen la ejecución de proyectos de riego para rehabilitar
extensas zonas de la producción, asà como para estimular la
forestación y reforestación.
- La Ley recibió el rechazo de los bloques parlamentarios del
MPD, PSE, ID y DP, cuyos diputados, en los dos primeros casos
abandonaron la sesión al inicio de la votación.
-Los diputados de la Democracia Popular lo hicieron a la mitad
del camino de este mismo proceso.
- El diputado Rivera calificó a la Ley como una "mezcla mala, un
injerto que provocará trastornos sociales y conflictos jurÃdicos
inmediatos".
- "No cabe duda que la Ley aprobada al apuro por compromisos
polÃticos creará conflictos sociales y jurÃdicos. Es una Ley que
carece de legitimidad social, pues se ignoró y se despreció el
pensamiento de los campesinos e indÃgenas", puntualizó Rivera.
(3A)
consenso de los grupos directamente interesados en ella,
fundamentalmente agricultores blancomestizos y campesinos
indÃgenas. En lo fundamental la nueva ley promovida por el
partido Social Cristiano no difiere de la que fuera negada dÃas
atrás con los votos de ese mismo partido polÃtico. La balanza,
manejada por una mayorÃa de diputados socialcristianos y
gobiernistas finalmente se inclinó a favor de los agricultores en
los puntos claves, como la terminación de la reforma agraria
(frente a la posición indÃgena que más bien propugna
profundizarla), y el debilitamiento de la propiedad comunitaria,
piedra angular de la lucha de las organizaciones indÃgenas por el
control del campo. A modo de compensación se introdujeron
disposiciones consideradas por los indÃgenas como "adornos",
relativas a créditos para la explotación del agro.
En realidad el consenso siempre estuvo lejano debido a las
posiciones irreconciliables y contradictorias que mantienen
agricultores e indÃgenas sobre los temas centrales. ¿Qué punto de
encuentro cabe entre quienes quieren terminar con los motivos de
afectación de tierras y quienes quieren aumentar esos motivos?
¿Cómo podÃan conciliarse los que aspiran a radicalizar la reforma
agraria y quienes pretenden abolirla?
La controvertida Ley de Desarrollo Agrario fue finalmente
aprobada tras una maratónica sesión que concluyó a las dos de la
madrugada de ayer, viernes. La última palabra la dará el
Ejecutivo, que deberá sancionarla o vetarla..
La aprobación de la nueva Ley fue posible por un entendimiento
del bloque de legisladores socialcristianos y los de Gobierno
quienes, con la participación de tres diputados independientes,
dieron un quórum de 17 parlamentarios que permanecieron en la
sesión para aprobar la Ley que consta de 46 artÃculos, 5
disposiciones generales y 9 disposiciones transitorias.
La sesión se instaló a las 18h40 del jueves con la presencia de
22 legisladores, pero luego de un "enconado" debate y de escuchar
a los representantes de la Confederación de Nacionalidades
IndÃgenas poco a poco fueron abandonando la sala los legisladores
de Izquierda Democracia, MPD, Democracia Popular y algunos
independientes.
El articulado sufrió algunas modificaciones, especialmente en el
capÃtulo de capacitación agrÃcola y de la Ley de Aguas, para dar
potestad en el primer caso al Ministerio de Agricultura para
cumplir este cometido y eliminando un inciso sobre la utilización
de las aguas que daba el derecho real de concesión como un
derecho indefinido, tema complejo que fue ampliamente debatido.
En su totalidad, el proyecto de Ley reformulado y reestructurado,
de acuerdo a su contenido y según sus promotores, garantiza el
derecho a la propiedad con algunas limitaciones "que exige el
bien común"; cuenta con disposiciones transitorias para que los
campesinos obtengan crédito suficiente y en forma oportuna. AsÃ
mismo, se refiere a la instalación de red de mercados mayoristas
y minoristas para eliminar la sucesión interminable de
intermediarios. La reforma Agraria definitivamente terminará y el
IERAC desaparecerá.
La Ley, según sus auspiciadores, contiene artÃculos que favorecen
la ejecución de proyectos de riego para rehabilitar extensas
zonas de la producción, asà como para estimular la forestación y
reforestación.
La mayorÃa de legisladores que conforman el Plenario de las
Comisiones Legislativas y que aprobaron la Ley considera que el
proyecto "guarda armonÃa con las disposiciones constitucionales y
beneficia al paÃs en su importante sector agrÃcola".
La Ley recibió el rechazo de los bloques parlamentarios del MPD,
PSE, ID y DP, cuyos diputados, en los dos primeros casos
abandonaron la sesión al inicio de la votación, mientras que los
de la Democracia Popular lo hicieron a la mitad del camino de
este mismo proceso.
El diputado demócrata popular, Ramiro Rivera, planteó la
reconsideración de los artÃculos 18 y 30 del proyecto, que de
acuerdo a las normas reglamentarias debe ser discutida en una
próxima sesión.
Mientras tanto, el socialcristiano Simón Bustamante planteó la
reconsideración de todo el articulado del proyecto, que fue
negada por mayorÃa.
Según Rivera la reconsideración es procedente porque el proyecto
viola los artÃculos 51 y 48 de la Constitución PolÃtica del
Estado.
Rivera calificó a la Ley como una "mezcla mala, un injerto que
provocará trastornos sociales y conflictos jurÃdicos inmediatos".
"No cabe duda que la Ley aprobada al apuro por compromisos
polÃticos creará conflictos sociales y jurÃdicos. Es una Ley que
carece de legitimidad social, pues se ignoró y se despreció el
pensamiento de los campesinos e indÃgenas", puntualizó Rivera.
EN SINTESIS
- La nueva ley promovida por el partido Social Cristiano no
difiere de la que fuera negada dÃas atrás con los votos de ese
mismo partido polÃtico.
- Con la nueva ley se termina la reforma agraria, frente a la
posición indÃgena que más bien propugnaba profundizarla.
- A modo de compensación se introdujeron disposiciones
consideradas por los indÃgenas como "adornos", relativas a
créditos para la explotación del agro.
- En realidad el consenso siempre estuvo lejano debido a las
posiciones irreconciliables y contradictorias que mantienen
agricultores e indÃgenas sobre os temas centrales.
- La última palabra la dará el Ejecutivo, que deberá sancionar la
ley o vetarla..
- La aprobación de la nueva Ley fue posible por un entendimiento
del bloque de legisladores socialcristianos y los de Gobierno
- Luego de un "enconado" debate y de escuchar a los
representantes de la Confederación de Nacionalidades IndÃgenas
poco a poco fueron abandonando la sala los legisladores de
Izquierda Democracia, MPD, Democracia Popular y algunos
independientes.
- El proyecto sufrió algunas modificaciones, especialmente en el
capÃtulo de capacitación agrÃcola y de la Ley de Aguas, para dar
potestad en el primer caso al Ministerio de Agricultura para
cumplir este cometido y eliminando un inciso sobre la utilización
de las aguas que daba el derecho real de concesión como un
derecho indefinido, tema complejo que fue ampliamente debatido.
- En su totalidad, el proyecto de Ley reformulado y
reestructurado, de acuerdo a su contenido y según sus promotores,
garantiza el derecho a la propiedad con algunas limitaciones "que
exige el bien común".
- La reforma agraria definitivamente desaparecerá, lo mismo el
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización.
- La Ley, según sus auspiciadores, contiene artÃculos que
favorecen la ejecución de proyectos de riego para rehabilitar
extensas zonas de la producción, asà como para estimular la
forestación y reforestación.
- La Ley recibió el rechazo de los bloques parlamentarios del
MPD, PSE, ID y DP, cuyos diputados, en los dos primeros casos
abandonaron la sesión al inicio de la votación.
-Los diputados de la Democracia Popular lo hicieron a la mitad
del camino de este mismo proceso.
- El diputado Rivera calificó a la Ley como una "mezcla mala, un
injerto que provocará trastornos sociales y conflictos jurÃdicos
inmediatos".
- "No cabe duda que la Ley aprobada al apuro por compromisos
polÃticos creará conflictos sociales y jurÃdicos. Es una Ley que
carece de legitimidad social, pues se ignoró y se despreció el
pensamiento de los campesinos e indÃgenas", puntualizó Rivera.
(3A)
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