Avances De Modernizacion Son "modestos"

Quito. 23.10.93. León dijo que los problemas se centran "en la
necesidad de un cambio de mentalidad en el país, respecto al rol
del Estado" y de la "sociedad particular", pues las empresas a
privatizarse cumplían, según los modelos económicos anteriores,
un papel estratégico.

Los avances de la modernización son "modestos", opinó Juan
Bernardo León, miembro del Consejo Nacional de Modernización
(CONAM), en representación del sector privado, al evaluar el
proceso, durante una exposición en las jornadas de privatización
en el Pacto Andino, que se desarrolló esta semana en Quito.

La intervención del ex-presidente de la Cámara de Comercio de
Quito, coincidió con la fase final de las discusiones del
plenario de las comisiones legislativas del Congreso en torno a
la Ley de Modernización, que finalmente fue aprobada antier.

León dijo que el cambio es difícil y dijo que los problemas se
centran "en la necesidad de un cambio de mentalidad en el país,
respecto al rol del Estado" y de la "sociedad particular", pues
las empresas a privatizarse cumplían, según los modelos
económicos anteriores, un papel estratégico.

"Las reformas legales necesarias para las privatizaciones serán
posibles solamente con un ambiente favorable en la opinión
pública, que parece que podría no existir", afirmó.

Según el dirigente empresarial, la única opción de desarrollo
para países como el Ecuador es conformar lo antes posible una
economía competitiva de mercado, que le permita insertarse en lo
que se ha dado en llamar una economía global, que no está exenta
de protecciones y restricciones al libre comercio.

Construir un modelo de esa naturaleza requiere: un apropiado y
estable entorno macroeconómico, mejorar la competitividad y
productividad del sector privado, eliminar protecciones y
regulaciones, y modernizar el aparato estatal, comentó.

A juicio de Juan Bernardo León, en el campo macroeconómico es
donde se han logrado mayores resultados, los cuales puede
obtenerlos el Ejecutivo, sin depender de la legislatura, en la
que advierte que en los últimos cinco gobiernos ha provocado las
mayores dificultades en el manejo económico.

Al abordar la competitividad afirmó que la desgravación
arancelaria y la apertura económica ha contribuido a someter a
las empresas ecuatorianas a un "beneficioso" ambiente de
competencia.

¿Y LAS EMPRESAS DEL SECTOR MILITAR?

Al referirse a las empresas del sector militar, Juan Bernardo
León ubicó a nueve empresas en el grupo en donde el Estado tiene
participación minoritaria parcial y once en las que tiene
presencia mayoritaria, a través de la Dirección de Industrias del
Ejército.

Las restantes, las ubicó en el sector de control total del
Estado. Entre éstas últimas citó a las autoridades portuarias de
Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar, actualmente bajo
control de la Armada, que podrían convertirse en dependencias
administrativas civiles del Estado, encargadas de la regulación
de las actividades correspondientes, para lo cual deberían dejar
sus actuales actividades empresariales.

Con relación a la Dirección de Aviación Civil, dijo que esta
entidad podría también convertirse en una dependencia
administrativa civil del Estado, encargada del control y la
regulación del tráfico aéreo.

Otras empresas militares también son, dijo, TAME, Ecuatoriana de
Aviación, ASA, TRANSNAVE, FLOPEC, un astillero, una siderúrgica,
una fábrica de municiones y un banco comercial.

¿COMO DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE PRIVATIZACION?

Para diseñar la estrategia de privatización, Juan Bernardo León
dividió a las empresas entre aquellas en las que el Estado tiene
participación parcial y las que las controla en forma total.

En el primero, se encuentran unas cien compañías. De éstas,
alrededor de la mitad se caracterizan por una presencia estatal
minoritaria (las cuales no sería "difícil" venderlas en la bolsa,
mediante remate o suscripción pública) y el resto por una
participación mayoritaria.

En el otro gran grupo, dijo, se encuentran las
telecomunicaciones, la transportación aérea y marítima, la
electricidad, el agua potable y alcantarillado, el petróleo, la
seguridad social y otras.

En este grupo, el Estado es juez y parte en muchos casos, y llega
a presentar la "aberración" de que la empresa pública que compite
en el mercado también regula y administra la actividad económica
que opera, comentó.

Al referirse al sector eléctrico, dijo que el esquema de reformas
permite la libre inversión privada en todas las fases, reservando
al Estado solo la regulación, normalización y control de la
actividad, a través de un "nuevo INECEL".

Con relación al mercado dijo que se establecería uno "mayorista",
en el que los precios se establecerían en base al menor costo
marginal para el mercado puntual, y en base a la oferta y la
demanda, para el mercado a término. Las tarifas para los
consumidores no mayoristas serían reguladas por el Estado.

Al referirse al petróleo, manifestó que las reformas a la actual
ley permitirán la inversión estatal y privada, nacional o
extranjera, en la construcción y operación de oleoductos e
industrialización de hidrocarburos, en el almacenamiento y
comercialización de derivados.

En la exploración y explotación dijo que se flexibilizarían los
contratos y el Estado mantendría la propiedad sobre los
yacimientos y su función reguladora.

Las filiales de Petroecuador se convertirían en compañías
anónimas, que "eventualmente podrían abrirse a la inversión
privada" y cualquier persona, natural o jurídica domiciliada en
el Ecuador podría importar o exportar hidrocarburos y sus
derivados. Los precios de estos productos sería liberados
paulatinamente.

En las telecomunicaciones, sostuvo que el proceso de
privatización no se ha iniciado y que el "único progreso" es la
conformación de una comisión interinstitucional que trabaja en
los términos de referencia para contratar asesoría para la
privatización del sector.

En el caso del IESS afirmó que "nada se ha avanzado", en razón de
que la legislación vigente limita una reforma profunda de esa
entidad y reduce la ingerencia del Gobierno en la estructura de
la misma.

Según Juan Bernardo León, el Banco Central debería estar impedido
de captar ahorro del público y de otorgar préstamos al sector
privado. El Banco Nacional de Fomento, dedicarse exclusivamente
al financiamiento de los pequeños agricultores, el BEV
transformarse en un banco de segundo piso y el IECE, ser
reemplazado por una línea de redescuento accesible a través de la
banca privada.

Al referirse a la propiedad y uso de las aguas de regadío dijo
que es indispensable permitir la más amplia participación de la
inversión privada, garantizando a los inversionistas los derechos
de uso de los recursos que generen con sus inversiones y
permitiendo que los derechos de uso de las aguas de regadío sea
objeto de comercio.

En los demás servicios públicos, afirmó, se debería otorgar
concesiones para su explotación en todos los casos que sea
posible, siempre que ellas se den en condiciones de competencia y
por períodos de 15, 20 o 30 años. (3A)