Quito. 20 ene 2001. ¿El Alto Mando militar o los coroneles? ¿Un
inflexible movimiento indígena?
¿Sindicalistas públicos opuestos a la modernización del Estado? ¿La
sociedad civil descontenta y frustrada? ¿Quién fue responsable de la
caída del demócrata popular, Jamil Mahuad, el 21 de enero 2000? Sin duda,
lo fue una convergencia de intereses de diverso signo y dirección.
Enredado en sus errores y vacilaciones, Mahuad había anunciado la
dolarización como maniobra extrema para frenar la caída de la economía.
El salvamento bancario se había intentado a costa de mermar la exigua
reserva monetaria y los ahorros del ciudadano común, incautados desde
marzo del año pasado. El movimiento indígena formó el telón de fondo de
la verdad y la farsa de los hechos políticos que en este país inauguraron
el siglo XXI. Con la situación agravada, el discurso de la democracia se
extravió y sirvió de eje a la legitimación social del coup d état.
El poder pasó de mano en mano: hacia la Junta revolucionaria ( Antonio
Vargas, presidente de la Conaie; Carlos Solórzano Constantine,
representante del arribismo político, coronel Lucio Gutiérrez, cabeza
visible de la rebelión militar). Tras largas deliberaciones con el Alto
Mando, se detuvo durante pocas horas en la Junta de Salvación Nacional
formada por los dos primeros y el jefe del Comando Conjunto, general
Carlos Mendoza, al momento ministro encargado de la Defensa. Pero en la
madrugada del 22 de enero, el poder ya estaba en manos constitucionales:
el vicepresidente Gustavo Noboa lo asumió nada menos que en el Ministerio
de Defensa Nacional y proclamaba como "héroe" al conspicuo Mendoza
(supuestamente autor, junto con el Alto Mando, de brillante estrategia
para despistar a indios y coroneles sediciosos).
En los sesenta y setenta ocurrían los golpes de Estado; en los noventa
las presiones estratégicas. Aquellos eran movimientos de cúpulas
militares, con fuerzas políticas civiles aguardando en las sombras y la
sociedad como testigo de los coloridos sucesos. Estas ocurren como
respuestas al clamor popular manifiesto en densas movilizaciones, ante el
aislamiento político total del poder presidencial. Pero en esta ocasión,
el asunto escapó de las manos de las cúpulas y se instaló en el nivel de
los mandos medios y subordinados de la fuerza terrestre, haciendo
estallar descontentos y frustraciones largamente encubados, fracturando
longitudinal y horizontalmente las cadenas de mando. El golpe pudo ser
sofocado gracias a factores externos o militares, pero no políticos:
advertencias del Departamento de Estado de USA; alternativas propias
pensadas por el Alto Mando; abstención de las otras dos ramas de las
Fuerzas Armadas, aérea y naval; posición de las unidades militares que
mantienen las armas de la fuerza terrestre en el país.
¿Qué estuvo detrás de la grave fractura al interior de las FFAA, en un
momento de extrema vulnerabilidad interna y externa del país? Nuestra
situación bien puede generalizarse a los países que enfrentan procesos de
globalización sin haber resuelto extremas desigualdades sociales y sin
haber adaptado sus instituciones, incluso las militares a este proceso.
Las relaciones civil-militares son relaciones de fuerza. Cualquier
análisis de las FFAA tendrá que incorporar las responsabilidades
correlativas en el campo civil.
Pesó, sin duda, la pérdida de importantes factores de referencia de la
vida militar. A nadie se le ocurrió emprender en un proceso adecuado de
remplazo de esos referentes, inmediatamente después que la Paz con el
Perú, dejó, de repente, sin piso, expectativas y significados que
tejieron la disciplina militar durante toda la vida republicana del
Ecuador y que mantuvieron una relación estrecha y cerrada entre militares
y sociedad. Recortes presupuestarios, estancamiento de salarios,
reducción de programas de conscripción militar, exigencias de austeridad
que contrastaba con la mano vacilante de Mahuad ante los responsables de
la corrupción financiera, desatención a los mutilados héroes del Cenepa,
pudieron ser pretextos del descontento militar.
La democracia no puede ejercer el debido control civil sobre las FFAA,
con un sistema político débil, incapaz de producir un liderazgo eficaz.
La extrema fragmentación de intereses ha llevado a la inestabilidad
política y a la recurrencia a los militares como instancia arbitral no
solo de los conflictos políticos entre las élites, sino de los intereses
de los sectores populares marginados con respecto a la clase política y
al Gobierno. Tácita o explícitamente el Estado y la clase política han
delegado a los militares amplios espacios de responsabilidad social
(educación, salud, desarrollo comunitario, desarrollo forestal, cuidado
del medio ambiente) pero también existe una verdadera usurpación de tales
campos por los militares, a partir de políticas autónomas de acción
institucional y ante la ausencia de control y eficacia civil. Lo sucedido
puede ser un indicador de los límites de un modelo polifuncional de FFAA,
como el ecuatoriano que, sobre todo en los últimos años, ha creado un
vasto sistema de intereses y contradicciones: empresariales, sociales y
políticas, competencias profesionales y por recursos, acceso privilegiado
a las cercanías del poder, procesos de autoridad que menoscaban la
posibilidad de construir un balance civil-militar democrático.
Quizá la falta de renovación de una base doctrinal que articule el campo
militar con la política sea el aspecto más importante del problema. Se
maneja el concepto de Seguridad con una extremada vaguedad y laxitud. Una
confusión entre defensa (tarea de las FFAA por delegación explícita del
Estado) y seguridad. Si la seguridad es todo: salud, educación, eficacia
de los sistemas de vialidad, conservación de bosques, bienestar de los
pueblos indígenas y marginados, estabilidad política; y si la seguridad
es competencia de las FFAA, se encontrará que en el análisis de los
factores de poder, será preeminente el factor militar, que extenderá sus
misiones incluso a la política. Grave distorsión de la democracia y la
gobernabilidad.
*Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Diario Hoy)
inflexible movimiento indígena?
¿Sindicalistas públicos opuestos a la modernización del Estado? ¿La
sociedad civil descontenta y frustrada? ¿Quién fue responsable de la
caída del demócrata popular, Jamil Mahuad, el 21 de enero 2000? Sin duda,
lo fue una convergencia de intereses de diverso signo y dirección.
Enredado en sus errores y vacilaciones, Mahuad había anunciado la
dolarización como maniobra extrema para frenar la caída de la economía.
El salvamento bancario se había intentado a costa de mermar la exigua
reserva monetaria y los ahorros del ciudadano común, incautados desde
marzo del año pasado. El movimiento indígena formó el telón de fondo de
la verdad y la farsa de los hechos políticos que en este país inauguraron
el siglo XXI. Con la situación agravada, el discurso de la democracia se
extravió y sirvió de eje a la legitimación social del coup d état.
El poder pasó de mano en mano: hacia la Junta revolucionaria ( Antonio
Vargas, presidente de la Conaie; Carlos Solórzano Constantine,
representante del arribismo político, coronel Lucio Gutiérrez, cabeza
visible de la rebelión militar). Tras largas deliberaciones con el Alto
Mando, se detuvo durante pocas horas en la Junta de Salvación Nacional
formada por los dos primeros y el jefe del Comando Conjunto, general
Carlos Mendoza, al momento ministro encargado de la Defensa. Pero en la
madrugada del 22 de enero, el poder ya estaba en manos constitucionales:
el vicepresidente Gustavo Noboa lo asumió nada menos que en el Ministerio
de Defensa Nacional y proclamaba como "héroe" al conspicuo Mendoza
(supuestamente autor, junto con el Alto Mando, de brillante estrategia
para despistar a indios y coroneles sediciosos).
En los sesenta y setenta ocurrían los golpes de Estado; en los noventa
las presiones estratégicas. Aquellos eran movimientos de cúpulas
militares, con fuerzas políticas civiles aguardando en las sombras y la
sociedad como testigo de los coloridos sucesos. Estas ocurren como
respuestas al clamor popular manifiesto en densas movilizaciones, ante el
aislamiento político total del poder presidencial. Pero en esta ocasión,
el asunto escapó de las manos de las cúpulas y se instaló en el nivel de
los mandos medios y subordinados de la fuerza terrestre, haciendo
estallar descontentos y frustraciones largamente encubados, fracturando
longitudinal y horizontalmente las cadenas de mando. El golpe pudo ser
sofocado gracias a factores externos o militares, pero no políticos:
advertencias del Departamento de Estado de USA; alternativas propias
pensadas por el Alto Mando; abstención de las otras dos ramas de las
Fuerzas Armadas, aérea y naval; posición de las unidades militares que
mantienen las armas de la fuerza terrestre en el país.
¿Qué estuvo detrás de la grave fractura al interior de las FFAA, en un
momento de extrema vulnerabilidad interna y externa del país? Nuestra
situación bien puede generalizarse a los países que enfrentan procesos de
globalización sin haber resuelto extremas desigualdades sociales y sin
haber adaptado sus instituciones, incluso las militares a este proceso.
Las relaciones civil-militares son relaciones de fuerza. Cualquier
análisis de las FFAA tendrá que incorporar las responsabilidades
correlativas en el campo civil.
Pesó, sin duda, la pérdida de importantes factores de referencia de la
vida militar. A nadie se le ocurrió emprender en un proceso adecuado de
remplazo de esos referentes, inmediatamente después que la Paz con el
Perú, dejó, de repente, sin piso, expectativas y significados que
tejieron la disciplina militar durante toda la vida republicana del
Ecuador y que mantuvieron una relación estrecha y cerrada entre militares
y sociedad. Recortes presupuestarios, estancamiento de salarios,
reducción de programas de conscripción militar, exigencias de austeridad
que contrastaba con la mano vacilante de Mahuad ante los responsables de
la corrupción financiera, desatención a los mutilados héroes del Cenepa,
pudieron ser pretextos del descontento militar.
La democracia no puede ejercer el debido control civil sobre las FFAA,
con un sistema político débil, incapaz de producir un liderazgo eficaz.
La extrema fragmentación de intereses ha llevado a la inestabilidad
política y a la recurrencia a los militares como instancia arbitral no
solo de los conflictos políticos entre las élites, sino de los intereses
de los sectores populares marginados con respecto a la clase política y
al Gobierno. Tácita o explícitamente el Estado y la clase política han
delegado a los militares amplios espacios de responsabilidad social
(educación, salud, desarrollo comunitario, desarrollo forestal, cuidado
del medio ambiente) pero también existe una verdadera usurpación de tales
campos por los militares, a partir de políticas autónomas de acción
institucional y ante la ausencia de control y eficacia civil. Lo sucedido
puede ser un indicador de los límites de un modelo polifuncional de FFAA,
como el ecuatoriano que, sobre todo en los últimos años, ha creado un
vasto sistema de intereses y contradicciones: empresariales, sociales y
políticas, competencias profesionales y por recursos, acceso privilegiado
a las cercanías del poder, procesos de autoridad que menoscaban la
posibilidad de construir un balance civil-militar democrático.
Quizá la falta de renovación de una base doctrinal que articule el campo
militar con la política sea el aspecto más importante del problema. Se
maneja el concepto de Seguridad con una extremada vaguedad y laxitud. Una
confusión entre defensa (tarea de las FFAA por delegación explícita del
Estado) y seguridad. Si la seguridad es todo: salud, educación, eficacia
de los sistemas de vialidad, conservación de bosques, bienestar de los
pueblos indígenas y marginados, estabilidad política; y si la seguridad
es competencia de las FFAA, se encontrará que en el análisis de los
factores de poder, será preeminente el factor militar, que extenderá sus
misiones incluso a la política. Grave distorsión de la democracia y la
gobernabilidad.
*Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Diario Hoy)
Más en el