Aplicar la ley

La ciudadanía está pagando la irracionalidad del servicio privado en la
transportación colectiva urbana, la acumulación de problemas no resueltos,
un debilitado sentido de autoridad y la actuación mafiosa de los
propietarios de los buses.
Es una situación intolerable.
Carecen de sustento técnico las exigencias de las cooperativas de
propietarios de autobuses, quienes han dejado sin servicio a las principales
ciudades con la pretensión de que se los autorice a incrementar el valor de
los pasajes; únicamente cuentan con la conocida retórica gremial de
dirigentes como Jorge Yánez, Ricardo Onofre y Augusto Aguirre, quienes son
los cabecillas del injustificado e ilegal paro que proseguirá hasta mañana.
Se ha demostrado fehacientemente que no hay razones de mercado que
justifiquen sus pedidos; tampoco una insostenible situación económica que,
de existir, es atribuible en forma exclusiva a la gerencia del negocio:
según datos de la Facultad de Economía de la Universidad Central, cada
unidad arroja, en promedio, una utilidad neta que alcanza a los $2 000.
Detrás de la paralización de 48 horas que atormenta a los usuarios se
esconde una perniciosa conducta propia de los grupos de presión, que debe
ser erradicada. Es el "mamaluchismo", una forma de actuar que combina
chantajes, medidas de fuerza y engaños, en esta ocasión con el único
propósito de elevar las ganancias de los inversionistas en la transportación
colectiva, mas no de mejorar la situación de los choferes asalariados.
Ahora bien, se podrá achacar la paralización a la poca inteligencia de los
negociadores del Ejecutivo. Pero, ¿corresponde esto a la realidad?
Este Diario pudo conocer directamente cómo actúan Yánez y compañía. HOY
asistió al debate en torno a las medidas de control ambiental que pretendía
implantar la alcaldía de Roque Sevilla y los expertos de la Fundación
Natura. Hubo incontables reuniones. E interminable bla, bla, bla, que
concluyó con las elecciones y el apoyo del gremio de transportistas al
candidato que se convertiría en alcalde, Paco Moncayo.
Es posible que esto les haya concedido patente de corso, o que los choferes
crean que lo poseen, pues el alcalde ha sido incapaz de disciplinar a los
buseros y de aplicar una racionalización progresiva a la transportación
colectiva urbana de la capital.
Es erróneo pensar que las transformaciones que se necesitan para acabar con
los males de la transportación colectiva se lograrán con el concurso de los
transportistas. Y es equivocado creer que esa es una forma democrática de
actuar, porque a este gremio nada le importan los intereses de la
ciudadanía, y los conflictos con los derechos de la ciudadanía y la
propiedad pública derivados de su actividad.
Una solución real está configurada con el sistema del trolebús, que puede
ser mejorado. La transportación colectiva debe pasar a empresas públicas o
privadas eficientes, que no esperen solucionar sus yerros empresariales con
subsidios estatales o municipales. Hay que desenmascarar la incompetencia y
los abusos que se ocultan tras los rótulos de las "cooperativas" adueñadas
del servicio y sancionar hoy, como se debió sancionar ayer, a los líderes de
otros paros.
Hay mecanismos legales, ceñidos al ordenamiento jurídico, que permiten
reivindicar el sentido de autoridad y que deben ser aplicados forzosamente.
Los mentalizadores del actual paro están señalados. Se ha detenido a quienes
ayer perturbaron la circulación. El ministro de Gobierno debe aplicar la
ley.