Quito. 27 may 97 .- El país le volvió a decirle al Presidente lo
que ya se sabía desde las jornadas de febrero: que la ida de
Bucaram no fue un accidente sino una decisión madurada tras seis
meses de ineptitud, corrupción y escándalos. Y que el país aceptó
lo hecho por el Congreso a pesar de que no se siguieron todos los
trámites constitucionales. Es decir, que su mandato era legítimo
y que lo único que esperaba el país era que se dedicara a
Gobernar. El Presidente, al convocar la Consulta, introdujo un
elemento desestabilizador que le hizo perder más de un mes al
país.
¿Ahora que el pueblo ha ratificado sus opciones, habrá mayor
estabilidad? Es el reto que tiene el Presidente y su ministro de
Gobierno. Todo depende de la lectura que harán de los resultados:
siempre habrá la tentación de confundir consulta popular con
elección o Presidencia interina con Presidencia de cuatro años.
Fabián Alarcón se encuentra frente a una escalera. El primer
peldaño (la ratificación del cese de funciones a Bucaram) lo
lleva al segundo, la presidencia interina. Su problema será ahora
saber adónde lo lleva el tercer peldaño. Es decir, cómo
interpretará el porcentaje favorable que logró en la pregunta que
lo concierne. De esa respuesta dependerá lo que hará en las 15
meses que le restan en Carondelet.
No es simple. Fabián Alarcón no contó con los aliados políticos
del 5 de febrero en esta campaña. Es su triunfo. Es un punto a
su favor. Hay otro: buena parte de la clase política y todos los
aspirantes a la presidencia de la República le deben la
ratificación del entierro de primera que el país le dio a Bucaram
el 5 de febrero. Es evidente que, con la inhabilidad votada en
el Congreso y el resultado de ayer, a Bucaram le quedará difícil
resucitar en el 98.
Pero esos dos puntos no le dan a Alarcón ventajas sensibles
frente a un Congreso en el que su fuerza política, medida en
votos, es prácticamente inexistente.
La Consulta le otorga, sin embargo, un margen de maniobra en cuya
administración no es muy ducho: él ha negociado siempre sumando
voto por voto, nunca inspirándose en una fuerza política otorgada
por la nación en su conjunto. A la del 5 de febrero no le creyó.
La del 25 de Mayo no puede desperdiciarla y de él, solo de él,
depende el uso que le dará.
Ahora el Presidente puede -hasta un cierto punto- cambiar la
agenda de los partidos en el Congreso que ya están metidos en las
elecciones del 98. Para lograrlo tendrá que evitar la tentación
de confundir el voto de ayer con un capital político propio. El
país no votó por Fabián Alarcón, político, miembro del FRA. No
era una elección. Ratificó -para no volver a saltar al vacío- lo
actuado por el Congreso que envió a Carondelet al entonces
Presidente del Congreso.
En política también hay que luchar contra los demonios. Habrá
voces -ya las hay- que le pedirán a Fabián Alarcón que utilice
el capital político alcanzado ayer para fines personales. Y que
le dirán -porque ya le dijeron cuando llegó a Carondelet y los
sondeos le daban cerca del 70 por ciento de popularidad- que
sería el Presidente con mayor número de votos desde que el país
volvió a la democracia. Más que Roldós. Así justificaban algunos
de sus amigos la convocatoria a una Consulta Popular...
A esos demonios, se juntan otros: los que querrán capitalizar,
desde Carondelet, lo sucedido ayer para agrandar el FRA. O para
constituir un movimiento de centro; consideración que también
pesó en la convocatoria de la Consulta.
Hacer una buena presidencia interina o caer en el juego
politiquero y en los cálculos circunstanciales: es el dilema que
tiene el Presidente. Y algunos políticos, que andan entre dos
partidos y que saben de la habilidad política del Presidente y
de su Ministro de Gobierno, van a militar en favor de la segunda
opción.
El mandato del 25 de Mayo, parece ser claro: más gobierno, menos
dudas. Más estabilidad, menos ruletas rusas. Más medidas claras
y concretas, menos dilación. Más transparencia, menos jugadas de
corredor.
Tres fueron los principales argumentos usados por el Presidente
a la hora de convocar la Consulta Popular: cerrar definitivamente
el pasado, lograr una autonomía frente a los dueños del 5 de
febrero (los movimientos sociales y el Congreso) y enviar un
mensaje a los gobiernos y a los inversionistas extranjeros.
Muchas otras reflexiones se fueron agregando. El país, que no
necesitaba la Consulta, le ha dado satisfacción. Ahora el
Presidente tiene un problema: interpretar bien el mandato de
ayer.
Por segunda vez se negó la elección de diputados en la segunda
vuelta.
La gobernabilidad tiene que lograrse con las minorías
La elección de diputados en la segunda vuelta, al parecer, no es
aceptada por los ecuatorianos como una fórmula de gobernabilidad.
La propuesta fue negada ayer por segunda ocasión y estuvo
contenida en la séptima pregunta de la Consulta popular realizada
ayer.
Una pregunta igual fue planteada por el entonces presidente Sixto
Durán Ballén, en la Consulta del 28 de agosto de 1994.
El resultado que se dio allí ya fue demostrativo: fue la única
pregunta que perdió de siete que fueron planteadas. Por ello, se
puede concluir que no pesaron factores de desgaste gubernamental
en el resultado.
Y en términos relativos las respuestas marcan el mismo escenario:
con Fabián Alarcón, de acuerdo al exit poll de Cedatos, las
preferencias porque las cosas se mantengan como están alcanza los
50 puntos.
Una vez que se cuenten solo los votos válidos podría subir
algunos más y alcanzaría el resultado que tuvo Durán Ballén: el
55 por ciento de los votantes en contra.
Para algunos partidos, como la Democracia Popular y el Movimiento
Popular Democrático, la respuesta negativa a esta pregunta es
porque el Ecuador prefiere vivir con las minorías. Las miran como
una suerte de cortapisas al posible monopolio que puedan tener
los grandes partidos. Esto genera desconfianza.
Así lo han dicho Alexandra Vela (DP) y Gustavo Terán (MPD). En
igual sentido se han pronunciado representantes de organizaciones
sociales y sindicales.
Por ello prefieren varias opciones electorales y no pocas, como
sucedería si la elección de diputados se da en la segunda vuelta.
La idea de lo segundo es que los votantes dirijan su voto a los
partidos y movimientos de los candidatos finalistas.
De esta manera se consiguen dos cosas: atenuar la dispersión
política del parlamento y conformar un bloque de Gobierno con un
buen número de integrantes. Así las condiciones para lograr
acuerdos serían ideales.
Un comportamiento similar se ha visto en la elección unipersonal.
La propuesta no tiene que ver tanto con la gobernabilidad, cuanto
con la mejora de la calidad del sistema político.
Ayer Alarcón puso el tema en la pregunta sexta. En la opción b)
se planteó una votación en elecciones pluripersonales escogiendo
en cada lista o entre lista.
El objetivo era eliminar la elección por listas y hacerlo por
personas, para que mejore la calidad de los electos.
Lo mismo fue planteado por Durán Ballén en la Consulta de
noviembre de 1995, cuando planteó la elecciones distritales y
uninominales.
En parte, la pérdida se interpreta, y así lo confiesa el
Gobierno, por una falta de explicación del sistema.
Definitivamente esto complicaría un tanto el sistema de elección
ya que, para una dignidad se manejarían varias papeletas y varios
votos.
Aparte de las preguntas una y dos de la Consulta, las otras
aluden a la reforma del sistema político. Tal como se votaron
resultan ambiguas y hay dudas sobre cómo van a ser concretadas.
Más aún cuando este trámite está en manos del Congreso Nacional
y de los partidos políticos.
Una reforma llena de interrogantes
Asamblea Nacional Preguntas 3 - 4
Solo se ha dado un paso
La Asamblea Nacional deberá ser incorporada a la Constitución
Política ecuatoriana. Su objetivo es, decía la pregunta, reformar
la Constitución.
Además, de acuerdo a los resultados de la Consulta, el organismo
se integrará con delegados elegidos en su totalidad por voto
universal directo y secreto.
En parte, este último hecho es un golpe a los movimientos
sociales -sindicatos e indígenas, fundamentalmente-, quienes
buscaban una representación como tales en el organismo, a través
de designaciones internas. Siempre en nombre del protagonismo y
la paternidad que proclamaron sobre las jornadas de febrero. Sin
duda esto dará cierto alivio al Presidente Interino, en cuanto
a las presiones que ha recibido de estos sectores.
Pero esta integración pone otro tema en debate. ¿Quién garantiza
que los electos para su integración, no serán los mismos
políticos? Con este problema de por medio se duda de que se
cumpla uno de los objetivos básicos de la Asamblea: lograr la
participación ciudadana, sin mediaciones, en la reforma de la
Constitución.
El problema es de trascendencia puesto que la Asamblea se ve como
una de las salidas a la crisis del sistema político. Fue el punto
principal del programa del movimiento Nuevo País que, en el
anterior proceso electoral, cuestionó al sistema y a los
políticos con buenos resultados en votos.
La idea también fue recogida por las Cámaras de la Producción en
momentos previos a las jornadas del 5 de febrero.
Hacia la Asamblea se volvieron muchas miradas a la hora de
definir lo que podría ser un transformación de la clase política.
En efecto, con la caída del régimen de Bucaram no solo se puso
en cuestión un Gobierno: se puso en duda la eficacia y el sentido
del conjunto del sistema, plagado de prácticas clientelares y de
corrupción. En parte es la salida en positivo a la crisis.
Pero su integración es tan solo uno de las cuestiones que tiene
por delante la Asamblea. Su convocatoria, una vez que sea
integrada a la Constitución, aún no se define. Al respecto fue
presentado un proyecto global por la Comisión de Reforma
Política. Alarcón dijo que la convocaría en su período. Pero, a
la luz de la inestabilidad que creó la Consulta, es posible que
la convoque para mayo entrante, juntando así dos elecciones y
dejándole esa papa caliente al próximo Gobierno. De lo contrario,
solo se limitaría a administrar procesos electorales.
En realidad, aún nada está dicho. Incluso no se sabe si,
finalmente, quedará en manos del Primer Mandatario la fecha en
la que se reunirá. De acuerdo al proyecto de la Comisión lo puede
hacer, aunque también es una decisión de las dos terceras partes
de los integrantes del Congreso.
Hay elementos que aluden al contenido de una futura Asamblea.
Para unos, las organizaciones sociales y el movimiento
Pachakutik, debe ser el instrumento para refundar el país. Para
otros, como el ex presidente Hurtado será motivo de un verdadero
caos. Los socialcristianos dicen que solo debe realizar reformas
puntuales. La salida la dará el Congreso Nacional.
Función Judicial Preguntas 11 - 12
La Justicia con futuro incierto
El trámite que se dé al resultado favorable a las preguntas sobre
la Función Judicial no está claro.
La invocación a la modernización, que se hace en la pregunta 11,
no despeja ni una sola duda, de las generadas alrededor de la
despolitización de la Justicia que es, teoría, buena sino
necesaria.
Por ejemplo, se habla de reformar el sistema de designación de
magistrados, en función de la carrera judicial. Al respecto, hay
un proyecto presentado en el Congreso por la Federación de
Empleados Judiciales que, de lo que se conoce, fue apoyado en su
momento por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano.
Con la propuesta se quita al Congreso la facultad de designar
magistrados. Sin embargo, el proyecto no tiene un apoyo
mayoritario. No en el sentido de quitarle al Congreso la
designación -en ese punto hay un amplio consenso incluso a nivel
parlamentario-, sino porque no se ha definido a quién se le
otorga.
Aquí hay varias propuestas que apuntan a un organismo colegiado.
Se integraría con la participación de representantes de la
sociedad civil, de facultades de derecho y de colegios
profesionales.
El proyecto, aunque no está elaborado, cuenta con la venia del
socialcristianismo. En realidad esta fue la idea con la que nació
el Consejo de la Judicatura; organismo que fue incluido en la
Constitución durante el Gobierno de Durán Ballén. Luego, el ex
presidente, en la segunda Consulta que convocó en noviembre de
1995, llegó a presentar un texto constitucional en ese sentido
que fue negado.
Por lo demás, hasta ahora, el Consejo de la Judicatura no ha
existido más allá de la letra constitucional, pues no tiene una
Ley que lo regule. Y esto por falta, en parte, de acuerdo no solo
en el Congreso sino con el Presidente de la Corte: cuando se pasó
un proyecto en primer debate, Carlos Solórzano pidió que sea
retirado porque, según dijo, "en el Consejo se incluían a
personas ajenas a la Función Judicial".
Pero los afanes de despolitización a través de este Consejo
fueron cortados con la Consulta: en la pregunta 12 -votada
favorablemente ayer-, se limita su acción a actividades
administrativas. Además, su conformación se deja,
definitivamente, en manos de la Corte Suprema de Justicia.
En general, luego de la Consulta, para el futuro de la Función
Judicial se da mayores atribuciones a la Corte. De ahí que los
magistrados no tendrán periodos fijos. Este hecho jurídico tiene
sus contrapuntos con el forcejeo político.
No es un secreto la pugna entre el PSC y Carlos Solórzano, en la
que está en juego la integración de las cortes superiores.
Tampoco lo es que el borrador de las preguntas fueron redactadas
por este último y que fueron difundidas por él, a través de una
campaña por las provincias.
Solórzano querría el cambio con la actual Corte Suprema y eso
encontrará grandes resistencias en el Congreso. Por lo demás, la
Legislatura tiene sus armas: aún tiene la facultad de renovar la
Corte y desde allí se podrían empezar a normar los resultados de
la Consulta.
Campaña electoral Pregunta 5
Control del gasto: ¿cómo?
Los resultados a esta pregunta reflejan una real molestia
ciudadana. Y en cada proceso electoral se presenta: los partidos
gastan miles de millones de sucres.
¿Cuánto? Nunca se ha conocido a ciencia cierta, pues las cifras
se guardan con celo. En las próximas semanas se introducirá una
disposición general en la Constitución para poner un límite a
estos desembolsos y dar trasparencia sobre las fuentes de los
recursos.
¿Cuál será el límite? ¿Qué organismo controlará la transparencia?
¿Qué prohibiciones se establecerán? En lo fundamental, queda en
manos del Congreso y de los mismos políticos el curso que se dé
a la voluntad popular.
Por ello, la respuesta a esta pregunta solo recoge un sentir que
no necesitaba ser consultado. El sabor a demagogia es evidente:
no hay que olvidar que son esos mismos políticos -con raras
excepciones- los que han alcanzado curules y protagonismo con
fuertes inversiones. Como resultado, los partidos y
organizaciones políticas van dejando de ser tales para
convertirse en empresas electorales.
Es una tara para la democracia que esta pregunta refleja pero sin
haberla elucidado.
Límite a los partidos Pregunta 8
¿El 5% acaba con el caos?
La tesis de poner a prueba a los partidos, atando su permanencia
a los resultados electorales que obtengan, ha descrito un vaivén
en el sistema partidista: ha estado presente y se la ha quitado
de la Ley. El cuociente mínimo también ha variado.
Tras el resultado favorable en la Consulta, la disposición para
que borren del registro a los partidos que en dos elecciones
sucesivas no alcancen el 5% de votos válidos, será, en los
próximos días, una norma constitucional.
La pregunta apunta, fundamentalmente, a limitar la dispersión de
las fuerzas políticas y, como contraparte, a que se unifiquen las
tendencias políticas pues en Ecuador no hay sensibilidades
políticas y filosóficas para justificar 17 partidos.
Esta dispersión ha sido característica del país. Y, si bien no
ha tenido una expresión mecánica en el Congreso (con 17 bloques),
ha dificultado la conformación de mayorías y, de esa manera, la
gobernabilidad.
Esa miríada de partidos ha sido vista, además, y sobre todo en
el último proceso, como un terreno fecundo para la componenda y
la corrupción política: algunas fuerzas minúsculas son proclives
a intercambiar sus votos a cambio de prebendas. Los camisetazos
han sido la mejor característica de los diputados que -ese rato-
se declaran independientes. Fabián Alarcón habló de un espacio
para unos seis partidos. Por ahora lo logró.
Tribunal Electoral Pregunta 9
Al TSE van los más fuertes
El principio de proporcionalidad se adoptó como fórmula de
integración de los organismos del Estado. En ese sentido, en la
Consulta los ecuatorianos acordaron que el Tribunal Supremo
Electoral se conforme con los partidos más votados en las
elecciones pluripersonales.
Una fórmula similar se ha usado en los últimos períodos
parlamentarios para la integración del Plenario de las Comisiones
Legislativas Permanentes.
Se atenúa así un problema que ha afectado al organismo electoral
y que podía ser fruto de dudas sobre su acción, sobre todo en
procesos eleccionarios: su constitución como fruto del reparto
político. No es un secreto que el Tribunal Electoral ha sido
parte de las negociaciones parlamentarias previas a la
conformación de mayorías.
Como resultado se ha tenido un organismo con la hegemonía de una
o dos organizaciones. Por lo demás, esto se ha extendido a los
tribunales provinciales.
Aunque con la respuesta se cierra el paso al reparto
indiscriminado, no se dice nada sobre los requisitos de sus
integrantes. Esto se mantiene a criterio de los diputados.
Designaciones Pregunta 10
El control sin el Ejecutivo
Los organismos de control del Estado se perfilaron de otra
manera: en adelante, no se integrarán con candidatos o ternas
presentados por el Ejecutivo.
De esa manera, y en lo teórico por lo menos, se registrará, a
nivel constitucional, las pésimas experiencias políticas de los
últimos años: por ejemplo, las sospechas de complicidad de ex
contralores con el poder que los nombró. La última, y la que ha
mostrado de manera palpable esa deficiencia en la vida nacional,
es la de Fernando Rosero con Abdalá Bucaram. El Contralor cerró
los ojos ante la gigantesca ola de corrupción.
La reforma parte del principio de independencia: alguien que
pertenece o tiene compromisos con el Gobierno, mal puede
controlar sus acciones. Además no solo tiene que ver con la
Contraloría: la Procuraduría, la Fiscalía y las superintendencias
de Bancos y Compañías, están involucradas. En igual situación se
encuentra el Tribunal Constitucional que, en el esquema
institucional, ejerce el control constitucional. La independencia
se logra solo ante las acciones del Ejecutivo pero queda por
fuera la que también ha existido con respecto al Congreso: se
amplía incluso.
Como se sabe, el Congreso es el que designa -y continuará
haciéndolo- a estos funcionarios. Por lo tanto, esa es la
instancia que puede destituirlos. Mientras que el control sobre
la Función Legislativa continúa en sí misma.
Revocatoria Pregunta 13
Un bumerán de los políticos
Una pregunta que apeló a la ingenuidad del espíritu democrático,
tuvo su respuesta positiva nacida desde el mismo sentimiento.
La democracia contempla, como uno de sus componentes, la
obligación por parte de los funcionarios de elección popular de
rendir cuentas. El Gobierno quería que las reglas -en cuanto a
cesaciones y destituciones se refiere- quedaran claramente
establecidas. Más aún con el antecedente de febrero pasado.
Pero, demagógicamente, incluyó figuras que harán ingobernable al
país: la moral, la legalidad y la eficiencia...
¿Cómo calificar esos elementos? Lo tendrá que determinar la Ley.
Pero los criterios, a la hora de interpretarla, serán siempre
subjetivos. Esto, se advirtió, mantendrá en vilo a la
gobernabilidad y pondrá en peligro el principio de autoridad.
El Gobierno se inspiró, al parecer, en el caso suizo. Solo olvidó
que aquí no es Suiza y que la política no está hecha, en un buen
grado, de ofertas y contraofertas sino de arreglo de cuentas. Se
pretendió así aterrizar el principio general de la revocatoria
-bueno en teoría- pero ahí se introdujo una bomba de tiempo.
El plazo al Congreso pregunta 14
El paquete va en agosto
A partir de la proclamación de los resultados de la Consulta y
de su publicación en el Registro Oficial, el Congreso tendrá 60
días para incorporarlos a la Constitución Política.
Se calcula que la publicación se realizará, aproximadamente, a
mediados de junio. Para esa fecha está previsto un período extra
de sesiones del Congreso. Así las reformas se aprobarían a
mediados de agosto.
No es la primera vez que, luego de una Consulta, se da un plazo
al Congreso. El ex presidente Durán Ballén lo hizo para que se
tramiten los resultados de la que realizó en noviembre de 1995.
Allí, los ecuatorianos se pronunciaron porque el Congreso tramite
sus respuestas que serían enviados en un paquete de reformas por
el Ejecutivo, en un plazo de 100 días. No se cumplió. En parte,
porque el Gobierno incluyó temas que no se contemplaron en la
Consulta: áreas estratégicas, seguridad social, régimen
laboral... entre otros.
Para el trámite de los resultados de ayer, el Gobierno enviará
un paquete con las reformas en unos 20 días, dijo el Presidente.
Igualmente, la Comisión de Reforma Política, con representantes
de los tres funciones, se alistan para elaborar los suyos. Solo
en el Congreso se sabrá cómo quedarán codificadas las reformas
votadas ayer. El carácter etéreo de algunas preguntas podría
militar en contra de lo que, finalmente, dirán.( Texto tomado de
El Comercio)
que ya se sabía desde las jornadas de febrero: que la ida de
Bucaram no fue un accidente sino una decisión madurada tras seis
meses de ineptitud, corrupción y escándalos. Y que el país aceptó
lo hecho por el Congreso a pesar de que no se siguieron todos los
trámites constitucionales. Es decir, que su mandato era legítimo
y que lo único que esperaba el país era que se dedicara a
Gobernar. El Presidente, al convocar la Consulta, introdujo un
elemento desestabilizador que le hizo perder más de un mes al
país.
¿Ahora que el pueblo ha ratificado sus opciones, habrá mayor
estabilidad? Es el reto que tiene el Presidente y su ministro de
Gobierno. Todo depende de la lectura que harán de los resultados:
siempre habrá la tentación de confundir consulta popular con
elección o Presidencia interina con Presidencia de cuatro años.
Fabián Alarcón se encuentra frente a una escalera. El primer
peldaño (la ratificación del cese de funciones a Bucaram) lo
lleva al segundo, la presidencia interina. Su problema será ahora
saber adónde lo lleva el tercer peldaño. Es decir, cómo
interpretará el porcentaje favorable que logró en la pregunta que
lo concierne. De esa respuesta dependerá lo que hará en las 15
meses que le restan en Carondelet.
No es simple. Fabián Alarcón no contó con los aliados políticos
del 5 de febrero en esta campaña. Es su triunfo. Es un punto a
su favor. Hay otro: buena parte de la clase política y todos los
aspirantes a la presidencia de la República le deben la
ratificación del entierro de primera que el país le dio a Bucaram
el 5 de febrero. Es evidente que, con la inhabilidad votada en
el Congreso y el resultado de ayer, a Bucaram le quedará difícil
resucitar en el 98.
Pero esos dos puntos no le dan a Alarcón ventajas sensibles
frente a un Congreso en el que su fuerza política, medida en
votos, es prácticamente inexistente.
La Consulta le otorga, sin embargo, un margen de maniobra en cuya
administración no es muy ducho: él ha negociado siempre sumando
voto por voto, nunca inspirándose en una fuerza política otorgada
por la nación en su conjunto. A la del 5 de febrero no le creyó.
La del 25 de Mayo no puede desperdiciarla y de él, solo de él,
depende el uso que le dará.
Ahora el Presidente puede -hasta un cierto punto- cambiar la
agenda de los partidos en el Congreso que ya están metidos en las
elecciones del 98. Para lograrlo tendrá que evitar la tentación
de confundir el voto de ayer con un capital político propio. El
país no votó por Fabián Alarcón, político, miembro del FRA. No
era una elección. Ratificó -para no volver a saltar al vacío- lo
actuado por el Congreso que envió a Carondelet al entonces
Presidente del Congreso.
En política también hay que luchar contra los demonios. Habrá
voces -ya las hay- que le pedirán a Fabián Alarcón que utilice
el capital político alcanzado ayer para fines personales. Y que
le dirán -porque ya le dijeron cuando llegó a Carondelet y los
sondeos le daban cerca del 70 por ciento de popularidad- que
sería el Presidente con mayor número de votos desde que el país
volvió a la democracia. Más que Roldós. Así justificaban algunos
de sus amigos la convocatoria a una Consulta Popular...
A esos demonios, se juntan otros: los que querrán capitalizar,
desde Carondelet, lo sucedido ayer para agrandar el FRA. O para
constituir un movimiento de centro; consideración que también
pesó en la convocatoria de la Consulta.
Hacer una buena presidencia interina o caer en el juego
politiquero y en los cálculos circunstanciales: es el dilema que
tiene el Presidente. Y algunos políticos, que andan entre dos
partidos y que saben de la habilidad política del Presidente y
de su Ministro de Gobierno, van a militar en favor de la segunda
opción.
El mandato del 25 de Mayo, parece ser claro: más gobierno, menos
dudas. Más estabilidad, menos ruletas rusas. Más medidas claras
y concretas, menos dilación. Más transparencia, menos jugadas de
corredor.
Tres fueron los principales argumentos usados por el Presidente
a la hora de convocar la Consulta Popular: cerrar definitivamente
el pasado, lograr una autonomía frente a los dueños del 5 de
febrero (los movimientos sociales y el Congreso) y enviar un
mensaje a los gobiernos y a los inversionistas extranjeros.
Muchas otras reflexiones se fueron agregando. El país, que no
necesitaba la Consulta, le ha dado satisfacción. Ahora el
Presidente tiene un problema: interpretar bien el mandato de
ayer.
Por segunda vez se negó la elección de diputados en la segunda
vuelta.
La gobernabilidad tiene que lograrse con las minorías
La elección de diputados en la segunda vuelta, al parecer, no es
aceptada por los ecuatorianos como una fórmula de gobernabilidad.
La propuesta fue negada ayer por segunda ocasión y estuvo
contenida en la séptima pregunta de la Consulta popular realizada
ayer.
Una pregunta igual fue planteada por el entonces presidente Sixto
Durán Ballén, en la Consulta del 28 de agosto de 1994.
El resultado que se dio allí ya fue demostrativo: fue la única
pregunta que perdió de siete que fueron planteadas. Por ello, se
puede concluir que no pesaron factores de desgaste gubernamental
en el resultado.
Y en términos relativos las respuestas marcan el mismo escenario:
con Fabián Alarcón, de acuerdo al exit poll de Cedatos, las
preferencias porque las cosas se mantengan como están alcanza los
50 puntos.
Una vez que se cuenten solo los votos válidos podría subir
algunos más y alcanzaría el resultado que tuvo Durán Ballén: el
55 por ciento de los votantes en contra.
Para algunos partidos, como la Democracia Popular y el Movimiento
Popular Democrático, la respuesta negativa a esta pregunta es
porque el Ecuador prefiere vivir con las minorías. Las miran como
una suerte de cortapisas al posible monopolio que puedan tener
los grandes partidos. Esto genera desconfianza.
Así lo han dicho Alexandra Vela (DP) y Gustavo Terán (MPD). En
igual sentido se han pronunciado representantes de organizaciones
sociales y sindicales.
Por ello prefieren varias opciones electorales y no pocas, como
sucedería si la elección de diputados se da en la segunda vuelta.
La idea de lo segundo es que los votantes dirijan su voto a los
partidos y movimientos de los candidatos finalistas.
De esta manera se consiguen dos cosas: atenuar la dispersión
política del parlamento y conformar un bloque de Gobierno con un
buen número de integrantes. Así las condiciones para lograr
acuerdos serían ideales.
Un comportamiento similar se ha visto en la elección unipersonal.
La propuesta no tiene que ver tanto con la gobernabilidad, cuanto
con la mejora de la calidad del sistema político.
Ayer Alarcón puso el tema en la pregunta sexta. En la opción b)
se planteó una votación en elecciones pluripersonales escogiendo
en cada lista o entre lista.
El objetivo era eliminar la elección por listas y hacerlo por
personas, para que mejore la calidad de los electos.
Lo mismo fue planteado por Durán Ballén en la Consulta de
noviembre de 1995, cuando planteó la elecciones distritales y
uninominales.
En parte, la pérdida se interpreta, y así lo confiesa el
Gobierno, por una falta de explicación del sistema.
Definitivamente esto complicaría un tanto el sistema de elección
ya que, para una dignidad se manejarían varias papeletas y varios
votos.
Aparte de las preguntas una y dos de la Consulta, las otras
aluden a la reforma del sistema político. Tal como se votaron
resultan ambiguas y hay dudas sobre cómo van a ser concretadas.
Más aún cuando este trámite está en manos del Congreso Nacional
y de los partidos políticos.
Una reforma llena de interrogantes
Asamblea Nacional Preguntas 3 - 4
Solo se ha dado un paso
La Asamblea Nacional deberá ser incorporada a la Constitución
Política ecuatoriana. Su objetivo es, decía la pregunta, reformar
la Constitución.
Además, de acuerdo a los resultados de la Consulta, el organismo
se integrará con delegados elegidos en su totalidad por voto
universal directo y secreto.
En parte, este último hecho es un golpe a los movimientos
sociales -sindicatos e indígenas, fundamentalmente-, quienes
buscaban una representación como tales en el organismo, a través
de designaciones internas. Siempre en nombre del protagonismo y
la paternidad que proclamaron sobre las jornadas de febrero. Sin
duda esto dará cierto alivio al Presidente Interino, en cuanto
a las presiones que ha recibido de estos sectores.
Pero esta integración pone otro tema en debate. ¿Quién garantiza
que los electos para su integración, no serán los mismos
políticos? Con este problema de por medio se duda de que se
cumpla uno de los objetivos básicos de la Asamblea: lograr la
participación ciudadana, sin mediaciones, en la reforma de la
Constitución.
El problema es de trascendencia puesto que la Asamblea se ve como
una de las salidas a la crisis del sistema político. Fue el punto
principal del programa del movimiento Nuevo País que, en el
anterior proceso electoral, cuestionó al sistema y a los
políticos con buenos resultados en votos.
La idea también fue recogida por las Cámaras de la Producción en
momentos previos a las jornadas del 5 de febrero.
Hacia la Asamblea se volvieron muchas miradas a la hora de
definir lo que podría ser un transformación de la clase política.
En efecto, con la caída del régimen de Bucaram no solo se puso
en cuestión un Gobierno: se puso en duda la eficacia y el sentido
del conjunto del sistema, plagado de prácticas clientelares y de
corrupción. En parte es la salida en positivo a la crisis.
Pero su integración es tan solo uno de las cuestiones que tiene
por delante la Asamblea. Su convocatoria, una vez que sea
integrada a la Constitución, aún no se define. Al respecto fue
presentado un proyecto global por la Comisión de Reforma
Política. Alarcón dijo que la convocaría en su período. Pero, a
la luz de la inestabilidad que creó la Consulta, es posible que
la convoque para mayo entrante, juntando así dos elecciones y
dejándole esa papa caliente al próximo Gobierno. De lo contrario,
solo se limitaría a administrar procesos electorales.
En realidad, aún nada está dicho. Incluso no se sabe si,
finalmente, quedará en manos del Primer Mandatario la fecha en
la que se reunirá. De acuerdo al proyecto de la Comisión lo puede
hacer, aunque también es una decisión de las dos terceras partes
de los integrantes del Congreso.
Hay elementos que aluden al contenido de una futura Asamblea.
Para unos, las organizaciones sociales y el movimiento
Pachakutik, debe ser el instrumento para refundar el país. Para
otros, como el ex presidente Hurtado será motivo de un verdadero
caos. Los socialcristianos dicen que solo debe realizar reformas
puntuales. La salida la dará el Congreso Nacional.
Función Judicial Preguntas 11 - 12
La Justicia con futuro incierto
El trámite que se dé al resultado favorable a las preguntas sobre
la Función Judicial no está claro.
La invocación a la modernización, que se hace en la pregunta 11,
no despeja ni una sola duda, de las generadas alrededor de la
despolitización de la Justicia que es, teoría, buena sino
necesaria.
Por ejemplo, se habla de reformar el sistema de designación de
magistrados, en función de la carrera judicial. Al respecto, hay
un proyecto presentado en el Congreso por la Federación de
Empleados Judiciales que, de lo que se conoce, fue apoyado en su
momento por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano.
Con la propuesta se quita al Congreso la facultad de designar
magistrados. Sin embargo, el proyecto no tiene un apoyo
mayoritario. No en el sentido de quitarle al Congreso la
designación -en ese punto hay un amplio consenso incluso a nivel
parlamentario-, sino porque no se ha definido a quién se le
otorga.
Aquí hay varias propuestas que apuntan a un organismo colegiado.
Se integraría con la participación de representantes de la
sociedad civil, de facultades de derecho y de colegios
profesionales.
El proyecto, aunque no está elaborado, cuenta con la venia del
socialcristianismo. En realidad esta fue la idea con la que nació
el Consejo de la Judicatura; organismo que fue incluido en la
Constitución durante el Gobierno de Durán Ballén. Luego, el ex
presidente, en la segunda Consulta que convocó en noviembre de
1995, llegó a presentar un texto constitucional en ese sentido
que fue negado.
Por lo demás, hasta ahora, el Consejo de la Judicatura no ha
existido más allá de la letra constitucional, pues no tiene una
Ley que lo regule. Y esto por falta, en parte, de acuerdo no solo
en el Congreso sino con el Presidente de la Corte: cuando se pasó
un proyecto en primer debate, Carlos Solórzano pidió que sea
retirado porque, según dijo, "en el Consejo se incluían a
personas ajenas a la Función Judicial".
Pero los afanes de despolitización a través de este Consejo
fueron cortados con la Consulta: en la pregunta 12 -votada
favorablemente ayer-, se limita su acción a actividades
administrativas. Además, su conformación se deja,
definitivamente, en manos de la Corte Suprema de Justicia.
En general, luego de la Consulta, para el futuro de la Función
Judicial se da mayores atribuciones a la Corte. De ahí que los
magistrados no tendrán periodos fijos. Este hecho jurídico tiene
sus contrapuntos con el forcejeo político.
No es un secreto la pugna entre el PSC y Carlos Solórzano, en la
que está en juego la integración de las cortes superiores.
Tampoco lo es que el borrador de las preguntas fueron redactadas
por este último y que fueron difundidas por él, a través de una
campaña por las provincias.
Solórzano querría el cambio con la actual Corte Suprema y eso
encontrará grandes resistencias en el Congreso. Por lo demás, la
Legislatura tiene sus armas: aún tiene la facultad de renovar la
Corte y desde allí se podrían empezar a normar los resultados de
la Consulta.
Campaña electoral Pregunta 5
Control del gasto: ¿cómo?
Los resultados a esta pregunta reflejan una real molestia
ciudadana. Y en cada proceso electoral se presenta: los partidos
gastan miles de millones de sucres.
¿Cuánto? Nunca se ha conocido a ciencia cierta, pues las cifras
se guardan con celo. En las próximas semanas se introducirá una
disposición general en la Constitución para poner un límite a
estos desembolsos y dar trasparencia sobre las fuentes de los
recursos.
¿Cuál será el límite? ¿Qué organismo controlará la transparencia?
¿Qué prohibiciones se establecerán? En lo fundamental, queda en
manos del Congreso y de los mismos políticos el curso que se dé
a la voluntad popular.
Por ello, la respuesta a esta pregunta solo recoge un sentir que
no necesitaba ser consultado. El sabor a demagogia es evidente:
no hay que olvidar que son esos mismos políticos -con raras
excepciones- los que han alcanzado curules y protagonismo con
fuertes inversiones. Como resultado, los partidos y
organizaciones políticas van dejando de ser tales para
convertirse en empresas electorales.
Es una tara para la democracia que esta pregunta refleja pero sin
haberla elucidado.
Límite a los partidos Pregunta 8
¿El 5% acaba con el caos?
La tesis de poner a prueba a los partidos, atando su permanencia
a los resultados electorales que obtengan, ha descrito un vaivén
en el sistema partidista: ha estado presente y se la ha quitado
de la Ley. El cuociente mínimo también ha variado.
Tras el resultado favorable en la Consulta, la disposición para
que borren del registro a los partidos que en dos elecciones
sucesivas no alcancen el 5% de votos válidos, será, en los
próximos días, una norma constitucional.
La pregunta apunta, fundamentalmente, a limitar la dispersión de
las fuerzas políticas y, como contraparte, a que se unifiquen las
tendencias políticas pues en Ecuador no hay sensibilidades
políticas y filosóficas para justificar 17 partidos.
Esta dispersión ha sido característica del país. Y, si bien no
ha tenido una expresión mecánica en el Congreso (con 17 bloques),
ha dificultado la conformación de mayorías y, de esa manera, la
gobernabilidad.
Esa miríada de partidos ha sido vista, además, y sobre todo en
el último proceso, como un terreno fecundo para la componenda y
la corrupción política: algunas fuerzas minúsculas son proclives
a intercambiar sus votos a cambio de prebendas. Los camisetazos
han sido la mejor característica de los diputados que -ese rato-
se declaran independientes. Fabián Alarcón habló de un espacio
para unos seis partidos. Por ahora lo logró.
Tribunal Electoral Pregunta 9
Al TSE van los más fuertes
El principio de proporcionalidad se adoptó como fórmula de
integración de los organismos del Estado. En ese sentido, en la
Consulta los ecuatorianos acordaron que el Tribunal Supremo
Electoral se conforme con los partidos más votados en las
elecciones pluripersonales.
Una fórmula similar se ha usado en los últimos períodos
parlamentarios para la integración del Plenario de las Comisiones
Legislativas Permanentes.
Se atenúa así un problema que ha afectado al organismo electoral
y que podía ser fruto de dudas sobre su acción, sobre todo en
procesos eleccionarios: su constitución como fruto del reparto
político. No es un secreto que el Tribunal Electoral ha sido
parte de las negociaciones parlamentarias previas a la
conformación de mayorías.
Como resultado se ha tenido un organismo con la hegemonía de una
o dos organizaciones. Por lo demás, esto se ha extendido a los
tribunales provinciales.
Aunque con la respuesta se cierra el paso al reparto
indiscriminado, no se dice nada sobre los requisitos de sus
integrantes. Esto se mantiene a criterio de los diputados.
Designaciones Pregunta 10
El control sin el Ejecutivo
Los organismos de control del Estado se perfilaron de otra
manera: en adelante, no se integrarán con candidatos o ternas
presentados por el Ejecutivo.
De esa manera, y en lo teórico por lo menos, se registrará, a
nivel constitucional, las pésimas experiencias políticas de los
últimos años: por ejemplo, las sospechas de complicidad de ex
contralores con el poder que los nombró. La última, y la que ha
mostrado de manera palpable esa deficiencia en la vida nacional,
es la de Fernando Rosero con Abdalá Bucaram. El Contralor cerró
los ojos ante la gigantesca ola de corrupción.
La reforma parte del principio de independencia: alguien que
pertenece o tiene compromisos con el Gobierno, mal puede
controlar sus acciones. Además no solo tiene que ver con la
Contraloría: la Procuraduría, la Fiscalía y las superintendencias
de Bancos y Compañías, están involucradas. En igual situación se
encuentra el Tribunal Constitucional que, en el esquema
institucional, ejerce el control constitucional. La independencia
se logra solo ante las acciones del Ejecutivo pero queda por
fuera la que también ha existido con respecto al Congreso: se
amplía incluso.
Como se sabe, el Congreso es el que designa -y continuará
haciéndolo- a estos funcionarios. Por lo tanto, esa es la
instancia que puede destituirlos. Mientras que el control sobre
la Función Legislativa continúa en sí misma.
Revocatoria Pregunta 13
Un bumerán de los políticos
Una pregunta que apeló a la ingenuidad del espíritu democrático,
tuvo su respuesta positiva nacida desde el mismo sentimiento.
La democracia contempla, como uno de sus componentes, la
obligación por parte de los funcionarios de elección popular de
rendir cuentas. El Gobierno quería que las reglas -en cuanto a
cesaciones y destituciones se refiere- quedaran claramente
establecidas. Más aún con el antecedente de febrero pasado.
Pero, demagógicamente, incluyó figuras que harán ingobernable al
país: la moral, la legalidad y la eficiencia...
¿Cómo calificar esos elementos? Lo tendrá que determinar la Ley.
Pero los criterios, a la hora de interpretarla, serán siempre
subjetivos. Esto, se advirtió, mantendrá en vilo a la
gobernabilidad y pondrá en peligro el principio de autoridad.
El Gobierno se inspiró, al parecer, en el caso suizo. Solo olvidó
que aquí no es Suiza y que la política no está hecha, en un buen
grado, de ofertas y contraofertas sino de arreglo de cuentas. Se
pretendió así aterrizar el principio general de la revocatoria
-bueno en teoría- pero ahí se introdujo una bomba de tiempo.
El plazo al Congreso pregunta 14
El paquete va en agosto
A partir de la proclamación de los resultados de la Consulta y
de su publicación en el Registro Oficial, el Congreso tendrá 60
días para incorporarlos a la Constitución Política.
Se calcula que la publicación se realizará, aproximadamente, a
mediados de junio. Para esa fecha está previsto un período extra
de sesiones del Congreso. Así las reformas se aprobarían a
mediados de agosto.
No es la primera vez que, luego de una Consulta, se da un plazo
al Congreso. El ex presidente Durán Ballén lo hizo para que se
tramiten los resultados de la que realizó en noviembre de 1995.
Allí, los ecuatorianos se pronunciaron porque el Congreso tramite
sus respuestas que serían enviados en un paquete de reformas por
el Ejecutivo, en un plazo de 100 días. No se cumplió. En parte,
porque el Gobierno incluyó temas que no se contemplaron en la
Consulta: áreas estratégicas, seguridad social, régimen
laboral... entre otros.
Para el trámite de los resultados de ayer, el Gobierno enviará
un paquete con las reformas en unos 20 días, dijo el Presidente.
Igualmente, la Comisión de Reforma Política, con representantes
de los tres funciones, se alistan para elaborar los suyos. Solo
en el Congreso se sabrá cómo quedarán codificadas las reformas
votadas ayer. El carácter etéreo de algunas preguntas podría
militar en contra de lo que, finalmente, dirán.( Texto tomado de
El Comercio)
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