La idea de crear una garantía de pago de energía por $500 millones, para cancelar el "hueco" de las distribuidoras, no tiene un complemento para racionalizar el manejo de estas empresas y despolitizarlas. La oposición denuncia el uso político de esa propuesta y del decreto de emergencia, gracias a que el país vive una "bonanza petrolera"
El "as" político de la emergencia
El decreto ejecutivo tiene una lectura política. Ese instrumento establece acciones para evitar una crisis por el estiaje de fin de año y los altos costos de los combustibles a escala internacional
La idea de que los altos precios internacionales del petróleo le dan al Gobierno un mayor margen de maniobra política tiene sustento en el sector eléctrico. Dos hechos lo fundamentan:
El presidente Lucio Gutiérrez ha declarado la emergencia eléctrica y ha dispuesto la asignación de recursos para alivianar el peso de los costos de energía, con cargo al Presupuesto de 2005. Se argumenta que la medida es para atender la emergencia por el estiaje de fin de año y los precios altos de los combustibles a escala internacional. Es decir, con eso se intenta afrontar un problema coyuntural, que puede agravar una crisis acumulada de deudas y malos manejos.
En paralelo, el primer mandatario remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley, económico-urgente, para establecer un fondo de $500 millones que asegure el pago de la energía eléctrica para las nuevas empresas que inviertan en generación, como estímulo.
La mayoría de los bloques legislativos del Congreso ve con cautela las dos iniciativas mencionadas, incluso así miran los aliados del régimen, y algunos expertos lo señalan como una fórmula que "premia a la ineficiencia".
¿Las razones? De fondo: que tanto el decreto de emergencia como el proyecto de ley no van acompañados de acciones concretas que ayuden a corregir la serie de deficiencias de las empresas eléctricas y las dificultades que representa tener las tarifas más altas de América Latina. Y esa falta de acciones es el punto medular de los cuestionamientos más concretos. Por ejemplo, el diputado Jorge Sánchez (ID), miembro de la Comisión de lo Económico, interpreta la decisión presidencial como una acción destinada a sostener el manejo político de las eléctricas.
A su entender, ese manejo está orientado a la posibilidad de acuerdos y a la necesidad de atender urgencias en este campo, que, eventualmente, le pueden provocar al Gobierno un desgaste político, como el estiaje y la posibilidad de apagones. Todo eso, gracias a que la "bonanza" petrolera le permite echar mano del Presupuesto.
Por eso, en la sesión del Pleno del Congreso, del miércoles pasado, surgieron voces de rechazo a la intención de asignar $500 millones, pues, visto en perspectiva de mediano plazo, esos fondos solo irían a cubrir las deficiencias de las empresas distribuidoras del Fondo de Solidaridad. La idea del proyecto presidencial es que los $500 millones aseguren el pago de la energía que compran las distribuidoras y que no pueden cubrir esos costos.
De ahí que la crítica a la entrega de esos recursos a través de la emisión de bonos del Estado llegó desde las filas afines al régimen. El diputado bucaramista Marco Proaño Maya aseguró que la emisión de bonos implica deuda pública, lo que contradice las normas de disciplina fiscal. Y es más, dice, en la constitución del fideicomiso se autoriza débitos de otras cuentas, que pueden afectar a la educación, a la salud y otras áreas importantes.
Pero más allá de eso, agrega, que al enviar el proyecto como ley orgánica, cuando el Congreso debe calificarla, hay la intención de que pueda sobreponerse a otras normas legales ordinarias.
El Consejo Nacional de Electrificación (Conelec) asegura que la entrega de esos fondos no será en saco roto. Para eso se tiene establecido la restitución de esos recursos por parte de las distribuidoras.
¿Cómo, si se señala que casi todas son empresas deficitarias y arrojan grandes pérdidas? Las respuesta es que las autoridades eléctricas están inmersas en un proceso de mejoramiento de la situación de las empresas del Fondo de Solidaridad, a través de la disminución de pérdidas y el lograr una óptima administración.
¿Bajo qué mecanismo? Según el Conelec, a través de la instrumentación del Plan Nacional de Pérdidas que será obligatorio para las empresas eléctricas. Solo que la aplicación de ese sistema aún no tiene una fecha de inicio.
El Conelec sustenta la creación del Fondo de Garantía en el hecho de que las empresas que quieren invertir en el país se encuentran con el antecedente del incumplimiento de pago. Por eso, el organismo aclara que lo que se asegura es una garantía de pago de la energía vendida. Y que no se trata de ofrecer una garantía sobre lo que se produce.
Argumentos que no convecieron a buena parte de los legisladores al no haber de por medio una fórmula que racionalice, además de la administración de las empresas eléctricas, el sistema tarifario, que es en donde radica buena parte de los problemas financieros de de las distribuidoras. (LB)
LA MEDIDA GUBERNAMENTAL
Decreto que dispone entrega de $15 millones para atender emergencia
El 31 de agosto de 2004, el presidente Lucio Gutiérrez emitió el Decreto Ejecutivo 2045-A, con el cual se declara la emergencia del sector eléctrico. En el art. 2 de ese instrumento se faculta al Ministerio de Economía (ME) a que reconozca, hasta por un monto de $15 millones, un subsidio a favor del usuario final.
Esos fondos irán a cubrir la diferencia que se produzca entre el precio referencial de generación y el costo real de generación durante el período comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de 2004. Es decir, solventará la diferencia de pago que no cubren las distribuidoras.
Además, el jefe de Estado dispuso que el Fondo de Solidaridad proveyera y autorizara el uso de recursos que requiriesen las empresas de generación termoeléctrioca para cumplir sus operaciones, así como los ajustes pertinentes en el ME para que Petroecuador pudiese entregar combustible, a crédito, a las generadoras termoeléctricas del Fondo de Solidaridad y a Categ Generación, en ese período. El plazo para el pago de este crédito es de tres meses.
El soporte de esta decisión es la resolución del Consejo Nacional de Electrificación (Conelec), del 11 de agosto de 2004, que determinó que las tarifas del usuario final no reflejan los costos reales del servicio. Y el hecho de que la crisis de las empresas de generación termoeléctrica ha originado su incapacidad para prepagar la compra de los combustibles. Sumado a ello, los altos precios de los combustibles a escala internacional superaron las previsiones.
Durante esta semana, funcionarios del Conelec, Centro de Control de Energía (Cenace), Fondo de Solidaridad, Transelectric y Ministerio de Economía se han reunido para determinar los mecanismos que permitirán poner en ejecución las disposiciones presidenciales. (LB)
El hueco de pérdidas aumenta
Los balances de las empresas reflejan el manejo inadecuado del sector por parte de los últimos gobiernos. La deuda acumulada se atribuye al déficit tarifario, a las malas administraciones, a la politización de las empresas
La deuda acumulada en el sector desde abril de 1999, es decir, en los gobiernos de Alarcón, Mahuad, Noboa y Gutiérrez, se atribuye, en unos casos, al llamado déficit tarifario, a las malas administraciones y a la politización de las empresas que se han constituido en botín político.
"El dinero que ha alimentado el botín político proviene de los montos por depreciación que de las empresas de generación no han podido acumular para recuperar las inversiones realizadas por el Estado, es decir, la corrupción instaurada en la mayor parte de las compañías ha engullido el patrimonio del Estado", dice el experto Jesús Játiva.
Sostiene que la decisión del Gobierno de condonar las deudas de las distribuidoras, y reflejar en el Presupuesto nacional rubros que cubran las ineficiencias de las eléctricas, "llevará a incentivar el aumento agresivo de los robos de energía eléctrica y del no pago por parte de las distribuidoras por la energía comprada a las generadoras en el Mercado Eléctrico Mayorista".
Según Játiva, los efectos de esta medida conducirán al sector eléctrico al colapso total y con ello a una época de cortes de energía por la falta de inversiones, no solamente para nuevas plantas de generación sino también para operación y mantenimiento de las centrales existentes y aún de las redes eléctricas de transmisión y distribución. (TH)
El fondo solo cubre las pérdidas de cuatro años
La garantía de $500 millones equivalen al perjuicio económico registrado en las empresas distribuidoras por robo de energía eléctrica.
El proyecto de ley que crea el Fondo de Garantía de Pago a nuevas inversiones en generación eléctrica, que se tramita en el Congreso Nacional, con bonos del Estado por un valor de $500 millones, serviría solamente para cubrir el egreso por pérdidas comerciales (robos) de cuatro años.
Las pérdidas totales de energía de las empresas distribuidoras, según reportes del Consejo Nacional de Electrificación (Conelec) de 2003, alcanzan el 23,7%. En cifras reales, el monto total por robos de energía, solo en las distribuidoras, asciende a $114 millones anuales.
De eso, $38,2 millones son de la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (Categ); $18,9 millones a la empresa Guayas-Los Ríosl; $152 millones a la Empresa Eléctrica Manabí; $8,5 millones a Milagro; $7,8 millones a la Empresa Eléctrica Quito; y $6,4 millones a la Empresa Eléctrica El Oro. De esa manera, el Fondo de Garantía cubriría alrededor de cuatro años y cinco meses.
Aunque el jefe del Departamento de Electricidad de la Escuela Politécnica Nacional, Jesús Játiva, deduce de esas cifras y de las pérdidas totales (ver recuadro) que los robos de energía en la comercialización ascienden a $128 millones.
Y que el monto facturado a las distribuidoras y grandes consumidores desde el 1º de abril de 1999 al 5 de diciembre de 2003 totaliza $1 483 millones, de los cuales se pagaron a través de fideicomisos $822 millones que representan el 56,22%, y queda una deuda acumulada de $649 millones, es decir, 43,78% del total facturado. La deuda más grande es de $361,6 millones, es decir, el 62,7% de sus facturas que corresponde a la Categ.
Con todos esos elementos, el experto Jesús Játiva considera que el Fondo de Garantía de Pago, al igual que otros subsidios en la economía, sería un elemento distorsionador del valor real de la energía.
Sostiene que el precio actual del kilovatio hora, de $0.0897 centavos de dólar al usuario final, es uno de los más altos en América Latina. Y está por encima de lo que verdaderamente pagan las distribuidoras por generación y por transmisión.
Para el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Fernando Santos, el Gobierno, al ofrecerles a las distribiuidoras que les va a dar la plata que necesiten para cubrir sus costos, les está incentivando a que sigan en el derroche y la ineficiencia de siempre. "Mientras más déficit tengan, más les subsidiará el Gobierno", añade.
Santos opina que la crisis eléctrica se avecina de tal magnitud que sino no se toman correctivos a tiempo, el país va a sufrir una larga parálisis por la falta de energía. Advierte que el "mayor problema es el humano; las empresas de distribución y generación estatales, con excepción de la EEQ y otras dos en sur del país, son el ejemplo del desastre de una actividad empresarial en manos del Estado".
Agrega que la politización, la sindicalización, la corrupción, el quemeimportismo estatal e ineficiencia guían a esas empresas. (TH)
PUNTO DE VISTA
Más que premio a la ineficiencia
"Ley parche", "premio a la ineficiencia", "plata en saco roto", entre otros, fueron los calificativos menos fuertes que recibió, en la sesión del miércoles, el proyecto económico urgente llamado Ley Orgánica del Sector Eléctrico. Y eso, porque la primera percepción que tuvo la propuesta entre los diputados es que se trata de una fórmula que apunta a resolver las urgencias del Gobierno en esta materia y no una salida de fondo a los problemas estructurales que la aquejan.
La idea de crear un fondo de garantía para asegurar el pago de energía a los inversionistas es vista como acción paternalista, más si a ese plan no se le agrega un nuevo sistema que racionalice el circuito de las eléctricas.
Se habla de manejo político. Entonces, el Gobierno debe convencer al país más que a la clase política, y no solo en el discurso sino en los hechos, que la despolitizcación está, por ejemplo, llegando para reducir las nóminas de empleados de las empresas eléctricas. Algo con lo que el Fondo de Solidaridad se halla en deuda... Se habla de un sistema tarifario injusto. Entonces, hay que plantear salidas para que pueda ser efectiva la oferta y la demanda en el mercado eléctrico.
Sin respuestas, el ofrecer garantías, como un equivalente de seguridad jurídica, corre el riesgo de convertirse en otro espejismo y sustentar las críticas de que se premia la ineficiencia, por las conveniencias políticas, gracias a la "bonanza" petrolera. (LB) (BLANCO Y NEGRO)
El "as" político de la emergencia
El decreto ejecutivo tiene una lectura política. Ese instrumento establece acciones para evitar una crisis por el estiaje de fin de año y los altos costos de los combustibles a escala internacional
La idea de que los altos precios internacionales del petróleo le dan al Gobierno un mayor margen de maniobra política tiene sustento en el sector eléctrico. Dos hechos lo fundamentan:
El presidente Lucio Gutiérrez ha declarado la emergencia eléctrica y ha dispuesto la asignación de recursos para alivianar el peso de los costos de energía, con cargo al Presupuesto de 2005. Se argumenta que la medida es para atender la emergencia por el estiaje de fin de año y los precios altos de los combustibles a escala internacional. Es decir, con eso se intenta afrontar un problema coyuntural, que puede agravar una crisis acumulada de deudas y malos manejos.
En paralelo, el primer mandatario remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley, económico-urgente, para establecer un fondo de $500 millones que asegure el pago de la energía eléctrica para las nuevas empresas que inviertan en generación, como estímulo.
La mayoría de los bloques legislativos del Congreso ve con cautela las dos iniciativas mencionadas, incluso así miran los aliados del régimen, y algunos expertos lo señalan como una fórmula que "premia a la ineficiencia".
¿Las razones? De fondo: que tanto el decreto de emergencia como el proyecto de ley no van acompañados de acciones concretas que ayuden a corregir la serie de deficiencias de las empresas eléctricas y las dificultades que representa tener las tarifas más altas de América Latina. Y esa falta de acciones es el punto medular de los cuestionamientos más concretos. Por ejemplo, el diputado Jorge Sánchez (ID), miembro de la Comisión de lo Económico, interpreta la decisión presidencial como una acción destinada a sostener el manejo político de las eléctricas.
A su entender, ese manejo está orientado a la posibilidad de acuerdos y a la necesidad de atender urgencias en este campo, que, eventualmente, le pueden provocar al Gobierno un desgaste político, como el estiaje y la posibilidad de apagones. Todo eso, gracias a que la "bonanza" petrolera le permite echar mano del Presupuesto.
Por eso, en la sesión del Pleno del Congreso, del miércoles pasado, surgieron voces de rechazo a la intención de asignar $500 millones, pues, visto en perspectiva de mediano plazo, esos fondos solo irían a cubrir las deficiencias de las empresas distribuidoras del Fondo de Solidaridad. La idea del proyecto presidencial es que los $500 millones aseguren el pago de la energía que compran las distribuidoras y que no pueden cubrir esos costos.
De ahí que la crítica a la entrega de esos recursos a través de la emisión de bonos del Estado llegó desde las filas afines al régimen. El diputado bucaramista Marco Proaño Maya aseguró que la emisión de bonos implica deuda pública, lo que contradice las normas de disciplina fiscal. Y es más, dice, en la constitución del fideicomiso se autoriza débitos de otras cuentas, que pueden afectar a la educación, a la salud y otras áreas importantes.
Pero más allá de eso, agrega, que al enviar el proyecto como ley orgánica, cuando el Congreso debe calificarla, hay la intención de que pueda sobreponerse a otras normas legales ordinarias.
El Consejo Nacional de Electrificación (Conelec) asegura que la entrega de esos fondos no será en saco roto. Para eso se tiene establecido la restitución de esos recursos por parte de las distribuidoras.
¿Cómo, si se señala que casi todas son empresas deficitarias y arrojan grandes pérdidas? Las respuesta es que las autoridades eléctricas están inmersas en un proceso de mejoramiento de la situación de las empresas del Fondo de Solidaridad, a través de la disminución de pérdidas y el lograr una óptima administración.
¿Bajo qué mecanismo? Según el Conelec, a través de la instrumentación del Plan Nacional de Pérdidas que será obligatorio para las empresas eléctricas. Solo que la aplicación de ese sistema aún no tiene una fecha de inicio.
El Conelec sustenta la creación del Fondo de Garantía en el hecho de que las empresas que quieren invertir en el país se encuentran con el antecedente del incumplimiento de pago. Por eso, el organismo aclara que lo que se asegura es una garantía de pago de la energía vendida. Y que no se trata de ofrecer una garantía sobre lo que se produce.
Argumentos que no convecieron a buena parte de los legisladores al no haber de por medio una fórmula que racionalice, además de la administración de las empresas eléctricas, el sistema tarifario, que es en donde radica buena parte de los problemas financieros de de las distribuidoras. (LB)
LA MEDIDA GUBERNAMENTAL
Decreto que dispone entrega de $15 millones para atender emergencia
El 31 de agosto de 2004, el presidente Lucio Gutiérrez emitió el Decreto Ejecutivo 2045-A, con el cual se declara la emergencia del sector eléctrico. En el art. 2 de ese instrumento se faculta al Ministerio de Economía (ME) a que reconozca, hasta por un monto de $15 millones, un subsidio a favor del usuario final.
Esos fondos irán a cubrir la diferencia que se produzca entre el precio referencial de generación y el costo real de generación durante el período comprendido entre los meses de septiembre y diciembre de 2004. Es decir, solventará la diferencia de pago que no cubren las distribuidoras.
Además, el jefe de Estado dispuso que el Fondo de Solidaridad proveyera y autorizara el uso de recursos que requiriesen las empresas de generación termoeléctrioca para cumplir sus operaciones, así como los ajustes pertinentes en el ME para que Petroecuador pudiese entregar combustible, a crédito, a las generadoras termoeléctricas del Fondo de Solidaridad y a Categ Generación, en ese período. El plazo para el pago de este crédito es de tres meses.
El soporte de esta decisión es la resolución del Consejo Nacional de Electrificación (Conelec), del 11 de agosto de 2004, que determinó que las tarifas del usuario final no reflejan los costos reales del servicio. Y el hecho de que la crisis de las empresas de generación termoeléctrica ha originado su incapacidad para prepagar la compra de los combustibles. Sumado a ello, los altos precios de los combustibles a escala internacional superaron las previsiones.
Durante esta semana, funcionarios del Conelec, Centro de Control de Energía (Cenace), Fondo de Solidaridad, Transelectric y Ministerio de Economía se han reunido para determinar los mecanismos que permitirán poner en ejecución las disposiciones presidenciales. (LB)
El hueco de pérdidas aumenta
Los balances de las empresas reflejan el manejo inadecuado del sector por parte de los últimos gobiernos. La deuda acumulada se atribuye al déficit tarifario, a las malas administraciones, a la politización de las empresas
La deuda acumulada en el sector desde abril de 1999, es decir, en los gobiernos de Alarcón, Mahuad, Noboa y Gutiérrez, se atribuye, en unos casos, al llamado déficit tarifario, a las malas administraciones y a la politización de las empresas que se han constituido en botín político.
"El dinero que ha alimentado el botín político proviene de los montos por depreciación que de las empresas de generación no han podido acumular para recuperar las inversiones realizadas por el Estado, es decir, la corrupción instaurada en la mayor parte de las compañías ha engullido el patrimonio del Estado", dice el experto Jesús Játiva.
Sostiene que la decisión del Gobierno de condonar las deudas de las distribuidoras, y reflejar en el Presupuesto nacional rubros que cubran las ineficiencias de las eléctricas, "llevará a incentivar el aumento agresivo de los robos de energía eléctrica y del no pago por parte de las distribuidoras por la energía comprada a las generadoras en el Mercado Eléctrico Mayorista".
Según Játiva, los efectos de esta medida conducirán al sector eléctrico al colapso total y con ello a una época de cortes de energía por la falta de inversiones, no solamente para nuevas plantas de generación sino también para operación y mantenimiento de las centrales existentes y aún de las redes eléctricas de transmisión y distribución. (TH)
El fondo solo cubre las pérdidas de cuatro años
La garantía de $500 millones equivalen al perjuicio económico registrado en las empresas distribuidoras por robo de energía eléctrica.
El proyecto de ley que crea el Fondo de Garantía de Pago a nuevas inversiones en generación eléctrica, que se tramita en el Congreso Nacional, con bonos del Estado por un valor de $500 millones, serviría solamente para cubrir el egreso por pérdidas comerciales (robos) de cuatro años.
Las pérdidas totales de energía de las empresas distribuidoras, según reportes del Consejo Nacional de Electrificación (Conelec) de 2003, alcanzan el 23,7%. En cifras reales, el monto total por robos de energía, solo en las distribuidoras, asciende a $114 millones anuales.
De eso, $38,2 millones son de la Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (Categ); $18,9 millones a la empresa Guayas-Los Ríosl; $152 millones a la Empresa Eléctrica Manabí; $8,5 millones a Milagro; $7,8 millones a la Empresa Eléctrica Quito; y $6,4 millones a la Empresa Eléctrica El Oro. De esa manera, el Fondo de Garantía cubriría alrededor de cuatro años y cinco meses.
Aunque el jefe del Departamento de Electricidad de la Escuela Politécnica Nacional, Jesús Játiva, deduce de esas cifras y de las pérdidas totales (ver recuadro) que los robos de energía en la comercialización ascienden a $128 millones.
Y que el monto facturado a las distribuidoras y grandes consumidores desde el 1º de abril de 1999 al 5 de diciembre de 2003 totaliza $1 483 millones, de los cuales se pagaron a través de fideicomisos $822 millones que representan el 56,22%, y queda una deuda acumulada de $649 millones, es decir, 43,78% del total facturado. La deuda más grande es de $361,6 millones, es decir, el 62,7% de sus facturas que corresponde a la Categ.
Con todos esos elementos, el experto Jesús Játiva considera que el Fondo de Garantía de Pago, al igual que otros subsidios en la economía, sería un elemento distorsionador del valor real de la energía.
Sostiene que el precio actual del kilovatio hora, de $0.0897 centavos de dólar al usuario final, es uno de los más altos en América Latina. Y está por encima de lo que verdaderamente pagan las distribuidoras por generación y por transmisión.
Para el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Fernando Santos, el Gobierno, al ofrecerles a las distribiuidoras que les va a dar la plata que necesiten para cubrir sus costos, les está incentivando a que sigan en el derroche y la ineficiencia de siempre. "Mientras más déficit tengan, más les subsidiará el Gobierno", añade.
Santos opina que la crisis eléctrica se avecina de tal magnitud que sino no se toman correctivos a tiempo, el país va a sufrir una larga parálisis por la falta de energía. Advierte que el "mayor problema es el humano; las empresas de distribución y generación estatales, con excepción de la EEQ y otras dos en sur del país, son el ejemplo del desastre de una actividad empresarial en manos del Estado".
Agrega que la politización, la sindicalización, la corrupción, el quemeimportismo estatal e ineficiencia guían a esas empresas. (TH)
PUNTO DE VISTA
Más que premio a la ineficiencia
"Ley parche", "premio a la ineficiencia", "plata en saco roto", entre otros, fueron los calificativos menos fuertes que recibió, en la sesión del miércoles, el proyecto económico urgente llamado Ley Orgánica del Sector Eléctrico. Y eso, porque la primera percepción que tuvo la propuesta entre los diputados es que se trata de una fórmula que apunta a resolver las urgencias del Gobierno en esta materia y no una salida de fondo a los problemas estructurales que la aquejan.
La idea de crear un fondo de garantía para asegurar el pago de energía a los inversionistas es vista como acción paternalista, más si a ese plan no se le agrega un nuevo sistema que racionalice el circuito de las eléctricas.
Se habla de manejo político. Entonces, el Gobierno debe convencer al país más que a la clase política, y no solo en el discurso sino en los hechos, que la despolitizcación está, por ejemplo, llegando para reducir las nóminas de empleados de las empresas eléctricas. Algo con lo que el Fondo de Solidaridad se halla en deuda... Se habla de un sistema tarifario injusto. Entonces, hay que plantear salidas para que pueda ser efectiva la oferta y la demanda en el mercado eléctrico.
Sin respuestas, el ofrecer garantías, como un equivalente de seguridad jurídica, corre el riesgo de convertirse en otro espejismo y sustentar las críticas de que se premia la ineficiencia, por las conveniencias políticas, gracias a la "bonanza" petrolera. (LB) (BLANCO Y NEGRO)
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