SALVADOREÑOS EN EEUU TEMEN PAZ SE TRADUZCA EN DEPORTACION
Washington. 19.01.92. El fin de la cruenta guerra civil en El
Salvador ha provocado más preocupación que regocijo entre
muchos salvadoreños que viven en los Estados Unidos --la paz
es bienvenida, la deportación, no.
La paz me parece muy bien, pero aquí consigo trabajo y allá
no, dijo un salvadoreño de 25 años, residente en el área de
Washington, quien sólo se identificó como Nelson.
Nelson es uno de los 200.000 salvadoreños a los que el
Servicio de Inmigración y Naturalización estadounidense está
notificando que enfrentarán una repatriación forzada luego que
el 30 de junio expire una ley de amnistía especial de 18
meses.
Las notificaciones no constituyen una sorpresa, puesto que son
requeridas por la ley de Condición Protegida Temporal, que
data de noviembre de 1990.
Pero Nelson y muchos como él temen que al acercarse la paz
definitiva a su país, tras 12 años de combates y 75.000
muertos, sean menos prometedoras sus oportunidades de obtener
una ampliación de 18 meses a la ley que les permite permanecer
y trabajar en los Estados Unidos.
La mayoría no se quiere regresar porque sus familias dependen
del dinero que ellos les envían, explicó Boris Canjura,
director de la Red Nacional de El Salvador, un grupo con
oficinas en 18 estados norteamericanos que busca la ampliación
de la ley de condición protegida.
Ahora que se están firmando los acuerdos de paz hay más
incertidumbre en la comunidad, agregó Canjura.
Citando razones económicas y de seguridad, algunos
legisladores estadounidenses y la embajada salvadoreña están
respaldando su causa.
Se estima que el dinero que envían los salvadoreños que
actualmente viven en los Estados Unidos a su país, asciende a
tanto como 700 millones de dólares anuales, dijo el
representante demócrata por Massachusetts, Joe Moakley, en
cartas enviadas el 9 de enero al secretario de Estado, James
Baker, y al Procurador General, William Barr.
Terminar con (la ley de) condición protegida en junio de este
año tendría un devastador impacto en los refugiados forzados a
regresar a El Salvador, en la economía salvadoreña, en la
situación de derechos humanos y las oportunidades para una paz
verdadera y duradera, agregó.
Calificando a la suspensión de las repatriaciones como uno de
los apoyos más importantes para la economía de El Salvador, el
embajador de ese país en Washington, Miguel Angel Salverria,
estuvo de acuerdo, en una reciente entrevista con el diario
Washington Post, en que sería definitivamente inconveniente
para todas estas personas regresar en este momento.
Canjura dice que Washington, que desde 1979 suministró cerca
de 1.000 millones de dólares en ayuda militar a El Salvador
para apoyar a las fuerzas armadas en su lucha contra el
rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), tiene una obligación moral de escuchar su petición.
Estados Unidos ha invertido más en la guerra que en la
construcción del país, dijo.
En la situación actual, El Salvador se verá fuertemente
presionado para dar acomodo en la vida civil a miles de
combatientes de ambas partes, luego de un cese al fuego que
debe entrar en vigor el 1 de febrero.
El acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de El
Salvador, auspiciado por la ONU y firmado el jueves en la
ciudad de México, establece la desmovilización total del FMLN
para fines de octubre y una gradual reducción de los efectivos
de las fuerzas armadas.
Una carga adicional de repatriados podría ser demasiado para
la economía del devastado país centroamericano, además de la
insegura situación que muchos de ellos enfrentarían si son
regresados ahora a El Salvador, argumentó Canjura.
El servicio de Inmigración dijo que de todas maneras es poco
probable que eso suceda.
Los exiliados en los Estados Unidos tienen la oportunidad de
pedir asilo luego de que expire su respectiva ley de condición
protegida y, si se les niega, pueden apelar, estableciendo un
procedimiento legal complejo y prolongado.
Se ha dado el caso en que exiliados permanecen aquí dos o tres
años después de esa fecha, dijo el vocero del servicio de
Inmigración, Duke Austin.
El problema con los salvadoreños es que quieren permanecer
indefinidamente en los Estados Unidos, agregó.
María, de 33 años no vacila al respecto, dice que prefiere
permanecer en los Estados Unidos viviendo austeramente y
limpiando las casas de otros, que regresar al campo
salvadoreño, donde el trabajo es duro, la paga es poca y donde
abundan las preocupaciones.
(La paz? La paz está en los papeles, dijo, reiterando los
difundidos temores entre el millón de salvadoreños que viven
en los Estados Unidos de que unas cuantas firmas en un
documento no detendrán necesariamente las muertes.
Y aún si es así, ¿qué ha quedado en su país para ellos?
Para Nelson, casi nada. El viajó a Washington poco después que
se iniciara la guerra civil porque quería continuar trabajando
y estudiando, mientras que todos sus amigos, tras unirse a las
filas del FMLN, lo estaban presionando para que cambiara sus
libros por un fusil.
No sé si ellos viven todavía, dijo. (REUTER)
Washington. 19.01.92. El fin de la cruenta guerra civil en El
Salvador ha provocado más preocupación que regocijo entre
muchos salvadoreños que viven en los Estados Unidos --la paz
es bienvenida, la deportación, no.
La paz me parece muy bien, pero aquí consigo trabajo y allá
no, dijo un salvadoreño de 25 años, residente en el área de
Washington, quien sólo se identificó como Nelson.
Nelson es uno de los 200.000 salvadoreños a los que el
Servicio de Inmigración y Naturalización estadounidense está
notificando que enfrentarán una repatriación forzada luego que
el 30 de junio expire una ley de amnistía especial de 18
meses.
Las notificaciones no constituyen una sorpresa, puesto que son
requeridas por la ley de Condición Protegida Temporal, que
data de noviembre de 1990.
Pero Nelson y muchos como él temen que al acercarse la paz
definitiva a su país, tras 12 años de combates y 75.000
muertos, sean menos prometedoras sus oportunidades de obtener
una ampliación de 18 meses a la ley que les permite permanecer
y trabajar en los Estados Unidos.
La mayoría no se quiere regresar porque sus familias dependen
del dinero que ellos les envían, explicó Boris Canjura,
director de la Red Nacional de El Salvador, un grupo con
oficinas en 18 estados norteamericanos que busca la ampliación
de la ley de condición protegida.
Ahora que se están firmando los acuerdos de paz hay más
incertidumbre en la comunidad, agregó Canjura.
Citando razones económicas y de seguridad, algunos
legisladores estadounidenses y la embajada salvadoreña están
respaldando su causa.
Se estima que el dinero que envían los salvadoreños que
actualmente viven en los Estados Unidos a su país, asciende a
tanto como 700 millones de dólares anuales, dijo el
representante demócrata por Massachusetts, Joe Moakley, en
cartas enviadas el 9 de enero al secretario de Estado, James
Baker, y al Procurador General, William Barr.
Terminar con (la ley de) condición protegida en junio de este
año tendría un devastador impacto en los refugiados forzados a
regresar a El Salvador, en la economía salvadoreña, en la
situación de derechos humanos y las oportunidades para una paz
verdadera y duradera, agregó.
Calificando a la suspensión de las repatriaciones como uno de
los apoyos más importantes para la economía de El Salvador, el
embajador de ese país en Washington, Miguel Angel Salverria,
estuvo de acuerdo, en una reciente entrevista con el diario
Washington Post, en que sería definitivamente inconveniente
para todas estas personas regresar en este momento.
Canjura dice que Washington, que desde 1979 suministró cerca
de 1.000 millones de dólares en ayuda militar a El Salvador
para apoyar a las fuerzas armadas en su lucha contra el
rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), tiene una obligación moral de escuchar su petición.
Estados Unidos ha invertido más en la guerra que en la
construcción del país, dijo.
En la situación actual, El Salvador se verá fuertemente
presionado para dar acomodo en la vida civil a miles de
combatientes de ambas partes, luego de un cese al fuego que
debe entrar en vigor el 1 de febrero.
El acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de El
Salvador, auspiciado por la ONU y firmado el jueves en la
ciudad de México, establece la desmovilización total del FMLN
para fines de octubre y una gradual reducción de los efectivos
de las fuerzas armadas.
Una carga adicional de repatriados podría ser demasiado para
la economía del devastado país centroamericano, además de la
insegura situación que muchos de ellos enfrentarían si son
regresados ahora a El Salvador, argumentó Canjura.
El servicio de Inmigración dijo que de todas maneras es poco
probable que eso suceda.
Los exiliados en los Estados Unidos tienen la oportunidad de
pedir asilo luego de que expire su respectiva ley de condición
protegida y, si se les niega, pueden apelar, estableciendo un
procedimiento legal complejo y prolongado.
Se ha dado el caso en que exiliados permanecen aquí dos o tres
años después de esa fecha, dijo el vocero del servicio de
Inmigración, Duke Austin.
El problema con los salvadoreños es que quieren permanecer
indefinidamente en los Estados Unidos, agregó.
María, de 33 años no vacila al respecto, dice que prefiere
permanecer en los Estados Unidos viviendo austeramente y
limpiando las casas de otros, que regresar al campo
salvadoreño, donde el trabajo es duro, la paga es poca y donde
abundan las preocupaciones.
(La paz? La paz está en los papeles, dijo, reiterando los
difundidos temores entre el millón de salvadoreños que viven
en los Estados Unidos de que unas cuantas firmas en un
documento no detendrán necesariamente las muertes.
Y aún si es así, ¿qué ha quedado en su país para ellos?
Para Nelson, casi nada. El viajó a Washington poco después que
se iniciara la guerra civil porque quería continuar trabajando
y estudiando, mientras que todos sus amigos, tras unirse a las
filas del FMLN, lo estaban presionando para que cambiara sus
libros por un fusil.
No sé si ellos viven todavía, dijo. (REUTER)
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