NO PAGARON A TRABAJADORES MUNICIPALES
Guayaquil. 20.01.92. El Municipio no canceló los salarios a
ninguno de sus trabajadores, el viernes pasado, lo que molestó
a cientos de ellos que habían concurrido solícitos a recibir
sus emolumentos.
Varios de ellos dijeron que el despido de los pipones por
parte del alcalde Harry Soria es una medida injusta, ya que
caen justos por pecadores.
Recalcaron que muchos de ellos sí trabajan, "lo que pasa es
que a veces no hay herramientas para laborar, esa no es
nuestra culpa sino del Municipio".
Sin embargo, HOY comprobó que a raíz del despido de pipones,
algunos trabajadores municipales se han visto obligados a
coger la escoba, en un afán desesperado por demostrar que
están devengando su salario.
Mientras tanto, la calma se siente en la ciudad luego de los
violentos sucesos ocurridos el miércoles pasado, tras el
despido de más de 4 mil pipones por parte del alcalde.
Entre tanto, voceros sindicales dijeron que mañana lunes, el
alcalde debe definir a qué trabajadores va a cancelar sus
haberes y a quienes no, puesto que hasta el momento no se sabe
quiénes son los perjudicados o favorecidos con la purga,
debido a que no se han elaborado los roles de pago.
A su vez, el jefe de la Segunda Zona Militar, general Paco
Moncayo, ratificó que la presencia de las FF.AA en el
Municipio continuará en forma permanente, en previsión de
nuevos brotes de violencia. No hay plazo del término de esta
situación hasta que no haya un nuevo decreto ejecutivo.
"Considero que esta es una situación excepcional, que debe ser
lo más corta posible ya que los órganos civiles y la
estructuras democráticas deben buscar soluciones democráticas
y civiles a estos problemas que se han producido. Estamos
cumpliendo con la Constitución y la ley de Seguridad
Nacional", anotó.
De su lado, el gobernador del Guayas, Osvaldo Molestina,
aclaró que la intervención del gobierno en el cabildo es
inejecutable por cuanto debe haber un pedido expreso del
Consejo del Guayas que es la instancia legal que debe conocer
los acontecimientos que ocurrieron al interior de la
municipalidad.
De otra parte, siguen las investigaciones para establecer a
los responsables de los desmanes que arrojaron como resultado
la incineración de 8 vehículos y la detención de 20 personas.
El intendente de policía del Guayas, Enrique Herrería procedió
a receptar las indagaciones a los apresados para determinar
con precisión a los verdaderos autores de estos desmanes, en
tanto que fueron enviados desde el Cuartel Modelo a la
Penitenciaría del Litoral.
La autoridad policial procedió a remitir a la Corte de
Justicia de Guayaquil los procesos que se siguen contra los
detenidos, los que fueron sorteados en la Corte de Justicia de
Guayaquil, correspondiéndole al juez de lo penal, Edgar
Salazar, continuar con la causa. En el expediente se acusa a
los detenidos por sabotaje, terrorismo y delitos contra la
propiedad pública y privada.
Dijo que hasta el momento ninguno de los propietarios de los
vehículos incinerados ha presentado la acusación particular
alguna contra los autores de este hecho. Esto hace presumir
que si el proceso radica en un juez irresponsable, podrían ser
puestos en libertad.
A su vez, la dirigencia laboral municipal rechazó la acusación
de que ellos fueron los responsables de los actos de
violencia. Más bien rechazaron el despido de los pipones y
lograron que la subsecretaría del Trabajo cite a Soria para
que explique las razones jurídicas de la cancelación de los
pipones.
Ayer Soria desestimó la convocatoria a u cabildo ampliado, "ya
que la municipalidad trabaja en forma normal, en particular,
el departamento de aseo de calles en donde laboran 27
recolectores de basura".
Asimismo, dijo que el personal de trabajadores con
nombramiento será objeto de revisión y control, con el
propósito de verificar si cumplen o no sus funciones a
cabalidad, puesto que esos elementos también han entrado en el
proceso de reorganización que lleva adelante la administración
municipal.
Recalcó que los puestos de trabajo están garantizados para
todos quienes trabajan y cumplen sus labores específicas con
dedicación de servicio, lo que evidencia un importante manejo
de la cosa municipal, orientación hacia el futuro de
Guayaquil, así como la creación de estructuras financieras
para lograr mejores días para el puerto.
Juicio
Mientras, el ministro de Trabajo, Roberto Gómez Mera,
manifestó que los pipones despedidos, podrían ser enjuiciados
por peculado al recibir ilegalmente dineros de una institución
pública.
El secretario de Estado recalcó que si se llega a descubrir
todas las implicaciones de este negociado, se procedería a
enjuiciar a los culpables de los que viven del municipio sin
trabajar.
Indicó que ha recibido denuncias de que existen personas que
cobran de 80 a 90 sobres semanales en el cabildo porteño,
aunque no precisó nombres.
Al referirse al desenrolamiento ejecutado por el alcalde Soria
Lamán, aclaró que "a los pipones se los desenrola y no se los
despide, porque no gozan de las condiciones de trabajadores,
pues solo usufructúan los recursos económicos de una
institución pública o privada".
Gómez Mera dijo que los pipones no ameritan ampararse en la
indemnización por despido intempestivo, pues es un derecho
únicamente para trabajadores, implícito en el Código de
Trabajo vigente.
"Los pipones no son trabajadores, porque solo reciben dinero
sin trabajar", manifestó, explicando que una relación o
contrato de trabajo implica una prestación efectiva de un
servicio.
Guayaquil. 20.01.92. El Municipio no canceló los salarios a
ninguno de sus trabajadores, el viernes pasado, lo que molestó
a cientos de ellos que habían concurrido solícitos a recibir
sus emolumentos.
Varios de ellos dijeron que el despido de los pipones por
parte del alcalde Harry Soria es una medida injusta, ya que
caen justos por pecadores.
Recalcaron que muchos de ellos sí trabajan, "lo que pasa es
que a veces no hay herramientas para laborar, esa no es
nuestra culpa sino del Municipio".
Sin embargo, HOY comprobó que a raíz del despido de pipones,
algunos trabajadores municipales se han visto obligados a
coger la escoba, en un afán desesperado por demostrar que
están devengando su salario.
Mientras tanto, la calma se siente en la ciudad luego de los
violentos sucesos ocurridos el miércoles pasado, tras el
despido de más de 4 mil pipones por parte del alcalde.
Entre tanto, voceros sindicales dijeron que mañana lunes, el
alcalde debe definir a qué trabajadores va a cancelar sus
haberes y a quienes no, puesto que hasta el momento no se sabe
quiénes son los perjudicados o favorecidos con la purga,
debido a que no se han elaborado los roles de pago.
A su vez, el jefe de la Segunda Zona Militar, general Paco
Moncayo, ratificó que la presencia de las FF.AA en el
Municipio continuará en forma permanente, en previsión de
nuevos brotes de violencia. No hay plazo del término de esta
situación hasta que no haya un nuevo decreto ejecutivo.
"Considero que esta es una situación excepcional, que debe ser
lo más corta posible ya que los órganos civiles y la
estructuras democráticas deben buscar soluciones democráticas
y civiles a estos problemas que se han producido. Estamos
cumpliendo con la Constitución y la ley de Seguridad
Nacional", anotó.
De su lado, el gobernador del Guayas, Osvaldo Molestina,
aclaró que la intervención del gobierno en el cabildo es
inejecutable por cuanto debe haber un pedido expreso del
Consejo del Guayas que es la instancia legal que debe conocer
los acontecimientos que ocurrieron al interior de la
municipalidad.
De otra parte, siguen las investigaciones para establecer a
los responsables de los desmanes que arrojaron como resultado
la incineración de 8 vehículos y la detención de 20 personas.
El intendente de policía del Guayas, Enrique Herrería procedió
a receptar las indagaciones a los apresados para determinar
con precisión a los verdaderos autores de estos desmanes, en
tanto que fueron enviados desde el Cuartel Modelo a la
Penitenciaría del Litoral.
La autoridad policial procedió a remitir a la Corte de
Justicia de Guayaquil los procesos que se siguen contra los
detenidos, los que fueron sorteados en la Corte de Justicia de
Guayaquil, correspondiéndole al juez de lo penal, Edgar
Salazar, continuar con la causa. En el expediente se acusa a
los detenidos por sabotaje, terrorismo y delitos contra la
propiedad pública y privada.
Dijo que hasta el momento ninguno de los propietarios de los
vehículos incinerados ha presentado la acusación particular
alguna contra los autores de este hecho. Esto hace presumir
que si el proceso radica en un juez irresponsable, podrían ser
puestos en libertad.
A su vez, la dirigencia laboral municipal rechazó la acusación
de que ellos fueron los responsables de los actos de
violencia. Más bien rechazaron el despido de los pipones y
lograron que la subsecretaría del Trabajo cite a Soria para
que explique las razones jurídicas de la cancelación de los
pipones.
Ayer Soria desestimó la convocatoria a u cabildo ampliado, "ya
que la municipalidad trabaja en forma normal, en particular,
el departamento de aseo de calles en donde laboran 27
recolectores de basura".
Asimismo, dijo que el personal de trabajadores con
nombramiento será objeto de revisión y control, con el
propósito de verificar si cumplen o no sus funciones a
cabalidad, puesto que esos elementos también han entrado en el
proceso de reorganización que lleva adelante la administración
municipal.
Recalcó que los puestos de trabajo están garantizados para
todos quienes trabajan y cumplen sus labores específicas con
dedicación de servicio, lo que evidencia un importante manejo
de la cosa municipal, orientación hacia el futuro de
Guayaquil, así como la creación de estructuras financieras
para lograr mejores días para el puerto.
Juicio
Mientras, el ministro de Trabajo, Roberto Gómez Mera,
manifestó que los pipones despedidos, podrían ser enjuiciados
por peculado al recibir ilegalmente dineros de una institución
pública.
El secretario de Estado recalcó que si se llega a descubrir
todas las implicaciones de este negociado, se procedería a
enjuiciar a los culpables de los que viven del municipio sin
trabajar.
Indicó que ha recibido denuncias de que existen personas que
cobran de 80 a 90 sobres semanales en el cabildo porteño,
aunque no precisó nombres.
Al referirse al desenrolamiento ejecutado por el alcalde Soria
Lamán, aclaró que "a los pipones se los desenrola y no se los
despide, porque no gozan de las condiciones de trabajadores,
pues solo usufructúan los recursos económicos de una
institución pública o privada".
Gómez Mera dijo que los pipones no ameritan ampararse en la
indemnización por despido intempestivo, pues es un derecho
únicamente para trabajadores, implícito en el Código de
Trabajo vigente.
"Los pipones no son trabajadores, porque solo reciben dinero
sin trabajar", manifestó, explicando que una relación o
contrato de trabajo implica una prestación efectiva de un
servicio.
Más en el