Quito. 27.06.94. La iglesia de Sucumbíos y organizaciones no
gubernamentales respaldan el pedido de las organizaciones
indígenas y campesinas para la derogatoria de la Ley de
Desarrollo Agrario.
Las organizaciones coinciden en señalar que la Ley lesiona, en
muchos de sus artículos, los intereses de las clases más
desfavorecidas del país.
Apoyan el pronunciamiento del Tribunal de Garantías
Constitucionales de declarar inconstitucional la Ley y confían
que la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
ajustada al derecho, ratifique esa decisión.
Las organizaciones no gubernamentales insistieron en la necesidad
de abrir un amplio debate nacional sobre una nueva Ley,
previamente a su aprobación por parte del Congreso y del
presidente de la República.
"La aprobación de consensos es el mecanismo más apropiado y
democrático para asegurar los intereses de la mayoría de
productores y trabajadores del campo", añadieron.
Entre tanto, el vicario apostólico de la provincia de Sucumbíos,
obispo Gonzalo López, en nombre de la iglesia de esa localidad,
emitió el siguiente manifiesto:
- Rechaza el procedimiento utilizado por el Congreso y el
ejecutivo para la elaboración y aprobación de dicha Ley, sin la
adecuada participación de todos los afectados y sin haber tenido
en cuenta la ley agraria integral, presentada por el CAN.
- No está de acuerdo y lamenta la forma prepotente y
antidemocrática del Gobierno de enfrentar esta situación mediante
el decreto de movilización nacional, con el cual se agrava el
conflicto y se atemoriza al pueblo con métodos represivos, que
dolorosamente engendran más violencia y frustración ciudadanas.
- Por fidelidad al evangelio hace un llamado al diálogo a todos
los responsables, con el fin de lograr una ley que favorezca a
todos, preferentemente a los más desposeídos -indígenas y
campesinos- quienes sufren las consecuencias de leyes injustas
que responde, ante todo, a los intereses de grupos priviligiados.
- Hace suya la acción pastoral de apoyar a los indígenas y
campesinos en sus justos reclamos por la tierra y respaldar a los
pueblos amazónicos en la defensa de su habitat natural.
- Ratifica la declaración hecha por el Comité Permanente de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriano y por monseñor Víctor Corral,
obispo de Riobamba y presidente del departamento de Pastoral
Indígena, sobre la Ley, reclamando una reflexión nacional, amplia
y profunda en vistas al bien común de todos los ciudadanos sobre
todo de los campesinos e indígenas.
EL FIN DE UNA EPOCA
En treinta años, la sociedad ecuatoriana estaría al parecer
concluyendo su transformación más decisiva como lo fue con la
Reforma Agraria. Muchos años, desde los 20, fueron necesarios
para que mentalidades y condiciones se adecuen para transformar a
la hacienda técnica y socialmente; la Colonia llegó a su término,
sólo entonces terminó el servilismo (los "huasipungueros") esa
disimulada esclavitud. Los debates y confrontaciones fueron
acrimoniosos, de vida o muerte; todos los sectores sociales
estuvieron suspendidos a ellos. En Europa, un similar proceso
tomó más de dos siglos.
Los debates de ahora invierten los términos y los actores. Los
grandes propietarios son los promotores de la nueva ley. Los ex
"huasipungueros", ahora comuneros o simplemente campesinos, están
a la defensiva.
Los debates no convocan a la sociedad entera, parecen rituales.
El mercado, es el nuevo gerente de la evolución, el Estado, antes
actor principal, se borra. Las contrapropuestas, con la de la
CONAIE, defienden el acceso campesino a la tierra y la comunidad
pero son insuficientes para ser propuesta alternativa. Próximas
al pasado, distantes de la dinámica del momento. El arreglo de
problemas de crédito no hace contraproyecto, menos aun autopía
del mundo rural.
Seguridad al hacendado, inseguridad al campesino
Lo que está en juego son cuestiones de estrategia, las que hacen
la sociedad. La tierra y el agua son estratégicas en todas las
sociedades, de ellas depende la sobrevivencia colectiva. En un
país predominantemente agrario su importancia es algida, definen
condiciones de vida de amplios sectores de la población, parcelas
de la economía, relaciones sociales.
A pesar de haber limado las asperezas de los proyectos
originales, de enviar aspectos sustantivos a una reglamentación
que ahora se ignora, aunque su tenor está en los textos
anteriores, el proyecto del gobierno no esconde lo que está en
juego. Define el lugar de los terratenientes y del campesinado
en la sociedad, pero también de un sector reciente de
propietarios medios que, en la Costa y en la Sierra, es el nuevo
modernizador, y finalmente de las poblaciones indígenas.
Se protege la tierra de hacienda. Los nuevos "agricultores" o
"empresas agrícolas" podrán acaparar la tierra de los pequeños.
Hay un obstáculo: la comuna. Se la elimina, se termina
"liberalizando" su tierra. Aún más, uno podrá poner el capital,
otro la tierra y otros el trabajo, como antaño: "se crea
empleos", se proletariza al campesino.
Páramos y aguas.
Nadie habla de ellos. La reforma agraria contentó a los
"huasipungueros" con los páramos. Ahora, el páramo adquiere
valor. No sólo para ganadería. Albergan estratégicas fuentes de
agua. Para riego propio, también para vender a otros. Es el
nuevo oro en líquido. Los conflictos de mañana, más que por
tierra serán por agua. El proyecto de ley da casi en propiedad
al hacendado ese bien estratégico. El Estado se borra. Con
ellas o a cambio de ellas se podrá presionar para tener tierra,
formar "empresas conjuntas", etc.
Comunidad.
De Canadá a Chile, en formas jurídicas diferentes, existe la
"comuna". El Norte mantiene la "reserva". Según los miembros
del mejicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la causa
principal de su levantamiento armado fue la derogación de la Ley
de los Ejidos. En Guatemala la sangrienta y prolongada guerra se
debe en gran medida a las pretenciones de destrucción de la vida
comunal y de propiedad colectiva del suelo. Lo mismo ocurre en
todo el continente. No es sorprendente. La comuna, por siglos,
fue la defensa y garantía de sobrevivencia colectiva de los
indígenas, no únicamente a un sistema económico de propiedad
colectiva.
La comuna no tiene el mismo valor en el transcurso de un ciclo
de vida. Mientras los abuelos saben de su importancia en el
largo plazo, los jóvenes pueden pretender que les conviene
fraccionar la tierra, transmitir la herencia. Nada difícil en
este momento de crisis y de necesidad.
La comuna es un freno a la migración definitiva a ciudades ya
saturadas. Desaparecerla es también cortar el proceso de
afirmación colectiva indígena; posponer el conflicto étnico.
Estrategia alimentaria y campesinado.
El campesino es el que menos cuesta a la sociedad y más aporta
con nuestra alimentación . Los hacendados priorizan la
ganadería, la mas rentable. Los nuevos sectores modernizantes: la
exportación. Los campesinos se quedan con menos tierra, eso
implica una reducción de nuestra estrategia alimentaria ¿Los
hacendados se transformarán a la producción agrícola para
alimentarnos? Teniendo las mejores tierras del país no las
consagran a la agricultura. No hay presión para la modernización
hacendal. La modernización agrícola sigue siendo para ellos
insertarse en sectores de renta fácil, de pastos y vacas.
Comida interna y crecimiento económico.
Los países con crecimiento sostenido se apoyaron en la
alimentación propia, en su garantía alimentaria. La reciente
industrialización de los envidiados "Dragones" asiáticos contó
con su anterior revolución agraria, en la que participaron
amplios sectores de su población.
En los Andes existen condiciones para vivir una revolución
agraria similar. Mucha gente en poca tierra agrícola,
agotamiento de suelos y de la modernidad anterior hecha de
químicos y semillas, ahora excesivamente costosos y claramente
negativas para el hombre y la naturaleza.
Paralelamente, las necesidades del campesinado han crecido,
requiere no solo sobrevivir sino mayor productividad.
Necesidades de la naturaleza, materiales y condiciones sociales
del campesinado invitan a encontrar soluciones propias, adaptadas
a sus condiciones. Puede ser una de las mayores afirmaciones
colectivas y de valoración de sí, que tanto nos hace falta como
pueblos. Hay esfuerzos encaminados, requieren apoyo, ser
reforzados. En todos los casos, es indispensable la motivación,
voluntad y organización del principal actor que es el campesino.
Pero el proyecto quiere disminuirlo, coarta este proceso,
erosiona sus mejores defensas y organización como es su tierra y
la comunidad.
Se redefinen los conflictos étnicos y sociales. Se los acumula
igualmente: nuevos proletarios, ciudades mayores, conflictos de
agua y de tierra, menor seguridad alimentaria, más pobres.
Los intereses circunstanciales de unos sectores priman sobre
intereses fundamentales del largo plazo, decisivos para un
pueblo... Cuando los interesados definen las leyes y no los
estadistas... (6A)
gubernamentales respaldan el pedido de las organizaciones
indígenas y campesinas para la derogatoria de la Ley de
Desarrollo Agrario.
Las organizaciones coinciden en señalar que la Ley lesiona, en
muchos de sus artículos, los intereses de las clases más
desfavorecidas del país.
Apoyan el pronunciamiento del Tribunal de Garantías
Constitucionales de declarar inconstitucional la Ley y confían
que la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
ajustada al derecho, ratifique esa decisión.
Las organizaciones no gubernamentales insistieron en la necesidad
de abrir un amplio debate nacional sobre una nueva Ley,
previamente a su aprobación por parte del Congreso y del
presidente de la República.
"La aprobación de consensos es el mecanismo más apropiado y
democrático para asegurar los intereses de la mayoría de
productores y trabajadores del campo", añadieron.
Entre tanto, el vicario apostólico de la provincia de Sucumbíos,
obispo Gonzalo López, en nombre de la iglesia de esa localidad,
emitió el siguiente manifiesto:
- Rechaza el procedimiento utilizado por el Congreso y el
ejecutivo para la elaboración y aprobación de dicha Ley, sin la
adecuada participación de todos los afectados y sin haber tenido
en cuenta la ley agraria integral, presentada por el CAN.
- No está de acuerdo y lamenta la forma prepotente y
antidemocrática del Gobierno de enfrentar esta situación mediante
el decreto de movilización nacional, con el cual se agrava el
conflicto y se atemoriza al pueblo con métodos represivos, que
dolorosamente engendran más violencia y frustración ciudadanas.
- Por fidelidad al evangelio hace un llamado al diálogo a todos
los responsables, con el fin de lograr una ley que favorezca a
todos, preferentemente a los más desposeídos -indígenas y
campesinos- quienes sufren las consecuencias de leyes injustas
que responde, ante todo, a los intereses de grupos priviligiados.
- Hace suya la acción pastoral de apoyar a los indígenas y
campesinos en sus justos reclamos por la tierra y respaldar a los
pueblos amazónicos en la defensa de su habitat natural.
- Ratifica la declaración hecha por el Comité Permanente de la
Conferencia Episcopal Ecuatoriano y por monseñor Víctor Corral,
obispo de Riobamba y presidente del departamento de Pastoral
Indígena, sobre la Ley, reclamando una reflexión nacional, amplia
y profunda en vistas al bien común de todos los ciudadanos sobre
todo de los campesinos e indígenas.
EL FIN DE UNA EPOCA
En treinta años, la sociedad ecuatoriana estaría al parecer
concluyendo su transformación más decisiva como lo fue con la
Reforma Agraria. Muchos años, desde los 20, fueron necesarios
para que mentalidades y condiciones se adecuen para transformar a
la hacienda técnica y socialmente; la Colonia llegó a su término,
sólo entonces terminó el servilismo (los "huasipungueros") esa
disimulada esclavitud. Los debates y confrontaciones fueron
acrimoniosos, de vida o muerte; todos los sectores sociales
estuvieron suspendidos a ellos. En Europa, un similar proceso
tomó más de dos siglos.
Los debates de ahora invierten los términos y los actores. Los
grandes propietarios son los promotores de la nueva ley. Los ex
"huasipungueros", ahora comuneros o simplemente campesinos, están
a la defensiva.
Los debates no convocan a la sociedad entera, parecen rituales.
El mercado, es el nuevo gerente de la evolución, el Estado, antes
actor principal, se borra. Las contrapropuestas, con la de la
CONAIE, defienden el acceso campesino a la tierra y la comunidad
pero son insuficientes para ser propuesta alternativa. Próximas
al pasado, distantes de la dinámica del momento. El arreglo de
problemas de crédito no hace contraproyecto, menos aun autopía
del mundo rural.
Seguridad al hacendado, inseguridad al campesino
Lo que está en juego son cuestiones de estrategia, las que hacen
la sociedad. La tierra y el agua son estratégicas en todas las
sociedades, de ellas depende la sobrevivencia colectiva. En un
país predominantemente agrario su importancia es algida, definen
condiciones de vida de amplios sectores de la población, parcelas
de la economía, relaciones sociales.
A pesar de haber limado las asperezas de los proyectos
originales, de enviar aspectos sustantivos a una reglamentación
que ahora se ignora, aunque su tenor está en los textos
anteriores, el proyecto del gobierno no esconde lo que está en
juego. Define el lugar de los terratenientes y del campesinado
en la sociedad, pero también de un sector reciente de
propietarios medios que, en la Costa y en la Sierra, es el nuevo
modernizador, y finalmente de las poblaciones indígenas.
Se protege la tierra de hacienda. Los nuevos "agricultores" o
"empresas agrícolas" podrán acaparar la tierra de los pequeños.
Hay un obstáculo: la comuna. Se la elimina, se termina
"liberalizando" su tierra. Aún más, uno podrá poner el capital,
otro la tierra y otros el trabajo, como antaño: "se crea
empleos", se proletariza al campesino.
Páramos y aguas.
Nadie habla de ellos. La reforma agraria contentó a los
"huasipungueros" con los páramos. Ahora, el páramo adquiere
valor. No sólo para ganadería. Albergan estratégicas fuentes de
agua. Para riego propio, también para vender a otros. Es el
nuevo oro en líquido. Los conflictos de mañana, más que por
tierra serán por agua. El proyecto de ley da casi en propiedad
al hacendado ese bien estratégico. El Estado se borra. Con
ellas o a cambio de ellas se podrá presionar para tener tierra,
formar "empresas conjuntas", etc.
Comunidad.
De Canadá a Chile, en formas jurídicas diferentes, existe la
"comuna". El Norte mantiene la "reserva". Según los miembros
del mejicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la causa
principal de su levantamiento armado fue la derogación de la Ley
de los Ejidos. En Guatemala la sangrienta y prolongada guerra se
debe en gran medida a las pretenciones de destrucción de la vida
comunal y de propiedad colectiva del suelo. Lo mismo ocurre en
todo el continente. No es sorprendente. La comuna, por siglos,
fue la defensa y garantía de sobrevivencia colectiva de los
indígenas, no únicamente a un sistema económico de propiedad
colectiva.
La comuna no tiene el mismo valor en el transcurso de un ciclo
de vida. Mientras los abuelos saben de su importancia en el
largo plazo, los jóvenes pueden pretender que les conviene
fraccionar la tierra, transmitir la herencia. Nada difícil en
este momento de crisis y de necesidad.
La comuna es un freno a la migración definitiva a ciudades ya
saturadas. Desaparecerla es también cortar el proceso de
afirmación colectiva indígena; posponer el conflicto étnico.
Estrategia alimentaria y campesinado.
El campesino es el que menos cuesta a la sociedad y más aporta
con nuestra alimentación . Los hacendados priorizan la
ganadería, la mas rentable. Los nuevos sectores modernizantes: la
exportación. Los campesinos se quedan con menos tierra, eso
implica una reducción de nuestra estrategia alimentaria ¿Los
hacendados se transformarán a la producción agrícola para
alimentarnos? Teniendo las mejores tierras del país no las
consagran a la agricultura. No hay presión para la modernización
hacendal. La modernización agrícola sigue siendo para ellos
insertarse en sectores de renta fácil, de pastos y vacas.
Comida interna y crecimiento económico.
Los países con crecimiento sostenido se apoyaron en la
alimentación propia, en su garantía alimentaria. La reciente
industrialización de los envidiados "Dragones" asiáticos contó
con su anterior revolución agraria, en la que participaron
amplios sectores de su población.
En los Andes existen condiciones para vivir una revolución
agraria similar. Mucha gente en poca tierra agrícola,
agotamiento de suelos y de la modernidad anterior hecha de
químicos y semillas, ahora excesivamente costosos y claramente
negativas para el hombre y la naturaleza.
Paralelamente, las necesidades del campesinado han crecido,
requiere no solo sobrevivir sino mayor productividad.
Necesidades de la naturaleza, materiales y condiciones sociales
del campesinado invitan a encontrar soluciones propias, adaptadas
a sus condiciones. Puede ser una de las mayores afirmaciones
colectivas y de valoración de sí, que tanto nos hace falta como
pueblos. Hay esfuerzos encaminados, requieren apoyo, ser
reforzados. En todos los casos, es indispensable la motivación,
voluntad y organización del principal actor que es el campesino.
Pero el proyecto quiere disminuirlo, coarta este proceso,
erosiona sus mejores defensas y organización como es su tierra y
la comunidad.
Se redefinen los conflictos étnicos y sociales. Se los acumula
igualmente: nuevos proletarios, ciudades mayores, conflictos de
agua y de tierra, menor seguridad alimentaria, más pobres.
Los intereses circunstanciales de unos sectores priman sobre
intereses fundamentales del largo plazo, decisivos para un
pueblo... Cuando los interesados definen las leyes y no los
estadistas... (6A)
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