Quito. 20.06.94. Con las denuncias al interior de la Policía
Nacional a cuyo esclarecimiento se hallan empeñados los miembros
de una Comisión Especial constituída por el Presidente de la
República y las Comisiones de Fiscalización y de Asuntos
Laborales del Congreso parece llegar a su climax un reiterativo
proceso de denuncias que comprometen los más diversos campos de
la actividad administrativa y que se irradia hacia el sector
privado. Por tratarse de un problema que tiene orígenes
políticos, económicos, sociales y jurídicos, el CEA ha
considerado importante iniciar un primer diagnóstico.
EXTENSION DE UN FENOMENO MUNDIAL.
Los procesos penales instaurados contra los Presidentes de Brasil
y Venezuela, quienes fueron separados de sus funciones y las
graves denuncias contra los ex Presidentes del Perú y Bolivia,
además de noticias esporádicas que afectan a otros presidentes
Latinoamericanos, no son hechos aislados de un proceso de
denuncia permanente que también se ha dado en Japón, Italia,
Inglaterra, España y Francia todo lo cual pondría de manifiesto
que el ejercicio de la actividad política va unido al alto riesgo
de ser presa de cualquier forma de corrupción a tal extremo que
un ex Presidente ecuatoriano reconoció que determinados
funcionarios de elección popular se benefician hasta con el 30%
de los recursos que obtienen en favor de sus provincias, mientras
en el Brasil un reciente informe de la Comisión Parlamentaria de
Investigación que averigua las desviaciones en el Presupuesto
Gubernamental establece que 20 de las mayores empresas que
contratan con el Gobierno son parte de grandes desviaciones por
la necesidad de pagar propinas y sobornos que supuestamente
incluyen desde Ministros hasta funcionarios subalternos,
alcaldes, parlamentarios los costos de las obras públicas, para
compensar todo lo cual se ha generalizado la práctica de
superfacturación y hay obras que llegan a costar 10 veces más de
lo que se cobra en el mercado normal del sector privado. Así por
ejemplo, carreteras vecinales que cuestan US$ 4.000 por cada
kilómetro son repagadas en US$ 30.000 y el sistema de concesiones
permite la recuperación de grandes carreteras a US$ 20.000 por
kilómetro mientras el Presupuesto Federal atribuye un pago de
US$ 116.000 a lo cual se añaden los incumplimientos que a la
postre determinan que los impuestos que se pagan para obras de
servicios públicos se evaporen en el camino.
PROCEDIMIENTOS CORRUPTOS EN EL ECUADOR
Una última evaluación realizada por la Contraloría General del
Estado identifica avances en la corrupción en varios frentes.
La contratación lamentablemente está viciada ya sea porque se
evade el proceso de concurso público acudiendo al régimen de
excepción sobre la base de la llamada "Declaratoria de Estado de
Emergencia"; se disminuyen volúmenes de obra para evitar un nuevo
concurso; pero sobre todo, se ocultan rubros básicos para luego
celebrar contratos complementarios. Los proyectos carecen del
financiamiento adecuado y la tardanza en la ejecución deterioran
las obras o las anula quedando al descubierto que el único
interés que existió fue cobrar las comisiones y el anticipo, a lo
que se añade una lentitud burocrática que dilata los desembolsos
de préstamos internacionales, obligándose al pago de comisiones
de compromiso y el encarecimiento de las obras.
Los contratistas y la fiscalización.
Considerando que los reajustes corren desde 30 días antes de la
presentación de la oferta adjudicada, se dan demoras
intencionales para beneficiarse con dichos incrementos, la
cuantificación de volúmenes de movimiento de roca y tierra se
discriminan o son mayores a los reales, se presentan reportes
sobreestimados en materia de rellenos o desalojos en zonas de
difícil acceso o cálculo, o se presentan reportes falsos de las
horas efectivamente trabajadas cuando se contrata por
horas/hombre u horas/máquina. Consecuentemente en la
fiscalización la actitud es correlativa, pues se doblega la
voluntad de los funcionarios fiscalizadores o estos aprueban el
pago de planillas siempre que previamente reciban coimas, pues de
lo contrario demoran la autorización. Fiscalizadores
inescrupulosos autorizan pago de planillas sobre obras no
ejecutadas, permiten la notificación de terminación de la obra
antes de estar realmente concluída o reciben obras con
deficiencias o justifican incumplimientos para otorgar prórrogas.
UNA DE LAS FORMAS EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Una de las formas más generalizadas de corrupción es la
presentación de cotizaciones de un mismo rubro a través de
empresas con distintos nombres que pertenecen al mismo dueño,
sobre todo en los concursos privados de precios. A veces también
se confabulan varios oferentes para distribuirse las
adjudicaciones de los concursos o licitaciones a cuyo efecto el
ganador en ocasiones paga a los demás un "derecho de corcho" o a
su vez presta a su nombre para otros concursos. Cuando los
productos son únicos y monopólicos se cotiza a precios muy
elevados. Se adjudican contratos a oferentes fantasmas; o se paga
como nuevos, productos descontinuados o reconstruidos. Se entrega
productos de especificaciones o calidad inferior al precio
ofertado con la complicidad de los responsables de la
entrega-recepción o fiscalizadores. Se contrata apresuradamente
al final del ejercicio económico, bienes innecesarios a fin de
agotar las partidas y recibir los "porcentajes". Comienza a
generalizarse la exigencia de las entidades públicas para que los
proveedores facturen los bienes a precios superiores a los reales
para distribuir luego la diferencia a título de comisión.
PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
No es raro que se adjudiquen a oferentes por relación de amistad
o interés particular; que se preparen las bases orientadas a
favorecer a determinados oferentes; que en los documentos
precontractuales se contemplen plazos imposibles de cumplirse por
la generalidad en beneficio de quienes sí pueden hacerlo; que no
hagan efectivas las garantías por el incumplimiento de los
contratos. Hay hechos de otra naturaleza como la sustracción de
piezas y herramientas, dándolas por pérdidas para luego venderlas
y promover nuevas adquisiciones o recompra; se utilizan
maquinaria y obreros en trabajos particulares e incluso la baja
intencional de los presupuestos para evadir los informes de ley
aunque las obras no se cumplan.
CONCLUSIONES
El avance de la corrupción en las relaciones Estado y ciudadanos,
ya se trate de adquisiciones, construcciones o servicios es
alarmante y dado el alto nivel del gasto público que bordea el
40% del PIB, los perjuicios que las desviaciones generan
representan cifras descomunales que de acuerdo con estudios del
Centro Andino de Acción Popular afecta a un 7% del Presupuesto
General del Estado. Si a lo anterior se añade la evasión
tributaria y desviaciones en otras áreas del sector público,
concluye dicho centro que la corrupción equivale al 9.5% del PIB.
El crecimiento de la corrupción ha ido paralelo a la impunidad
prevaleciente para sancionar a quienes incluso han hecho apología
del delito, pues la injerencia del poder político en los órganos
jurisdiccionales y en los de control ha determinado dicha
actitud, añadiéndose el chantaje o amenaza para forzar la
contratación de obras, adquisiciones y operaciones
administrativas en cualquier jurisdicción del país.
Si bien es loable el esfuerzo de la Contraloría General y de los
medios de comunicación y determinados agentes de opinión para
atacar la corrupción, es preciso una propuesta nacional que
involucre a todos los ecuatorianos en una decisión frontal para
luchar contra la inmoralidad, cuya práctica en todos los órdenes
de la vida corroe la conciencia social, agiganta la injusticia y
genera violencia e inseguridad, escenarios en los que no puede
cumplirse ninguno de los fines del Estado. (5A)
Nacional a cuyo esclarecimiento se hallan empeñados los miembros
de una Comisión Especial constituída por el Presidente de la
República y las Comisiones de Fiscalización y de Asuntos
Laborales del Congreso parece llegar a su climax un reiterativo
proceso de denuncias que comprometen los más diversos campos de
la actividad administrativa y que se irradia hacia el sector
privado. Por tratarse de un problema que tiene orígenes
políticos, económicos, sociales y jurídicos, el CEA ha
considerado importante iniciar un primer diagnóstico.
EXTENSION DE UN FENOMENO MUNDIAL.
Los procesos penales instaurados contra los Presidentes de Brasil
y Venezuela, quienes fueron separados de sus funciones y las
graves denuncias contra los ex Presidentes del Perú y Bolivia,
además de noticias esporádicas que afectan a otros presidentes
Latinoamericanos, no son hechos aislados de un proceso de
denuncia permanente que también se ha dado en Japón, Italia,
Inglaterra, España y Francia todo lo cual pondría de manifiesto
que el ejercicio de la actividad política va unido al alto riesgo
de ser presa de cualquier forma de corrupción a tal extremo que
un ex Presidente ecuatoriano reconoció que determinados
funcionarios de elección popular se benefician hasta con el 30%
de los recursos que obtienen en favor de sus provincias, mientras
en el Brasil un reciente informe de la Comisión Parlamentaria de
Investigación que averigua las desviaciones en el Presupuesto
Gubernamental establece que 20 de las mayores empresas que
contratan con el Gobierno son parte de grandes desviaciones por
la necesidad de pagar propinas y sobornos que supuestamente
incluyen desde Ministros hasta funcionarios subalternos,
alcaldes, parlamentarios los costos de las obras públicas, para
compensar todo lo cual se ha generalizado la práctica de
superfacturación y hay obras que llegan a costar 10 veces más de
lo que se cobra en el mercado normal del sector privado. Así por
ejemplo, carreteras vecinales que cuestan US$ 4.000 por cada
kilómetro son repagadas en US$ 30.000 y el sistema de concesiones
permite la recuperación de grandes carreteras a US$ 20.000 por
kilómetro mientras el Presupuesto Federal atribuye un pago de
US$ 116.000 a lo cual se añaden los incumplimientos que a la
postre determinan que los impuestos que se pagan para obras de
servicios públicos se evaporen en el camino.
PROCEDIMIENTOS CORRUPTOS EN EL ECUADOR
Una última evaluación realizada por la Contraloría General del
Estado identifica avances en la corrupción en varios frentes.
La contratación lamentablemente está viciada ya sea porque se
evade el proceso de concurso público acudiendo al régimen de
excepción sobre la base de la llamada "Declaratoria de Estado de
Emergencia"; se disminuyen volúmenes de obra para evitar un nuevo
concurso; pero sobre todo, se ocultan rubros básicos para luego
celebrar contratos complementarios. Los proyectos carecen del
financiamiento adecuado y la tardanza en la ejecución deterioran
las obras o las anula quedando al descubierto que el único
interés que existió fue cobrar las comisiones y el anticipo, a lo
que se añade una lentitud burocrática que dilata los desembolsos
de préstamos internacionales, obligándose al pago de comisiones
de compromiso y el encarecimiento de las obras.
Los contratistas y la fiscalización.
Considerando que los reajustes corren desde 30 días antes de la
presentación de la oferta adjudicada, se dan demoras
intencionales para beneficiarse con dichos incrementos, la
cuantificación de volúmenes de movimiento de roca y tierra se
discriminan o son mayores a los reales, se presentan reportes
sobreestimados en materia de rellenos o desalojos en zonas de
difícil acceso o cálculo, o se presentan reportes falsos de las
horas efectivamente trabajadas cuando se contrata por
horas/hombre u horas/máquina. Consecuentemente en la
fiscalización la actitud es correlativa, pues se doblega la
voluntad de los funcionarios fiscalizadores o estos aprueban el
pago de planillas siempre que previamente reciban coimas, pues de
lo contrario demoran la autorización. Fiscalizadores
inescrupulosos autorizan pago de planillas sobre obras no
ejecutadas, permiten la notificación de terminación de la obra
antes de estar realmente concluída o reciben obras con
deficiencias o justifican incumplimientos para otorgar prórrogas.
UNA DE LAS FORMAS EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Una de las formas más generalizadas de corrupción es la
presentación de cotizaciones de un mismo rubro a través de
empresas con distintos nombres que pertenecen al mismo dueño,
sobre todo en los concursos privados de precios. A veces también
se confabulan varios oferentes para distribuirse las
adjudicaciones de los concursos o licitaciones a cuyo efecto el
ganador en ocasiones paga a los demás un "derecho de corcho" o a
su vez presta a su nombre para otros concursos. Cuando los
productos son únicos y monopólicos se cotiza a precios muy
elevados. Se adjudican contratos a oferentes fantasmas; o se paga
como nuevos, productos descontinuados o reconstruidos. Se entrega
productos de especificaciones o calidad inferior al precio
ofertado con la complicidad de los responsables de la
entrega-recepción o fiscalizadores. Se contrata apresuradamente
al final del ejercicio económico, bienes innecesarios a fin de
agotar las partidas y recibir los "porcentajes". Comienza a
generalizarse la exigencia de las entidades públicas para que los
proveedores facturen los bienes a precios superiores a los reales
para distribuir luego la diferencia a título de comisión.
PARTICIPACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
No es raro que se adjudiquen a oferentes por relación de amistad
o interés particular; que se preparen las bases orientadas a
favorecer a determinados oferentes; que en los documentos
precontractuales se contemplen plazos imposibles de cumplirse por
la generalidad en beneficio de quienes sí pueden hacerlo; que no
hagan efectivas las garantías por el incumplimiento de los
contratos. Hay hechos de otra naturaleza como la sustracción de
piezas y herramientas, dándolas por pérdidas para luego venderlas
y promover nuevas adquisiciones o recompra; se utilizan
maquinaria y obreros en trabajos particulares e incluso la baja
intencional de los presupuestos para evadir los informes de ley
aunque las obras no se cumplan.
CONCLUSIONES
El avance de la corrupción en las relaciones Estado y ciudadanos,
ya se trate de adquisiciones, construcciones o servicios es
alarmante y dado el alto nivel del gasto público que bordea el
40% del PIB, los perjuicios que las desviaciones generan
representan cifras descomunales que de acuerdo con estudios del
Centro Andino de Acción Popular afecta a un 7% del Presupuesto
General del Estado. Si a lo anterior se añade la evasión
tributaria y desviaciones en otras áreas del sector público,
concluye dicho centro que la corrupción equivale al 9.5% del PIB.
El crecimiento de la corrupción ha ido paralelo a la impunidad
prevaleciente para sancionar a quienes incluso han hecho apología
del delito, pues la injerencia del poder político en los órganos
jurisdiccionales y en los de control ha determinado dicha
actitud, añadiéndose el chantaje o amenaza para forzar la
contratación de obras, adquisiciones y operaciones
administrativas en cualquier jurisdicción del país.
Si bien es loable el esfuerzo de la Contraloría General y de los
medios de comunicación y determinados agentes de opinión para
atacar la corrupción, es preciso una propuesta nacional que
involucre a todos los ecuatorianos en una decisión frontal para
luchar contra la inmoralidad, cuya práctica en todos los órdenes
de la vida corroe la conciencia social, agiganta la injusticia y
genera violencia e inseguridad, escenarios en los que no puede
cumplirse ninguno de los fines del Estado. (5A)
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