Narcotrafico Y Mercado Negro

NARCOTRAFICO Y MERCADO NEGRO, por Jon Aranguibel

Washington. 10. 09. 90. (Opinión) Un equipo de abogados e
investigadores de la fiscalía federal que vienen revisando
toda la información requisada a los bancos internacionales con
sede en Panamá, a los que se tuvo acceso después de la
invasión, han obtenido de los tribunales civiles órdenes de
confiscación contra más de 700 cuentas bancarias abiertas a
nombre de ciudadanos extranjeros y firmas comerciales e
institucionales. Las sumas depositadas en estas cuentas
superan los US$ 350 millones, de los cuales se sospechaba que
gran parte se fueron generados por operaciones de
narcotráfico.

Este es un nuevo frente de batalla de la Operación Capa Polar,
uno de los más exitosos programas de Washington para frenar el
flujo de drogas hacia el país, y cuyas investigaciones apuntan
acusadoras hacia el mercado de divisa negro y semi legal en
América Latina. Según Capa Polar, estos llamados mercados
paralelos son utilizados por los narcotraficantes para lavar
sus ganancias ilegales; una acusación que tiene profundas
implicaciones tanto para los gobiernos latinoamericanos como
par ala banca estadounidense que presta servicios
internacionales.

Muchos banqueros en los Estados Unidos ya han expresado su
preocupación ante la posibilidad muy real de perder la
confianza y las cuentas de sus clientes. Los bancos
estadounidenses en Panamá y el Caribe han sido
tradicionalmente refugio fiscal de cientos de millones de
dólares de ciudadanos y entidades latinoamericanas; y si bien
buena parte de estos fondos son legítimos, la mayor porción
tiene su turbia procedencia en el narcotráfico, actividades
criminales comunes y fraudes al Estado.

Aunque por razones divergentes, abogados, banqueros y hasta
defensores de los derechos civiles en los Estados Unidos han
expresado públicamente sus temores ante el uso de órdenes de
confiscación emitidas por tribunales no penales para combatir
el lavado de dinero. Su advertencia es que se están
estableciendo nuevos principios legales que podrían llegar a
tener un efecto negativo a largo plazo en el sistema bancario
y las libertades individuales de los ciudadanos
estadounidenses.

Sin embargo, fuera de los Estados Unidos, el ánimo es bastante
diferente. Muchos gobiernos latinoamericanos, deseosos de
obtener de vuelta fondos fugados ilegalmente de sus países,
estarían dispuestos a cooperar con las investigaciones de la
Operación Capa Polar. Paradójicamente, Colombia es uno de los
países con las leyes más estrictas para el control de las
cuentas en divisa de sus ciudadanos en el exterior y, sin
embargo, es el blanco principal de los investigadores.

La Operación Capa Polar ha revelado la gran carencia de
información adecuada y al día sobre los depósitos de capital
fugado de América Latina. Algunos cálculos sugieren que el
volumen total regional oscila entre los US$ 100.000 millones y
los US$ 200.000 millones; una cifra astronómica equivalente a
la deuda externa de Brasil y México, las dos principales
economías latinoamericanas.

Se sabe, por ejemplo, que entidades privadas y ciudadanos
particulares venezolanos tienen depósitos en el exterior que
superan holgadamente los US$ 34.000m de la deuda externa
pública y privada de su país. Si bien la mayor parte de estos
fondos no están vinculados a las actividades del narcotráfico
internacional, existen sospechas bien fundadas sobre su origen
ilegal en operaciones de fraude al Estado.

Basado en los hallazgos de la Operación Capa Polar, el
gobierno de Washington afirma que los narcotraficantes
latinoamericanos habían transferido unos US$ 1.200m de sus
ganancias ilegales a varias cuentas en Panamá. Estas divisas
fueron vendidos posteriormente en los mercados negro y semi
legal en muchos países de América Latina y sus nuevos
propietarios las depositaron de vuelta en los Estados Unidos.

La Operación Capa Polar es el primer intento de las
autoridades estadounidenses para confiscar sumas que han de
manos de los narcotraficantes a otros individuos generalmente
no vinculados con la actividad que, posteriormente depositan
los fondos en cuentas legítimas. Sumas que, en algunos casos,
podrían haber sido lavadas hasta tres y cuatro veces, lo cual
las aleja considerablemente de su oscura procedencia.

Al introducir demandas en tribunales civiles, en vez de
penales, la fiscalía federal no tiene que probar que los
depositarios de estos fondos en bancos estadounidenses son
culpables de lavado de dinero; por el contrario, son los
depositarios quienes tienen que probar que sus fondos fueron
originados por actividades legales o que ignoraban la
procedencia real de los dólares adquiridos en el mercado
negro.

Además de los cuantiosos gastos de defensa en los que en
incurrir los depositarios de estas cuentas para litigar su
caso y del riesgo potencial de ver sus fondos confiscados,
todo aquel que es objeto de investigación de la Operación Capa
Polar se ve forzado a revelar públicamente que posee cuenta
bancaria en el exterior; algo que amenaza con quitar el sueño
a muchos políticos latinoamericanos.

Para asegurar el éxito de programas como este, es
imprescindible que otros países con sistemas bancarios
internacionales impongan reglas estrictas para el control de
origen de los fondos que reciben en depósito. Es
imprescindible también que los gobiernos y bancos de estas
naciones colaboren con los gobiernos latinoamericanos y del
mundo en desarrollo en general, que soliciten la repatriación
forzada de capital fugado ilegalmente de sus países, producto
o no del narcotráfico. (A-4).