Quito. 11 ene 99. Ramiro Larrea, ex presidente de la Comisión,
señaló que uno de los principales problemas fue la falta de
colaboración de diversos organismos del Estado para obtener
información. ¿Tienen el mismo problema?
No. Creemos que son dos tiempos los de la Comisión: la primera
formada por el gobierno de Alarcón, por efecto del
pronunciamiento popular de febrero; la nombró de muy mala gana
Sin embargo acertó ya que estuvo bien conformada. Pero como la
Comisión investigó casos del Bucaramato vinculados con el
gobierno de Alarcón se intentó eliminarla porque únicamente
nacía de un decreto ejecutivo. Lo mismo ocurrió en el Congreso
ya que era una de las partes más importantes de investigación.
La anterior comisión tenía que obtener información valiéndose
de argucias "metiéndose por las ventanas porque las puertas se
cerraron".
¿Cuál es la otra etapa de la Comisión?
Es la nuestra. Nosotros nacimos de la norma constitucional.
Tenemos un sustento legal inconmovible, aunque nos falta la
ley. Y coincide con el cambio de Gobierno: allí, debemos
reconocerlo, tenemos toda la apertura. No tenemos dificultad
en encontrar u obtener documentación. Es otro momento donde no
tenemos confrontación sino puertas abiertas, lo que nos ha
permitido trabajar con cierta fecundidad aunque sin un
reconocimiento.
¿Las relaciones de la Comisión con el actual Contralor cómo
van?
Muy bien. Tenemos una vinculación estrecha. El Contralor
actual cree que las dos instituciones se complementan, se
vinculan y no luchan como pasaba antes, de manera que en ese
sentido estamos bien como ocurre con la Procuraduría y el
Fiscal encargado que participó en el plan estratégico.
¿Pero aún no se nombra al titular?
La elección se ha transformado en un problema político.
Esperemos que no se vaya a prolongar. Mientras no haya un
fiscal titular el aparato de administración de justicia está
incompleto.
¿Cómo cuantifica esa fecundidad en torno al número de casos
que están investigando?
En dos meses y medio hemos despachado 15 casos, cada uno de
los cuales requiere de una investigación. En proceso hay
muchas: me parece que hay 700 denuncias que pasan a la
Comisión de Calificación. Una vez calificada viene la
priorización. Esperamos despachar el 100 por ciento.
El gobierno de Bucaram fue una cantera para actuar contra la
corrupción, ¿la situación cambió en los gobiernos que lo
siguieron?
En el de Alarcón aumentaron los casos, lo que pasa es que la
corrupción adquirió otro talante. Para mí, la corrupción en el
gobierno de Alarcón fue tanto o más profunda que la de
Bucaram. Se han cometido cosas tremendas: de los 15 informes
que hemos presentado 13 son del gobierno de Alarcón: la danza
de las llamadas asignaciones extrapresupuestarias es un
ejemplo. Pero, la denuncia se estancó en el Congreso y hasta
hoy nada pasa.
¿Usted conoce los motivos para que ello haya ocurrido y que
hasta ahora no haya sanciones?
Se dice que la Comisión de Fiscalización del Congreso está
penetrada por alarconistas. Pero, ahora, se está formando un
frente anticorrupción porque se señala que la Comisión no hace
nada o tiende a dejar impune al gobierno de Alarcón por un
acuerdo político. Allí el FRA tiene como cinco diputados. De
formarse el frente habrá un nuevo equilibrio de fuerzas y
traerá importantes cambios.
Hay un cuello de botella en otros organismos en el sentido de
que no todos los casos presentados tienen los seguimientos
necesarios como para esperar que los involucrados sean
sancionados.
Nosotros somos una instancia moral. Tenemos el apoyo de la
ciudadanía y de la verdad naturalmente, pero no tenemos
función jurisdiccional no podemos juzgar y menos sentenciar.
Los casos que investigamos, de haber mérito para ello, los
pasamos a la instancia correspondiente que puede ser la
Contraloría, la Corte Suprema, la Fiscalía o el área
ministerial correspondiente como el caso de la ampliación de
la Refinería de Esmeraldas.
Pero no todos los casos comprobados por ustedes terminan en
procesos legales o sanciones...
Nosotros somos la parte que alimenta a los jueces y las
instancias judiciales sobre casos que pudieron quedar ocultos
o impunes. Pero el cuello de botella principal está en las
leyes: todo o casi todo el ordenamiento jurídico del país es
permisivo, elástico, estimula y protege la corrupción dentro
de su propia aplicación. De manera que para que haya una
fluidez de juzgamiento de hechos de corrupción hay que
cambiarla; Aduanas, Estupefacientes, Contratación Pública,
Contraloría, Elecciones, etc...
Esos cambios significan una serie de coyunturas políticas a
nivel de Congreso, Ejecutivo y otros sectores donde no hay esa
fluidez o voluntad para luchar contra la corrupción. ¿Cree que
con el escenario actual se lo pueda hacer?
Lamentablemente estamos en una coyuntura histórica gravísima
cuya expresión principal es la crisis de valores. Vivimos al
margen de la institucionalidad. No hay asistencia médica
gratuita para el pueblo ni educación gratuita. No hay una
Policía eficiente. Ni siquiera el sector privado se salva,
porque se ha formado un contubernio con el sector público que
se mete a la corrupción: tanta culpa tiene el que pide como el
que da una coima. Entonces, la ley debe dar una amnistía o
liberar de culpa al que denuncia. Esa sería una fórmula.
De todas formas un cambio integral de las leyes se vuelve
utópico. Es un camino sin salida. Entonces, ¿la corrupción
tomará mayor dimensión?
La Constitución nos da la función de prevención del delito
antes que investigar la consecuencia. Hay que cerrar las
fuentes de corrupción mediante reformas legales, en eso vamos
a insistir. Y luego promover en planteles educativos la
necesidad de luchar contra la corrupción. Un ejemplo es lo
ocurrido en el Colegio San Gabriel: los quintos cursos
iniciaron una campaña, la semana pasada. Hay que ser honesto
por costumbre y no porque la ley lo obligue. Vamos a acudir a
la Iglesia y a la prensa para crear una contraloría social
contra la corrupción.
Sobre el actual gobierno, usted informó que se investigan los
gastos que existen en publicidad, ¿qué se conoce hasta el
momento?
Es la única denuncia que se ha hecho de manera general.
Rodrigo Borja la señala cuando en unas declaraciones pero no
lo hace en cuanto a hechos concretos: dice que se gastaron
seis millones de dólares en la publicidad de la Alcaldía y que
ahora ocurre lo mismo. Estamos investigando y hemos pedido al
doctor Borja que proporcione datos.
Pero el Gobierno conformó su propia unidad de control de
gestión pública. ¿Otra instancia más para contra la
corrupción?
Esa unidad es para vigilar la conducta de los funcionarios de
Gobierno. Es una institución más como otras, pero la única que
tiene bases legales, constitucionales es la nuestra.
¿Mantendrá la Comisión un relación permanente y buena con
ella?
Sería positivo si hay coordinación natural para sumar
esfuerzos. Por el contrario, si hay contraposición de labores
sería negativo. Seguramente es para hacer una especie de
sanidad moral dentro del Gobierno.
Hay caso pendientes de la Comisión anterior como el de
Piponazgo durante la presidencia del Congreso de Fabián
Alarcón, ¿sobre esta denuncia qué se ha pasado?
El tema del piponazgo prácticamente terminó porque está en
manos del Presidente de la Corte Suprema, quien acaba de decir
que el juicio no avanza porque el Congreso no le da los
documentos que requiere. El Presidente del Congreso Nacional
dijo que el jueves ya mandó todos los cheques, listados y
órdenes de pago a la Corte. Entiendo que con esa documentación
el Presidente de la Corte acelerará los trámites y debe estar
a muy corto tiempo de dar sentencia. Si ello no sucediera en
un tiempo prudencial, la Comisión estará atenta.
¿Pero en el informe que ustedes emitieron se confirma el
Piponazgo?
Claro. Se establece inclusive con números, cantidades y sobre
todo sistemas. En ese tiempo cada diputado tenía derecho a
ocho empleados que casi nadie respetaba o no respetaban los
diputados de mayor influencia. Santiago Bucaram llegó a tener
ochenta empleados. Entonces con ese sistema aquellos que
llegaron se quedaron. Luego viene otro diputado trae a los
suyos que también quedan. Esto aumenta en proporción
geométrica la planta burocrática con un gasto terrible.
¿La investigación de la concesión de frecuencias de radio y
televisión en qué estado se encuentra?
Aún no llegamos a su conclusión. Hemos llamado al
Superintendente de Telecomunicaciones. Pero para cada caso se
requiere una información sumaria. De lo que se conoce ya se
han tomado algunas acciones al respecto.
¿Y en el caso del manejo y uso de bienes que están a cargo del
Consep?
Cuando investigamos el asunto había una anarquía se entregaban
vehículos a dedo sin ningún fin, canteras, camaroneras,
edificios arrendados a precios irrisorios. Ahora el organismo
pertinente ya elabora un reglamento. (Texto tomado de El
Comercio)
señaló que uno de los principales problemas fue la falta de
colaboración de diversos organismos del Estado para obtener
información. ¿Tienen el mismo problema?
No. Creemos que son dos tiempos los de la Comisión: la primera
formada por el gobierno de Alarcón, por efecto del
pronunciamiento popular de febrero; la nombró de muy mala gana
Sin embargo acertó ya que estuvo bien conformada. Pero como la
Comisión investigó casos del Bucaramato vinculados con el
gobierno de Alarcón se intentó eliminarla porque únicamente
nacía de un decreto ejecutivo. Lo mismo ocurrió en el Congreso
ya que era una de las partes más importantes de investigación.
La anterior comisión tenía que obtener información valiéndose
de argucias "metiéndose por las ventanas porque las puertas se
cerraron".
¿Cuál es la otra etapa de la Comisión?
Es la nuestra. Nosotros nacimos de la norma constitucional.
Tenemos un sustento legal inconmovible, aunque nos falta la
ley. Y coincide con el cambio de Gobierno: allí, debemos
reconocerlo, tenemos toda la apertura. No tenemos dificultad
en encontrar u obtener documentación. Es otro momento donde no
tenemos confrontación sino puertas abiertas, lo que nos ha
permitido trabajar con cierta fecundidad aunque sin un
reconocimiento.
¿Las relaciones de la Comisión con el actual Contralor cómo
van?
Muy bien. Tenemos una vinculación estrecha. El Contralor
actual cree que las dos instituciones se complementan, se
vinculan y no luchan como pasaba antes, de manera que en ese
sentido estamos bien como ocurre con la Procuraduría y el
Fiscal encargado que participó en el plan estratégico.
¿Pero aún no se nombra al titular?
La elección se ha transformado en un problema político.
Esperemos que no se vaya a prolongar. Mientras no haya un
fiscal titular el aparato de administración de justicia está
incompleto.
¿Cómo cuantifica esa fecundidad en torno al número de casos
que están investigando?
En dos meses y medio hemos despachado 15 casos, cada uno de
los cuales requiere de una investigación. En proceso hay
muchas: me parece que hay 700 denuncias que pasan a la
Comisión de Calificación. Una vez calificada viene la
priorización. Esperamos despachar el 100 por ciento.
El gobierno de Bucaram fue una cantera para actuar contra la
corrupción, ¿la situación cambió en los gobiernos que lo
siguieron?
En el de Alarcón aumentaron los casos, lo que pasa es que la
corrupción adquirió otro talante. Para mí, la corrupción en el
gobierno de Alarcón fue tanto o más profunda que la de
Bucaram. Se han cometido cosas tremendas: de los 15 informes
que hemos presentado 13 son del gobierno de Alarcón: la danza
de las llamadas asignaciones extrapresupuestarias es un
ejemplo. Pero, la denuncia se estancó en el Congreso y hasta
hoy nada pasa.
¿Usted conoce los motivos para que ello haya ocurrido y que
hasta ahora no haya sanciones?
Se dice que la Comisión de Fiscalización del Congreso está
penetrada por alarconistas. Pero, ahora, se está formando un
frente anticorrupción porque se señala que la Comisión no hace
nada o tiende a dejar impune al gobierno de Alarcón por un
acuerdo político. Allí el FRA tiene como cinco diputados. De
formarse el frente habrá un nuevo equilibrio de fuerzas y
traerá importantes cambios.
Hay un cuello de botella en otros organismos en el sentido de
que no todos los casos presentados tienen los seguimientos
necesarios como para esperar que los involucrados sean
sancionados.
Nosotros somos una instancia moral. Tenemos el apoyo de la
ciudadanía y de la verdad naturalmente, pero no tenemos
función jurisdiccional no podemos juzgar y menos sentenciar.
Los casos que investigamos, de haber mérito para ello, los
pasamos a la instancia correspondiente que puede ser la
Contraloría, la Corte Suprema, la Fiscalía o el área
ministerial correspondiente como el caso de la ampliación de
la Refinería de Esmeraldas.
Pero no todos los casos comprobados por ustedes terminan en
procesos legales o sanciones...
Nosotros somos la parte que alimenta a los jueces y las
instancias judiciales sobre casos que pudieron quedar ocultos
o impunes. Pero el cuello de botella principal está en las
leyes: todo o casi todo el ordenamiento jurídico del país es
permisivo, elástico, estimula y protege la corrupción dentro
de su propia aplicación. De manera que para que haya una
fluidez de juzgamiento de hechos de corrupción hay que
cambiarla; Aduanas, Estupefacientes, Contratación Pública,
Contraloría, Elecciones, etc...
Esos cambios significan una serie de coyunturas políticas a
nivel de Congreso, Ejecutivo y otros sectores donde no hay esa
fluidez o voluntad para luchar contra la corrupción. ¿Cree que
con el escenario actual se lo pueda hacer?
Lamentablemente estamos en una coyuntura histórica gravísima
cuya expresión principal es la crisis de valores. Vivimos al
margen de la institucionalidad. No hay asistencia médica
gratuita para el pueblo ni educación gratuita. No hay una
Policía eficiente. Ni siquiera el sector privado se salva,
porque se ha formado un contubernio con el sector público que
se mete a la corrupción: tanta culpa tiene el que pide como el
que da una coima. Entonces, la ley debe dar una amnistía o
liberar de culpa al que denuncia. Esa sería una fórmula.
De todas formas un cambio integral de las leyes se vuelve
utópico. Es un camino sin salida. Entonces, ¿la corrupción
tomará mayor dimensión?
La Constitución nos da la función de prevención del delito
antes que investigar la consecuencia. Hay que cerrar las
fuentes de corrupción mediante reformas legales, en eso vamos
a insistir. Y luego promover en planteles educativos la
necesidad de luchar contra la corrupción. Un ejemplo es lo
ocurrido en el Colegio San Gabriel: los quintos cursos
iniciaron una campaña, la semana pasada. Hay que ser honesto
por costumbre y no porque la ley lo obligue. Vamos a acudir a
la Iglesia y a la prensa para crear una contraloría social
contra la corrupción.
Sobre el actual gobierno, usted informó que se investigan los
gastos que existen en publicidad, ¿qué se conoce hasta el
momento?
Es la única denuncia que se ha hecho de manera general.
Rodrigo Borja la señala cuando en unas declaraciones pero no
lo hace en cuanto a hechos concretos: dice que se gastaron
seis millones de dólares en la publicidad de la Alcaldía y que
ahora ocurre lo mismo. Estamos investigando y hemos pedido al
doctor Borja que proporcione datos.
Pero el Gobierno conformó su propia unidad de control de
gestión pública. ¿Otra instancia más para contra la
corrupción?
Esa unidad es para vigilar la conducta de los funcionarios de
Gobierno. Es una institución más como otras, pero la única que
tiene bases legales, constitucionales es la nuestra.
¿Mantendrá la Comisión un relación permanente y buena con
ella?
Sería positivo si hay coordinación natural para sumar
esfuerzos. Por el contrario, si hay contraposición de labores
sería negativo. Seguramente es para hacer una especie de
sanidad moral dentro del Gobierno.
Hay caso pendientes de la Comisión anterior como el de
Piponazgo durante la presidencia del Congreso de Fabián
Alarcón, ¿sobre esta denuncia qué se ha pasado?
El tema del piponazgo prácticamente terminó porque está en
manos del Presidente de la Corte Suprema, quien acaba de decir
que el juicio no avanza porque el Congreso no le da los
documentos que requiere. El Presidente del Congreso Nacional
dijo que el jueves ya mandó todos los cheques, listados y
órdenes de pago a la Corte. Entiendo que con esa documentación
el Presidente de la Corte acelerará los trámites y debe estar
a muy corto tiempo de dar sentencia. Si ello no sucediera en
un tiempo prudencial, la Comisión estará atenta.
¿Pero en el informe que ustedes emitieron se confirma el
Piponazgo?
Claro. Se establece inclusive con números, cantidades y sobre
todo sistemas. En ese tiempo cada diputado tenía derecho a
ocho empleados que casi nadie respetaba o no respetaban los
diputados de mayor influencia. Santiago Bucaram llegó a tener
ochenta empleados. Entonces con ese sistema aquellos que
llegaron se quedaron. Luego viene otro diputado trae a los
suyos que también quedan. Esto aumenta en proporción
geométrica la planta burocrática con un gasto terrible.
¿La investigación de la concesión de frecuencias de radio y
televisión en qué estado se encuentra?
Aún no llegamos a su conclusión. Hemos llamado al
Superintendente de Telecomunicaciones. Pero para cada caso se
requiere una información sumaria. De lo que se conoce ya se
han tomado algunas acciones al respecto.
¿Y en el caso del manejo y uso de bienes que están a cargo del
Consep?
Cuando investigamos el asunto había una anarquía se entregaban
vehículos a dedo sin ningún fin, canteras, camaroneras,
edificios arrendados a precios irrisorios. Ahora el organismo
pertinente ya elabora un reglamento. (Texto tomado de El
Comercio)
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