Guayaquil. 13 sep 99. Al igual que las importaciones, las
recaudaciones aduaneras en el país van en picada, principalmente
a causa de la recesión económica. Con esta dramática caída, el
sector privado se estrenó al frente del control aduanero en el
Ecuador.
Después de la salida de los militares, desde el 1 de junio
pasado, la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), que tiene tres
representantes del sector privado de un total de seis, tomó
posesión efectiva de esta actividad clave de la economía
nacional. Sus proyecciones para este año hablan de una
disminución de al menos el 40 por ciento de las recaudaciones (de
1 000 a unos 600 millones de dólares).
El único consuelo de los actuales directivos es que no
necesariamente eso obedecerá a fallas en los controles, pues el
volumen total de las importaciones bajaría de 5 405 en 1998 a 3
243 millones de dólares (valores CIF), este año. El menor flujo
comercial ocasiona que las recaudaciones tributarias por
importaciones también tiendan a caer.
En este escenario, las aspiraciones de la CAE son mantener las
recaudaciones este año en el mismo rango del año anterior: 18.5
por ciento del valor de las importaciones. Solo a partir del 2
000 se prevé que superen el 23 por ciento.
Este dato resulta clave, en el sentido de que habría un informe
donde se señala que pueden recaudarse USD 400 millones de dólares
adicionales, lo cual puede incluirse en la pro forma del 2000.
Pero el camino no es fácil. Los primeros tropiezos comenzaron a
aparecer.
Por ejemplo, la red de aduanas no está preparada para enfrentar
el problema Y2K o efecto 2000. Por eso, el directorio de la CAE
se reunió hace dos semanas con funcionarios de la International
Business Machine (IBM), la concesionaria del servicio informático
aduanero, para que desarrollen un programa que evite el colapso
informático. Pero IBM rechazó la propuesta mientras no se les
cancelen USD 4 millones que le adeudan por sus servicios.
No obstante, esta deuda no sería responsabilidad de la CAE: el
Ministerio de Finanzas es el deudor y a la Corporación
corresponde únicamente pagar alícuotas de USD 120 mil de enero
a julio de este año, según Luis Hidalgo, gerente.
En la última reunión de Directorio, realizada el jueves pasado,
se dio a conocer un convenio entre la IBM e Hidalgo para superar
el tema del año 2000. La CAE se comprometió a realizar todas las
gestiones para que se les cancele la totalidad de la deuda, según
Ramiro Pita, presidente del Directorio.
En el campo administrativo se prevé una reducción de personal y
a la vez seleccionar profesionales nuevos. Por eso, los 450
empleados de la CAE viven un momento de nerviosismo con la
auditoría administrativa que realiza Price Waterhouse. La
estrategia de la administración es receptar las renunciar
voluntarias así como efectuar los despidos con las
indemnizaciones de ley, afirmó Antonio Kure, director
administrativo.
¿Cómo financiarlo? Posiblemente necesiten aportes del Estado.
Pero por otra parte, la administración ha conseguido la
aprobación de un crédito por USD 1200 000 del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y por USD 500 000 del Banco
Mundial (BM). Adicionalmente los recursos propios de la CAE
servirán para impulsar los proyectos.
Sobre los sistemas de control, otras decisiones están pendientes.
Entre ellas la renovación del contrato con las cuatro
verificadoras internacionales: SGS, Cotecna, ITS y Bureau.
En la última sesión de directorio se resolvió contratar los
servicios de una auditora que califique la gestión de las
verificadoras. El plazo para prorrogar o finiquitar el contrato
vence el 30 de este mes. Si no se prorroga vence el 30 de
diciembre.
La gestión de estas compañías desde 1994, además de verificar la
mercadería en destino, ha sido transferir la tecnología y
alimentar la base de datos de la aduana en un sistema
interconectado. El trabajo está realizado a medias.
La aduana tiene que desarrollar un programa que le permita
depurar estos datos para que los precios de cada ítem que les
llega no se repitan cuando se realice un pedido idéntico.
Por todo esto, las aduanas del Ecuador no estarían aún preparadas
para prescindir de las verificaciones en destino o aforos en el
corto plazo, a decir de Susana Varea, gerente de SGS. "Si nos
renovan el contrato por dos o tres años estaríamos dispuestos a
colaborar con la aduana para asistirles en el manejo de
verificación en destino en base al manejo de riesgo", argumentó.
Pero en promedio el costo de este servicio es de alrededor del
1 por ciento del valor de las importaciones. En 1998 estuvo en
alrededor de 50 millones de dólares (1 por ciento de los 5 000
millones de importaciones).
La propuesta de las verificadoras sobre el control de riesgo
consiste en fijar un sistema que clasifica los países y productos
de riesgo de evasión. "Esos productos podrían ser aforados por
las verificadoras internacionales si así lo requiere la aduana,
una vez nacionalizado el aforo", dijo Varea.
La entrega del servicio de aforo a empresas nacionales ha sido
aplazado durante los dos últimos años y aún lo están realizando
las mismas compañías verificadoras.
La ley sin reglamento...
Las nuevas autoridades aduaneras tiene otro trabajo pendiente:
la reglamentación de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA).
Según el ex administrador de Aduanas, Roberto Calderón, "han
transcurrido 14 meses desde que se expidió la LOA y aún no ha
sido reglamentada, aunque el plazo inicial era de 90 días".
Calderón explicó que existen ambigüedades entre la LOA y algunos
acuerdos ministeriales. Por ejemplo, mencionó el caso de la multa
por contravención del 10 por ciento por discrepancia en la
declaración de mercadería, que según el Acuerdo Ministerial N.
014 es del 10 por ciento mientras que la LOA multa con el 5 por
ciento.
Similar situación existen en los couriers o paquetes pequeños,
que según otro acuerdo ministerial están libres de impuestos, lo
cual no se contempla en la Ley Orgánica de Aduanas.
El aforo llega al 52%
Uno de los problemas por decidir en materia aduanera es el
sistema informático que se utilizará para manejar estas
dependencias.
Entre las gestiones realizadas por la nueva administración se
registra el convenio de cooperación técnica firmada con la aduana
del Perú el 12 de agosto anterior. Sin embargo, "el proceso de
modernización no es inmediato, a Perú le llevó ocho años en
hacerlo", dijo Luis Hidalgo, gerente de la CAE
La idea de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) es realizar
un benchmarking, es decir, copiar los modelos pero superándolos,
de tal forma que respondan a las necesidades y requerimientos
propios de la realidad ecuatoriana.
Al respecto, Ramiro Pita, dijo que no se trata de copiar el
modelo, más bien es el paquete aduanero el que se emula.
En la administración militar, en los módulos de control se
establecieron cuatro clasificaciones: para materia prima,
repuestos y vehículos, productos terminados y de regímenes
especiales.
Según Luis Ponce, un auxiliar de aduana, el proceso de
desaduanización es ahora más lento que con los militares. "Ellos
aforan casi todo". El porcentaje de aforo es del 52 por ciento
de las mercaderías de importación, incluidas materias primas que
son de menor riesgo tributario. El problema, según Pita, es que
no siempre lo declarado es real.
Esta situación obliga a que, para mejorar los niveles de control
y recaudación, se tengan que realizar los aforos físicos. Una vez
establecidos los problemas existentes en el control,
posteriormente se pueden establecer mecanismos más ágiles. (Texto
tomado de El Comercio)
recaudaciones aduaneras en el país van en picada, principalmente
a causa de la recesión económica. Con esta dramática caída, el
sector privado se estrenó al frente del control aduanero en el
Ecuador.
Después de la salida de los militares, desde el 1 de junio
pasado, la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), que tiene tres
representantes del sector privado de un total de seis, tomó
posesión efectiva de esta actividad clave de la economía
nacional. Sus proyecciones para este año hablan de una
disminución de al menos el 40 por ciento de las recaudaciones (de
1 000 a unos 600 millones de dólares).
El único consuelo de los actuales directivos es que no
necesariamente eso obedecerá a fallas en los controles, pues el
volumen total de las importaciones bajaría de 5 405 en 1998 a 3
243 millones de dólares (valores CIF), este año. El menor flujo
comercial ocasiona que las recaudaciones tributarias por
importaciones también tiendan a caer.
En este escenario, las aspiraciones de la CAE son mantener las
recaudaciones este año en el mismo rango del año anterior: 18.5
por ciento del valor de las importaciones. Solo a partir del 2
000 se prevé que superen el 23 por ciento.
Este dato resulta clave, en el sentido de que habría un informe
donde se señala que pueden recaudarse USD 400 millones de dólares
adicionales, lo cual puede incluirse en la pro forma del 2000.
Pero el camino no es fácil. Los primeros tropiezos comenzaron a
aparecer.
Por ejemplo, la red de aduanas no está preparada para enfrentar
el problema Y2K o efecto 2000. Por eso, el directorio de la CAE
se reunió hace dos semanas con funcionarios de la International
Business Machine (IBM), la concesionaria del servicio informático
aduanero, para que desarrollen un programa que evite el colapso
informático. Pero IBM rechazó la propuesta mientras no se les
cancelen USD 4 millones que le adeudan por sus servicios.
No obstante, esta deuda no sería responsabilidad de la CAE: el
Ministerio de Finanzas es el deudor y a la Corporación
corresponde únicamente pagar alícuotas de USD 120 mil de enero
a julio de este año, según Luis Hidalgo, gerente.
En la última reunión de Directorio, realizada el jueves pasado,
se dio a conocer un convenio entre la IBM e Hidalgo para superar
el tema del año 2000. La CAE se comprometió a realizar todas las
gestiones para que se les cancele la totalidad de la deuda, según
Ramiro Pita, presidente del Directorio.
En el campo administrativo se prevé una reducción de personal y
a la vez seleccionar profesionales nuevos. Por eso, los 450
empleados de la CAE viven un momento de nerviosismo con la
auditoría administrativa que realiza Price Waterhouse. La
estrategia de la administración es receptar las renunciar
voluntarias así como efectuar los despidos con las
indemnizaciones de ley, afirmó Antonio Kure, director
administrativo.
¿Cómo financiarlo? Posiblemente necesiten aportes del Estado.
Pero por otra parte, la administración ha conseguido la
aprobación de un crédito por USD 1200 000 del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y por USD 500 000 del Banco
Mundial (BM). Adicionalmente los recursos propios de la CAE
servirán para impulsar los proyectos.
Sobre los sistemas de control, otras decisiones están pendientes.
Entre ellas la renovación del contrato con las cuatro
verificadoras internacionales: SGS, Cotecna, ITS y Bureau.
En la última sesión de directorio se resolvió contratar los
servicios de una auditora que califique la gestión de las
verificadoras. El plazo para prorrogar o finiquitar el contrato
vence el 30 de este mes. Si no se prorroga vence el 30 de
diciembre.
La gestión de estas compañías desde 1994, además de verificar la
mercadería en destino, ha sido transferir la tecnología y
alimentar la base de datos de la aduana en un sistema
interconectado. El trabajo está realizado a medias.
La aduana tiene que desarrollar un programa que le permita
depurar estos datos para que los precios de cada ítem que les
llega no se repitan cuando se realice un pedido idéntico.
Por todo esto, las aduanas del Ecuador no estarían aún preparadas
para prescindir de las verificaciones en destino o aforos en el
corto plazo, a decir de Susana Varea, gerente de SGS. "Si nos
renovan el contrato por dos o tres años estaríamos dispuestos a
colaborar con la aduana para asistirles en el manejo de
verificación en destino en base al manejo de riesgo", argumentó.
Pero en promedio el costo de este servicio es de alrededor del
1 por ciento del valor de las importaciones. En 1998 estuvo en
alrededor de 50 millones de dólares (1 por ciento de los 5 000
millones de importaciones).
La propuesta de las verificadoras sobre el control de riesgo
consiste en fijar un sistema que clasifica los países y productos
de riesgo de evasión. "Esos productos podrían ser aforados por
las verificadoras internacionales si así lo requiere la aduana,
una vez nacionalizado el aforo", dijo Varea.
La entrega del servicio de aforo a empresas nacionales ha sido
aplazado durante los dos últimos años y aún lo están realizando
las mismas compañías verificadoras.
La ley sin reglamento...
Las nuevas autoridades aduaneras tiene otro trabajo pendiente:
la reglamentación de la Ley Orgánica de Aduanas (LOA).
Según el ex administrador de Aduanas, Roberto Calderón, "han
transcurrido 14 meses desde que se expidió la LOA y aún no ha
sido reglamentada, aunque el plazo inicial era de 90 días".
Calderón explicó que existen ambigüedades entre la LOA y algunos
acuerdos ministeriales. Por ejemplo, mencionó el caso de la multa
por contravención del 10 por ciento por discrepancia en la
declaración de mercadería, que según el Acuerdo Ministerial N.
014 es del 10 por ciento mientras que la LOA multa con el 5 por
ciento.
Similar situación existen en los couriers o paquetes pequeños,
que según otro acuerdo ministerial están libres de impuestos, lo
cual no se contempla en la Ley Orgánica de Aduanas.
El aforo llega al 52%
Uno de los problemas por decidir en materia aduanera es el
sistema informático que se utilizará para manejar estas
dependencias.
Entre las gestiones realizadas por la nueva administración se
registra el convenio de cooperación técnica firmada con la aduana
del Perú el 12 de agosto anterior. Sin embargo, "el proceso de
modernización no es inmediato, a Perú le llevó ocho años en
hacerlo", dijo Luis Hidalgo, gerente de la CAE
La idea de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) es realizar
un benchmarking, es decir, copiar los modelos pero superándolos,
de tal forma que respondan a las necesidades y requerimientos
propios de la realidad ecuatoriana.
Al respecto, Ramiro Pita, dijo que no se trata de copiar el
modelo, más bien es el paquete aduanero el que se emula.
En la administración militar, en los módulos de control se
establecieron cuatro clasificaciones: para materia prima,
repuestos y vehículos, productos terminados y de regímenes
especiales.
Según Luis Ponce, un auxiliar de aduana, el proceso de
desaduanización es ahora más lento que con los militares. "Ellos
aforan casi todo". El porcentaje de aforo es del 52 por ciento
de las mercaderías de importación, incluidas materias primas que
son de menor riesgo tributario. El problema, según Pita, es que
no siempre lo declarado es real.
Esta situación obliga a que, para mejorar los niveles de control
y recaudación, se tengan que realizar los aforos físicos. Una vez
establecidos los problemas existentes en el control,
posteriormente se pueden establecer mecanismos más ágiles. (Texto
tomado de El Comercio)
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