Quito. 29 sep 99. La jueza segunda de lo Penal de Pichincha,
Angela Sarmiento, ordenó este lunes la prisión preventiva para
William De Rosa, y Patricio Serrano León, directores de BPI
Vision Inc, por presunto fraude y engaño a sus nuevos y antiguos
inversionistas, ya que vendía sus acciones a un precio mayor que
el real. Con esta acción legal, la jueza acogió la excitativa del
ministro fiscal distrital de Pichincha, José Ramón Marín.
Los argumentos legales por los cuales Sarmiento dictó la orden
de prisión se basan en un comunicado que Wiliam DeRosa emitiera
a los accionistas de Visión, el 17 de marzo de 1999, indicándoles
que "la junta directiva en su sesión del 12 de marzo, haciendo
uso de sus facultades y responsabilidades, de acuerdo con los
estatutos de la compañía y de una manera totalmente autónoma e
independiente, resolvió suspender las redenciones de acciones".
A pesar de que la directiva del fondo habría supendido las
redenciones (devoluciones de las acciones), sus administradores
siguieron captando recursos del público, con posterioridad al 17
de marzo.
Esta acción es calificada por las autoridades como un engaño a
los nuevos inversionistas al sobrevaluar los activos netos.
En consecuencia "las acciones que adquiría el inversionista
estaban también sobrevaluadas por lo que su participación se veía
fraudulentamente disminuida".
Es decir, según la providencia, el fondo vendía sus acciones a
un precio mayor que el real, conforme lo demuestra el hecho de
que el precio de compra en el mercado (current bid price) es
menor al precio al que se compró el título (transaction price),
lo cual genera pérdidas de capital.
El mismo perjuicio habrían sufrido los participantes antiguos del
fondo a quienes nunca se les informó el valor real de sus
acciones, "el cual era menor al que se reporta mensualmente en
los reportes que recibían".
En la excitativa del fiscal Ramón Marín solicita también a la
jueza que oficie al gerente de la empresa Price Waterhouse
Coopers para que entregue una copia certificada del informe de
auditoría realizado a los estados financieros del BPI Fondo
Vision Inc., al 31 de diciembre de 1998.
También solicita una inspección judicial a las instalaciones de
BPI Fondos Visión, ubicado en el edificio matriz del Banco
Popular, en la ciudad de Quito, así como la contabilidad de la
empresa con los peritos correspondientes.
Un comité de vigilancia integrado por técnicos de las
superintendencias de Bancos y Compañías, del Banco Popular y dos
representantes de los depositantes de los fondos se encargarán
de realizar un seguimiento de las gestiones que se realicen en
Ecuador y en el exterior para salvaguardar los depósitos y
ahorristas nacionales captados por el Banco Popular e invertidos
en las Bahamas.
EL PEDIDO DE LOS CLIENTES
La administración temporal del banco, a cargo de Miguel Dávila,
ha garantizado que la totalidad de las inversiones de los
mencionados fondos están respaldados en títulos financieros.
Los clientes solicitan que las autoridades intervengan en los
procedimientos de control sobre el manejo que se efectuó con esos
fondos.
Exigen que se verifique la existencia de los papeles en los que
se habrían invertido los recursos de 9 000 clientes de Fondos
Visión y Capital. Con ello se podrá conocer el valor del fondo
que ascendería a 270 millones de dólares.
También quieren verificar que el rendimiento periódico que se
les reportaba por sus inversiones corresponde a la realidad o se
trató de cifras infladas.
Finalmente los inversionistas desean comprobar si los papeles
en los que fondos Visión invirtió su dinero se encuentran
realmente en custodia de una banca de inversión denominada Street
Bank, como se les ha informado.
Incluso se habló de posibles alternativas para el manejo de sus
recursos, como el cambiar de administradora de fondos o solicitar
que el Fondo les permita endosar sus recursos.
La idea es probar varias opciones, menos la de liquidar el
Fondo, pues según los clientes de Visión, las autoridades del
banco quieren aprovechar su desesperación para liquidar sus
recursos a precios muy bajos.
La idea es usar el mecanismo de suspensión de la liquidación
mientras se examina al banco y al Fondo, y se obtienen
conclusiones sobre su manejo.
Un pedido generalizado que los accionistas han expuesto con
insistencia ante su directorio es una orden de arraigo en contra
de las cabezas del Fondo y del banco.
CONGELAMIENTO INEXPLICADO
"Querer un mayor rendimiento, ese fue el error", lamenta Francis
de Cárdenas, cliente de Fondos Visión, mientras recuerda
indignada cómo una ejecutiva del Banco Popular la convenció de
transferir sus recursos que, depositados en otro Fondo, tenían
un rendimiento del 9%, pero que al pasar a Visión obtendrían
hasta el 12%.
No solo Francis, sino ocho de sus compañeros de trabajo tomaron
la decisión de cambiar de administradora de fondos en enero de
1999.
Pero no fue hasta el mes de abril cuando empezaron las sorpresas.
Francis de Cárdenas, que había invertido 22 mil dólares, fue a
retirar sus recursos más un rendimiento que ella esperaba para
la educación de sus hijos, pero se le informó que todo estaba
congelado.
Este hecho le extrañó pues cuando firmó el contrato se le aclaró
que sus recursos estaban regidos bajo las leyes de las Bahamas.
Asegura que a otros inversionistas con fondos mucho más altos
(desde 80 mil dólares), les devolvieron su dinero, pues estos
amenazaron con demandas en contra del Fondo. 'No ha habido un
trato igualitario".
Francis dice estar cansada de las respuestas que obtiene en el
banco: "que el señor Landes se ha ido, supuestamente, para
ganarles el juicio a los colombianos'.
BANCO RESPALDABA INVERSION
A pesar del constante ir y venir de clientes del Popular, luego
del anuncio de que la entidad pasaba a manos de la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD), Clemencia Soria de Bonilla, trataba
de conservar la tranquilidad.
A diferencia de la ira de los demás clientes, esta mujer de más
de 70 años de edad, salió del banco con la esperanza de no perder
sus recursos.
Su jefe de cuenta le recomendó que debía conservar los tres
últimos informes mensuales sobre las condiciones en las que el
Fondos Visión ha invertido su dinero y su rendimiento, con lo
cual se le acreditará el depósito que posee actualmente.
Clemencia Soria ha sido cliente del banco desde hace muchos años
y sostiene que siempre Fondos Visión ha cumplido con los
depositantes. Confía en que el directorio de accionistas de
Fondos Visión se encargue de analizar las acciones tomadas por
el Fondo, como el congelamiento de los recursos de sus clientes
(en marzo pasado), a pesar de estar regidos por las leyes de las
Bahamas.
Otro de los inversionistas que rehusó dar su nombre, aún no sale
de su desconcierto por el giro que ha tomado la situación del
Banco Popular.
"Hace seis años cuando abrí mi fondo, era impensable que este
banco no tuviera suficiente respaldo". (DIARIO HOY) (P. 7-A)
Angela Sarmiento, ordenó este lunes la prisión preventiva para
William De Rosa, y Patricio Serrano León, directores de BPI
Vision Inc, por presunto fraude y engaño a sus nuevos y antiguos
inversionistas, ya que vendía sus acciones a un precio mayor que
el real. Con esta acción legal, la jueza acogió la excitativa del
ministro fiscal distrital de Pichincha, José Ramón Marín.
Los argumentos legales por los cuales Sarmiento dictó la orden
de prisión se basan en un comunicado que Wiliam DeRosa emitiera
a los accionistas de Visión, el 17 de marzo de 1999, indicándoles
que "la junta directiva en su sesión del 12 de marzo, haciendo
uso de sus facultades y responsabilidades, de acuerdo con los
estatutos de la compañía y de una manera totalmente autónoma e
independiente, resolvió suspender las redenciones de acciones".
A pesar de que la directiva del fondo habría supendido las
redenciones (devoluciones de las acciones), sus administradores
siguieron captando recursos del público, con posterioridad al 17
de marzo.
Esta acción es calificada por las autoridades como un engaño a
los nuevos inversionistas al sobrevaluar los activos netos.
En consecuencia "las acciones que adquiría el inversionista
estaban también sobrevaluadas por lo que su participación se veía
fraudulentamente disminuida".
Es decir, según la providencia, el fondo vendía sus acciones a
un precio mayor que el real, conforme lo demuestra el hecho de
que el precio de compra en el mercado (current bid price) es
menor al precio al que se compró el título (transaction price),
lo cual genera pérdidas de capital.
El mismo perjuicio habrían sufrido los participantes antiguos del
fondo a quienes nunca se les informó el valor real de sus
acciones, "el cual era menor al que se reporta mensualmente en
los reportes que recibían".
En la excitativa del fiscal Ramón Marín solicita también a la
jueza que oficie al gerente de la empresa Price Waterhouse
Coopers para que entregue una copia certificada del informe de
auditoría realizado a los estados financieros del BPI Fondo
Vision Inc., al 31 de diciembre de 1998.
También solicita una inspección judicial a las instalaciones de
BPI Fondos Visión, ubicado en el edificio matriz del Banco
Popular, en la ciudad de Quito, así como la contabilidad de la
empresa con los peritos correspondientes.
Un comité de vigilancia integrado por técnicos de las
superintendencias de Bancos y Compañías, del Banco Popular y dos
representantes de los depositantes de los fondos se encargarán
de realizar un seguimiento de las gestiones que se realicen en
Ecuador y en el exterior para salvaguardar los depósitos y
ahorristas nacionales captados por el Banco Popular e invertidos
en las Bahamas.
EL PEDIDO DE LOS CLIENTES
La administración temporal del banco, a cargo de Miguel Dávila,
ha garantizado que la totalidad de las inversiones de los
mencionados fondos están respaldados en títulos financieros.
Los clientes solicitan que las autoridades intervengan en los
procedimientos de control sobre el manejo que se efectuó con esos
fondos.
Exigen que se verifique la existencia de los papeles en los que
se habrían invertido los recursos de 9 000 clientes de Fondos
Visión y Capital. Con ello se podrá conocer el valor del fondo
que ascendería a 270 millones de dólares.
También quieren verificar que el rendimiento periódico que se
les reportaba por sus inversiones corresponde a la realidad o se
trató de cifras infladas.
Finalmente los inversionistas desean comprobar si los papeles
en los que fondos Visión invirtió su dinero se encuentran
realmente en custodia de una banca de inversión denominada Street
Bank, como se les ha informado.
Incluso se habló de posibles alternativas para el manejo de sus
recursos, como el cambiar de administradora de fondos o solicitar
que el Fondo les permita endosar sus recursos.
La idea es probar varias opciones, menos la de liquidar el
Fondo, pues según los clientes de Visión, las autoridades del
banco quieren aprovechar su desesperación para liquidar sus
recursos a precios muy bajos.
La idea es usar el mecanismo de suspensión de la liquidación
mientras se examina al banco y al Fondo, y se obtienen
conclusiones sobre su manejo.
Un pedido generalizado que los accionistas han expuesto con
insistencia ante su directorio es una orden de arraigo en contra
de las cabezas del Fondo y del banco.
CONGELAMIENTO INEXPLICADO
"Querer un mayor rendimiento, ese fue el error", lamenta Francis
de Cárdenas, cliente de Fondos Visión, mientras recuerda
indignada cómo una ejecutiva del Banco Popular la convenció de
transferir sus recursos que, depositados en otro Fondo, tenían
un rendimiento del 9%, pero que al pasar a Visión obtendrían
hasta el 12%.
No solo Francis, sino ocho de sus compañeros de trabajo tomaron
la decisión de cambiar de administradora de fondos en enero de
1999.
Pero no fue hasta el mes de abril cuando empezaron las sorpresas.
Francis de Cárdenas, que había invertido 22 mil dólares, fue a
retirar sus recursos más un rendimiento que ella esperaba para
la educación de sus hijos, pero se le informó que todo estaba
congelado.
Este hecho le extrañó pues cuando firmó el contrato se le aclaró
que sus recursos estaban regidos bajo las leyes de las Bahamas.
Asegura que a otros inversionistas con fondos mucho más altos
(desde 80 mil dólares), les devolvieron su dinero, pues estos
amenazaron con demandas en contra del Fondo. 'No ha habido un
trato igualitario".
Francis dice estar cansada de las respuestas que obtiene en el
banco: "que el señor Landes se ha ido, supuestamente, para
ganarles el juicio a los colombianos'.
BANCO RESPALDABA INVERSION
A pesar del constante ir y venir de clientes del Popular, luego
del anuncio de que la entidad pasaba a manos de la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD), Clemencia Soria de Bonilla, trataba
de conservar la tranquilidad.
A diferencia de la ira de los demás clientes, esta mujer de más
de 70 años de edad, salió del banco con la esperanza de no perder
sus recursos.
Su jefe de cuenta le recomendó que debía conservar los tres
últimos informes mensuales sobre las condiciones en las que el
Fondos Visión ha invertido su dinero y su rendimiento, con lo
cual se le acreditará el depósito que posee actualmente.
Clemencia Soria ha sido cliente del banco desde hace muchos años
y sostiene que siempre Fondos Visión ha cumplido con los
depositantes. Confía en que el directorio de accionistas de
Fondos Visión se encargue de analizar las acciones tomadas por
el Fondo, como el congelamiento de los recursos de sus clientes
(en marzo pasado), a pesar de estar regidos por las leyes de las
Bahamas.
Otro de los inversionistas que rehusó dar su nombre, aún no sale
de su desconcierto por el giro que ha tomado la situación del
Banco Popular.
"Hace seis años cuando abrí mi fondo, era impensable que este
banco no tuviera suficiente respaldo". (DIARIO HOY) (P. 7-A)
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