Quito. 27 sep 99. El Ministerio hasta el momento ha receptado 2
000 denuncias relacionadas con el cobro de las matrículas y
pensiones. Los controles continuarán esta semana.

Mientras en el Ministerio de Educación las denuncias de los
padres de familia sobre cobros indebidos en los colegios
sobrepasan las 2 000 -del 8 al 24 de septiembre-, en el interior
de varios planteles particulares sus directivos se muestran
descontentos con la sanción.

No obstante, el control de este tipo de irregularidades se
extiende a las provincias. En Cuenca hay 11 colegios que se
excedieron en el cobro de matrículas.

El malestar se sintió con fuerza la semana anterior en Quito. Los
representantes de los planteles Jacques Dalcroze, Centro
Educativo Integral, Pensionado Olivo, Agazzi y William
Shakespeare (norte), acompañados de varios padres de familia y
estudiantes, acudieron al Ministerio para rechazar la clausura
impuesta por la Junta Reguladora de Costos de la Educación
Particular.

Las delegaciones, recibidas en comisión, plantearon a la Junta
su derecho a la defensa. Según Mario Solís, rector del Centro
Educativo Integral, el Ministerio ha emprendido una arremetida
indiscriminada contra los establecimientos particulares. El 17
de septiembre la Junta Reguladora decidió multar a este colegio
con 10 salarios mínimos vitales y con la suspensión a partir
octubre.

El informe de la Junta señala que el Centro Integral, a más de
reincidir por dos ocasiones en cobros exagerados de matrículas
y pensiones, maltrató a los supervisores de Educación que
cumplían con la inspección. Pero la orden de clausura también
llegó para otros cuatro planteles: Jacques Dalcroze, Henri
Becquerel, Metropolitano y Proyecto 2000. Según determina la Ley,
estas instituciones tendrán que cerrar sus puertas a partir del
periodo 2000-2001 (en un año)

Una sanción menos rígida (multa de un millón de sucres) se impuso
a otros 22 planteles: SEK Internacional, Alberto Einstein, Menor
San Francisco de Quito, Americano, La Condamine, Borja 3, Isaac
Newton, Tomás Moro, Spellman Femenino, Max Planck, Academia
Almirante Nelson, Academia Cotopaxi, Alemán, Celestin Freinet,
Frank Schubert, Cristiano Verbo, La Dolorosa, Sagrados Corazones
de Rumipamba, Emmanuel, Francisca de las Llagas, Santa Teresita
de la Colina, Unidad Educativa Letort. El Colegio De América fue
amonestado y tendrá que devolver los valores indebidamente
cobrados. En total son 31 centros censurados.

El director provincial de Educación, Raúl Yépez, dice que uno de
los alegatos de los colegios que apelaron la sanción es que la
Junta Reguladora no notificó a tiempo la resolución de clausura.
"Todos los planteles fueron informados de la sanción. Ahora se
pretende argumentar excusas con el fin de nulitar la acción de
la Junta. El Colegio SEK, por ejemplo, fue el primero en ser
multado y sus directivos lo sabían".

Yépez, sin embargo, indica que todos los centros, como cualquier
entidad jurídica o natural, tienen derecho a un recurso de
apelación por parte de la Junta. El martes anterior, este
organismo escuchó los justificativos de los cinco colegios
sancionados. En la reunión la Junta decidió efectuar una nueva
inspección; el primero en ser visitado fue el Jacques Dalcroze.
El viernes, las autoridades del plantel presentaron a la Junta
documentos en el que justificaban los cobros "extras" que fueron
motivo de la sanción.

"La comisión les hizo notar los errores: cobro por derecho de
admisión, 50 mil sucres; derecho de examen, 25 000; prospecto,
25 000. La ley dice que cualquier adicional tiene que estar
debidamente autorizado por el Ministerio y el Colegio no lo
tiene".

La Junta ya fijó su itinerario para esta semana: hoy, varias
comisiones de supervisores visitarán los planteles que impugnaron
la sanción. El martes la Junta recibirá a otros colegios
sancionados y en la tarde dictará un fallo definitivo.

El miércoles la Supervisión continuará con las inspecciones en
nuevos colegios denunciados. El jueves y viernes Yépez se
trasladará a Santo Domingo de los Colorados y al noroccidente de
la provincia.

Esta semana, la Dirección Provincial tiene otra tarea: entregará
al Servicio de Rentas Internas (SRI) el listado de los planteles
fiscales y particulares que expenden uniformes y útiles
escolares, aspecto que está prohibido por el Ministerio.

"El SRI será el encargado de verificar si los almacenes tienen
el RUC (Registro Unico de Contribuyentes) y si han recaudado el
IVA (Impuesto al Valor Agregado). Si no lo tienen se procederá
a la clausura de los locales". A más de ello, los directivos de
los establecimientos serán sumariados por desacato al Acuerdo
Ministerial 1964. Este prohíbe la venta de uniformes en los
planteles.

Los colegios sancionados tiene plazo hasta el 30 de septiembre
para devolver los valores cobrados indebidamente a los padres de
familia. De no hacerlo se procederá a la clausura temporal, dijo
Yépez.

Dos casos analizados

Sobre el Jacques Dalcroze · El rector del Colegio, Antonio Díaz,
dijo que la Junta Reguladora que preside Raúl Yépez cometió
varias irregularidades. La una es que al plantel no se le
notificó a tiempo la resolución de clausura. Según el Rector, el
anuncio de la sanción se produjo recién el 21 de septiembre,
cuatro días después de que la Junta informó del fallo. Pero Yépez
señaló que la notificación al Dalcroze tiene fecha 17 de
septiembre. Además, explica que si bien la resolución la adoptó
la Junta, quien ordenó la clausura es la Ministra.

El Centro Educativo Integral · Los directivos de este Colegio
fueron recibidos el martes pasado en comisión general. El rector,
Mario Solís, expresó en un comunicado que la Junta violó el Art.
20 del Reglamento de Regulación del Costo de la Educación
Particular. Según él, jamás se realizó el estudio legal y
financiero que plantea este numeral. "Se exige a los planteles
que presenten en forma detallada su presupuesto con todos los
justificativos, pero estas carpetas no se revisan y aplica
mecánicamente un cuadro de categorías establecidas
arbitrariamente, lo cual ha generado injusticias como la del
Integral". Yépez asegura que por lo pronto la clausura no se hará
efectiva porque las autoridades aceptaron su error y se
disculparon por haber ofendido a los supervisores.No obstante
aclaró que deberán pagar la multa.

Un reglamento en ciernes

La Confederación Nacional de Establecimientos de Educación
Católica (Confedec), que aglutina a más de 1 000 planteles a
nivel nacional -200 solo en Pichincha-, también cuestionó las
sanciones adoptadas por el Ministerio de Educación.

El padre Fernando Peñaherrera, presidente de Confedec, cree que
los controles "exagerados y autoritarios de la Dirección
Provincial" no hacen sino confirmar la necesidad de aplicar una
real reglamentación de costos de la educación particular.

Peñaherrera sostiene que la Junta Reguladora no ha seguido los
trámites legales y tampoco ha permitido la defensa de los
establecimientos católicos sancionados. "De acuerdo a los
informes que me han enviado los colegios, el Ministerio actuó
basado solo en denuncias telefónicas. Después que los
supervisores visitaron los centros se procedió a sancionarlos".

Mañana, la Confedec se reunirá para afinar el reglamento de
costos de la educación particular. Según Peñaherrera, el borrador
del reglamento está listo hace tres años pero el permanente
cambio de ministros ha obstaculizado su aprobación. "La misión
de la Junta es regular los costos no imponer números ni
porcentajes. Muchos colegios de la Confedec cobran 10 mil sucres
mensuales de pensión y no es justo que se les permita un alza de
apenas el 10 por ciento (1 000 mil sucres), mientras que a los
colegios que cobran dos millones y medio se les aumenta el 15 por
ciento". (Texto tomado de El Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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