La demanda presentada esta semana por abogados colombianos contra el presidente de Ecaudor, Rafael Correa, y su ex ministro de Seguridad Gustavo Larrea por los presuntos nexos del Gobierno de Quito con las FARC fue calificada hoy por éste último como una "irresponsabilidad".
"Hay una absoluta irresponsabilidad de hacer esa acusación", dijo Larrea al negar vínculos con grupos irregulares y al asegurar que el de Ecuador es "un Gobierno democrático" que no comparte "el uso de la violencia provenga de donde provenga".
Tras rechazar la acción de los letrados colombianos, Larrea dijo que si la Fiscalía de Colombia da paso a la demanda, no acudirá a declarar a Bogotá, pero enviará abogados ejercería su "legítimo derecho" a defenderse "de esta nueva calumnia".
Los demandantes, que también incluyen en su denuncia al ex ministro ecuatoriano Gustavo Larrea y al ex subsecretario de Gobierno José Ignacio Chauvín, anunciaron que pedirán que los acusados sean denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el delito de "terrorismo internacional".
Larrea aseguró que su país fue "víctima de una agresión externa" al recordar el bombardeo del 1 de marzo de 2008 a un campamento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían instalado en territorio ecuatoriano y en el que murieron 26 personas, entre ellas el portavoz internacional de esa agrupación, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes".
"Aquí se produjo una masacre de 26 ciudadanos, más allá de que ellos hayan cometido delitos, debieron haber sido juzgados aquí o en Colombia o en cualquier corte", apuntó el ex ministro, que presentó su renuncia el pasado 28 de enero para apoyar la candidatura de Correa para las elecciones de abril.
Señaló que las FARC no son una fuerza beligerante sino una fuerza ilegal colombiana y que "en el derecho internacional ello implica que la responsabilidad de las acciones que comete esa organización las tiene el Estado colombiano porque de ahí proviene".
Esta semana, el ministro ecuatoriano de Seguridad, Miguel Carvajal, opinó que la demanda de los abogados colombianos es una "acción política" en respuesta a la solicitud de detención del ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos por parte de la justicia ecuatoriana por el bombardeo contra el campamento de las FARC.
El Gobierno ecuatoriano consideró ayer que su país y Colombia atraviesan el "peor momento" en sus relaciones, que Quito rompió el 3 de marzo de 2008 tras el ataque colombiano, en el que los militares de ese país atravesaron la frontera sin autorización ecuatoriana.
Todo diálogo con el Gobierno colombiano está "congelado", afirmó el canciller, Fander Falconí. (EFE)
"Hay una absoluta irresponsabilidad de hacer esa acusación", dijo Larrea al negar vínculos con grupos irregulares y al asegurar que el de Ecuador es "un Gobierno democrático" que no comparte "el uso de la violencia provenga de donde provenga".
Tras rechazar la acción de los letrados colombianos, Larrea dijo que si la Fiscalía de Colombia da paso a la demanda, no acudirá a declarar a Bogotá, pero enviará abogados ejercería su "legítimo derecho" a defenderse "de esta nueva calumnia".
Los demandantes, que también incluyen en su denuncia al ex ministro ecuatoriano Gustavo Larrea y al ex subsecretario de Gobierno José Ignacio Chauvín, anunciaron que pedirán que los acusados sean denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el delito de "terrorismo internacional".
Larrea aseguró que su país fue "víctima de una agresión externa" al recordar el bombardeo del 1 de marzo de 2008 a un campamento que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían instalado en territorio ecuatoriano y en el que murieron 26 personas, entre ellas el portavoz internacional de esa agrupación, Luis Édgar Devia, alias "Raúl Reyes".
"Aquí se produjo una masacre de 26 ciudadanos, más allá de que ellos hayan cometido delitos, debieron haber sido juzgados aquí o en Colombia o en cualquier corte", apuntó el ex ministro, que presentó su renuncia el pasado 28 de enero para apoyar la candidatura de Correa para las elecciones de abril.
Señaló que las FARC no son una fuerza beligerante sino una fuerza ilegal colombiana y que "en el derecho internacional ello implica que la responsabilidad de las acciones que comete esa organización las tiene el Estado colombiano porque de ahí proviene".
Esta semana, el ministro ecuatoriano de Seguridad, Miguel Carvajal, opinó que la demanda de los abogados colombianos es una "acción política" en respuesta a la solicitud de detención del ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos por parte de la justicia ecuatoriana por el bombardeo contra el campamento de las FARC.
El Gobierno ecuatoriano consideró ayer que su país y Colombia atraviesan el "peor momento" en sus relaciones, que Quito rompió el 3 de marzo de 2008 tras el ataque colombiano, en el que los militares de ese país atravesaron la frontera sin autorización ecuatoriana.
Todo diálogo con el Gobierno colombiano está "congelado", afirmó el canciller, Fander Falconí. (EFE)
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