Guayaquil. 20 sep 99. Una auditoría nacional determinó que hay
exceso de personal administrativo. Solo 1 132 vigilantes (65 por
ciento) salen a controlar el tránsito en las calles.
En la cartelera de información de la Comisión de Tránsito del
Guayas (CTG) se exhibe un memorando. Está dirigido a los jefes
departamentales sobre medidas administrativas y de ellas se
destaca una: los 60 conserjes tienen prohibido hacer trámites
personales.
Según una auditoría previa a la CTG, ese personal no realiza el
trabajo asignado, sino particular. Por eso, a partir de octubre
el número de conserjes se reducirá a 25, y su control será
responsabilidad de cada jefe departamental. Este es un ejemplo
de una medida que trata de poner orden en la entidad que enfrentó
al menos una decena de escándalos por irregularidades en los
últimos cinco años.
En las oficinas hay un ambiente de incertidumbre tras las
evaluaciones a sus empleados. Además, después de la renuncia del
comando de oficiales, que coincidió con un acto de
insubordinación de dos capitanes, hace dos semanas, pocos se
atreven a comentar lo que pasaba en la CTG.
Los cambios, sin embargo, comenzaron con la conformación del
Directorio, por las reformas impulsadas por el ex gobernador
Guillermo Lasso, a fines de 1998. Entonces se prescindió de los
representantes de la Subsecretaría de Obras Públicas, de los
transportistas y de los propios uniformados, porque "eran juez
y parte". Y se incluyó al alcalde y al presidente de la Junta
Cívica de Guayaquil, al prefecto de Guayas y delegados de las
cámaras de la Producción, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Además, por los antecedentes de tráfico de influencias, se
prohibió a los miembros del Directorio intervenir en las
comisiones de tránsito, la terminal terrestre, etc.
La reorganización administrativa y del cuerpo de oficiales y
vigilantes es una de las herramientas más fuertes para la
modernización de la CTG y la atribución está en manos del
director ejecutivo. La Ley Sustitutiva de Creación de la CTG, de
mayo último, allanó el camino. Una mancha evidente han sido los
actos de corrupción del personal civil y uniformado (recuadro).
Entre las nuevas atribuciones del director ejecutivo están
designar y remover empleados, y reorganizar la CTG "cuando los
intereses institucionales lo exijan".
El director Octavio Jarrín informó que la consultora mexicana
London Consulting Group, en diciembre de 1998, diagnosticó
excesivos a los 702 empleados administrativos. Para la supresión
de partidas, es decir eliminar cargos innecesarios, la consultora
ecuatoriana Negocios, Comercios y Servicios (N&CSA) evalúa al
personal.
La nómina comenzó a reducirse y hasta ahora han salido casi 100.
Pero Jarrín dice que lo recomendado es quedarse con 150 y existen
14 mil millones de sucres para financiar esas salidas, a la que
muchos empleados se acogen porque "pierden sus espacios para el
tráfico de influencias", agrega Efrén Cascante, gerente de N&C
SA.
En tres meses se cumplió la primera etapa de un proceso de
reingeniería que involucró el diseño de las áreas administrativa
y financiera, con 90 millones de sucres.
Está en ejecución una segunda, en recursos humanos e informática,
y una tercera será en asesoría jurídica y secretaría general. En
la dirección financiera, por ejemplo, hay ocho departamentos. Se
harán fusiones, como entre Contabilidad y Presupuesto: de 25
personas quedarán ocho.
La reducción de personal, no obstante, es asumida como
"destitución". Así lo dice Francisca Pinzón, ex directora
financiera, en su carta de renuncia del 28 de junio: "... no
podía participar en las destituciones que se están fraguando con
la asesoría del representante de la empresa N&C SA hacia
funcionarios del área de fiscalización, basados en una
calificación parcial...".
Jarrín respondió que todo cambio genera resistencias. Y
ejecutarlos no es fácil. Con la Ley Sustitutiva el comando de
oficiales de la CTG solo tiene a cargo ejecutar el plan
operativo, es decir encargarse de dirigir el tránsito en las
calles; ya no tiene potestad sobre los cambios o distribución del
personal de vigilantes. Y eso en la práctica disgustó a la
oficialidad renunciante cuando el 2 del presente mes se aprobó
un nuevo reparto. Los tres oficiales salientes no quisieron hacer
comentarios.
Según el Director Ejecutivo, con el nuevo reparto se saca a la
calle a los oficiales que actualmente cumplen funciones
administrativas, a pesar de que ganan los bonos pecuniarios por
responsabilidad y residencia. "El 38 % de la oficialidad
permanecía en las oficinas, ganaba más".
En ese nuevo reparto, el capitán Freddy Párraga fue cambiado del
área administrativa al destacamento de El Empalme. Era asistente
del ex jefe de tránsito y está acusado de insubordinación cuando
denunció un supuesto incremento excesivo de sueldos para los
directivos.
Pero no solo los oficiales estaban en las oficinas. Se detectó
que a los 702 empleados se sumaban 626 uniformados en funciones
administrativas, de un total de 1 758. Es decir que mientras 1
328 personas están en las oficinas, solo 1 132 (el 65% de los
vigilantes) están en las calles. Con eso se calcula que apenas
se cubre el 30 % de las necesidades de tránsito en la provincia.
Los casos de corrupción en diez años
1986 · Se denuncia el remate de autos de lujo, que ingresaron
ilegalmente al Ecuador, como si se tratara de chatarra.
1987 · La Contraloría detecta fraude en la matriculación de
vehículos.
1988 · La CTG se compromete con la compra de 71 buses
articulados. Se los adquirió sin los repuestos.
1993 · Juan José Vivas, presidente alterno, es acusado de pagar
con dinero de la institución su defensa en un juicio de
trabajadores de la CTG. Irregularidades en contratos de
mantenimiento de radio y licitación para la semaforización de
Guayaquil.
1994 · La Contraloría detecta sobreprecio de 1 300 millones de
sucres en la adquisición de repuestos y contratación de servicio
de mantenimiento. Se acusa al representante de los transportistas
en el directorio de apropiarse del subsidio estatal.
1995 · Se denuncia venta de puestos y concesión de permisos de
circulación a transportes ingresados ilegalmente
1996 · Anormalidades en la compra de equipos y materiales de
oficina.
1997 · Se denuncia el cobro de coimas a las cooperativas de
transportes en una garita de la Terminal Terrestre. Se involucra
a vigilantes de Tránsito, miembros del Cuerpo de Vigilancia y al
ex diputado Franklin Verduga.
1998 · Irregularidades en la entrega de permisos de circulación
a vehículos obsoletos. Cuatro oficiales están sindicados.
1999 · El ex jefe de tránsito, César Garnica, fue detenido, en
enero, acusado de ordenar la elaboración de un parte falso. En
el juicio están sindicados dos oficiales más. En febrero, por
abuso de facultades, se inicia juicio contra tres mayores. (Texto
tomado de El Comercio)
exceso de personal administrativo. Solo 1 132 vigilantes (65 por
ciento) salen a controlar el tránsito en las calles.
En la cartelera de información de la Comisión de Tránsito del
Guayas (CTG) se exhibe un memorando. Está dirigido a los jefes
departamentales sobre medidas administrativas y de ellas se
destaca una: los 60 conserjes tienen prohibido hacer trámites
personales.
Según una auditoría previa a la CTG, ese personal no realiza el
trabajo asignado, sino particular. Por eso, a partir de octubre
el número de conserjes se reducirá a 25, y su control será
responsabilidad de cada jefe departamental. Este es un ejemplo
de una medida que trata de poner orden en la entidad que enfrentó
al menos una decena de escándalos por irregularidades en los
últimos cinco años.
En las oficinas hay un ambiente de incertidumbre tras las
evaluaciones a sus empleados. Además, después de la renuncia del
comando de oficiales, que coincidió con un acto de
insubordinación de dos capitanes, hace dos semanas, pocos se
atreven a comentar lo que pasaba en la CTG.
Los cambios, sin embargo, comenzaron con la conformación del
Directorio, por las reformas impulsadas por el ex gobernador
Guillermo Lasso, a fines de 1998. Entonces se prescindió de los
representantes de la Subsecretaría de Obras Públicas, de los
transportistas y de los propios uniformados, porque "eran juez
y parte". Y se incluyó al alcalde y al presidente de la Junta
Cívica de Guayaquil, al prefecto de Guayas y delegados de las
cámaras de la Producción, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Además, por los antecedentes de tráfico de influencias, se
prohibió a los miembros del Directorio intervenir en las
comisiones de tránsito, la terminal terrestre, etc.
La reorganización administrativa y del cuerpo de oficiales y
vigilantes es una de las herramientas más fuertes para la
modernización de la CTG y la atribución está en manos del
director ejecutivo. La Ley Sustitutiva de Creación de la CTG, de
mayo último, allanó el camino. Una mancha evidente han sido los
actos de corrupción del personal civil y uniformado (recuadro).
Entre las nuevas atribuciones del director ejecutivo están
designar y remover empleados, y reorganizar la CTG "cuando los
intereses institucionales lo exijan".
El director Octavio Jarrín informó que la consultora mexicana
London Consulting Group, en diciembre de 1998, diagnosticó
excesivos a los 702 empleados administrativos. Para la supresión
de partidas, es decir eliminar cargos innecesarios, la consultora
ecuatoriana Negocios, Comercios y Servicios (N&CSA) evalúa al
personal.
La nómina comenzó a reducirse y hasta ahora han salido casi 100.
Pero Jarrín dice que lo recomendado es quedarse con 150 y existen
14 mil millones de sucres para financiar esas salidas, a la que
muchos empleados se acogen porque "pierden sus espacios para el
tráfico de influencias", agrega Efrén Cascante, gerente de N&C
SA.
En tres meses se cumplió la primera etapa de un proceso de
reingeniería que involucró el diseño de las áreas administrativa
y financiera, con 90 millones de sucres.
Está en ejecución una segunda, en recursos humanos e informática,
y una tercera será en asesoría jurídica y secretaría general. En
la dirección financiera, por ejemplo, hay ocho departamentos. Se
harán fusiones, como entre Contabilidad y Presupuesto: de 25
personas quedarán ocho.
La reducción de personal, no obstante, es asumida como
"destitución". Así lo dice Francisca Pinzón, ex directora
financiera, en su carta de renuncia del 28 de junio: "... no
podía participar en las destituciones que se están fraguando con
la asesoría del representante de la empresa N&C SA hacia
funcionarios del área de fiscalización, basados en una
calificación parcial...".
Jarrín respondió que todo cambio genera resistencias. Y
ejecutarlos no es fácil. Con la Ley Sustitutiva el comando de
oficiales de la CTG solo tiene a cargo ejecutar el plan
operativo, es decir encargarse de dirigir el tránsito en las
calles; ya no tiene potestad sobre los cambios o distribución del
personal de vigilantes. Y eso en la práctica disgustó a la
oficialidad renunciante cuando el 2 del presente mes se aprobó
un nuevo reparto. Los tres oficiales salientes no quisieron hacer
comentarios.
Según el Director Ejecutivo, con el nuevo reparto se saca a la
calle a los oficiales que actualmente cumplen funciones
administrativas, a pesar de que ganan los bonos pecuniarios por
responsabilidad y residencia. "El 38 % de la oficialidad
permanecía en las oficinas, ganaba más".
En ese nuevo reparto, el capitán Freddy Párraga fue cambiado del
área administrativa al destacamento de El Empalme. Era asistente
del ex jefe de tránsito y está acusado de insubordinación cuando
denunció un supuesto incremento excesivo de sueldos para los
directivos.
Pero no solo los oficiales estaban en las oficinas. Se detectó
que a los 702 empleados se sumaban 626 uniformados en funciones
administrativas, de un total de 1 758. Es decir que mientras 1
328 personas están en las oficinas, solo 1 132 (el 65% de los
vigilantes) están en las calles. Con eso se calcula que apenas
se cubre el 30 % de las necesidades de tránsito en la provincia.
Los casos de corrupción en diez años
1986 · Se denuncia el remate de autos de lujo, que ingresaron
ilegalmente al Ecuador, como si se tratara de chatarra.
1987 · La Contraloría detecta fraude en la matriculación de
vehículos.
1988 · La CTG se compromete con la compra de 71 buses
articulados. Se los adquirió sin los repuestos.
1993 · Juan José Vivas, presidente alterno, es acusado de pagar
con dinero de la institución su defensa en un juicio de
trabajadores de la CTG. Irregularidades en contratos de
mantenimiento de radio y licitación para la semaforización de
Guayaquil.
1994 · La Contraloría detecta sobreprecio de 1 300 millones de
sucres en la adquisición de repuestos y contratación de servicio
de mantenimiento. Se acusa al representante de los transportistas
en el directorio de apropiarse del subsidio estatal.
1995 · Se denuncia venta de puestos y concesión de permisos de
circulación a transportes ingresados ilegalmente
1996 · Anormalidades en la compra de equipos y materiales de
oficina.
1997 · Se denuncia el cobro de coimas a las cooperativas de
transportes en una garita de la Terminal Terrestre. Se involucra
a vigilantes de Tránsito, miembros del Cuerpo de Vigilancia y al
ex diputado Franklin Verduga.
1998 · Irregularidades en la entrega de permisos de circulación
a vehículos obsoletos. Cuatro oficiales están sindicados.
1999 · El ex jefe de tránsito, César Garnica, fue detenido, en
enero, acusado de ordenar la elaboración de un parte falso. En
el juicio están sindicados dos oficiales más. En febrero, por
abuso de facultades, se inicia juicio contra tres mayores. (Texto
tomado de El Comercio)
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