El país no avanza -o lo hace muy lentamente, para no ser pesimistas- porque los actores sociales y políticos no asumen las consecuencias de sus posturas, porque no son responsables frente a sus palabras y a sus acciones.
En el Ecuador, se puede un día, con enorme pasión y convencimiento, defender una postura y abandonarla al día siguiente sin ninguna explicación. Es la política de la "regalada ganada" como la bautizó Abdalá Bucaram, el maestro de todos los políticos ecuatorianos.
Partimos de este supuesto frente al riesgo de que todo el debate en torno a la modernización de las empresas eléctricas quede en nada, que las posturas terminen por esfumarse en la espesa neblina de estos días en Quito. Que el gobierno no cumpla con su palabra de llevar a cabo la subasta en la Costa y suspenderla en la Sierra, bajo un argumento falso de proyecto nacional; que todas las declaraciones últimas del presidente de la República y de su
hermano sean solo expresiones de molestia por la derrota a la privatización en la Sierra. Temor de que los subsidios a las empresas de distribución eléctrica no se suspendan y, pasada la tormenta, el Ecuador vuelva a la inercia de esta crisis de modelo que lo afecta desde hace quince años.
Temor también de que la ID y el Concejo Municipal de Quito cambien su postura y decidan, después de tanta pelea y tanta oposición, dar paso a la privatización de la empresa eléctrica. Temor de que el partido naranja abandone la tesis sostenida desde hace años respecto de una modernización alternativa a la privatización. Un cambio de posición significaría que la ID ha jugado pura y simplemente a la demagogia y al engaño de la opinión pública. Temor de que la "reingeniería institucional" ofrecida por el alcalde quede en nada, en un ofrecimiento lanzado al aire solo para hacer frente a las presiones privatizadoras. Temor, por lo tanto, de que la Empresa Eléctrica Quito, urgida de un proceso de modernización, mantenga su inercia burocrática y acumule más pérdidas adicionales a los 64 millones de dólares de los últimos cuatro años.
Si la Sierra, dominada por una concepción del desarrollo catalogada como de "centroizquierda", no quiere la privatización, pues entonces que sus dirigencias políticas, sindicales y sociales definan un plan alternativo de
modernización; que lleven a cabo las tesis defendidas por ellos durante más de 15 años; y que el gobierno cumpla su palabra de suspender todos los subsidios a las empresas como parte de una política de saneamiento fiscal.
Así mismo, que la Costa, convencida de que el modelo privatizador es la mejor opción para lograr la eficiencia de los servicios y de la gestión municipal, emprenda con éxito en la venta de los activos de las empresas
eléctricas; que sostenga su modelo, que muestre su eficacia, que le dé productividad, eficiencia y perspectiva de futuro. Que la Costa no vea en la Sierra un motivo de atraso y arcaísmo, que siga adelante con su proyecto
modernizador.
El problema del Ecuador no es la desunión ni la diversidad de opiniones. Su problema es que esas opiniones, que deberían describir posiciones claras y además responsables, no terminan por asumirse. El escenario para la modernización del sector eléctrico, objetivo del país, está trazado. Para llevarlo a cabo solo hace falta que los actores cumplan su palabra: el Gobierno, que lleve a cabo la subasta en la Costa y suspenda, a partir de un fecha determinada, los subsidios a las empresas distribuidoras; y que los municipios y consejos provinciales serranos, junto con la ID, Pachakutik, los movimientos sociales y la CONAIE cumplan con su discurso de años de una modernización alternativa. Si eso ocurre, entonces se hará la modernización eléctrica.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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