Quito. 07 sep 2001. Una de las mayores deudoras del sistema financiero es la Pesquera Jambelí, de la familia Hidalgo Febres Cordero. La AGD sigue presionando.
Redacción Guayaquil
La cartera de Filanbanco que se disputa judicialmente es clave para el Grupo Isaías, que manejó la institución hasta el 2 de diciembre de 1998.
De las 91 cuentas que deben ser transferidas a los ex dueños del banco, 36 son vinculadas. Esto representa el 56 por ciento de la cartera total, de 141,6 millones de dólares, y que la jueza Tercero de lo Civil del Guayas, Mercedes Bacilio, resolvió entregar a los ex accionistas de Filanbanco que iniciaron el juicio: Intral Panamá y Seguros Rocafuerte.
La cartera más representativa se concentra en Ingenio La Troncal, Josda, Megagraf, SVU Sociedad Verificadora, Ecuamar, Agrícola Chimborazo, Agrofruit, Compañía Graunit, Dumasi, EICA Emilio Isaías, Ganadero Los Janeiros, Bagno, entre otras.
Esas cuentas fueron reestructuradas entre marzo de 1998 y febrero de 1999 a siete años plazo con uno de gracia, a tasas de interés preferenciales que en algunos casos llegaron a cero.
Pero esa lista también incluye a uno de los mayores deudores del sistema financiero, liderados por el grupo de la Industria Pesquera Jambelí, de la familia Hidalgo Febres Cordero. Ahí también están firmas como Barisa Barcos Independientes, Itabaca, Cordape, Pesquera del Pacífico y Procuton. Ellas acumulan una deuda, solo con Filanbanco, de 19 millones de dólares. Estas empresas también tienen deudas con los bancos del Pacífico, Finagro, Tungurahua y Banco Unión y están en negociación a través de un concurso preventivo.
Si bien la decisión final de traspasar la cartera a los demandantes pasará a una sala de la Corte Superior de Justicia (CSJ), todavía no se define qué tratamiento tendrá y cómo se cobrará.
Carlos Pareja, representante legal de Intral Panamá y Seguros Rocafuerte (ex accionistas de Filanbanco), explicó que esa decisión todavía no se define, pero la idea es cobrar esas deudas.La estrategia que la Corte mantenga la sentencia. "Nadie discute el derecho de los demandantes. Hay un miedo de reconocer la verdad y nadie quiere tocar el tema".
La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) gestiona en el Consejo de la Judicatura y en el Ministerio Fiscal para neutralizar la sentencia, pero los demandantes creen que la Jueza solo reconoció derechos de Filanbanco.
Febres Cordero atacó ayer al Gobierno
León Febres Cordero arremetió anoche contra el Gobierno para denunciar supuestas irregularidades en el caso Filanbanco. Según él, fue un engaño la recapitalización del banco con 300 millones de dólares, pues el 14 de mayo del 2001 el Ministro de Economía le dijo al FMI que "Filanbanco no era viable y no podía continuar operando por sus continuas y cuantiosas pérdidas; que en ese mes iniciaba su cierre". Además, que el costo fiscal del cierre se calculó en 280 millones de dólares, que estaba incluído en el presupuesto del Estado del 2001.
Para Febres Cordero hay peculado por haber dispuesto de activos de los depositantes de Filanbanco "para entregárselos a precios bajos a un grupo de banqueros".
Presentó papeles de los acuerdos, del 21 de julio y 13 de agosto del 2001, entre el Gobierno y los bancos Pichincha, Guayaquil, Produbanco y Bolivariano.
Según Febres Cordero, Jorge Gallardo y Ricardo Noboa, presidente del Conam, se arrogan funciones, "incluso del Congreso y de entidades autónomas, tales como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos para favorecer a dichos bancos, en perjuicio de los cuenta ahorristas y cuenta correntistas de Filanbanco".
También cuestionó la entrega de las tarjetas de crédito "con graves violaciones a la ley, a precios por debajo de su valor real, igual como se lo intenta hacer con la cartera calificada del banco".
Adicionalmente, mostró un documento de consulta al Procurador sobre el cierre del banco. Para Febres Cordero, la Junta Bancaria podía ordenar la suspensión de operaciones, pero con un plan. También dijo que "se prohibe la congelación de depósitos en los bancos". Redacción Guayaquil
El movimiento por la sentencia de Bacilio
La Comisión Anticorrupción hizo notar ayer que al 30 de noviembre del 98 Filanbanco adeudaba al Banco Central 429 millones de dólares. Y el 2 y 3 de diciembre siguientes recibió dos créditos más por 233 millones de dólares. "Esos créditos fueron cancelados por Filanbanco al Central, con bonos del Estado y no con fondos de los antiguos accionistas". Por eso, sostiene que si bien la AGD tiene la obligación de entregar los activos a los accionistas, por las causales del art. 24 de la Ley que creó la AGD, debe descontarse de dicho pago las deudas que los ex accionistas adquirieron con el Banco Central.
Además calculó que a junio pasado el salvataje bancario alcanzó los 3 818 millones de dólares y que, de ejecutarse la sentencia de la jueza tercera de lo Civil, Mercedes Bacilio, el perjuicio al Estado será mayor, más aún si esa medida puede generalizarse.
Entre tanto, la Procuraduría espera a la resolución de la Corte Superior de Guayaquil, última instancia del proceso, que todavía está en manos de la Jueza. Sócrates Vera, por el Procurador, remitió un escrito a Bacilio, el 5, donde aclara que esa instancia puede confirmar, reformar o revocar la sentencia del 27 de agosto, que ordena la transferencia de las deudas (cartera) de 91 firmas del banco a sus ex accionistas.
Hasta el cierre de esta edición, la Jueza no se pronunciaba sobre un pedido de nulidad a su sentencia, que presentó la AGD el martes pasado. Prefirió prepararse para contestar las quejas que tiene en el Consejo de la Judicatura.
A su vez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico, dijo que el caso de la Jueza está bajo análisis de la Judicatura. Redacciones Quito y Guayaquil(Texto tomado de El Comercio)
Redacción Guayaquil
La cartera de Filanbanco que se disputa judicialmente es clave para el Grupo Isaías, que manejó la institución hasta el 2 de diciembre de 1998.
De las 91 cuentas que deben ser transferidas a los ex dueños del banco, 36 son vinculadas. Esto representa el 56 por ciento de la cartera total, de 141,6 millones de dólares, y que la jueza Tercero de lo Civil del Guayas, Mercedes Bacilio, resolvió entregar a los ex accionistas de Filanbanco que iniciaron el juicio: Intral Panamá y Seguros Rocafuerte.
La cartera más representativa se concentra en Ingenio La Troncal, Josda, Megagraf, SVU Sociedad Verificadora, Ecuamar, Agrícola Chimborazo, Agrofruit, Compañía Graunit, Dumasi, EICA Emilio Isaías, Ganadero Los Janeiros, Bagno, entre otras.
Esas cuentas fueron reestructuradas entre marzo de 1998 y febrero de 1999 a siete años plazo con uno de gracia, a tasas de interés preferenciales que en algunos casos llegaron a cero.
Pero esa lista también incluye a uno de los mayores deudores del sistema financiero, liderados por el grupo de la Industria Pesquera Jambelí, de la familia Hidalgo Febres Cordero. Ahí también están firmas como Barisa Barcos Independientes, Itabaca, Cordape, Pesquera del Pacífico y Procuton. Ellas acumulan una deuda, solo con Filanbanco, de 19 millones de dólares. Estas empresas también tienen deudas con los bancos del Pacífico, Finagro, Tungurahua y Banco Unión y están en negociación a través de un concurso preventivo.
Si bien la decisión final de traspasar la cartera a los demandantes pasará a una sala de la Corte Superior de Justicia (CSJ), todavía no se define qué tratamiento tendrá y cómo se cobrará.
Carlos Pareja, representante legal de Intral Panamá y Seguros Rocafuerte (ex accionistas de Filanbanco), explicó que esa decisión todavía no se define, pero la idea es cobrar esas deudas.La estrategia que la Corte mantenga la sentencia. "Nadie discute el derecho de los demandantes. Hay un miedo de reconocer la verdad y nadie quiere tocar el tema".
La Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) gestiona en el Consejo de la Judicatura y en el Ministerio Fiscal para neutralizar la sentencia, pero los demandantes creen que la Jueza solo reconoció derechos de Filanbanco.
Febres Cordero atacó ayer al Gobierno
León Febres Cordero arremetió anoche contra el Gobierno para denunciar supuestas irregularidades en el caso Filanbanco. Según él, fue un engaño la recapitalización del banco con 300 millones de dólares, pues el 14 de mayo del 2001 el Ministro de Economía le dijo al FMI que "Filanbanco no era viable y no podía continuar operando por sus continuas y cuantiosas pérdidas; que en ese mes iniciaba su cierre". Además, que el costo fiscal del cierre se calculó en 280 millones de dólares, que estaba incluído en el presupuesto del Estado del 2001.
Para Febres Cordero hay peculado por haber dispuesto de activos de los depositantes de Filanbanco "para entregárselos a precios bajos a un grupo de banqueros".
Presentó papeles de los acuerdos, del 21 de julio y 13 de agosto del 2001, entre el Gobierno y los bancos Pichincha, Guayaquil, Produbanco y Bolivariano.
Según Febres Cordero, Jorge Gallardo y Ricardo Noboa, presidente del Conam, se arrogan funciones, "incluso del Congreso y de entidades autónomas, tales como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos para favorecer a dichos bancos, en perjuicio de los cuenta ahorristas y cuenta correntistas de Filanbanco".
También cuestionó la entrega de las tarjetas de crédito "con graves violaciones a la ley, a precios por debajo de su valor real, igual como se lo intenta hacer con la cartera calificada del banco".
Adicionalmente, mostró un documento de consulta al Procurador sobre el cierre del banco. Para Febres Cordero, la Junta Bancaria podía ordenar la suspensión de operaciones, pero con un plan. También dijo que "se prohibe la congelación de depósitos en los bancos". Redacción Guayaquil
El movimiento por la sentencia de Bacilio
La Comisión Anticorrupción hizo notar ayer que al 30 de noviembre del 98 Filanbanco adeudaba al Banco Central 429 millones de dólares. Y el 2 y 3 de diciembre siguientes recibió dos créditos más por 233 millones de dólares. "Esos créditos fueron cancelados por Filanbanco al Central, con bonos del Estado y no con fondos de los antiguos accionistas". Por eso, sostiene que si bien la AGD tiene la obligación de entregar los activos a los accionistas, por las causales del art. 24 de la Ley que creó la AGD, debe descontarse de dicho pago las deudas que los ex accionistas adquirieron con el Banco Central.
Además calculó que a junio pasado el salvataje bancario alcanzó los 3 818 millones de dólares y que, de ejecutarse la sentencia de la jueza tercera de lo Civil, Mercedes Bacilio, el perjuicio al Estado será mayor, más aún si esa medida puede generalizarse.
Entre tanto, la Procuraduría espera a la resolución de la Corte Superior de Guayaquil, última instancia del proceso, que todavía está en manos de la Jueza. Sócrates Vera, por el Procurador, remitió un escrito a Bacilio, el 5, donde aclara que esa instancia puede confirmar, reformar o revocar la sentencia del 27 de agosto, que ordena la transferencia de las deudas (cartera) de 91 firmas del banco a sus ex accionistas.
Hasta el cierre de esta edición, la Jueza no se pronunciaba sobre un pedido de nulidad a su sentencia, que presentó la AGD el martes pasado. Prefirió prepararse para contestar las quejas que tiene en el Consejo de la Judicatura.
A su vez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico, dijo que el caso de la Jueza está bajo análisis de la Judicatura. Redacciones Quito y Guayaquil(Texto tomado de El Comercio)
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