Quito. 8 sep 2000. Las provincias fronterizas del norte de Ecuador
pidieron se declare a este país como zona neutral frente a la ejecución
del Plan Colombia. Esa es una de las 11 resoluciones adoptadas en el Foro
que contó con la participación de 24 autoridades, entre alcaldes,
prefectos, concejales y consejeros de Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos y
Orellana. A la cita, realizada el miércoles en Lago Agrio, no acudió el
representante de Carchi.
Los asistentes resolvieron unánimemente oponerse a la aplicación del Plan
Colombia "por ser contrario a la Constitución del Ecuador, al derecho
internacional, así como a los acuerdos de buena vecindad y no agresión,
firmados entre Ecuador y Colombia".
También acordaron demandar del Congreso la inmediata nulidad del convenio
que establece la utilización de la Base de Manta, como uno de los más
importantes puertos fluviales del país, ocupado por militares de Estados
Unidos.
El Foro reiteró el rechazo unánime de las autoridades seccionales
norteñas a la creación, mediante Decreto Ejecutivo 640, de la Unidad
Ejecutora de Desarrollo del Norte. Por el contrario, exigen que se
fortalezca a los gobiernos locales.
"Para que puedan cumplir los municipios y consejos provinciales con las
obras locales es necesaria la entrega oportuna de los recursos
presupuestarios que por ley nos corresponden", dijo el prefecto de
Orellana y secretario del foro, Luis Bermeo.
Otra de las resoluciones prevé la creación del Comité de Coordinación de
los gobiernos seccionales del Norte, como instancia de "defensa de la
vida y la soberanía nacional. Establecerá, además, acciones de
contingencia y desarrollo para la región que, incluso, vayan más allá de
las repercusiones que deje el Plan Colombia. Este ente lo integran los
alcaldes y prefectos de las 5 provincias de la frontera norte".
En otro punto, exhortan a la AME (Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas) y Concope (Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador)
para que se pronuncien en apoyo a sus instituciones de base del norte del
país. Del mismo modo, a través de una campaña de difusión intensiva sobre
las repercusiones que generará el Plan Colombia en diferentes medios de
comunicación tratarán de alcanzar el apoyo de la comunidad nacional e
internacional.
Los prefectos de Sucumbíos y Orellana, Daniel Lozada y Luis Bermeo,
respectivamente, así como los alcaldes Máximo Abad, de Lago Agrio, y
Guadalupe Llory, de Francisco de Orellana, son los encargados de delinear
la agenda del próximo encuentro. La sede se escogerá entre Esmeraldas e
Imbabura
El alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad, informó que una delegación del
Ministerio de Relaciones Exteriores, invitada por la Asamblea de la
Sociedad Civil de Sucumbíos, visitó el martes 5 Lago Agrio, para dar a
conocer el contenido del Plan de Contingencia elaborado por el Gobierno.
Se destaca la construcción de los centros para refugiados que se harán en
General Farfán (La Punta), Lago Agrio, Dureno, Sansahuari, Puerto El
Carmen, Tetetes y, posiblemente, Cascales.
Se establece la inversión para la construcción de refugios temporales con
capacidad de albergue, cada uno, de 500 personas, por un tiempo máximo de
6 meses. Se ha previsto invertir en su edificación 63 742 dólares, según
el edil.
Del mismo modo, se incluye la construcción en un perímetro de 13
hectáreas, en Puerto El Carmen, de un centro de tránsito temporal con
capacidad de albergue promedio de 100 personas, por un tiempo mínimo
necesario para realizar actividades de registro, selección, desarme e
identificación de necesidades y personas vulnerables.
Debido a que para la elaboración del Plan gubernamental "no se tomó en
cuenta a las autoridades ni actores sociales de las provincias
involucradas", las fuerzas vivas de Sucumbíos se reunirán mañana, a las
17:00, para elaborar una contrapropuesta.
Para los habitantes, esa asamblea local es primordial cuando la
Cancillería invitó a las autoridades y miembros de la sociedad civil de
Sucumbíos a una reunión de trabajo, que se realizará el próximo miércoles
13, a las 10:00, en Quito.
Sin embargo, Abad anticipó algunos puntos que propondrá la Municipalidad
y que parten del hecho de que el Gobierno no solo debe presupuestar
recursos para los centros de refugiados y tránsito sino para invertir en
la construcción de obras básicas de las que carece Sucumbíos. Insistió en
que en esa provincia amazónica se necesita vialidad, agua potable, un
eficiente servicio de energía eléctrica y alcantarillado. El monto que
requieren para que se financien obras de esa magnitud recién se
determinará en la asamblea provincial. Otro cuestionamiento, que es
general en Sucumbíos, está relacionado con la construcción de los centros
de refugiados temporales que coincide con la propuesta del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.
Según Abad, se plantea que "en lugar de invertir en esos centros se
fortalezcan los que hay como albergues en las cabeceras parroquiales,
dotándoles de sistemas de alcantarillado, agua potable..."
Más escenarios en el Plan
El Plan de Contingencia para controlar el flujo de refugiados colombianos
hacia la frontera norte de la provincia de Sucumbíos tiene nuevos
elementos.
En este documento (se conoció un primer borrador en febrero y que ahora
se presenta en una nueva versión) se muestran tres escenarios posibles y
en cada uno se tiene prevista la creación de los campamentos de refugio
para recibir a un promedio de 5 000 desplazados y de tres centros de
tránsito temporal para flujos menores de 100 personas.
Para el mantenimiento de estos sitios se establece un monto que cubrirá
el equipamiento y la dotación de víveres. Para todo esto, es importante
realizar un perfil demográfico y de salud de la población refugiada; en
el primer estudio se estima que a más de un flujo individual ingresen
familias con un promedio de cinco miembros, entre hombres mujeres,
ancianos y niños, en condiciones de salud inestables.
En la ejecución del Plan están involucrados, no solo el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur), sino también los ministerios de Defensa,
Gobierno, Salud, Defensa Civil, la Cruz Roja, la Iglesia, y organismos
involucrados en el área.
Se espera que, a más tardar la próxima semana, se publique en el Registro
Oficial el Decreto Ejecutivo por el cual se conforma el Comité de
Ejecución y Seguimiento Tecnopolítico del Plan de Contingencia,
instrumento con el cual empezará su ejecución.
Cada uno de los organismos que coordinarán la ayuda manejará nueve
componentes para la ejecución del proyecto: protección, recepción,
coordinación y registro, vivienda, alimentación, salud, etc. (Texto
tomado de El Comercio)
pidieron se declare a este país como zona neutral frente a la ejecución
del Plan Colombia. Esa es una de las 11 resoluciones adoptadas en el Foro
que contó con la participación de 24 autoridades, entre alcaldes,
prefectos, concejales y consejeros de Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos y
Orellana. A la cita, realizada el miércoles en Lago Agrio, no acudió el
representante de Carchi.
Los asistentes resolvieron unánimemente oponerse a la aplicación del Plan
Colombia "por ser contrario a la Constitución del Ecuador, al derecho
internacional, así como a los acuerdos de buena vecindad y no agresión,
firmados entre Ecuador y Colombia".
También acordaron demandar del Congreso la inmediata nulidad del convenio
que establece la utilización de la Base de Manta, como uno de los más
importantes puertos fluviales del país, ocupado por militares de Estados
Unidos.
El Foro reiteró el rechazo unánime de las autoridades seccionales
norteñas a la creación, mediante Decreto Ejecutivo 640, de la Unidad
Ejecutora de Desarrollo del Norte. Por el contrario, exigen que se
fortalezca a los gobiernos locales.
"Para que puedan cumplir los municipios y consejos provinciales con las
obras locales es necesaria la entrega oportuna de los recursos
presupuestarios que por ley nos corresponden", dijo el prefecto de
Orellana y secretario del foro, Luis Bermeo.
Otra de las resoluciones prevé la creación del Comité de Coordinación de
los gobiernos seccionales del Norte, como instancia de "defensa de la
vida y la soberanía nacional. Establecerá, además, acciones de
contingencia y desarrollo para la región que, incluso, vayan más allá de
las repercusiones que deje el Plan Colombia. Este ente lo integran los
alcaldes y prefectos de las 5 provincias de la frontera norte".
En otro punto, exhortan a la AME (Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas) y Concope (Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador)
para que se pronuncien en apoyo a sus instituciones de base del norte del
país. Del mismo modo, a través de una campaña de difusión intensiva sobre
las repercusiones que generará el Plan Colombia en diferentes medios de
comunicación tratarán de alcanzar el apoyo de la comunidad nacional e
internacional.
Los prefectos de Sucumbíos y Orellana, Daniel Lozada y Luis Bermeo,
respectivamente, así como los alcaldes Máximo Abad, de Lago Agrio, y
Guadalupe Llory, de Francisco de Orellana, son los encargados de delinear
la agenda del próximo encuentro. La sede se escogerá entre Esmeraldas e
Imbabura
El alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad, informó que una delegación del
Ministerio de Relaciones Exteriores, invitada por la Asamblea de la
Sociedad Civil de Sucumbíos, visitó el martes 5 Lago Agrio, para dar a
conocer el contenido del Plan de Contingencia elaborado por el Gobierno.
Se destaca la construcción de los centros para refugiados que se harán en
General Farfán (La Punta), Lago Agrio, Dureno, Sansahuari, Puerto El
Carmen, Tetetes y, posiblemente, Cascales.
Se establece la inversión para la construcción de refugios temporales con
capacidad de albergue, cada uno, de 500 personas, por un tiempo máximo de
6 meses. Se ha previsto invertir en su edificación 63 742 dólares, según
el edil.
Del mismo modo, se incluye la construcción en un perímetro de 13
hectáreas, en Puerto El Carmen, de un centro de tránsito temporal con
capacidad de albergue promedio de 100 personas, por un tiempo mínimo
necesario para realizar actividades de registro, selección, desarme e
identificación de necesidades y personas vulnerables.
Debido a que para la elaboración del Plan gubernamental "no se tomó en
cuenta a las autoridades ni actores sociales de las provincias
involucradas", las fuerzas vivas de Sucumbíos se reunirán mañana, a las
17:00, para elaborar una contrapropuesta.
Para los habitantes, esa asamblea local es primordial cuando la
Cancillería invitó a las autoridades y miembros de la sociedad civil de
Sucumbíos a una reunión de trabajo, que se realizará el próximo miércoles
13, a las 10:00, en Quito.
Sin embargo, Abad anticipó algunos puntos que propondrá la Municipalidad
y que parten del hecho de que el Gobierno no solo debe presupuestar
recursos para los centros de refugiados y tránsito sino para invertir en
la construcción de obras básicas de las que carece Sucumbíos. Insistió en
que en esa provincia amazónica se necesita vialidad, agua potable, un
eficiente servicio de energía eléctrica y alcantarillado. El monto que
requieren para que se financien obras de esa magnitud recién se
determinará en la asamblea provincial. Otro cuestionamiento, que es
general en Sucumbíos, está relacionado con la construcción de los centros
de refugiados temporales que coincide con la propuesta del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.
Según Abad, se plantea que "en lugar de invertir en esos centros se
fortalezcan los que hay como albergues en las cabeceras parroquiales,
dotándoles de sistemas de alcantarillado, agua potable..."
Más escenarios en el Plan
El Plan de Contingencia para controlar el flujo de refugiados colombianos
hacia la frontera norte de la provincia de Sucumbíos tiene nuevos
elementos.
En este documento (se conoció un primer borrador en febrero y que ahora
se presenta en una nueva versión) se muestran tres escenarios posibles y
en cada uno se tiene prevista la creación de los campamentos de refugio
para recibir a un promedio de 5 000 desplazados y de tres centros de
tránsito temporal para flujos menores de 100 personas.
Para el mantenimiento de estos sitios se establece un monto que cubrirá
el equipamiento y la dotación de víveres. Para todo esto, es importante
realizar un perfil demográfico y de salud de la población refugiada; en
el primer estudio se estima que a más de un flujo individual ingresen
familias con un promedio de cinco miembros, entre hombres mujeres,
ancianos y niños, en condiciones de salud inestables.
En la ejecución del Plan están involucrados, no solo el Ministerio de
Relaciones Exteriores y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur), sino también los ministerios de Defensa,
Gobierno, Salud, Defensa Civil, la Cruz Roja, la Iglesia, y organismos
involucrados en el área.
Se espera que, a más tardar la próxima semana, se publique en el Registro
Oficial el Decreto Ejecutivo por el cual se conforma el Comité de
Ejecución y Seguimiento Tecnopolítico del Plan de Contingencia,
instrumento con el cual empezará su ejecución.
Cada uno de los organismos que coordinarán la ayuda manejará nueve
componentes para la ejecución del proyecto: protección, recepción,
coordinación y registro, vivienda, alimentación, salud, etc. (Texto
tomado de El Comercio)
Más en el