Quito. 28 sep 2000. Las telecomunicaciones mal administradas también son
un buen negocio. Se plantea seguridad jurídica para la inversión
extranjera. La telefonía fija subiría de 60% al 70%.
Cuatro páginas con números y gráficos resumen los dos años que el
ingeniero Hugo Ruiz Coral lleva al frente de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
Sancionar las infracciones de los usuarios y concesionarios de servicios
y de aquellos que operan sin autorización es parte de la tarea que le
compete a este organismo.
Con orgullo, muestra las cifras que por este concepto se incrementaron en
porcentajes del 455% y el 892% en uno y otro caso, respecto de la
anterior administración.
Pero también analiza las pérdidas que registra Pacifictel, las trabas
legales para vender las empresas telefónicas y la inminente alza de
tarifas que regiría antes que concluya el presente año.
¿Cómo se explica que Andinatel tenga utilidades y Pacifictel registre
pérdidas por 126 millones de dólares?
En parte, las causas pueden ser la mejor organización y un óptimo
conocimiento técnico de los directivos de una empresa con respecto a la
otra.
¿Qué hacen ustedes para superar esta situación anómala?
Hay un dicho muy popular en el argot de este sector. Se dice que las
telecomunicaciones bien administradas son el mejor negocio del mundo y
las que no lo están, ocupan el segundo lugar. Es rentable porque luego de
la inversión en equipos, la recuperación es inmediata y posteriormente
permanente.
El Estado debe cuidar este negocio y si lo vende, hacerlo en forma
transparente y honesta. Nuestro país no ofrece seguridad jurídica para un
inversionista extranjero. Consideramos que es prioritario un nuevo y
adecuado marco regulatorio.
¿Pero qué harán respecto al manejo empresarial de Pacifictel?
La superintendencia no tiene que ver directamente en el tipo de mejoras
que se puedan introducir.
Como dueño del 100% de las empresas telefónicas, el Fondo de Solidaridad
define las autoridades y la conformación de los directorios. Debemos
considerar que son sociedades anónimas, manejadas como tales. Hay un
conflicto entre la necesidad de que la Contraloría intervenga en ellas y,
por otro lado, una posición que señala su dependencia de la
Superintendencia de Compañías.
¿Se venderán las empresas telefónicas en corto plazo o en un tiempo
mayor?
Este es un buen negocio, el mejor del mundo. Cualquier proceso de
modernización encaminado a la privatización, capitalización o a
cualquiera de las alternativas que ofrece el mundo moderno, debe ser
hecho con transparencia y honestidad.
No existe suficiente capital para ampliar el servicio y mejorar su
calidad. Para atraer la inversión extranjera, creemos indispensable que
exista un nuevo marco regulatorio, que clarifique una serie de
situaciones.
¿Entonces el plazo es largo?
La expedición de una nueva ley depende del Congreso Nacional. Sin
embargo, existen dos proyectos, uno tiene más de un año en la Comisión de
lo Económico del Parlamento y ha sido largamente estudiado y considerado.
Hay otro liderado por el Conam, que ha contado con la participación de la
mayoría del sector para elaborar una propuesta de consenso, que pueda ser
acatada y aceptada por todos. Ambos tienen similitudes y habría que
trabajar para compatibilizar ideas, introducir mejoras de uno a otro.
Pienso que podría tramitarse antes que termine este año.
Hay contradicciones porque las reformas de 1995 pusieron una especie de
candado. Es la exclusividad temporal y regulada, que debía comenzar a
partir de la venta de las acciones, que nunca se produjo. Son empresas
del Estado, de todos los ecuatorianos. Debemos proteger ese patrimonio y
buscar alternativas legales que nos conduzcan a que estas entidades
tengan valor.
¿Cuál sería la salida legal?
Hay consenso para tomar en cuenta la exclusividad de 5 años, desde que se
crearon las empresas en 1997, hasta finales del 2002, que sería el plazo.
Se necesita también una apertura entre los funcionarios de las empresas
para conversar abiertamente sobre el tema con las autoridades de Gobierno
y del sector.
¿No la hay?
Hubo conversaciones, lamentablemente, todavía hay posiciones muy cerradas
de quienes quieren la apertura y de los que piensan lo contrario.
¿Andinatel y Pacifictel?
Claro, eso implica la necesidad de conversar, de sentarnos, para definir
cómo se van a hacer las cosas.
La revisión de tarifas es un punto a tratar, para hacer atractiva la
venta de las empresas. ¿Cómo marcha este tema?
El asunto tarifario lo define el Conatel. Es un problema que tiene dos
caras. Las empresas de telefonía fija necesitan mejores precios porque
los actuales son absolutamente bajos. De otra parte, la situación
económica del país no permite una elevación exagerada, pero sí razonable.
Entiendo que esa es la propuesta. Está en el sentido de elevar los
valores de telefonía fija, excepto para las clases desposeídas. Plantean
rebajar la tarifa internacional, que produce mayores ingresos.
¿A qué porcentajes llegan las alzas?
Para telefonía local, con excepción de clases populares, la propuesta
está entre 60% y 70%. Las llamadas internacionales bajarán el 53% para
Andinatel, Pacifictel y Etapa.
¿Cuándo estarán listas?
Depende del Conatel, hay plazos que se deben respetar, posiblemente será
en el transcurso de este año. (MAR)
Las cifras
Las intervenciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones en las
operaciones realizadas sin autorización crecieron en el 455%, comparando
el período de Hugo Ruiz con la anterior gestión que duró 6 años.
Esta labor se refiere a actividades de las estaciones de radiodifusión,
sistemas de televisión por cable y casos de by pass telefónico.
Entre 1992 y 1998 hubo 20 acciones, en tanto que de 1998 al 2000, se
registraron 111.
En cuanto a las resoluciones adoptadas por infracciones que cometieron
los usuarios y concesionarios de servicios privados, públicos y de
difusión, la cifra llega a 72 en el período anterior y 714 en el actual.
En este aspecto, el incremento de sanciones alcanza el 892%, según las
últimas estadísticas del organismo.
Empresas perjudicadas deben seguir causa penal
En los casos de ilícitos de radio y televisión, la Superintendencia tiene
la obligación de continuar el proceso legal, que implica un juicio penal
con una sanción (prisión de 2 a 4 años) y la requisa de equipos.
Para los perjudicados por el by pass(piratería telefónica), el proceso es
diferente. Según el Código de Procedimiento Penal, el agraviado debe
seguir las acciones judiciales para sancionar a los culpables, es decir,
la tarea corresponde a las empresas operadoras.
Hugo Ruiz entiende que los procesos tardan en razón de los trámites
legales necesarios, pero estima que "en algun momento se concluirá con
una sentencia que sancione a los infractores". (Texto tomado de El
Expreso)
un buen negocio. Se plantea seguridad jurídica para la inversión
extranjera. La telefonía fija subiría de 60% al 70%.
Cuatro páginas con números y gráficos resumen los dos años que el
ingeniero Hugo Ruiz Coral lleva al frente de la Superintendencia de
Telecomunicaciones.
Sancionar las infracciones de los usuarios y concesionarios de servicios
y de aquellos que operan sin autorización es parte de la tarea que le
compete a este organismo.
Con orgullo, muestra las cifras que por este concepto se incrementaron en
porcentajes del 455% y el 892% en uno y otro caso, respecto de la
anterior administración.
Pero también analiza las pérdidas que registra Pacifictel, las trabas
legales para vender las empresas telefónicas y la inminente alza de
tarifas que regiría antes que concluya el presente año.
¿Cómo se explica que Andinatel tenga utilidades y Pacifictel registre
pérdidas por 126 millones de dólares?
En parte, las causas pueden ser la mejor organización y un óptimo
conocimiento técnico de los directivos de una empresa con respecto a la
otra.
¿Qué hacen ustedes para superar esta situación anómala?
Hay un dicho muy popular en el argot de este sector. Se dice que las
telecomunicaciones bien administradas son el mejor negocio del mundo y
las que no lo están, ocupan el segundo lugar. Es rentable porque luego de
la inversión en equipos, la recuperación es inmediata y posteriormente
permanente.
El Estado debe cuidar este negocio y si lo vende, hacerlo en forma
transparente y honesta. Nuestro país no ofrece seguridad jurídica para un
inversionista extranjero. Consideramos que es prioritario un nuevo y
adecuado marco regulatorio.
¿Pero qué harán respecto al manejo empresarial de Pacifictel?
La superintendencia no tiene que ver directamente en el tipo de mejoras
que se puedan introducir.
Como dueño del 100% de las empresas telefónicas, el Fondo de Solidaridad
define las autoridades y la conformación de los directorios. Debemos
considerar que son sociedades anónimas, manejadas como tales. Hay un
conflicto entre la necesidad de que la Contraloría intervenga en ellas y,
por otro lado, una posición que señala su dependencia de la
Superintendencia de Compañías.
¿Se venderán las empresas telefónicas en corto plazo o en un tiempo
mayor?
Este es un buen negocio, el mejor del mundo. Cualquier proceso de
modernización encaminado a la privatización, capitalización o a
cualquiera de las alternativas que ofrece el mundo moderno, debe ser
hecho con transparencia y honestidad.
No existe suficiente capital para ampliar el servicio y mejorar su
calidad. Para atraer la inversión extranjera, creemos indispensable que
exista un nuevo marco regulatorio, que clarifique una serie de
situaciones.
¿Entonces el plazo es largo?
La expedición de una nueva ley depende del Congreso Nacional. Sin
embargo, existen dos proyectos, uno tiene más de un año en la Comisión de
lo Económico del Parlamento y ha sido largamente estudiado y considerado.
Hay otro liderado por el Conam, que ha contado con la participación de la
mayoría del sector para elaborar una propuesta de consenso, que pueda ser
acatada y aceptada por todos. Ambos tienen similitudes y habría que
trabajar para compatibilizar ideas, introducir mejoras de uno a otro.
Pienso que podría tramitarse antes que termine este año.
Hay contradicciones porque las reformas de 1995 pusieron una especie de
candado. Es la exclusividad temporal y regulada, que debía comenzar a
partir de la venta de las acciones, que nunca se produjo. Son empresas
del Estado, de todos los ecuatorianos. Debemos proteger ese patrimonio y
buscar alternativas legales que nos conduzcan a que estas entidades
tengan valor.
¿Cuál sería la salida legal?
Hay consenso para tomar en cuenta la exclusividad de 5 años, desde que se
crearon las empresas en 1997, hasta finales del 2002, que sería el plazo.
Se necesita también una apertura entre los funcionarios de las empresas
para conversar abiertamente sobre el tema con las autoridades de Gobierno
y del sector.
¿No la hay?
Hubo conversaciones, lamentablemente, todavía hay posiciones muy cerradas
de quienes quieren la apertura y de los que piensan lo contrario.
¿Andinatel y Pacifictel?
Claro, eso implica la necesidad de conversar, de sentarnos, para definir
cómo se van a hacer las cosas.
La revisión de tarifas es un punto a tratar, para hacer atractiva la
venta de las empresas. ¿Cómo marcha este tema?
El asunto tarifario lo define el Conatel. Es un problema que tiene dos
caras. Las empresas de telefonía fija necesitan mejores precios porque
los actuales son absolutamente bajos. De otra parte, la situación
económica del país no permite una elevación exagerada, pero sí razonable.
Entiendo que esa es la propuesta. Está en el sentido de elevar los
valores de telefonía fija, excepto para las clases desposeídas. Plantean
rebajar la tarifa internacional, que produce mayores ingresos.
¿A qué porcentajes llegan las alzas?
Para telefonía local, con excepción de clases populares, la propuesta
está entre 60% y 70%. Las llamadas internacionales bajarán el 53% para
Andinatel, Pacifictel y Etapa.
¿Cuándo estarán listas?
Depende del Conatel, hay plazos que se deben respetar, posiblemente será
en el transcurso de este año. (MAR)
Las cifras
Las intervenciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones en las
operaciones realizadas sin autorización crecieron en el 455%, comparando
el período de Hugo Ruiz con la anterior gestión que duró 6 años.
Esta labor se refiere a actividades de las estaciones de radiodifusión,
sistemas de televisión por cable y casos de by pass telefónico.
Entre 1992 y 1998 hubo 20 acciones, en tanto que de 1998 al 2000, se
registraron 111.
En cuanto a las resoluciones adoptadas por infracciones que cometieron
los usuarios y concesionarios de servicios privados, públicos y de
difusión, la cifra llega a 72 en el período anterior y 714 en el actual.
En este aspecto, el incremento de sanciones alcanza el 892%, según las
últimas estadísticas del organismo.
Empresas perjudicadas deben seguir causa penal
En los casos de ilícitos de radio y televisión, la Superintendencia tiene
la obligación de continuar el proceso legal, que implica un juicio penal
con una sanción (prisión de 2 a 4 años) y la requisa de equipos.
Para los perjudicados por el by pass(piratería telefónica), el proceso es
diferente. Según el Código de Procedimiento Penal, el agraviado debe
seguir las acciones judiciales para sancionar a los culpables, es decir,
la tarea corresponde a las empresas operadoras.
Hugo Ruiz entiende que los procesos tardan en razón de los trámites
legales necesarios, pero estima que "en algun momento se concluirá con
una sentencia que sancione a los infractores". (Texto tomado de El
Expreso)
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