EL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA, por Carlos de Villalón
Bogotá. 11.09.90. (Opinión). Fruto del poderío económico del
narcotráfico, pero fruto también de los radicales programas de
reducción del tamaño del Estado que se vienen implantando en
gran parte de América Latina, la economía informal se ha
expandido marcadamente en toda la región. En Colombia, en
momentos en los cuales por primera vez a lo largo de la última
década la deuda externa nacional comienza a amenazar con
crisis, el narcotráfico y todas sus actividades de apoyo se
han convertido en el motor del extenso sector informal.
En el caso específico colombiano, es difícil separar con
claridad la economía formal de la informal debido precisamente
a la influencia de los narcodólares. Estos son inyectados en
un vasto sector de servicios legales e ilegales que mantienen
eficientemente la compleja infraestructura del narcotráfico en
el país, pero también son inyectados en cuantiosas inversiones
estratégicas legales que van desde tierras, edificios y
fábricas, hasta clubes de fútbol y gasto social.
Se cree que el narcotráfico trae anualmente al país entre US$
1.000 millones y US$ 3.500m, de los cuales, un 55 % ó 60 %
pasa directamente a inversiones. Se calcula que en 1989, el
narcotráfico, el contrabando y el turismo no registrado en
Colombia generaron el equivalente al 6 % del producto interno
bruto (PIB); el sector informal en general produjo un
equivalente al 25 % del PIB. Las autoridades económicas
colombianas reconocen que estas actividades ayudaron a
mantener cierto equilibrio en la balanza de pagos y
permitieron que el país evadiera una profunda crisis económica
gracias a la disponibilidad de divisas a lo largo de los
ochenta.
La importancia de las narco actividades para el soporte de la
economía informal y, en consecuencia, de la nacional adquiere
un nivel similar en los dos grandes productores de coca de la
región: Bolivia y Perú. Sin embargo, esta regla no se cumple
en el resto de América Latina, donde la economía invisible
está impulsada por una vasta gama de trabajos que van desde la
venta ambulante de dulces caseros hasta la consulta médica o
legal que se paga en efectivo y sin recibos.
Tal es la importancia de estas actividades ilegales, pero no
criminales, que varios gobiernos regionales han comenzado a
explorar fórmulas para alentar con los incentivos adecuados la
inserción de gran parte de los empresarios descalzos
(vendedores, mecánicos, taxistas, albañiles, empleadas
domésticas, etc.) en el lado formal de la economía. El
objetivo práctico es integrarlos al sistema tributario para
incrementar los ingresos fiscales del Estado, pero también
cuenta el deseo de abrirles las puertas a la participación de
los beneficios financieros y sociales que ofrece el sector
formal de la economía.
La opinión más generalizada entre economistas y planificadores
exige la eliminación inmediata de los numerosos y complejos
obstáculos que los gobiernos centrales y municipales han
impuesto tradicionalmente a la formación de empresas. La
simplificación radical de los procedimientos burocráticos
exigidos y el otorgamiento oficial de títulos de propiedad
sobre tierras y bienes daría a los actuales empresarios
descalzos el aval suficiente para solicitar préstamos
bancarios o entrar en operaciones de crédito a la escala
necesaria para expandirse.
Otras ideas sugieren el otorgamiento de préstamos oficiales a
pequeña escala para inversiones y capital de trabajo, para
cursos de capacitación en manejo de empresas y pasantías, e
inclusive para la formación de asociaciones de pequeños
productores que permitan alcanzar cierta economía de escala
mediante la compra de suministros al por mayor y la
integración de redes de distribución compartidas y, en
consecuencia, más amplias. La gran duda es si estas empresas
invisibles estarán en capacidad de integrarse al sector formal
y enfrentar todos los costos que éste conlleva en términos de
impuestos nacionales y municipales, contribuciones a la
seguridad social, etc. Por otro lado, aún falta por
establecerse si quienes integran en sector informal de la
economía están interesados realmente en integrarse a un
sistema que los ha marginado históricamente como empresarios y
como ciudadanos. A menos que los incentivos inmediatos y a
largo plazo sean muy atrayentes, las posibilidades de
integración son y serán muy remotas. (A-4).
Bogotá. 11.09.90. (Opinión). Fruto del poderío económico del
narcotráfico, pero fruto también de los radicales programas de
reducción del tamaño del Estado que se vienen implantando en
gran parte de América Latina, la economía informal se ha
expandido marcadamente en toda la región. En Colombia, en
momentos en los cuales por primera vez a lo largo de la última
década la deuda externa nacional comienza a amenazar con
crisis, el narcotráfico y todas sus actividades de apoyo se
han convertido en el motor del extenso sector informal.
En el caso específico colombiano, es difícil separar con
claridad la economía formal de la informal debido precisamente
a la influencia de los narcodólares. Estos son inyectados en
un vasto sector de servicios legales e ilegales que mantienen
eficientemente la compleja infraestructura del narcotráfico en
el país, pero también son inyectados en cuantiosas inversiones
estratégicas legales que van desde tierras, edificios y
fábricas, hasta clubes de fútbol y gasto social.
Se cree que el narcotráfico trae anualmente al país entre US$
1.000 millones y US$ 3.500m, de los cuales, un 55 % ó 60 %
pasa directamente a inversiones. Se calcula que en 1989, el
narcotráfico, el contrabando y el turismo no registrado en
Colombia generaron el equivalente al 6 % del producto interno
bruto (PIB); el sector informal en general produjo un
equivalente al 25 % del PIB. Las autoridades económicas
colombianas reconocen que estas actividades ayudaron a
mantener cierto equilibrio en la balanza de pagos y
permitieron que el país evadiera una profunda crisis económica
gracias a la disponibilidad de divisas a lo largo de los
ochenta.
La importancia de las narco actividades para el soporte de la
economía informal y, en consecuencia, de la nacional adquiere
un nivel similar en los dos grandes productores de coca de la
región: Bolivia y Perú. Sin embargo, esta regla no se cumple
en el resto de América Latina, donde la economía invisible
está impulsada por una vasta gama de trabajos que van desde la
venta ambulante de dulces caseros hasta la consulta médica o
legal que se paga en efectivo y sin recibos.
Tal es la importancia de estas actividades ilegales, pero no
criminales, que varios gobiernos regionales han comenzado a
explorar fórmulas para alentar con los incentivos adecuados la
inserción de gran parte de los empresarios descalzos
(vendedores, mecánicos, taxistas, albañiles, empleadas
domésticas, etc.) en el lado formal de la economía. El
objetivo práctico es integrarlos al sistema tributario para
incrementar los ingresos fiscales del Estado, pero también
cuenta el deseo de abrirles las puertas a la participación de
los beneficios financieros y sociales que ofrece el sector
formal de la economía.
La opinión más generalizada entre economistas y planificadores
exige la eliminación inmediata de los numerosos y complejos
obstáculos que los gobiernos centrales y municipales han
impuesto tradicionalmente a la formación de empresas. La
simplificación radical de los procedimientos burocráticos
exigidos y el otorgamiento oficial de títulos de propiedad
sobre tierras y bienes daría a los actuales empresarios
descalzos el aval suficiente para solicitar préstamos
bancarios o entrar en operaciones de crédito a la escala
necesaria para expandirse.
Otras ideas sugieren el otorgamiento de préstamos oficiales a
pequeña escala para inversiones y capital de trabajo, para
cursos de capacitación en manejo de empresas y pasantías, e
inclusive para la formación de asociaciones de pequeños
productores que permitan alcanzar cierta economía de escala
mediante la compra de suministros al por mayor y la
integración de redes de distribución compartidas y, en
consecuencia, más amplias. La gran duda es si estas empresas
invisibles estarán en capacidad de integrarse al sector formal
y enfrentar todos los costos que éste conlleva en términos de
impuestos nacionales y municipales, contribuciones a la
seguridad social, etc. Por otro lado, aún falta por
establecerse si quienes integran en sector informal de la
economía están interesados realmente en integrarse a un
sistema que los ha marginado históricamente como empresarios y
como ciudadanos. A menos que los incentivos inmediatos y a
largo plazo sean muy atrayentes, las posibilidades de
integración son y serán muy remotas. (A-4).
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