¿Ofertas serias o equivocación?
Cuando en el Ecuador existe déficit fiscal, la solución siempre es que suban el gas (focalizar), la gasolina, la electricidad, agua y teléfono; poner un impuesto más al turismo, a los vehículos y a las industrias, etcétera. Desde Roldós hasta Noboa se ha hecho lo mismo, nos siguen asfixiando con esa vieja fórmula que ha demostrado hasta la saciedad que mientras más ingresos tiene el Estado, más aumenta la burocracia, y el pueblo esperando mejores días. ¿Adónde fueron los recursos obtenidos de ajustes económicos, paquetazos y garrotazos pasados? De esta amarga realidad surge una penosa conclusión: nos han robado y nos siguen robando, o en términos elegantes estamos mal administrados. Son 23 años de constante incremento del valor de los servicios básicos e impuestos, y seguimos con el eterno problema del déficit.
El primer mandatario electo debe cambiar la historia y cumplir con lo ofrecido en la campaña electoral. El Ing. Gutiérrez, si quiere hacer algo por el país, tendrá que romper los viejos conceptos de hacer política, indignarse ante la injusticia y el despilfarro de los fondos públicos y abandonar los intereses de su grupo, pues el único pacto válido es con el bienestar de todos los ecuatorianos. Queda en sus manos reducir el gasto fiscal o usar la vieja fórmula de incrementar los precios igual que sus antecesores; si acontece lo segundo, sabremos que nunca fueron serias sus ofertas y lamentaremos una nueva equivocación.
Julio César Navas Pazmiño
¿Y Jamriska?
El ministro de Salud más cuestionado desde la creación del MSP, es Patricio Jamriska, involucrado en el acto de corrupción más perverso del Gobierno que agoniza: la fumigación, en plena epidemia de dengue y malaria, con agua y harina, y la adquisición fraudulenta de equipos e insumos hospitalarios con exorbitantes sobreprecios. El y su grupo, pudientes ginecólogos acólitos, son los mejores referentes de la inequidad social en salud, pues usaron el poder solo para enriquecerse, y con su injusta y desastrosa gestión dejaron que la mayoría de ecuatorianos pobres sumaran la desventaja mayor de estar enfermos, abandonados y burlados. El ex ministro, que debería estar rindiendo cuentas de sus fechorías en Ecuador, aprovechó su última salida a EEUU para escapar del país y cometer su peor felonía, el supuesto desacato al presidente y la turbia negociación de su voto en la OMS, a cambio de premiarlo nombrándolo consultor internacional de Salud en Washington. ¡Qué tal!
El Gobierno encubrió esta coartada para deshacerse diplomáticamente de él, evitando así un escándalo de imprevisibles consecuencias que lo veían venir junto con el tráfico de partidas del también prófugo ex ministro Emanuel. ¿Acaso la Fiscalía y la Contraloría esperan que termine el actual Gobierno para pronunciarse? ¿El próximo Gobierno traerá también a los ex ministros prófugos de la justicia, junto con los banqueros corruptos a quienes ofreció poner tras las rejas?
Dr. Pablo Izquierdo Pinos
Sobre El Telégrafo
El abogado Carlos Navarrete Castillo apelará el pronunciamiento del juez vigésimo tercero de lo Civil de Guayaquil, que negó sin fundamento constitucional ni legal el recurso de amparo constitucional interpuesto, aún cuando el mismo juez previamente había dispuesto la suspensión de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de El Telégrafo el 30 de noviembre del 2002, que había solicitado el abogado Navarrete oportunamente. El juez contraviene claras disposiciones del artículo 95 de la Constitución, en el que se faculta la presentación de una acción de amparo entre particulares, cuando se lesiona simultáneamente el derecho de varias personas, como se lo hizo al desconocer el aumento de capital suscrito y pagado por varios accionistas, aprobado por la Junta General de Accionistas de El Telégrafo CA, el 12 de agosto de 2002, y en cuya decisión participó activamente la AGD. Con esta conculcación de derechos societarios de los accionistas que suscribieron dicho aumento de capital, se pretendió convocar y celebrar la Junta del 30 de noviembre, desconociéndoles los votos que les correspondían en las decisiones que debían adoptarse.
Carlos Navarrete Castillo
Enjuiciamiento a la fiscal
El presidente electo ofreció combatir la corrupción. Lucio Gutiérrez conoce que la ministra fiscal general Mariana Yépez, por mandato constitucional, debe coordinar y dirigir la lucha contra la corrupción.
La Comisión Anticorrupción pidió al Congreso el enjuiciamiento de la fiscal por haber rehusado cumplir los deberes propios de su cargo, principalmente en el congelamiento bancario (Mahuad) y Filanbanco, ya que habría indicios de prevaricato. La ministra fiscal nunca fue enjuiciada. Luego presentó su dictamen acusatorio en contra de los Isaías y otros y cambió la figura del peculado bancario (reprimido con reclusión sin caución, fianza, hipoteca, etc.) por dos delitos reprimidos con prisión y que admiten caución; argumentó fundamentos legales para esa mutación.
La CCCC pidió al nuevo Congreso el enjuiciamiento de Mariana Yépez, quien sostuvo que Ramiro Larrea, posiblemente por las fiestas de Quito, ha arremetido nuevamente en contra del Ministerio Público...".¿Cuál será el final de este historial?
Humberto Zambrano Zúñiga
Opiniones y reclamos a la Defensoría del Lector envíelos por carta a Diario HOY, Apartado 17-07-09069 de Quito o a los buzones electrónicos:
[email protected]
[email protected]
Las cartas deben tener un máximo de 1 000 caracteres (página y media a doble espacio), con firma responsable y cédula de identidad.
Cuando en el Ecuador existe déficit fiscal, la solución siempre es que suban el gas (focalizar), la gasolina, la electricidad, agua y teléfono; poner un impuesto más al turismo, a los vehículos y a las industrias, etcétera. Desde Roldós hasta Noboa se ha hecho lo mismo, nos siguen asfixiando con esa vieja fórmula que ha demostrado hasta la saciedad que mientras más ingresos tiene el Estado, más aumenta la burocracia, y el pueblo esperando mejores días. ¿Adónde fueron los recursos obtenidos de ajustes económicos, paquetazos y garrotazos pasados? De esta amarga realidad surge una penosa conclusión: nos han robado y nos siguen robando, o en términos elegantes estamos mal administrados. Son 23 años de constante incremento del valor de los servicios básicos e impuestos, y seguimos con el eterno problema del déficit.
El primer mandatario electo debe cambiar la historia y cumplir con lo ofrecido en la campaña electoral. El Ing. Gutiérrez, si quiere hacer algo por el país, tendrá que romper los viejos conceptos de hacer política, indignarse ante la injusticia y el despilfarro de los fondos públicos y abandonar los intereses de su grupo, pues el único pacto válido es con el bienestar de todos los ecuatorianos. Queda en sus manos reducir el gasto fiscal o usar la vieja fórmula de incrementar los precios igual que sus antecesores; si acontece lo segundo, sabremos que nunca fueron serias sus ofertas y lamentaremos una nueva equivocación.
Julio César Navas Pazmiño
¿Y Jamriska?
El ministro de Salud más cuestionado desde la creación del MSP, es Patricio Jamriska, involucrado en el acto de corrupción más perverso del Gobierno que agoniza: la fumigación, en plena epidemia de dengue y malaria, con agua y harina, y la adquisición fraudulenta de equipos e insumos hospitalarios con exorbitantes sobreprecios. El y su grupo, pudientes ginecólogos acólitos, son los mejores referentes de la inequidad social en salud, pues usaron el poder solo para enriquecerse, y con su injusta y desastrosa gestión dejaron que la mayoría de ecuatorianos pobres sumaran la desventaja mayor de estar enfermos, abandonados y burlados. El ex ministro, que debería estar rindiendo cuentas de sus fechorías en Ecuador, aprovechó su última salida a EEUU para escapar del país y cometer su peor felonía, el supuesto desacato al presidente y la turbia negociación de su voto en la OMS, a cambio de premiarlo nombrándolo consultor internacional de Salud en Washington. ¡Qué tal!
El Gobierno encubrió esta coartada para deshacerse diplomáticamente de él, evitando así un escándalo de imprevisibles consecuencias que lo veían venir junto con el tráfico de partidas del también prófugo ex ministro Emanuel. ¿Acaso la Fiscalía y la Contraloría esperan que termine el actual Gobierno para pronunciarse? ¿El próximo Gobierno traerá también a los ex ministros prófugos de la justicia, junto con los banqueros corruptos a quienes ofreció poner tras las rejas?
Dr. Pablo Izquierdo Pinos
Sobre El Telégrafo
El abogado Carlos Navarrete Castillo apelará el pronunciamiento del juez vigésimo tercero de lo Civil de Guayaquil, que negó sin fundamento constitucional ni legal el recurso de amparo constitucional interpuesto, aún cuando el mismo juez previamente había dispuesto la suspensión de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de El Telégrafo el 30 de noviembre del 2002, que había solicitado el abogado Navarrete oportunamente. El juez contraviene claras disposiciones del artículo 95 de la Constitución, en el que se faculta la presentación de una acción de amparo entre particulares, cuando se lesiona simultáneamente el derecho de varias personas, como se lo hizo al desconocer el aumento de capital suscrito y pagado por varios accionistas, aprobado por la Junta General de Accionistas de El Telégrafo CA, el 12 de agosto de 2002, y en cuya decisión participó activamente la AGD. Con esta conculcación de derechos societarios de los accionistas que suscribieron dicho aumento de capital, se pretendió convocar y celebrar la Junta del 30 de noviembre, desconociéndoles los votos que les correspondían en las decisiones que debían adoptarse.
Carlos Navarrete Castillo
Enjuiciamiento a la fiscal
El presidente electo ofreció combatir la corrupción. Lucio Gutiérrez conoce que la ministra fiscal general Mariana Yépez, por mandato constitucional, debe coordinar y dirigir la lucha contra la corrupción.
La Comisión Anticorrupción pidió al Congreso el enjuiciamiento de la fiscal por haber rehusado cumplir los deberes propios de su cargo, principalmente en el congelamiento bancario (Mahuad) y Filanbanco, ya que habría indicios de prevaricato. La ministra fiscal nunca fue enjuiciada. Luego presentó su dictamen acusatorio en contra de los Isaías y otros y cambió la figura del peculado bancario (reprimido con reclusión sin caución, fianza, hipoteca, etc.) por dos delitos reprimidos con prisión y que admiten caución; argumentó fundamentos legales para esa mutación.
La CCCC pidió al nuevo Congreso el enjuiciamiento de Mariana Yépez, quien sostuvo que Ramiro Larrea, posiblemente por las fiestas de Quito, ha arremetido nuevamente en contra del Ministerio Público...".¿Cuál será el final de este historial?
Humberto Zambrano Zúñiga
Opiniones y reclamos a la Defensoría del Lector envíelos por carta a Diario HOY, Apartado 17-07-09069 de Quito o a los buzones electrónicos:
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