Solo en Quito, desde enero hasta septiembre de este año, han fallecido 870 personas y 4 620 han quedado heridas en accidentes de tránsito. Muchas de esas víctimas quedan postradas, paralizadas o con una dolencia permanente, pero los causantes de la tragedia no cumplen con la obligación de indemnizarlas. Incluso, la orden de que cada unidad de transporte cuente con un seguro, para el caso de los buses, no se cumple a cabalidad
Diana despierta sin su hija
Una de las personas accidentadas todavía permanece internada en el hospital Eugenio Espejo. Por la atención médica y medicinas, sus parientes han gastado cerca de $7 000 en un poco más de un mes
En el Área de Neurocirugía se recupera Diana Arana, al cuidado de su hermana, Mayra
Un día antes de cumplir 20 años, al medio día del jueves 9 de diciembre, Diana Arana despertó de un coma de 29 días. Ya no tenía a su hija en el vientre, su esposo, José Palma, estaba paralizado por una fuerte lesión en la columna. Su hermana, Mayra, se iba de la sala de cuidados intensivos cuando vio que abría sus ojos. "Diana, soy yo, tu ñaña", le dijo con la voz ahogada y su hermana empezó a llorar.
Diana estaba en el octavo mes de su primer embarazo cuando, el último 10 de noviembre, salió del local naturista en Guayllabamba donde trabajaba. Se dirigió a Quito para verse con su esposo, empleado de Grúas Terán. Fueron juntos al último chequeo prenatal.
En la noche, tomaron el bus Chevrolet color verde de la Flota Pichincha de placas PZP-173, para regresar a su casa en Guayllabamba. En el trayecto, el conductor, Eduardo Pozo Navarrete (27 años), paró varias veces para llevar más pasajeros de los que cabían en el vehículo. Incluso, una patrulla de la Policía detuvo al bus por el exceso de velocidad y se sospecha que el chofer sobornó a los gendarmes.
A pesar de que el pavimento estaba mojado por la lluvia, el chofer iba a gran velocidad. A la hora del accidente (alrededor de las 20:00) tenía 48 pasajeros a bordo.
El bus avanzaba en sentido oriente-occidente por el intercambiador Carcelén-Calderón, en donde perdió los frenos y salió despedido del paso elevado cayendo 7 metros por el talud.
José Palma trató de proteger a su esposa cubriéndola con su cuerpo y la colocó bajo el asiento. Por el impacto, ella quedó inconsciente. La sostuve entre mis piernas, hasta que llegara la ambulancia.
El saldo fatal: siete pasajeros fallecieron al instante, entre ellos el conductor. Otro pasajero murió en los días posteriores. Alrededor de 20 personas quedaron gravemente heridas, entre ellas Diana y su esposo, que fueron llevados al hospital Pablo Arturo Suárez con la mayoría de los heridos. Allí no contaba con los equipos necesarios para la atención urgente. Por lo que, horas más tarde, fueron trasladados al hospital Eugenio Espejo, donde se diagnosticó a Diana un trauma craneoencefálico, que provocó la muerte de su pequeña criatura y por eso le realizaron una cesárea. Los dos habían acordado llamarle a su hija Diana, como su madre. Casi todo lo que necesitaban para ella ya lo habían comprado: cuna, pañales, juguetes, biberón y chambritas.
José sufrió una lesión en la columna que todavía le impide caminar normalmente. Según el informe del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT), las causas del accidente fueron: calzada mojada, exceso de velocidad, impericia del conductor y falla en los frenos.
Mayra Arana y Lennyn Palma, pariente de la familia, se reunieron el 30 de noviembre con los directivos de la Flota Pichincha para que cubrieran los gastos médicos.
Sin incluir los medicamentos, a la familia de Diana le costó $100 diarios tenerla en Cuidados Intensivos. Flota Pichincha contribuyó con $300 para el sepelio de la bebé. A José le entregaron $400, de los $768 que sumaron las primeras facturas por su lesión y la de su esposa. Hasta el momento, la familia ha gastado $6 900. Para cubrir ese monto vendieron un terreno de tres hectáreas en $200, en El Empalme, y todos sus electrodométicos.
Los familiares de Diana acudieron varias veces a las oficinas de Flota Pichincha, en Guayllabamba, para que les respondieran por los gastos. Las puertas de la cooperativa están cerradas y las únicas personas que salen son la secretaria y el guardia, pero solo reciben malos tratos y les dicen que abandonen las instalaciones.
El gerente de la Flota Pichincha, Marco Camino, lo niega: "Desde el mismo momento del accidente, abrimos las puertas de la oficina a todas las personas afectadas". Muestra una carpeta con facturas, pero dice que como la ley lo indica, el responsable directo para indemnizar a los familiares de los fallecidos es el chofer; pero él murió.
La Flota Pichincha, según su presidente, Víctor Garzón, entregó $500 a cada familia de los seis fallecidos, pues los otros dos eran el chofer y su controlador, Hipólito Raibán, cuñado de Marco Camino.
Diana debe esperar varios días para mejorar. Los médicos señalan que es un proceso lento y delicado. Se encuentra en un estado de semiinconsciencia; su mirada está como perdida y su memoria tiene todavía algunas lagunas. Mayra, su hermana, dejó su trabajo para cuidarla. (OP/DR/CI)
La puja es entre la ley y los choferes
Algunos buses todavía circulan sin contar con el seguro que garantiza la indemnización a los familiares y a las víctimas
Mónica Castillo, de 19 años, fue la única víctima de gravedad del accidente de tránsito de la Flota Condorazo, ocurrido el pasado 28 de noviembre, mientras cubría la ruta Riobamba-Quito. Este bus fue interceptado por un grupo de manifestantes que trataba de impedir el paso. El chofer prosiguió. Entonces, el grupo enardecido apedreó y amenazó con incendiar el vehículo. Por la desesperación, los pasajeros se lanzaron del bus.
Mónica fue la última en caer del vehículo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. La llevaron de emergencia al Hospital General de Riobamba. Entró en estado de coma y al siguiente día la trasladaron al hospital Eugenio Espejo de Quito, donde permaneció 11 días en Terapia Intensiva
El padre de Mónica, Milton Castillo, afirma que ellos prefirieron arreglar la situación directamente con el dueño del vehículo, Marco Polo Mayorga, que se presentó en el Hospital para entregarles $1 000, antes de que iniciaran una indagación fiscal por temor a tener que pagar por los trámites y endeudarse más.
En este como en otros muchos casos, las víctimas de los accidentes no presentan una demanda ni inician un proceso para reclamar indemnizaciones. Incluso, como reconocen choferes y pasajeros, es preferible un arreglo verbal que no siempre beneficia a los usuarios.
El artículo 140 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre dice: Las compañías, empresas o cooperativas de transporte terrestre y los propietarios de vehículos a motor, sean de servicio masivo, de uso particular o del sector público, obligatoriamente contratarán un seguro de responsabilidad civil contra terceros según el caso, con el objeto de cubrir los riesgos de posibles accidentes de tránsito e indemnizar por la muerte, por las lesiones corporales causadas a las personas y los correspondientes gastos médicos, así como los daños materiales ocasionados a los bienes de terceros. Ningún vehículo podrá ser matriculado si su propietario no presenta el original del correspondiente contrato de seguro mencionado en el inciso anterior.
El artículo 141 reza: Si el monto total de los daños y perjuicios causados por una infracción de tránsito no es cubierto por la respectiva póliza de seguro, el saldo correspondiente seguirá constituyendo responsabilidad civil del infractor".
El agente fiscal del Distrito de Pichincha de la Unidad de Delitos de Tránsito, encargado del caso de la Flota Pichincha, Édgar Altamirano, señaló que el dueño del vehículo, Segundo Jaime Navarrete Toboada, familiar del chofer fallecido, junto con la cooperativa, indemnizaron con $2 000 a cada una de las familias de las ocho víctimas mortales.
Altamirano manifestó que ningún familiar de los heridos se ha acercado a la Fiscalía a poner la denuncia correspondiente, por lo que se desconoce si estos fueron o no indemnizados. Según él, este es un problema de desconocimiento por parte las víctimas, el que no se acerquen a presentar la denuncia, ya que creen que estos trámites tienen algún costo, aunque esto no sea así.
Los dirigentes de la cooperativa dicen que, sin ser oficial todavía, el monto por pagos a los familiares de los fallecidos como a los heridos ya suma $16 mil. Ellos esperan tener un reporte global, porque todavía, dicen, hay personas que se acercan para solicitar dinero por lesiones menores.
El bus de la Flota Pichincha no tenía el seguro que obliga la ley. Por eso, no existe forma legal para que la cooperativa o el propietario del vehículo puedan pagar, de acuerdo con determinado parámetros legales, con base en la investigación de la situación de cada víctima.
"Con la cooperativa, dimos una buena ayuda, porque la ley solo obliga al dueño de la unidad o al chofer", dice Marco Camino.
Además, según Marco Camino, gerente de la cooperativa, todos los días los choferes revisan sus máquinas y la empresa les da a los socios, cada tres días, uno libre para que se realice el mantenimiento de los buses. Eso sí, acepta que no todos los choferes que llegan con licencia profesional tienen la experiencia suficiente, pero que ellos no pueden negar una oportunidad de trabajo.
"Los choferes nos hacemos manejando, no hay otra forma de aprender", responde ante la inquietud de si es justo para la ciudadanía confiar en conductores que no tienen la capacitación necesaria.
Y reconoce que, de 60 socios, solo dos manejan su unidad. Los demás son choferes contratados, muchos con menos de 30 años de edad y menos de cinco de experiencia. (OP/DR/CI)
LA PREVENCIÓN
Los corazones en el asfalto
En Quito se han pintado, hasta el momento, 181 corazones que son sinónimo de que alguien murió en esa calle.
Un claro ejemplo se puede observar en la avenida Diego de Vásquez (Intercambiador de Carcelén) al norte de la capital, en donde tuvo lugar el accidente de tránsito el pasado 10 de noviembre. Allí se pintaron ocho corazones celestes que pertenecen simbólicamente a las víctimas mortales de este fatal suceso.
La campaña de prevención, organizada por la Dirección Nacional de Tránsito, intenta reducir el nivel de accidentes ocasionados por los conductores, así como por los peatones. Los choferes también recibirán cursos y talleres de prevención. (OP)
El Ecuador pierde $491 millones por accidentes
Del total de tragedias automovilisticas, el 56% ocurre en vehículos de transporte pesado, particularmente en buses de servicio colectivo y en las ciudades
Las tragedias tienen ahora un mayor seguimiento por parte de la Policía, pero no de los choferes para evitarlas
Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el Ecuador. Solo en Quito, de enero a septiembre de 2004, se registraron 7 329 accidentes. Por esa razón fallecieron 870 personas y 4 620 resultaron heridas. En el feriado de cinco días en Semana Santa, hubo un saldo de 181 accidentes viales, donde fallecieron 39 personas. Y, por este motivo, el Ecuador pierde anualmente $491 millones.
El secretario de la Fiscalía de Tránsito de Pichincha, Diego Bolaños, aseguró que diciembre es el mes de mayor índice de accidentes de tránsito, ya que es una temporada de festividades y la gente abusa del alcohol.
Alrededor del 56% de los accidentes es en transporte masivo (bus), el 44% es por vehículos particulares.
En Quito, las zonas de mayor riesgo están en las avenidas Diez de Agosto, Mariscal Sucre (Occidental), Oriental, Río Coca, De los Shirys y en las dos Panamericanas.
Daniel Arteaga, director nacional de Programas de la Cruz Roja, sostiene que el país pierde $491 millones cada año por los accidentes, debido a los gastos en la atención de las víctimas y daños materiales, por los procesos legales y las pérdidas por lucros cesantes, por exequias y funerales, la atención pre-hospitalaria (urgencia), servicio hospitalario, documentación del proceso judicial, entre otros.
El suboficial del Departamento de Educación Vial de la Dirección Nacional de Tránsito Freddy Troya aseguró que la Ley de Tránsito y de Transporte Terrestre tiene algunas falencias y es injusto que el conductor que mate a una o varias personas solo cumpla una pena de seis a nueve años en prisión. Cuando el causante se da a la fuga, el caso prescribe en cinco años.
Varias organizaciones (entre ellas el movimiento Justicia Vial) y juristas plantean una reforma a la Ley de Tránsito para aumentar las penas con más años de prisión para los conductores responsables de la muerte de pasajeros, sancionar a los peatones por irresponsabilidad al cruzar las calles y obligar a los conductores profesionales a que cumplan con los 18 meses de preparación en las escuelas de conducción administradas por el Sindicato de Choferes.
A lo largo del último años, se han presentado varios denuncias de que los choferes profesionales compran su título por $500 sin haber asistido ni un solo día a clases. En 2003, se graduaron 60 mil alumnos cuando se permitía un máximo de 5 000.
Esas escuelas reciben $7 millones por los cursos de conducción que tienen el costo de $240 por persona inscrita, sin contar con los alumnos que pagan el doble de esta cantidad para sacar su licencia sin asistir al curso. (OP/DR/CI)
PUNTO DE VISTA
La pedagogía vial todavía es un mito
Cada vez que ocurre un accidente fatal, las imágenes nos conmueven. Dos días después, todo pasa y todo queda: las víctimas recluidas en los hospitales soportan su infortunio. Muchas serán paralíticas para toda su vida o vivirán con una dolencia permanente.
Ante esa realidad, todavía la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre es insuficiente para prevenir y castigar a los responsables. Se llega al extremo de solo exigir al propietario de una unidad o a su chofer la indemnización para los heridos o muertos. Y si el chofer y/o dueño del bus muere en el accidente, ¿quién responde?, ¿la sola buena voluntad de la cooperativa de transporte?
Ahora que el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, creó la Subsecretaría del Transporte, ¿no sería fundamental que explique qué cambios propone para mejorar la legislación en este campo y no solo sea un espacio clientelar para ganar la simpatía de los llamados "profesionales del volante"?
Y algo más: si los choferes son los "propietarios" de esa Subsecretaría, ¿qué van a hacer para que las víctimas de los accidentes provocados por los conductores tengan su reparación? ¿Estarán en condiciones de imponer un régimen verdaderamente empresarial en este campo para que la gestión, fiscalización, control y sanción no solo recaiga en los choferes y las cooperativas queden como simples tramitadores de permisos para circular sin ninguna responsabilidad compartida? (OP) (Blanco y Negro)
Diana despierta sin su hija
Una de las personas accidentadas todavía permanece internada en el hospital Eugenio Espejo. Por la atención médica y medicinas, sus parientes han gastado cerca de $7 000 en un poco más de un mes
En el Área de Neurocirugía se recupera Diana Arana, al cuidado de su hermana, Mayra
Un día antes de cumplir 20 años, al medio día del jueves 9 de diciembre, Diana Arana despertó de un coma de 29 días. Ya no tenía a su hija en el vientre, su esposo, José Palma, estaba paralizado por una fuerte lesión en la columna. Su hermana, Mayra, se iba de la sala de cuidados intensivos cuando vio que abría sus ojos. "Diana, soy yo, tu ñaña", le dijo con la voz ahogada y su hermana empezó a llorar.
Diana estaba en el octavo mes de su primer embarazo cuando, el último 10 de noviembre, salió del local naturista en Guayllabamba donde trabajaba. Se dirigió a Quito para verse con su esposo, empleado de Grúas Terán. Fueron juntos al último chequeo prenatal.
En la noche, tomaron el bus Chevrolet color verde de la Flota Pichincha de placas PZP-173, para regresar a su casa en Guayllabamba. En el trayecto, el conductor, Eduardo Pozo Navarrete (27 años), paró varias veces para llevar más pasajeros de los que cabían en el vehículo. Incluso, una patrulla de la Policía detuvo al bus por el exceso de velocidad y se sospecha que el chofer sobornó a los gendarmes.
A pesar de que el pavimento estaba mojado por la lluvia, el chofer iba a gran velocidad. A la hora del accidente (alrededor de las 20:00) tenía 48 pasajeros a bordo.
El bus avanzaba en sentido oriente-occidente por el intercambiador Carcelén-Calderón, en donde perdió los frenos y salió despedido del paso elevado cayendo 7 metros por el talud.
José Palma trató de proteger a su esposa cubriéndola con su cuerpo y la colocó bajo el asiento. Por el impacto, ella quedó inconsciente. La sostuve entre mis piernas, hasta que llegara la ambulancia.
El saldo fatal: siete pasajeros fallecieron al instante, entre ellos el conductor. Otro pasajero murió en los días posteriores. Alrededor de 20 personas quedaron gravemente heridas, entre ellas Diana y su esposo, que fueron llevados al hospital Pablo Arturo Suárez con la mayoría de los heridos. Allí no contaba con los equipos necesarios para la atención urgente. Por lo que, horas más tarde, fueron trasladados al hospital Eugenio Espejo, donde se diagnosticó a Diana un trauma craneoencefálico, que provocó la muerte de su pequeña criatura y por eso le realizaron una cesárea. Los dos habían acordado llamarle a su hija Diana, como su madre. Casi todo lo que necesitaban para ella ya lo habían comprado: cuna, pañales, juguetes, biberón y chambritas.
José sufrió una lesión en la columna que todavía le impide caminar normalmente. Según el informe del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT), las causas del accidente fueron: calzada mojada, exceso de velocidad, impericia del conductor y falla en los frenos.
Mayra Arana y Lennyn Palma, pariente de la familia, se reunieron el 30 de noviembre con los directivos de la Flota Pichincha para que cubrieran los gastos médicos.
Sin incluir los medicamentos, a la familia de Diana le costó $100 diarios tenerla en Cuidados Intensivos. Flota Pichincha contribuyó con $300 para el sepelio de la bebé. A José le entregaron $400, de los $768 que sumaron las primeras facturas por su lesión y la de su esposa. Hasta el momento, la familia ha gastado $6 900. Para cubrir ese monto vendieron un terreno de tres hectáreas en $200, en El Empalme, y todos sus electrodométicos.
Los familiares de Diana acudieron varias veces a las oficinas de Flota Pichincha, en Guayllabamba, para que les respondieran por los gastos. Las puertas de la cooperativa están cerradas y las únicas personas que salen son la secretaria y el guardia, pero solo reciben malos tratos y les dicen que abandonen las instalaciones.
El gerente de la Flota Pichincha, Marco Camino, lo niega: "Desde el mismo momento del accidente, abrimos las puertas de la oficina a todas las personas afectadas". Muestra una carpeta con facturas, pero dice que como la ley lo indica, el responsable directo para indemnizar a los familiares de los fallecidos es el chofer; pero él murió.
La Flota Pichincha, según su presidente, Víctor Garzón, entregó $500 a cada familia de los seis fallecidos, pues los otros dos eran el chofer y su controlador, Hipólito Raibán, cuñado de Marco Camino.
Diana debe esperar varios días para mejorar. Los médicos señalan que es un proceso lento y delicado. Se encuentra en un estado de semiinconsciencia; su mirada está como perdida y su memoria tiene todavía algunas lagunas. Mayra, su hermana, dejó su trabajo para cuidarla. (OP/DR/CI)
La puja es entre la ley y los choferes
Algunos buses todavía circulan sin contar con el seguro que garantiza la indemnización a los familiares y a las víctimas
Mónica Castillo, de 19 años, fue la única víctima de gravedad del accidente de tránsito de la Flota Condorazo, ocurrido el pasado 28 de noviembre, mientras cubría la ruta Riobamba-Quito. Este bus fue interceptado por un grupo de manifestantes que trataba de impedir el paso. El chofer prosiguió. Entonces, el grupo enardecido apedreó y amenazó con incendiar el vehículo. Por la desesperación, los pasajeros se lanzaron del bus.
Mónica fue la última en caer del vehículo y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. La llevaron de emergencia al Hospital General de Riobamba. Entró en estado de coma y al siguiente día la trasladaron al hospital Eugenio Espejo de Quito, donde permaneció 11 días en Terapia Intensiva
El padre de Mónica, Milton Castillo, afirma que ellos prefirieron arreglar la situación directamente con el dueño del vehículo, Marco Polo Mayorga, que se presentó en el Hospital para entregarles $1 000, antes de que iniciaran una indagación fiscal por temor a tener que pagar por los trámites y endeudarse más.
En este como en otros muchos casos, las víctimas de los accidentes no presentan una demanda ni inician un proceso para reclamar indemnizaciones. Incluso, como reconocen choferes y pasajeros, es preferible un arreglo verbal que no siempre beneficia a los usuarios.
El artículo 140 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre dice: Las compañías, empresas o cooperativas de transporte terrestre y los propietarios de vehículos a motor, sean de servicio masivo, de uso particular o del sector público, obligatoriamente contratarán un seguro de responsabilidad civil contra terceros según el caso, con el objeto de cubrir los riesgos de posibles accidentes de tránsito e indemnizar por la muerte, por las lesiones corporales causadas a las personas y los correspondientes gastos médicos, así como los daños materiales ocasionados a los bienes de terceros. Ningún vehículo podrá ser matriculado si su propietario no presenta el original del correspondiente contrato de seguro mencionado en el inciso anterior.
El artículo 141 reza: Si el monto total de los daños y perjuicios causados por una infracción de tránsito no es cubierto por la respectiva póliza de seguro, el saldo correspondiente seguirá constituyendo responsabilidad civil del infractor".
El agente fiscal del Distrito de Pichincha de la Unidad de Delitos de Tránsito, encargado del caso de la Flota Pichincha, Édgar Altamirano, señaló que el dueño del vehículo, Segundo Jaime Navarrete Toboada, familiar del chofer fallecido, junto con la cooperativa, indemnizaron con $2 000 a cada una de las familias de las ocho víctimas mortales.
Altamirano manifestó que ningún familiar de los heridos se ha acercado a la Fiscalía a poner la denuncia correspondiente, por lo que se desconoce si estos fueron o no indemnizados. Según él, este es un problema de desconocimiento por parte las víctimas, el que no se acerquen a presentar la denuncia, ya que creen que estos trámites tienen algún costo, aunque esto no sea así.
Los dirigentes de la cooperativa dicen que, sin ser oficial todavía, el monto por pagos a los familiares de los fallecidos como a los heridos ya suma $16 mil. Ellos esperan tener un reporte global, porque todavía, dicen, hay personas que se acercan para solicitar dinero por lesiones menores.
El bus de la Flota Pichincha no tenía el seguro que obliga la ley. Por eso, no existe forma legal para que la cooperativa o el propietario del vehículo puedan pagar, de acuerdo con determinado parámetros legales, con base en la investigación de la situación de cada víctima.
"Con la cooperativa, dimos una buena ayuda, porque la ley solo obliga al dueño de la unidad o al chofer", dice Marco Camino.
Además, según Marco Camino, gerente de la cooperativa, todos los días los choferes revisan sus máquinas y la empresa les da a los socios, cada tres días, uno libre para que se realice el mantenimiento de los buses. Eso sí, acepta que no todos los choferes que llegan con licencia profesional tienen la experiencia suficiente, pero que ellos no pueden negar una oportunidad de trabajo.
"Los choferes nos hacemos manejando, no hay otra forma de aprender", responde ante la inquietud de si es justo para la ciudadanía confiar en conductores que no tienen la capacitación necesaria.
Y reconoce que, de 60 socios, solo dos manejan su unidad. Los demás son choferes contratados, muchos con menos de 30 años de edad y menos de cinco de experiencia. (OP/DR/CI)
LA PREVENCIÓN
Los corazones en el asfalto
En Quito se han pintado, hasta el momento, 181 corazones que son sinónimo de que alguien murió en esa calle.
Un claro ejemplo se puede observar en la avenida Diego de Vásquez (Intercambiador de Carcelén) al norte de la capital, en donde tuvo lugar el accidente de tránsito el pasado 10 de noviembre. Allí se pintaron ocho corazones celestes que pertenecen simbólicamente a las víctimas mortales de este fatal suceso.
La campaña de prevención, organizada por la Dirección Nacional de Tránsito, intenta reducir el nivel de accidentes ocasionados por los conductores, así como por los peatones. Los choferes también recibirán cursos y talleres de prevención. (OP)
El Ecuador pierde $491 millones por accidentes
Del total de tragedias automovilisticas, el 56% ocurre en vehículos de transporte pesado, particularmente en buses de servicio colectivo y en las ciudades
Las tragedias tienen ahora un mayor seguimiento por parte de la Policía, pero no de los choferes para evitarlas
Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el Ecuador. Solo en Quito, de enero a septiembre de 2004, se registraron 7 329 accidentes. Por esa razón fallecieron 870 personas y 4 620 resultaron heridas. En el feriado de cinco días en Semana Santa, hubo un saldo de 181 accidentes viales, donde fallecieron 39 personas. Y, por este motivo, el Ecuador pierde anualmente $491 millones.
El secretario de la Fiscalía de Tránsito de Pichincha, Diego Bolaños, aseguró que diciembre es el mes de mayor índice de accidentes de tránsito, ya que es una temporada de festividades y la gente abusa del alcohol.
Alrededor del 56% de los accidentes es en transporte masivo (bus), el 44% es por vehículos particulares.
En Quito, las zonas de mayor riesgo están en las avenidas Diez de Agosto, Mariscal Sucre (Occidental), Oriental, Río Coca, De los Shirys y en las dos Panamericanas.
Daniel Arteaga, director nacional de Programas de la Cruz Roja, sostiene que el país pierde $491 millones cada año por los accidentes, debido a los gastos en la atención de las víctimas y daños materiales, por los procesos legales y las pérdidas por lucros cesantes, por exequias y funerales, la atención pre-hospitalaria (urgencia), servicio hospitalario, documentación del proceso judicial, entre otros.
El suboficial del Departamento de Educación Vial de la Dirección Nacional de Tránsito Freddy Troya aseguró que la Ley de Tránsito y de Transporte Terrestre tiene algunas falencias y es injusto que el conductor que mate a una o varias personas solo cumpla una pena de seis a nueve años en prisión. Cuando el causante se da a la fuga, el caso prescribe en cinco años.
Varias organizaciones (entre ellas el movimiento Justicia Vial) y juristas plantean una reforma a la Ley de Tránsito para aumentar las penas con más años de prisión para los conductores responsables de la muerte de pasajeros, sancionar a los peatones por irresponsabilidad al cruzar las calles y obligar a los conductores profesionales a que cumplan con los 18 meses de preparación en las escuelas de conducción administradas por el Sindicato de Choferes.
A lo largo del último años, se han presentado varios denuncias de que los choferes profesionales compran su título por $500 sin haber asistido ni un solo día a clases. En 2003, se graduaron 60 mil alumnos cuando se permitía un máximo de 5 000.
Esas escuelas reciben $7 millones por los cursos de conducción que tienen el costo de $240 por persona inscrita, sin contar con los alumnos que pagan el doble de esta cantidad para sacar su licencia sin asistir al curso. (OP/DR/CI)
PUNTO DE VISTA
La pedagogía vial todavía es un mito
Cada vez que ocurre un accidente fatal, las imágenes nos conmueven. Dos días después, todo pasa y todo queda: las víctimas recluidas en los hospitales soportan su infortunio. Muchas serán paralíticas para toda su vida o vivirán con una dolencia permanente.
Ante esa realidad, todavía la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre es insuficiente para prevenir y castigar a los responsables. Se llega al extremo de solo exigir al propietario de una unidad o a su chofer la indemnización para los heridos o muertos. Y si el chofer y/o dueño del bus muere en el accidente, ¿quién responde?, ¿la sola buena voluntad de la cooperativa de transporte?
Ahora que el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, creó la Subsecretaría del Transporte, ¿no sería fundamental que explique qué cambios propone para mejorar la legislación en este campo y no solo sea un espacio clientelar para ganar la simpatía de los llamados "profesionales del volante"?
Y algo más: si los choferes son los "propietarios" de esa Subsecretaría, ¿qué van a hacer para que las víctimas de los accidentes provocados por los conductores tengan su reparación? ¿Estarán en condiciones de imponer un régimen verdaderamente empresarial en este campo para que la gestión, fiscalización, control y sanción no solo recaiga en los choferes y las cooperativas queden como simples tramitadores de permisos para circular sin ninguna responsabilidad compartida? (OP) (Blanco y Negro)
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