Sucumbios Tierra De Fuego

Quito. 10. oct 96. De un tiro en la cabeza, un soldado
ecuatoriano que montaba guardia en la vía al puente
internacional sobre el río San Miguel fue asesinado hace
un año por dos sicarios colombianos que se movilizaban
en moto. Su compañero, un conscripto, quedó paralítico
tras el ataque. Los criminales se llevaron los fusiles
de los militares y huyeron hacia Colombia. Días más tarde,
los soldados ecuatorianos, que se hallaban sentidos y en
alerta, tuvieron una sorpresa: a través de un delegado de
las Farc, la guerrilla colombiana devolvió los dos
modernos fusiles, y envió un mensaje: "No tenemos nada
contra el ejército del Ecuador y no queremos problemas".

Los dos sicarios fueron "ajusticiados" por los
guerrilleros de las autonombradas Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, que ejercen su "jurisdicción"
en las riberas colombo-ecuatorianas de los ríos San Miguel
y Putumayo. Además, ofrecieron los resultados de su
investigación: los asesinos fueron contratados por
ecuatorianos, contrabandistas de gas, quienes habían sido
golpeados duramente por los operativos del ejército en
la zona.

Con sus 36 hombres al mando, el capitán Edwin Ocampo,
comandante rotativo del destacamento "Teniente Molina",
no se da abasto para ejercer el control del contrabando
del gas e impedir el paso de vehículos hacia el puente
internacional. El destacamento está ubicado en la
población llamada General Farfán (a ocho kilómetros del
puente internacional), mejor conocida como La Punta.

Los militares son los amos y señores de la zona. "Somos
taita y mama", dice un sargento, héroe del Cenepa, que
ahora cumple a su disgusto funciones de policía. Mientras
habla, una mujer llorosa llega a informar a los militares
que nuevamente su marido le quitó a su niña de un mes de
nacida. El sargento, un hombre zambo de 1,80 de estatura,
se irrita: "Ese desagraciado", dice, y le pide a su
comandante que de una vez se capture al individuo, porque
el marido en ciernes quiere regalar la criatura a una
hermana que no tiene hijos. Ocampo sale con sus hombres a
solucionar el problema.

El "Teniente Molina" es uno de los tres destacamentos que
dependen del Batallón de Selva 56, acantonado en Santa
Cecilia, a 17 kilómetros de Lago Agrio y que ejerce
jurisdicción militar entre Lago y la ribera fronteriza
del San Miguel. Los otros dos son Cantagallo y Cooper.

EL CONTRABANDO

Lo que preocupa por ahora a los militares de la zona es
detener el contrabando de gas y precursores químicos,
que pasan por esa y otras vías a Colombia. Cifras de
autoridades militares y de la Aduana sostienen que por
el camino principal existe un flujo diario de 100
cilindros de gas. Ellos han requisado 1.700 cilindros
en tres meses. Entre Lago Agrio y La Punta existen 460
familias y por lo menos 10 caminos de acceso
clandestino hacia el río San Miguel. Por ahí se van los
cilindros de gas, que se venden a 20 mil sucres cada
uno del lado colombiano.

A pesar de los controles, el gas pasa. Cálculos menos
optimistas señalan que mensualmente se contrabandean
5.000 cilindros. Lago Agrio abastece de gas el sur
oriente de Colombia, y se queda desinflada.

Los cilindros se transportan en camionetas,
aprovechando la noche y la falta de personal de las
FF.AA. De la Aduana no se puede hablar. Hay seis
hombres en un destacamento levantado con tablas y
cuya mayor posesión es un campero blanco. "Con la
gente que tenemos no alcanza ni para el volley", se
queja el comandante aduanero, mientras limpia el
polvo de su descalabrado escritorio. Claro, alguien
tiene que hacer guardia.

En una zona donde el tráfico de todo es un modo de
vida, el Gobierno redujo el personal del sector
(antes eran 14) y lo trasladó a Guayaquil. Tampoco
hay un distrito de Aduanas, solo esas cinco casetas
de madera con los viejos colchones que se orean al
sol, y un solitario palo que se sube a las seis de
la mañana y se baja a las 18 horas impidiendo el
paso de todo vehículo hacia La Punta.

Para el paso de las personas no hay problema,
excepto para los colombianos que entran al país, a
quienes se les toma los datos y la lista se envía a
la Brigada de Selva, "para hacer inteligencia
militar".

Un acuerdo entre las autoridades de la provincia
determinó que se permita el paso hacia La Punta de
dos cilindros por persona y seis por vehículo.
"No podemos ser sino flexibles, porque si nos
ponemos duros nos enemistamos con toda la gente de
La Punta", dice el comandante aduanero.

La mayoría de familias vive de la venta de comidas
en General Farfán, por lo que se hace un cálculo de
un consumo de un tanque cada tres días. Pero pasan
muchos más. Los habitantes de General Farfán tienen
acumulados los cilindros en los patios de sus
humildes casas, situación que se detectó desde un
helicóptero militar, "pero no podemos allanar las
casas, porque eso es un asunto judicial", dice un
capitán en Lago Agrio. La decisión del ejército es
montar un puesto de vigilancia donde actualmente
está el campamento de la Aduana "porque ahí está
el problema".

En un juego de gato y ratón, los militares tratan de
capturar a los contrabandistas. Con dos puestos fijos
de vigilancia y uno móvil buscan detener la hemorragia.
Cuando son capturados, en el camino a La Punta, se
detienen los vehículos y se requisan los cilindros de
gas. Los carros se envían al destacamento de Santa
Cecilia y ahí permanecen dos a tres días, y salen tras
cancelar una multa de 28 mil sucres.

PASEN, PERO DESARMADOS

La devolución de los fusiles por parte de la guerrilla
demuestra la actitud de las Farc frente a las FF.AA.
ecuatorianas. Durante los fines de semana los llamados
"chicos del monte", pasan en canoa o a pie hacia La
Punta y Lago Agrio a tomarse una cerveza, abastecerse
de alimentos (no hay límite en el paso de víveres e
insumos) o curarse de sus heridas. Los militares
vigilan. Fuentes militares reservadas aseguran que el
ejército tiene informantes e infiltrados "al otro
lado" para conocer los posibles movimientos de los
guerrilleros, "pero mientras en Ecuador no hagan
problema, para nosotros son ciudadanos colombianos
cualquiera. No nos interesa lo que hagan allá, con
tal que aquí no generen problemas ni proselitismo",
dice a Vistazo un jefe militar. A ello se habrían
comprometido también las Farc, en un acuerdo tácito
de no intromisión en los asuntos de la orilla de al
frente.

Entre los jefes y miembros del ejército ecuatoriano
destacados en el lugar existe la conciencia del poder
de la guerrilla en la ribera colombiana. En
declaraciones extraoficiales aseguran que en el
control de la delincuencia común por parte de la
guerrilla es más efectivo que la propia policía y
ejército del vecino país. La devolución de los
fusiles HK es para ellos la demostración de lo dicho.
Incluso, cuando hay problemas del lado colombiano,
como combates u operativos insurgentes, los mensajes
llegan del lado de la propia guerrilla: "Estén
alertas, hay problemas".

EL ELEFANTE BLANCO

La ausencia de Estado colombiano en las riberas tiene
sus efectos en las relaciones binacionales, sobre todo
en la habilitación del puente internacional sobre el
río San Miguel.

El puente es un estorbo inútil y generador de problemas,
que se terminó de construir hace cuatro meses, y desde
entonces permanece como un blanco espectro que rompe el
verde del nororiente.

Ningún vehículo puede pasar por ahí hacia y desde el
Ecuador. Solo los militares autorizan el paso en casos
de emergencias médicas únicamente. Mientras, protegidos
con chalecos antibalas y modernas ametralladoras los
miembros del "Teniente Molina" se pasean por su cabecera
haciendo regresar a los colombianos que, especialmente
en moto, quieren cruzarlo. Desde el lado ecuatoriano el
paso está prohibido absolutamente. Quien lo haga va preso.
Incluso, un puente de madera sobre un estero, ubicado a
50 metros de la cabecera fue destruido. Los militares
acusan a los canoeros, para quienes la habilitación del
puente implica la destrucción de su negocio. Los canoeros
acusan a los militares, de quienes dicen no les conviene
la apertura del puente porque eso sería
"internacionalizar la guerrilla"; criterio al que
califican de absurdo, porque de todas maneras los
guerrilleros pasan, y si no es por el puente lo hacen
por cualquier parte de la extensa frontera ribereña.

Los militares advierten que no se puede abrir el puente
mientras no existan los puestos de control de fronteras,
que en ambos países se llaman Cenaf: Centro Nacional de
Fronteras. Allí se agruparán los controles migratorios,
aduaneros, policiales y militares.

De acuerdo al convenio internacional, los Cenaf debieron
construirse a un kilómetro de la cabecera del puente. El
Ecuador lo tiene previsto así, pero desde el Ministerio
de Obras Públicas se ha informado a las autoridades de
Sucumbíos que la partida para el efecto se perdió con el
fin del Gobierno anterior, y ahora no se sabe cuándo
mismo será restituida.

Colombia, en cambio, y de acuerdo a su cónsul en Lago
Agrio, Amalia Cure, está por terminar su Cenaf, pero
a una distancia de ocho kilómetros de la frontera.
Incluso sería inaugurado en diciembre.

El acuerdo también contempla una zona deshabitada de
un kilómetro cuadrado, pero del lado colombiano, la
cabecera está tomada por los comerciantes.

Ellos dicen que el Cenaf colombiano nunca se podrá
construir a un kilómetro de ahí porque simplemente
"el Gobierno de Colombia no puede entrar en la zona".
La cónsul en Lago Agrio desestima tal situación y,
aunque tiene entre sus razones la seguridad, dice
que Colombia se decidió esa distancia porque por ahí
entra un brazo del San Miguel y en el municipio del
mismo nombre se tiene la infraestructura necesaria
para un efectivo control.

El embajador ecuatoriano Oswaldo Ramírez, secretario
técnico de la Comisión de Vecindad, no lo cree así.
Hay un acta en la que la delegación colombiana se
comprometió, en marzo de 1996 a poner su Cenaf a un
kilómetro del puente y a una coordinación entre las
fuerzas de seguridad de ambos países. "Es un
compromiso colombiano", dice Ramírez.

Sorpresa en Cancillería del Ecuador. Para Colombia,
en cambio, mientras más lejos del río, mejor.

De continuar así, el puente internacional seguirá
siendo motivo de conflicto y de frustración para la
zona. A Colombia le conviene enormemente porque
desde Santafé de Bogotá el viaje hasta Quito dura
12 horas menos que por Tulcán. A Lago Agrio le
conviene porque permitirá su desarrollo y con la
construcción de la carretera interoceánica que ya
empezó a realizarse, la ciudad tiene reales
posibilidades de convertirse en una segunda Manaos.
A los militares de la zona les conviene porque
habilitado el puente con todas las de la ley, ellos
dejarían de ser policías y aduaneros y se dedicarían
a sus funciones.

Pero el puente, por ahora, es solo una cara de
dificultades. Los turistas ecuatorianos y colombianos
que ignoran esta situación sufren tropiezos y no hay
poder humano que los haga cruzar.

El asunto se puso dramático con el paro y
movilizaciones que entre julio y agosto protagonizaron
los recolectores de coca en el suroriente colombiano.
Ningún campesino colombiano, que huía del conflicto,
pudo pasar.

La habilitación del puente internacional impediría
también el contrabando de gas hacia Colombia porque
los militares se concentrarían en controlar las
riberas. Pero, mientras tanto, esa mole de cemento y
hierro espera una decisión política al más alto nivel
en ambos países. (FUENTE: REVISTA VISTAZO N. 699, PP.
16-20)