Quito. 01.11.92. En la mayoría de países latinoamericanos, la
rama judicial del gobierno es relativamente débil. "Como
institución, la judicatura ha contribuido solo en formas
marginales a la reestructuración y consolidación de las
instituciones políticas democráticas que siguieron a la
decisión del gobierno militar de dejar el poder en 1978",
anota el estudio de David W. Schodt dedicado al Centro para la
Administración de la Justicia de la Universidad Internacional
de Florida.
Por todos estos antecedentes una gran polémica ha despertado
el estudio de las reformas constitucionales y la
reestructuración de la función jurisdiccional por parte del
Parlamento ecuatoriano.
Según la comisión especial de asuntos constitucionales, se
ratificó el criterio sobre la conveniencia de que la Corte
Suprema de Justicia sea un Tribunal de Casación y que sus
salas -junto a las de las Cortes Superiores- sean
especializadas.
El proyecto también pretende una renovación parcial aparte de
cambios en la nominación de los ministros jueces.
Para algunos magistrados, las innovaciones no proporcionarán
agilidad a la justicia ecuatorianos, mientras que para otros,
las reformas permitirán a la justicia del país, abrir una
nueva etapa de equidad y honestidad.
Los pronunciamientos son variados, apasionados y muchos de
ellos se han hecho escuchar dentro y fuera del Congreso.
Dos ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo
Karolys Martínez (1977-1979) y Carlos Pozo Montesdeoca
(1983-1984) dialogaron con HOY para exponer sus puntos de
vista respecto a las reformas planteadas por el Parlamento.
Para ambos jurisconsultos, las reformas deben ser tomadas con
cautela, aunque siempre defendieron su oposición a las
mencionadas reformas.
Pozo expresó que el proyecto debe ser analizado con mayor
detenimiento y no sometido a un plazo perentorio de cuatro
meses.
La Casación
Para Karolys y Pozo el convertir a la Corte Suprema de
Justicia en un Tribunal de Casación no resulta consejable
porque se dejaría la administración de justicia en manos de
las cortes superiores de justicia, cuestionadas por las
influencias externas y lo más importante, que esto influiría
en que el sistema judicial se torne más lento pues la CSJ
tendría un excesivo trabajo para despachar las causas.
Sin embargo, Karolys aclaró que la Casación es una institución
importante y que en algún momento debería ser implantada en el
país. El Ecuador no se encuentra preparado para afrontar una
situación organizativa de esta condición, dada la
idiosincracia del pueblo y las características de los
tribunales provinciales, los mismos que "con toda seguridad,
adquiriendo la última instancia jurisdiccional se convertirán
en caciques de pueblo para hacer y deshacer la justicia
provincial".
De otro lado, enfatizó Karolys, si actualmente, con honrosas
excepciones -por ejemplo la Corte Superior de Quito- las otras
cortes provinciales hacen lo que hacen pese al control de la
Corte Suprema, sin ese cuidado habrá que presenciar un
acrecentamiento de la corrupción, de la coima e incluso, me
atrevo a decir de la ignorancia jurídica y legal que atormenta
a la función noble de administrar justicia en el país.
Mientras tanto, Pozo expresó que el legislador no solo debe
pensar en cambiar a la CSJ por un tribunal de casación, que es
una institución bastante seria y que obliga al legislador a
poner en vigencia determinados reajustes en el sistema
jurídico ecuatoriano. Instrumentar esta competencia
significará obligatoriamente reformar una serie de códigos y
procedimientos.
Carlos Pozo Montesdeoca puntualizó que para la mala aplicación
de la Ley - muchas veces interesada por parte de los jueces
encargados de dictaminar el caso- siempre fue una buena
oportunidad y una alternativa de justicia la Corte Suprema.
En provincias, detalló Pozo, existen muchas ingerencias y se
han constatado muchos casos en que los fallos no eran los que
ameritaban las pruebas procesales y la Ley. En ese caso, la
CSJ revisa aquellas sentencias para enderezar la justicia que
viene muy desviada desde las Cortes Superiores de provincia.
¿Casación=lentitud?
Karolys indicó que si la CSJ se convierte en un Tribunal de
Casación el problema de la lentitud de la administración de
justicia no será resuelto y más bien se volverá más lento,
puesto que todo asunto civil, penal, de tránsito, de trabajo,
etc, irán a parar en la Corte Suprema de Justicia con el
pretexto de casación. Y el Tribunal Supremo (CSJ) se
transformará en una simple oficina para rechazar los recursos
por ilegales e improcedentes.
De tal manera, anticipó Karolys, se acumularán mucho más las
causas, ya que por otra parte se deberán enfrentar los
trámites contenciosos y administrativos y los trámites
tributarios. Pues tal como se encuentra el proyecto, este
busca la forma de suprimir los actuales tribunales y crear
salas especializadas en la CSJ.
Las salas especializadas
Karolys comentó que las salas especializadas, según el
proyecto parlamentario, sustituirían al Tribunal Contencioso y
Administrativo y la otra al Tribunal Fiscal; de tal manera que
los tribunales actuales, con algunas salas no alcanzan a
despachar la gran cantidad de juicios que existen en sus
respectivas áreas, entonces cómo es posible entender que una
sala que sustituya a todos estos tribunales sea suficiente
para resolver los conflictos tributarios o contenciosos
administrativos que lleguen a estas salas especializadas.
La novedad de sus autores, el desconocimiento de la realidad
jurisdiccional de la República, la falta de experiencia
profesional les ha imbuido de tal actitud al extremo de
considerar que con el proyecto se estarían solucionando los
graves problemas de la función jurisdiccional cuando la
realidad es totalmente distinta, sentenció Gonzalo Karolys.
Al tocar el tema , Carlos Pozo expresó que la idea se dio hace
15 años. Luego vino el criterio de la especialización por
materias (agrarias, tributarias, etc.) . Hoy se ha retomado el
criterio, según Pozo, criterio que en aquel entonces fue
considerado inconveniente y negativo para la agilidad en la
administración de justicia.
"Resulta inconveniente la eliminación de los tribunales,
resulta necesario nombrar gente idónea.
No soy adverso a la creación de salas especializadas, creo que
eso se impone. Pero la acumulación de materias que ya están
administradas y manejadas, en una u otra forma por tribunales
especializados, hay que dejarlo tal como está.
Hay que nombrar buenos magistrados para que trabajen y no
consideren que se trata de un puesto más en la administración
pública" anotó Pozo.
Organización de la CSJ
Gonzalo Karolys y Carlos Pozo coincidieron en que la
reorganización de la Corte Suprema de Justicia debía ser
ejecutada en base a los mejores juristas del país, que
felizmente si existen.
Para Karolys deben llegar a la CSJ todos aquellos que hayan
demostrado en su vida profesional no solamente grandes
conocimientos, legales y jurídicos, sino sobre todo absoluta
honorabilidad, porque a "más de la ignorancia de determinados
organismos -con excepciones muy honrosas existentes en la
Corte Suprema y en las Cortes provinciales- la ignorancia
sumada a la corrupción sería ciertamente inaguantable"
Pozo, en cambio, añadió que el mecanismo adecuado -como ya
constó en otras leyes orgánicas de la función judicial en
décadas pasadas- constituyó aumentar las exigencias para estos
nombramientos con lo cual se eliminaría automáticamente la
improvisación y la ingerencia política.
Por ejemplo, para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia
se debería exigir que haya sido ministro de una Corte
Superior, que sea un catedrático universitario, que haya
realizado una publicación en el área jurídica y que esta tenga
aceptación nacional, aparte de la edad, años de ejercicio
profesional, etc.
Mientras que para ser ministro de la Corte Superior será
indispensable que el potencial ministro haya pasado por los
juzgados inferiores.
¿Se despolitizará la CSJ?
Frente al tema Karolys abundó en detalles. "En lo que respecta
a la forma y al modo, insinuados en el proyecto para la
elección de sus magistrados estoy de acuerdo con lo dicho por
los autores del proyecto, quizás en esa forma se pudiera
encontrar un tribunal supremo que se aleje definitivamente de
la política, que rechace las presiones de influencias
partidistas o de grupo y que aplique exclusivamente la ley y
el derecho en los casos sujetos a conocimiento del poder
jurisdiccional.
Con la forma de elegir a los nuevos dignatarios en mucho se
superaría el problema de la politización aunque no
definitivamente. Lo más importante es acertar en el encuentro
de gente honesta, dedicada a administrar justicia sin temor.
Según Karolys, Ecuador vive una realidad dolorosa, ya que
nuestra justicia se ha transformado en una justicia cobarde,
que no toma resoluciones, que no define su postura de jueces
frente a los problemas encargados a su conocimiento por odios,
presiones, coimas, miedo y corrupción.
Por su parte, Carlos Pozo, reiteró su tesis que si las
exigencias son mayores existirá una despolitización de estas
áreas tan importantes. "Si los nombramientos se originan en
los poderes legislativo o ejecutivo -estas funciones están
conformadas eminentemente por políticos- será obvio que sus
designaciones y candidatos tendrán un alto sentido político.
Tanto Karolys como Pozo no están de acuerdo con las nuevas
reformas a la función jurisdiccional y más bien el Congreso,
debería efectuar una amplia discusión, incluyendo la opinión
de ex presidentes de la Corte Suprema para llegar a un
entendimiento que de lugar a un proyecto maduro, jurídico y
sobre todo que agilite al pesado aparato judicial del país.
(3A)
rama judicial del gobierno es relativamente débil. "Como
institución, la judicatura ha contribuido solo en formas
marginales a la reestructuración y consolidación de las
instituciones políticas democráticas que siguieron a la
decisión del gobierno militar de dejar el poder en 1978",
anota el estudio de David W. Schodt dedicado al Centro para la
Administración de la Justicia de la Universidad Internacional
de Florida.
Por todos estos antecedentes una gran polémica ha despertado
el estudio de las reformas constitucionales y la
reestructuración de la función jurisdiccional por parte del
Parlamento ecuatoriano.
Según la comisión especial de asuntos constitucionales, se
ratificó el criterio sobre la conveniencia de que la Corte
Suprema de Justicia sea un Tribunal de Casación y que sus
salas -junto a las de las Cortes Superiores- sean
especializadas.
El proyecto también pretende una renovación parcial aparte de
cambios en la nominación de los ministros jueces.
Para algunos magistrados, las innovaciones no proporcionarán
agilidad a la justicia ecuatorianos, mientras que para otros,
las reformas permitirán a la justicia del país, abrir una
nueva etapa de equidad y honestidad.
Los pronunciamientos son variados, apasionados y muchos de
ellos se han hecho escuchar dentro y fuera del Congreso.
Dos ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo
Karolys Martínez (1977-1979) y Carlos Pozo Montesdeoca
(1983-1984) dialogaron con HOY para exponer sus puntos de
vista respecto a las reformas planteadas por el Parlamento.
Para ambos jurisconsultos, las reformas deben ser tomadas con
cautela, aunque siempre defendieron su oposición a las
mencionadas reformas.
Pozo expresó que el proyecto debe ser analizado con mayor
detenimiento y no sometido a un plazo perentorio de cuatro
meses.
La Casación
Para Karolys y Pozo el convertir a la Corte Suprema de
Justicia en un Tribunal de Casación no resulta consejable
porque se dejaría la administración de justicia en manos de
las cortes superiores de justicia, cuestionadas por las
influencias externas y lo más importante, que esto influiría
en que el sistema judicial se torne más lento pues la CSJ
tendría un excesivo trabajo para despachar las causas.
Sin embargo, Karolys aclaró que la Casación es una institución
importante y que en algún momento debería ser implantada en el
país. El Ecuador no se encuentra preparado para afrontar una
situación organizativa de esta condición, dada la
idiosincracia del pueblo y las características de los
tribunales provinciales, los mismos que "con toda seguridad,
adquiriendo la última instancia jurisdiccional se convertirán
en caciques de pueblo para hacer y deshacer la justicia
provincial".
De otro lado, enfatizó Karolys, si actualmente, con honrosas
excepciones -por ejemplo la Corte Superior de Quito- las otras
cortes provinciales hacen lo que hacen pese al control de la
Corte Suprema, sin ese cuidado habrá que presenciar un
acrecentamiento de la corrupción, de la coima e incluso, me
atrevo a decir de la ignorancia jurídica y legal que atormenta
a la función noble de administrar justicia en el país.
Mientras tanto, Pozo expresó que el legislador no solo debe
pensar en cambiar a la CSJ por un tribunal de casación, que es
una institución bastante seria y que obliga al legislador a
poner en vigencia determinados reajustes en el sistema
jurídico ecuatoriano. Instrumentar esta competencia
significará obligatoriamente reformar una serie de códigos y
procedimientos.
Carlos Pozo Montesdeoca puntualizó que para la mala aplicación
de la Ley - muchas veces interesada por parte de los jueces
encargados de dictaminar el caso- siempre fue una buena
oportunidad y una alternativa de justicia la Corte Suprema.
En provincias, detalló Pozo, existen muchas ingerencias y se
han constatado muchos casos en que los fallos no eran los que
ameritaban las pruebas procesales y la Ley. En ese caso, la
CSJ revisa aquellas sentencias para enderezar la justicia que
viene muy desviada desde las Cortes Superiores de provincia.
¿Casación=lentitud?
Karolys indicó que si la CSJ se convierte en un Tribunal de
Casación el problema de la lentitud de la administración de
justicia no será resuelto y más bien se volverá más lento,
puesto que todo asunto civil, penal, de tránsito, de trabajo,
etc, irán a parar en la Corte Suprema de Justicia con el
pretexto de casación. Y el Tribunal Supremo (CSJ) se
transformará en una simple oficina para rechazar los recursos
por ilegales e improcedentes.
De tal manera, anticipó Karolys, se acumularán mucho más las
causas, ya que por otra parte se deberán enfrentar los
trámites contenciosos y administrativos y los trámites
tributarios. Pues tal como se encuentra el proyecto, este
busca la forma de suprimir los actuales tribunales y crear
salas especializadas en la CSJ.
Las salas especializadas
Karolys comentó que las salas especializadas, según el
proyecto parlamentario, sustituirían al Tribunal Contencioso y
Administrativo y la otra al Tribunal Fiscal; de tal manera que
los tribunales actuales, con algunas salas no alcanzan a
despachar la gran cantidad de juicios que existen en sus
respectivas áreas, entonces cómo es posible entender que una
sala que sustituya a todos estos tribunales sea suficiente
para resolver los conflictos tributarios o contenciosos
administrativos que lleguen a estas salas especializadas.
La novedad de sus autores, el desconocimiento de la realidad
jurisdiccional de la República, la falta de experiencia
profesional les ha imbuido de tal actitud al extremo de
considerar que con el proyecto se estarían solucionando los
graves problemas de la función jurisdiccional cuando la
realidad es totalmente distinta, sentenció Gonzalo Karolys.
Al tocar el tema , Carlos Pozo expresó que la idea se dio hace
15 años. Luego vino el criterio de la especialización por
materias (agrarias, tributarias, etc.) . Hoy se ha retomado el
criterio, según Pozo, criterio que en aquel entonces fue
considerado inconveniente y negativo para la agilidad en la
administración de justicia.
"Resulta inconveniente la eliminación de los tribunales,
resulta necesario nombrar gente idónea.
No soy adverso a la creación de salas especializadas, creo que
eso se impone. Pero la acumulación de materias que ya están
administradas y manejadas, en una u otra forma por tribunales
especializados, hay que dejarlo tal como está.
Hay que nombrar buenos magistrados para que trabajen y no
consideren que se trata de un puesto más en la administración
pública" anotó Pozo.
Organización de la CSJ
Gonzalo Karolys y Carlos Pozo coincidieron en que la
reorganización de la Corte Suprema de Justicia debía ser
ejecutada en base a los mejores juristas del país, que
felizmente si existen.
Para Karolys deben llegar a la CSJ todos aquellos que hayan
demostrado en su vida profesional no solamente grandes
conocimientos, legales y jurídicos, sino sobre todo absoluta
honorabilidad, porque a "más de la ignorancia de determinados
organismos -con excepciones muy honrosas existentes en la
Corte Suprema y en las Cortes provinciales- la ignorancia
sumada a la corrupción sería ciertamente inaguantable"
Pozo, en cambio, añadió que el mecanismo adecuado -como ya
constó en otras leyes orgánicas de la función judicial en
décadas pasadas- constituyó aumentar las exigencias para estos
nombramientos con lo cual se eliminaría automáticamente la
improvisación y la ingerencia política.
Por ejemplo, para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia
se debería exigir que haya sido ministro de una Corte
Superior, que sea un catedrático universitario, que haya
realizado una publicación en el área jurídica y que esta tenga
aceptación nacional, aparte de la edad, años de ejercicio
profesional, etc.
Mientras que para ser ministro de la Corte Superior será
indispensable que el potencial ministro haya pasado por los
juzgados inferiores.
¿Se despolitizará la CSJ?
Frente al tema Karolys abundó en detalles. "En lo que respecta
a la forma y al modo, insinuados en el proyecto para la
elección de sus magistrados estoy de acuerdo con lo dicho por
los autores del proyecto, quizás en esa forma se pudiera
encontrar un tribunal supremo que se aleje definitivamente de
la política, que rechace las presiones de influencias
partidistas o de grupo y que aplique exclusivamente la ley y
el derecho en los casos sujetos a conocimiento del poder
jurisdiccional.
Con la forma de elegir a los nuevos dignatarios en mucho se
superaría el problema de la politización aunque no
definitivamente. Lo más importante es acertar en el encuentro
de gente honesta, dedicada a administrar justicia sin temor.
Según Karolys, Ecuador vive una realidad dolorosa, ya que
nuestra justicia se ha transformado en una justicia cobarde,
que no toma resoluciones, que no define su postura de jueces
frente a los problemas encargados a su conocimiento por odios,
presiones, coimas, miedo y corrupción.
Por su parte, Carlos Pozo, reiteró su tesis que si las
exigencias son mayores existirá una despolitización de estas
áreas tan importantes. "Si los nombramientos se originan en
los poderes legislativo o ejecutivo -estas funciones están
conformadas eminentemente por políticos- será obvio que sus
designaciones y candidatos tendrán un alto sentido político.
Tanto Karolys como Pozo no están de acuerdo con las nuevas
reformas a la función jurisdiccional y más bien el Congreso,
debería efectuar una amplia discusión, incluyendo la opinión
de ex presidentes de la Corte Suprema para llegar a un
entendimiento que de lugar a un proyecto maduro, jurídico y
sobre todo que agilite al pesado aparato judicial del país.
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