Inflacion A La Baja: Enero De 1993

Quito. 4.11.92. A partir del mes de enero de 1993 se podría
observar que el efecto de las medidas económicas del actual
gobierno empieza a dar los resultados esperados en términos
del crecimiento de los precios.

Con el resultado de la inflación del mes de octubre pasado, la
tasa anual de crecimiento del IPC se ubicó en el 65.8 por
ciento, como consecuencia de una reducción en la inflación
mensual en aproximadamente 4 puntos porcentuales respecto a la
de septiembre pasado, que fue de 10.6 por ciento.

Este porcentaje estaría enmarcado en las expectativas para
llegar a tasas de inflación menores. Sin embargo, la sorpresa,
en torno a las estimaciones realizadas por el suscrito y otros
analistas, fue la inflación mensual de septiembre, la misma
que superó inclusive las versiones pesimistas que a esa fecha
se tenían sobre el comportamiento futuro de los precios.

Un simple cálculo aritmético muestra que de obtenerse una
inflación del 4 por ciento en noviembre de este año, para
continuar con el 2 por ciento en diciembre y un 1 por ciento
constante a partir de enero de 1993, la tasa anual de
crecimiento de los precios registraría crecimientos del 68.7
por ciento en noviembre, 65.5 por ciento en diciembre y 60.2
por ciento en enero de 1993.

Es entones a partir de este mes donde la tendencia podría
mostrar signos claramente decrecientes y alcanzar el 35 por
ciento de inflación en agosto de 1993; es decir, al año de
gestión del actual gobierno.

Las cifras referidas únicamente ilustran las tasas mensuales
que se requieren para llegar a una inflación menor pero, de
ninguna manera, explican la posibilidad que esto efectivamente
ocurra.

En primer lugar, es imprescindible que el gobierno continúe
con una política fiscal perfectamente coherente y compatible
con las metas del programa monetario del Banco Central y con
el comportamiento del sector externo. Caso contrario,
cualquier estimación se limitará a ser un simple ejercicio en
el papel.

La velocidad de recuperación de las reservas internacionales
del país, definitivamente ha obligado al uso de políticas de
compensación por la monetización interna que esto ocasiona.

A este respecto, la oferta de bonos de estabilización
monetaria por parte del Instituto Emisor, si bien cumple su
función para retirar circulante de la economía, es peligrosa
por el servicio que el Banco Central tiene que atender. Los
intereses que los bonos generan son dinero puro de emisión y
han sido una de las fuentes de creación del déficit cuasi
fiscal del gobierno.

En este sentido, lo fundamental para la coyuntura actual, es
que el gobierno pueda consolidar la estabilización de la
economía y crear confianza en el aparato productivo a través
de un adecuado manejo de las finanzas públicas.

Mientras el crédito neto del Banco Central se mantenga en
línea con el programa monetario, el margen de maniobra de las
autoridades será suficiente como para esterilizar recursos
externos con la emisión de papeles o mediante mesas de dinero
y de cambios en el Banco Central.

En segundo lugar, un elemento que podría apoyar en estos
esfuerzos de estabilización y efectividad de la política
económica, es el concenso que se pueda lograr entre los
agentes económicos.

La experiencia observada en otros países de América Latina es
claramente concluyente. Sin procesos de concertación social,
que generen la credibilidad y confianza necesarias, ningún
programa económico macroeconómicamente coherente, ha dado los
resultados esperados.

Formas para alcanzar este concenso son muchas; no obstante,
cabe destacar las siguientes.

Es necesaria una política de información del gobierno clara y
coherente entre los diversos voceros del equipo económico.
Declaraciones diferentes entre autoridades económicas sobre un
mismo problema, confunden al sector privado y crean
desconfianza.

Otra forma de buscar concertar sectores económicos es con
políticas sociales compensatorias, que aunque no sean
inmediatas por la austeridad fiscal, generen cierta
tranquilidad social.

Ni el anterior ni el actual gobierno han dado señales claras,
por ejemplo, de una política de ingresos. Lo único que se ha
escuchado son anuncios premeditados, y en ocasiones poco
oportunos, de aumentos salariales futuros que ni siquiera se
conoce con certeza que estén debidamente financiados.

El deterioro del poder adquisitivo de los salarios es
alarmente y ofrecimientos de nuevos aumentos solo son parte
minoritaria del problema.

En este ámbito, alguna ocasión se ha mencionado la necesidad
de metas cuantitativas de indicadores sociales. Es común
escuchar las metas de déficit fiscal, reservas
internacionales, PIB, etc; sin embargo, jamás se oyen
objetivos puntuales de salarios reales, índices de nutrición,
parámetros de políticas educacionales, etc. Un mensaje en este
sentido sería sumamente importante para buscar la concertación
que cualquier programa económico necesita para ser efectivo y
realista.

Es correcto indicar que un premio importante para el poder
adquisitivo de los salarios es la baja de la inflación; no
obstante, esto es como indicar que todo vendrá por las leyes
del mercado sin dejar en claro cómo es que estas leyes van a
dar los frutos deseados.

Por lo expuesto, es necesario políticas sociales compatibles
con el manejo macroeconómico de variables. (7A)