La última e injusta arremetida contra la familia Avellán y sus empresas, exigiéndoles la devolución del monto que recibieron legÃtimamente en pago por las acciones de Cofiec, crea la sensación de no ser más que una cortina de humo, para distraer la atención del público, de los verdaderos responsables de sustraer cifras muy superiores, cientos y miles de millones, quedando otra vez, los delitos y los realmente culpables indemnes de responsabilidad y obligación de devolver lo que dispusieron a vista y paciencia de todo el mundo, especialmente de las autoridades de control.
El informe de la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción ha demostrado con absoluta claridad, como se pretende desaparecer pasivos que Emelec tiene por más de $1 030 millones con activos de apenas $118 millones siendo entonces deficitaria en más de $900 millones. Iguales anomalÃas se determinan en el Banco del Progreso, que solo en el famoso y publicitado fideicomiso, Progreso Depositor Trust, se sustrajeron de la forma más audaz y temeraria $611 millones, que en virtud del último convenio firmado por la AGD, extingue la posibilidad de recuperar esa importante suma, sin contar otros rubros y cientos de millones más, desaparecidos durante los años de dolosa administración de esas dos empresas.
Todos conocemos cómo Emelec y el Banco de Progreso fueron administrados muy alegremente, y sirvieron de instrumento para el enriquecimiento ilÃcito de sus administradores, al mismo tiempo que fungÃan de mecenas de la ciencia, arte y cultura. No habÃa obra o proyecto de importancia de la comunidad en el Ecuador que no la auspiciara alguna de esas dos empresas, al igual que a numerosos personajes de nuestra polÃtica, habiéndose conocido por confesión o revelación del propio doctor Aspiazu, la generosa y cuantiosa contribución a la campaña del presidente Mahuad, de $3,5 millones. A su vez, la liquidez de esas empresas sirvió para la adquisición y financiamiento de periódicos, estaciones de radio y aventuras empresariales de diversa Ãndole, incluyendo empresas de construcción, exportación de banano, camaroneras e importantes desarrollos inmobiliarios en varios lugares del paÃs.
Tanta maravilla y generosidad, realizada a costa de no pagarle al Estado la energÃa y el combustible que utilizaba Emelec, sobre la base de una mentira repetida mil veces, la inexistente obligación de la rentabilidad garantizada que supuestamente el Gobierno le adeudaba a esa empresa. De la misma manera se malversó y se sustrajo gran parte del dinero, que el público depositaba confiadamente en el Banco del Progreso, en buena medida por la imagen que ficticiamente proyectaban los administradores y ese grupo empresarial, gracias a su crecimiento vertiginoso, numerosos auspicios, contribuciones, obras de beneficencia, y también por su gran influencia, en medios de comunicación y cÃrculos de poder.
El Estado no debe perdonar ni descansar en sus esfuerzos de exigir a los verdaderos responsables de este multimillonario atraco, la devolución de todos los pasivos y los montos sustraÃdos de ambas empresas, incluyendo los $38 millones que se utilizaron fraudulentamente en la compra de Cofiec.
El informe de la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción ha demostrado con absoluta claridad, como se pretende desaparecer pasivos que Emelec tiene por más de $1 030 millones con activos de apenas $118 millones siendo entonces deficitaria en más de $900 millones. Iguales anomalÃas se determinan en el Banco del Progreso, que solo en el famoso y publicitado fideicomiso, Progreso Depositor Trust, se sustrajeron de la forma más audaz y temeraria $611 millones, que en virtud del último convenio firmado por la AGD, extingue la posibilidad de recuperar esa importante suma, sin contar otros rubros y cientos de millones más, desaparecidos durante los años de dolosa administración de esas dos empresas.
Todos conocemos cómo Emelec y el Banco de Progreso fueron administrados muy alegremente, y sirvieron de instrumento para el enriquecimiento ilÃcito de sus administradores, al mismo tiempo que fungÃan de mecenas de la ciencia, arte y cultura. No habÃa obra o proyecto de importancia de la comunidad en el Ecuador que no la auspiciara alguna de esas dos empresas, al igual que a numerosos personajes de nuestra polÃtica, habiéndose conocido por confesión o revelación del propio doctor Aspiazu, la generosa y cuantiosa contribución a la campaña del presidente Mahuad, de $3,5 millones. A su vez, la liquidez de esas empresas sirvió para la adquisición y financiamiento de periódicos, estaciones de radio y aventuras empresariales de diversa Ãndole, incluyendo empresas de construcción, exportación de banano, camaroneras e importantes desarrollos inmobiliarios en varios lugares del paÃs.
Tanta maravilla y generosidad, realizada a costa de no pagarle al Estado la energÃa y el combustible que utilizaba Emelec, sobre la base de una mentira repetida mil veces, la inexistente obligación de la rentabilidad garantizada que supuestamente el Gobierno le adeudaba a esa empresa. De la misma manera se malversó y se sustrajo gran parte del dinero, que el público depositaba confiadamente en el Banco del Progreso, en buena medida por la imagen que ficticiamente proyectaban los administradores y ese grupo empresarial, gracias a su crecimiento vertiginoso, numerosos auspicios, contribuciones, obras de beneficencia, y también por su gran influencia, en medios de comunicación y cÃrculos de poder.
El Estado no debe perdonar ni descansar en sus esfuerzos de exigir a los verdaderos responsables de este multimillonario atraco, la devolución de todos los pasivos y los montos sustraÃdos de ambas empresas, incluyendo los $38 millones que se utilizaron fraudulentamente en la compra de Cofiec.
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