Quito. 16 nov 97.

1.- AÑO DE CONTRADICCIONES ECONOMICAS AQUEL QUE SE PERFILA
PARA 1998.

Por una parte se ha mantenido una tendencia hacia la
recuperación de la producción y el mantenimiento de la
expansión de las exportaciones; asimismo, la activación del
Fondo de Solidaridad debería promover una serie de efectos
importantes sobre la industria de la construcción. Por otro
lado, 1998 será otro año político marcado por la incertidumbre
y la transición del gobierno, y, dependiendo de la toma de
desiciones que hasta ahora han sido rehuídas por el Gobierno,
podrá volverse a una situación de desequilibrio económico que
conspirará contra el crecimiento y la baja en la inflación.

El escenario económico de 1998 se proyecta con características
similares a las de 1997, el cual se espera cierre con una tasa
de crecimiento del 3% del Producto, mejor que 1996, pero
siendo una vez más un desempeño mediocre.

El crecimiento de 1997 ha sido liderado por las exportaciones
que hacia finales del período se proyectan en US$ 5.200
millones, con una participación de apenas el 30% del petroleo.
Al otro extremo, la situación fiscal se ha visto comprometida
por el desajuste de los dos primeros meses, y el desequilibrio
provocado por la congelación de los ingresos provenientes de
la venta interna de combustible y por el incremento del
subsidio del gas.

La continuación de la inestabilidad política ha afectado la
inversión, incluyendo la externa que en términos reales ha
disminuido alrededor de un 20% con respecto al magro desempeño
del año anterior.

Las tasas de interés han disminuido con respecto a los niveles
prevalecientes en 1996 , pero la economía continuá afectada
por la debilidad de la demanda agregada. Producto a su vez de
la consuetudinaria de la población.

El desempeño de los meses venideros, hemos establecido, será
marcado por la ejecución del programa fiscal, la activación
del Fondo de Solidariadad, la respuesta de los sectores
privados a los estímulos producidos, y el peso del lastre de
la incertidumbre política.

2.- EL PROGRAMA FISCAL Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES.

Para el cierre de 1997 el déficit fiscal se ubicará en
alrededor del 3% lo del Producto. La preocupación que ocupa la
atención para 1998 es que el potencial del déficit se vé una
vez más magnificado por la inhabilidad del Estado para poner
orden en la caja fiscal.

En la proyección actual para 1998 se establece un déficit
presupuestario del 2% del Producto, pero aquello se basa en
supuestos felices de que las recaudaciones van a subir un
billón de sucres como consecuencia de los cambios a la
legislación tributaria que aún no han sido presentados al
Congreso de manera oficial por el Ejecutivo, y sobre los
cuales existen algunas dudas de su puesta en vigencia. Se basa
también provenientes del Fondo de Solidaridad, sobre los
cuales no existen base legal.

Asume, finalmente, un precio del barril de petróleo de US$ 16,
con lo que se estaría inflando los ingresos en 0.4% del
Producto. Por otro lado, no toma en cuenta los incrementos
salariales que deberán aprobarse en enero y julio, y asume
desembolsos de préstamos con organismos multilaterales que
están sujetos a una serie de condiciones.

Si se toma en cuenta el impacto de estos aspectos puede muy
bien argumentarse que el déficit fiscal subiría a un 5% del
producto, lo que es inconsistente con que baje la tasa de
inflación o suba la tasa de crecimiento.

Las medidas de ajuste previstas en un programa fiscal que
tienda hacia la estabilización no son políticamente aceptables
para el Gobierno, por lo que difícilmente serán propuestas.
Estas incluirán la terminación del subsidio al consumo de gas
de uso doméstico (que puede resarcir 1% de la brecha), la
actualización de los precios de los combustibles de uso
doméstico (ajuste del 20% para equilibrarlos con aquellos
prevalentes al mes de eneros de 1997), con lo que se obtendría
recursos equivalentes al 1.5% del Producto.

En ausencia de la aprobación de un programa de reforma fiscal,
el gobierno podría proponer inclusive el incremento del IVA
como medida desesperada, con lo que obtendría hasta 1.5%
adicional de recaudaciones, y con lo que básicamente, cerraría
la brecha fiscal.

Pero un programa fiscal de corte convencional difícilmente
puede ser aprobado. Por una partye existe el argumento ,
razonable, de la que la afleuencia de recursos al gobierno
serviría exclusivamente para mantener al estado obeso, y
volver a un episodio más de los tantos que se han dado en el
pasado y que han resultado en mayor inflación y a la postre en
la necesidad de un nuevo ajuste.

Frente a esta alternativa queda el hecho cierto de la
necesidad de equilibrar la situación de las Finanzas Públicas,
pero atacando el problema por su lado estructural.

Para ello, rememorando un tema que hemos tratado
anteriormente, es necesario empezar por la reforma
institucional con el establecimiento del Servicio Interno de
Rentas propuesto por el CONAM. Se requiere de cambios de
fondos en este tema para así poder aspirar a mejorar
substancialmente las recaudaciones.

En cuanto a las reformas en sí, si estas apuntan a mantener
los mercados cartelizados (caso de la gasolina y el gas,
tampoco se variarán las condiciones de comercialización y se
mantendrá la carrera inflacionaria. Lo recomendable sería
liberar los mercados de estos productos para permitir la libre
importación, y que el Estado cobre (en el caso de la gasolina
y los combustibles) una tarifa ad-valorem sobre el valor
referencial de la importación, o del producto doméstico
elaborado por Petrocomercial que podría entrar como otro
competidor más.

En cuanto a la revisión del IVA, esta se tendrá que dar
eventualmente, pero debe dársela en el contexto de una fórmula
de participación con los gobiernos seccionales y municipales,
dentro del macro de la descentralización. En otras palabras,
es posible plantear reformulaciones integrales de la situación
fiscal y lograr, inclusive dentro de 1998, cambios importantes
en la dirección de las finanzas públicas ecuatorianas.

3.- EL GASTO PUBLICO Y CREDITO EXTERNO.

Cualesquier reforma debe dar algo a cambio de lo que pide. Un
error de fondo en el planteamiento efectuado por la actual
administración es que se lo ha pretendido pasar por las
narices de la opinión pública, argumentando la urgencia de
aprobar el presupuesto. Se requiere un proceso de
presentación, debate y aceptación de medidas de esta
naturaleza para que puedan ser aceptadas por la sociedad
civil. El "dar" en este caso , significa presentar una idea
clara de cuales son las ideas gubernamentales respecto del
gasto, y la institución de una política sin ambiguedades
respecto del crédito público.

La calidad del gasto público a través del presupuesto está
degenerada debido al predominio absolupto del gasto corriente.
Dentro de esta categoría, el rubro de mayor importancia es el
correspondiente a los intereses de la deuda que acaparan
aproximademante una tercera parte del gasto presupuestario.

Por esta razón las autoridades deben llevar a cabo los
ejercicios requeridos que permitan mejorar las condiciones de
repago de la deuda, para lo cual podría explorarse la
posibilidad de canjear bonos Brady por nuevos instrumentos que
no requieran la garantía del Tesoro americano y que, por lo
tanto sean de menor costo para el país.

Para ello deberá reformarse un Fondo dentro del presupuesto
que permita el retiro progresivo de instrumentos de deuda. El
Fondo operaría a través de bancos de inversión (no más de dos)
que tendrían el mandato de retirar los valores del mercado , y
que sería escojidos en atención a los términos y condicines
que propongan al Estado ecuatoriano. Podrían los
intermediarios operar en los mercados de opciones lo que
permitiría "apalancar" los recursos del Fondo, de esta forma
bajar proporcionalmente la presión sobre el gasto en lo
referente a la deuda.

En cuanto a la política de crédito público, ésta debería
establecer limitaciones claras respecto del endeudamiento que,
iniciándose en un 63% del producto en 1998, llegase a 53%
hacia el 2002. Lo que no está claro en la Ley es cuáles son
las premisas sobre las que se basan estos límites.

El Presupuesto del Estado debería de presentar proyecciones
claras respecto del servicio de la deuda, el crecimiento del
mismo y su comparación con el crecimiento de los recursos
provenientes de la recaudación tributaria. Sólo de esa forma
se puede empezar a prever la evolución futura de la economía ,
y mejorar la calidad del gasto público. El Pograma Fiscal de
1998 debe contemplar el estableceimiento de políticas de
crédito público. El objetivo es el monitorear y evitar el
endeudamiento irresponsable que se ha convertido en la norma
preferida a lo largo del tiempo, para evitar tomar las
acciones correctivas en materia fiscal y tributaria. La
implantación de un programa de esta naturaleza tendría efectos
importantes para iniciar la restauración de la confianza de
los agentes económicos respecto de la dirección de la política
fiscal.

4.- LA ACTIVACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD

Un elemento que puede contribuir sensiblemente al proceso de
recuperación durante 1998 es la actividad del Fondo de
Solidaridad, tema que se torna inminente al llegar a la
conclusión del proceso de reestructuración de Emetel. Si tal
como se espera el 19 de noviembre se lleva a cabo la subasta
del 35% de las acciones, hasta finales de año el Fondo de
Solidaridad debería contar con los recursos que le permitan
poner en marcha sus -operaciones- en los mercados locales de
capital.

Cabe recordar que el fondo de Solidaridad es una institución
constituida por Ley para efectuar; exclusivamente, operaciones
financieras. El Fondo dispondrá de recursos para ingresar en
los mercados y aceptar títulos valores que tengan garantías de
bancos aceptables a la institución.

El programa de captaciones de títulos por parte del Fondo
permitirá llevar a cabo programas de "titularización de
activos" con los que se podrá dar un empuje fundamental a las
industrias de la construcción y vivienda, a la agricultura, y
a todos aquellos proyectos que merezcan la demanda del
público.

Si al lo largo de 18 meses (esto es, incluyendo el primer
semestre de 1998) el Fondo puede efectuar inversiones
financieras por montos equivalentes al 1% del Producto, ésto
tendría el efecto de incrementar el potencial de crecimiento
del país en 1.5%.

Hay que notar que la inversión de US$ 100 millones en la
industria de la construcción, genera directamente 19.000
plazas de trabajo por un año, y otros 40.000 puestos
indirectamente lo que equivale a más del 1% de la población
económicamente activa.

Una activación de esta naturaleza tiene no tan solo profundos
efectos económicos, sino sociales por cuanto el empleo
productivo constituye la más efectiva de las políticas de
habilitación social.

Si a todo se añade que a finales del año 1998, el Fondo de
Solidaridad estaría en posibilidad de declarar utilidades, las
cuales pasaría a financiar inversión en programas de
desarrollo, de educación, salud, bienestar, saneamiento
ambiental, defensa del medio ambiente y cultura, a través del
Presupuesto del Estado, se tendría un efcto benigno por
partida doble.

5.- EL ESCENARIO POLITICO.

El Banco Central sostiene, correctamente, que la economía
ecuatoriana tiene un potencial de crecimiento del 5% sin
inflación. Lo que afecta el logro de ese potencial es el
factor político de inestabilidad que permanentemente limita la
capitalización de la economía ecuatoriana a través de la
inversión. En la última década la falta de una política de
estado en materia económica ha contribuido a que el
crecimiento promedio sea un mediocre 5%, lo que significa una
tasa de crecimiento del ingreso per cápita de apenas 1,5%
anual, con lo que se establece que dicho indicador se
duplcaría cada 30 años.

El crecimiento económico es un factor de suma importancia para
lograr que el país se desarrolle, y dicho crecimiento es a su
vez dependiente de la capacidad de inversión interna y
externa, y del ahorro.

Estas variable son desafiadas permanentemente por la
inestabilidad política. En el espacio de dos años hemos tenido
un conflicto bélico, un vicepresidente y un presidente
defenestrados, dos Consultas Populares, y dos elecciones, si
tomamos en cuenta la de la Asamblea Constituyente que se
avecina. Más allá de eso, nuestra política se caracteriza por
ser cortaplacista, y carecer de visión, aún de cultura
económica. El gobierno de Fabián Alarcón ha preferido hacerle
"el quite" a las medidas, pero ha mejorado en forma sencible
la administración financiera. Empero, el problema tantas veces
descrito es real y no admite retrasos permanentes, es de
esperar que en 1998 empiece a adoptar las políticas que
durante todo el siglo XX estuvieron ausentes del convivir
nacional. (Texto tomado de EL EXPRESO)
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