Blanco y Negro indaga en los motivos de Ricardo Noboa Bejarano, presidente del Conam, sobre los responsables del entorpecimiento del proceso para adjudicar a la empresa privada la administración de Pacifictel S.A.
El 30 de mayo de 2002, por la noche, el titular del Conam apareció en una cadena de televisión para dar los nombres de quienes obstaculizaron la modernización de una de las principales empresas telefónicas del país. Tenía un documento clave que lo respaldaba
Las puertas se abren a la iniciativa privada, en agosto del año pasado
Martes 14 de agosto de 2001. El viento sopla a favor del Consejo Nacional de Modernización (Conam). Todos los sectores productivos apoyan la iniciativa del Estado para mejorar el servicio que brindan Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. A las 12:00 del 14 de agosto de 2001, se firma el contrato con la consultora internacional McKinsey & Co., que debía desarrollar la estrategia de modernización de las telefónicas.
McKinsey & Co., según el convenio, se comprometió a brindar apoyo para la vinculación de operadores internacionales que administrasen las compañías. Nunca se habló de una venta.
En eso tenía razón el presidente del Conam, Ricardo Noboa, cuando despotricó contra quienes supuestamente obstaculizaron la concesión para que la empresa privada administrara Pacifictel, cuyo fracaso fue evidente el 30 de mayo de 2002, casi un año después de que se contrató a MacKinsey.
La consultora debía preparar a las empresas estatales con el fin de que compitieran en el ambiente de apertura de mercado, que se pensaba iniciar a partir de enero de 2002.
En agosto de 2001, Antonio Peré, director ejecutivo del Conam, declaró: "La concreción de este proceso, que obedece a una política distinta de la tradicional en telecomunicaciones, significará una mejora radical en la cobertura y la eficiencia de los servicios telefónicos en Ecuador".
A comienzos de enero de 2002 aún existía la apertura para proceder a la concesión de la telefónica. El Conam arrancó los motores. Seis se interesaron en administrar Pacifictel: Telecom, de Brasil; Empresas Públicas Medellín, de Colombia; AT&T, de Estados Unidos; Telefónica, de España; América Móvil, de México y Swedtel, de Suecia. Las dos primeras no cumplieron con los requerimientos, según el Conam; AT&T y Telefónica desistieron de participar en el último momento, por lo cual solo quedaban América Móvil y Swedtel.
El Directorio del Consejo de Modernización, que lideraba el proceso, se reunió en un hotel de Guayaquil con la intención de analizar las ofertas técnicas de las empresas, frente al notario quinto de Guayaquil, Cesáreo Condo, y los representantes de América Móvil y Swedtel.
El gran día para concretar al menos uno de los proyectos de modernización del Conam era el 30 de mayo de 2002. Antes de esa fecha aparecieron varios anuncios pagados en el matutino guayaquileño El Universo, en el que conocidos políticos cuestionaban la transparencia del proceso. (JT)
Aparecen los extraños anuncios en la prensa
Martes 22 de enero de 2002. Luego de la contratación de McKinsey & Co., todo estaba listo para la apertura de la licitación, con el fin de buscar un nuevo administrador para Pacifictel. Este día, el Conam publicó las convocaciones en ocho periódicos nacionales, y el miércoles 23 de enero se publicó la misma convocación en dos diarios internacionales: los prestigiosos Wall Street Journal y The Financial Times.
El Conam esperaba que el operador administrara Pacifictel desde el primer trimestre de 2002 para obtener óptimos indicadores operativos y financieros.
Es en este contexto en el que aparecen dos recursos judiciales que buscan suspender el proceso, uno presentado por Telefecom el 23 de mayo de 2002, que recayó en el Juzgado Noveno de lo Civil del Guayas, y otro, un recurso de hábeas data en contra de Pacifictel, presentado por el abogado Enrique Torres Araujo, que pasó al Juzgado Duodécimo de lo Civil del Guayas.
El primer recurso buscaba dejar sin efecto la convocación para seleccionar al operador; el segundo pedía la documentación de soporte del proceso iniciado por el Conam. Los dos tenían el mismo fin: obstaculizar la concesión. (JT)
La pérdida de tiempo
"Sería una pérdida de tiempo, si se acepta el trámite del recurso de amparo en contra de la concesión de la administración de Pacifictel a una operadora privada, pues pararía el proceso y con ello el desarrollo del sector de las telecomunicaciones".
Las declaraciones son de Rogelio Viesca, presidente de Porta Celular, reproducidas por el matutino quiteño El Comercio el 28 de mayo de 2002, cuando un recurso judicial ponía en duda el proceso. (JT)
El fracaso en un hotel de Guayaquil
Jueves 23 de mayo de 2002. "Gerardo García Sánchez, en calidad de gerente de Telefecom S.A., mayor de edad, ejecutivo domiciliado en la ciudad de Guayaquil, comparezco, formulo y presentó la siguiente acción de amparo constitucional". Ese es el prolegómeno de una polémica que sacudió a diversos sectores políticos y económicos, empezando por uno de los partidos políticos más fuertes del país: el Social Cristiano.
Las acusaciones fueron lanzadas por el presidente del Consejo Nacional de Modernización, Ricardo Noboa, en un hotel de Guayaquil, cuando se pensaba concretar el traspaso de la administración de Pacifictel a una operadora privada internacional. Por los pasillos del hotel se paseaban varios legisladores del Partido Roldosista Ecuatoriano, que culparon al Gobierno de un nuevo fracaso.
Momentos después de que fracasara el traspaso de la administración, Ricardo Noboa declaró: "Una mafia boicoteó el proceso de selección del operador internacional para administrar Pacifictel". Ese día por la noche, en una cadena de televisión, señaló a quiénes, según él, estaban detrás de la campaña sucia. (JT)
Las acusaciones se realizan con nombres y apellidos
Jueves 30 de mayo de 2002. El primer acusado por el presidente del Conam, Ricardo Noboa, fue el diputado socialcristiano José Alvear Ycaza, porque supuestamente estaba involucrado con empresas ligadas a las telecomunicaciones: "Es abogado en ejercicio profesional de Cibertec y Alcatel, compañías interesadas en la telefonía", dijo.
La respuesta de José Alvear no se hizo esperar: "Soy un abogado especializado en derecho de seguros. No manejo telecomunicaciones y menos aún tengo vínculos con Alcatel y Cibertec", respondió. Su hijo, José Alvear Campodónico, había publicado varios anuncios en la prensa cuestionando el proceso a nombre de las juventudes socialcristianas, razón por la cual el presidente de ese partido, Pascual del Cioppo realizó un llamado de atención. "Recuerdo a ustedes (Marcelo Dotti, José Alvear Ycaza, Xavier Vivas y José Alvear Campodónico, que firmaban los anuncios) una vez más que nuestra organización política no puede ni debe ser instrumento para dichos fines", decía la carta fechada el 7 de junio de 2002, ocho días después de que fracasó el proceso para licitar la administración. (JT)
La metas que no se alcanzaron
El contrato debía tener una duración de cinco años, período en el cual, el operador internacional debía cumplir con metas operativas mayores que las especificadas en el actual contrato de concesión con el Conatel. También debía cumplir con metas financieras, que ayudarían al Fondo de Solidaridad a recibir mayores ingresos. El cumplimiento de las metas debía ser supervisado por el Directorio de Pacifictel y por una empresa de auditores de reconocida experiencia internacional. Esos eran los objetivos que se perseguían. (JT)
Ricardo Noboa responsabiliza a varios legisladores
Tres legisladores del PRE son mencionados como parte del grupo que boicoteó el proceso
Viernes 31 de mayo de 2002. Víctor Hugo Sicouret, Vicente Estrada y Adolfo Bucaram, diputados del PRE, responden a Ricardo Noboa y dicen que el fracaso de la licitación se produjo por la falta de transparencia del Conam. Según Noboa, entre los roldosistas estaba Roberto Gaybor, propietario de la compañía de seguridad Oreseg, que perdió un contrato para ese servicio con la telefónica.
Como la denuncia tocaba también a Alcatel, la empresa emitió un comunicado oficial en el que refutaba las declaraciones de Ricardo Noboa Bejarano.
"Alcatel es una empresa líder mundial en el sector de las telecomunicaciones. Por lo tanto, no podíamos participar ni lo hemos hecho, en el proceso de Pacifictel. Tampoco hemos brindado apoyo a ninguno de los interesados", decía el boletín de prensa emitido. La supuesta relación de la empresa era por medio de un abogado. (JT)
¿Quién redactó la misteriosa carta?
"Yo, Gerardo García Sánchez, portador de la cédula de identidad número 0912667318, en la ciudad de Guayaquil, por libre y espontánea voluntad, declaro que este documento es veraz".
Así empieza la carta que fue adjuntada en una denuncia que presentó el presidente del Conam en la Comisión Anticorrupción, en contra de quienes obstaculizaron el proceso de modernización de Pacifictel por favorecer intereses económicos y políticos.
"Hace unos meses tuve la idea de incursionar en el ámbito de las telecomunicaciones, y creé un portador", asegura García Sánchez. Para eso habría comprado la compañía Telefecom, de la cual sería el único representante legal.
Es en esta carta en la que García Sánchez reveló una serie de nombres que estarían detrás de los obstáculos a la modernización de Pacifictel. Además, García contó por iniciativa de quién había presentado el recurso de amparo para frenar el proceso de selección. El representante de Telefecom trató de justificarse aduciendo que habían falsificado su firma. (JT)
El retiro de América Móvil
El fracaso del proceso se venía venir, sobre todo cuando el representante de América Móvil (uno de los interesados en administrar Pacifictel), Marco Antonio Campos, envió una carta a Galo García Feraud, presidente del Comité de selección, en la que advertía del inicio de una campaña para boicotear el proceso. "Habiendo solo dos oferentes, se ha iniciado una campaña por parte de sectores que cuestionan el proceso, en la cual no se han escatimado recursos económicos ni argumentos políticos y de otros géneros que dañan la imagen y prestigio de nuestro grupo", dice la carta remitida. (JT)
Declaración juramentada que intenta borrar lo hecho
¿Quién firmó la carta? El 11 de junio de 2002, Gerardo Gonzalo García Sánchez, representante legal de Telefecom, realizó una declaración juramentada ante el notario Rodolfo Pérez Pimentel, en Guayaquil, negando haber redactado la carta en la que se revelaba una serie de intereses políticos y económicos (los mismos a los que acusó Ricardo Noboa) que lo incentivaron a pagar anuncios en la prensa para cuestionar la transparencia del proceso.
"Declaro bajo la gravedad de juramento que dicha carta es completamente adulterada y falsa, ya que la firma no es la misma que Gerardo García Sánchez usa en todos sus actos públicos y privados. Jamás he suscrito, firmado o elaborado, ni por mis propios derechos, ni por los derechos que represento de Telefecom, carta alguna que haga relación con el concurso supuestamente público que ha convocado Pacifictel S.A.", dice la declaración.
En la carta, que García negó haber firmado, se hablaba de una serie de llamadas que el representante de Telefecom recibió de diputados del PRE y del PSC para respaldarlo en las acciones que había iniciado contra el proceso de modernización de Pacifictel.
García Sánchez negó haber recibido una llamada del abogado Alejandro Pazmiño Arias, supuesto representante de Alcatel, ofreciéndole invertir en su empresa a cambio de la publicación de avisos en la prensa en contra del proceso.
Lo extraño es que el abogado de García Sánchez es Alejandro Pazmiño Arias, y que un examen pericial de la Policía reveló que la firma de la carta coincidía con la que estampó en el recurso de amparo que presentó García Sánchez. (JT)
Una prueba grafológica de la firma
Por pedido de la Fiscalía, que investiga las denuncias de Ricardo Noboa, presidente del Conam, el perito Luis Horacio Tamayo analizó la autenticidad de la firma estampada en la polémica carta fechada el 31 de mayo de 2002, en la que Gerardo García Sánchez revelaba la serie de intereses económicos y políticos que estaban detrás de la obstaculización al proceso de traspaso de la administración de Pacifictel.
"Para realizar el estudio dispongo de dos documentos: el primero que corresponde a la firma (garabato) que se estampa al pie del nombramiento que la Junta General de Accionistas de la compañía Telefecom, en la cual se designa a Gerardo García Sánchez gerente general", dice el perito.
El otro documento que analizó el perito es la firma que García Sánchez estampó en el recurso de amparo presentado en el Juzgado para frenar el proceso de concesión de la administración de Pacifictel.
Sobre la firma que se estampa en el nombramiento como gerente de Telefecom dice el perito: es un conjunto de líneas envolventes elípticas, casi concéntricas, muy desarrolladas o ampulosas que se elevan notoriamente (...)". Sobre la firma que se halla en el recurso de amparo dice: "Encuentro que los trazos, rasgos presión gráfica, marcha escritural y manerismos de esta líneas elípticas envolventes coinciden en su totalidad a la firma ya descrita". (JT)
Las pruebas no se pueden eliminar con juramentos
Firma dubitativa se llama a la que se halla en la carta que Gerardo García Sánchez, representante legal de Telefecom, calificó de falsa, en su declaración juramentada.
"Siguiendo el mismo proceso (que el usado para analizar las firmas que Gerardo García Sánchez reconocía como suyas) encuentro que el trazo inicial superior izquierdo es filiforme, al descender el trazo se ven tres óvalos envolventes, desarrollados con el mismo arco interior (...)".
La conclusión del perito: "Encuentro que este conjunto gráfico pertenece al mismo puño escribiente del señor Gerardo García Sánchez". Pese a que se quiso poner en duda la autenticidad de su firma, además del informe pericial, la Fiscalía tiene una carta de Rogelio Viesca Arrache, presidente de Conecel, en la que se afirma que varias personas vieron al representante de Telefecom redactar el documento en el que se ratifican las denuncias de Ricardo Noboa. (JT)
Los mil y un oficios de Telefecom S.A.
¿Qué es Telefecom S.A.? Gerardo García Sánchez asegura que es una compañía que tiene como accionistas a él y a su hermano César García Sánchez, atrás de los cuales estaría un grupo de jóvenes emprendedores que decidieron publicar anuncios en la prensa sobre el proceso de modernización de Pacifictel, porque la convocación realizada por el Conam supuestamente dejó fuera de toda opción a las nuevas empresas, como Telefecom.
La joven empresa, como la llama Gerardo García Sánchez, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 9 de julio de 2001, con un capital autorizado de $1 600 y un capital suscrito de $800.
La compañía fue constituida en la Notaría Vigesimoquinta de Guayaquil, el 9 de junio de 2001, por Diana Elizabeth Vera Cedeño y María Luisa Bracco Vera.
¿Cuáles eran sus fines? Reproducimos parte del documento suscrito en la Notaría: "La importación, exportación, distribución, compraventa, comercialización, elaboración, intermediación de productos farmacéuticos y afines; así como también de repuestos, partes y piezas automotores, equipos pesados y camineros. Reparación de contenedores tanto para la carga refrigerada como para la carga no refrigerada. También se dedicará a la concesión de plantas eléctricas, así como grupos y sistemas de generación eléctrica; equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la construcción y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; turbinas, motores de combustión interna; toda clase de juguetes y juegos infantiles". Pero la lista no termina ahí. Es una empresa con mil oficios. (JT)
Acciones
l El plazo por el cual se constituye la compañía es de 50 años, que se cuentan a partir de la fecha de inscripción de la escritura.
l El domicilio principal de la empresa es Guayaquil, y está en capacidad de abrir agencias en todo el país.
l El capital suscrito de Telefecom es de $800, dividido en 800 acciones ordinarias nominativas de $1 cada una.
La capacidad de hacer todo con $800
En más de ocho páginas se detallan los fines comerciales con los cuales se crea Telefecom. De sus intereses no escapa nada, ni la joyería, ni la rama alimenticia ni la bisutería ni la librería ni la agricultura ni el transporte marítimo.
De acuerdo con el documento de constitución de la compañía, con un capital suscrito de $800, podía dedicarse al transporte marítimo y fluvial; a la operación de buques; a la importación, distribución, comercialización, compra y venta de motores, vituallas y equipos para buques. Podía consolidar y desconsolidar carga en la Aduana; prestar servicios portuarios y hasta explorar y explotar objetos preciosos que se encuentran en el fondo del mar, por el hundimiento de galeones.
Como era de esperar, entre los objetivos comerciales de Telefecom no podía faltar el sector de las telecomunicaciones: "También tendrá por objeto dedicarse a la asesoría en sistema informático, en sistema de telecomunicaciones. Se dedicará a la telefonía de larga distancia desde y hasta países lejanos, para lo cual realizará llamadas telefónicas desde diferentes regiones del territorio ecuatoriano; también prestará servicio completo de portador de comunicaciones". Los aquí descritos son solo algunos de los fines comerciales para los cuales se creó Telefecom, la empresa en la que, según la denuncia del presidente del Conam, Ricardo Noboa, se escondieron poderosos intereses económicos y políticos que lo amenazaron con juicios penales, por haberlos acusado públicamente. Esos intereses se han intentado revelar en este informe. (JT)
Denuncias
l Ricardo Noboa presentó documentos que sustentan sus denuncias en la Comisión Anticorrupción y en la Fiscalía.
l La Fiscalía pidió a un perito que analizara la autenticidad de la firma de un documento de García Sánchez.
l Los organismos de control aún no presentan un informe sobre las denuncias del presidente del Conam.
ANALISIS
¿La punta del ovillo?
La historia que narra BLANCO Y NEGRO puede ser la descripción de una novedosa forma de actuar de algunos grupos de poder para detener los procesos de modernización, cuando sienten que sus intereses serán afectados.
Pero podría también ser un capítulo más de los equívocos cometidos por el Conam, institución que se niega a admitir que ha fracasado en su intento por modernizar el país, ya sea por ausencia de un plan confiable, o por falta de transparencia que sembró de dudas el proceso para enajenar las áreas eléctricas y telefónicas, fundamentalmente; o porque allí no fueron capaces de actualizar su discurso a sabiendas de que los ecuatorianos habían descalificado todo lo que sonara a privatización, por los ejemplos de Argentina y Perú.
Pero el informe de BLANCO Y NEGRO puede, asimismo, convertirse en la punta del ovillo que habrá que desenredar, para descubrir, en algún momento, la realidad ya no solo del proceso sino de la marcha de Pacifictel mismo, entidad que adolece de serios cuestionamientos.
En efecto, que se haya constituido una empresa con apenas $800 de capital, y que esta haya tenido la fuerza suficiente para instrumentar un amparo judicial y detener un proceso que debe haberle costado al Ecuador una importante suma de dinero, deja preguntas sin respuestas sobre qué y quiénes están detrás del fracaso de esta privatización.
Lo que BLANCO Y NEGRO entrega a sus lectores es un primer informe sobre una institución, de la cual los políticos han echado mano constantemente, hasta convertirla no solo en botín electoral, sino, según se comenta, en el premio con el que se pagan favores y lealtades. (TFF)
(BLANCO Y NEGRO 22 DE JUNIO DE 2002)
El 30 de mayo de 2002, por la noche, el titular del Conam apareció en una cadena de televisión para dar los nombres de quienes obstaculizaron la modernización de una de las principales empresas telefónicas del país. Tenía un documento clave que lo respaldaba
Las puertas se abren a la iniciativa privada, en agosto del año pasado
Martes 14 de agosto de 2001. El viento sopla a favor del Consejo Nacional de Modernización (Conam). Todos los sectores productivos apoyan la iniciativa del Estado para mejorar el servicio que brindan Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. A las 12:00 del 14 de agosto de 2001, se firma el contrato con la consultora internacional McKinsey & Co., que debía desarrollar la estrategia de modernización de las telefónicas.
McKinsey & Co., según el convenio, se comprometió a brindar apoyo para la vinculación de operadores internacionales que administrasen las compañías. Nunca se habló de una venta.
En eso tenía razón el presidente del Conam, Ricardo Noboa, cuando despotricó contra quienes supuestamente obstaculizaron la concesión para que la empresa privada administrara Pacifictel, cuyo fracaso fue evidente el 30 de mayo de 2002, casi un año después de que se contrató a MacKinsey.
La consultora debía preparar a las empresas estatales con el fin de que compitieran en el ambiente de apertura de mercado, que se pensaba iniciar a partir de enero de 2002.
En agosto de 2001, Antonio Peré, director ejecutivo del Conam, declaró: "La concreción de este proceso, que obedece a una política distinta de la tradicional en telecomunicaciones, significará una mejora radical en la cobertura y la eficiencia de los servicios telefónicos en Ecuador".
A comienzos de enero de 2002 aún existía la apertura para proceder a la concesión de la telefónica. El Conam arrancó los motores. Seis se interesaron en administrar Pacifictel: Telecom, de Brasil; Empresas Públicas Medellín, de Colombia; AT&T, de Estados Unidos; Telefónica, de España; América Móvil, de México y Swedtel, de Suecia. Las dos primeras no cumplieron con los requerimientos, según el Conam; AT&T y Telefónica desistieron de participar en el último momento, por lo cual solo quedaban América Móvil y Swedtel.
El Directorio del Consejo de Modernización, que lideraba el proceso, se reunió en un hotel de Guayaquil con la intención de analizar las ofertas técnicas de las empresas, frente al notario quinto de Guayaquil, Cesáreo Condo, y los representantes de América Móvil y Swedtel.
El gran día para concretar al menos uno de los proyectos de modernización del Conam era el 30 de mayo de 2002. Antes de esa fecha aparecieron varios anuncios pagados en el matutino guayaquileño El Universo, en el que conocidos políticos cuestionaban la transparencia del proceso. (JT)
Aparecen los extraños anuncios en la prensa
Martes 22 de enero de 2002. Luego de la contratación de McKinsey & Co., todo estaba listo para la apertura de la licitación, con el fin de buscar un nuevo administrador para Pacifictel. Este día, el Conam publicó las convocaciones en ocho periódicos nacionales, y el miércoles 23 de enero se publicó la misma convocación en dos diarios internacionales: los prestigiosos Wall Street Journal y The Financial Times.
El Conam esperaba que el operador administrara Pacifictel desde el primer trimestre de 2002 para obtener óptimos indicadores operativos y financieros.
Es en este contexto en el que aparecen dos recursos judiciales que buscan suspender el proceso, uno presentado por Telefecom el 23 de mayo de 2002, que recayó en el Juzgado Noveno de lo Civil del Guayas, y otro, un recurso de hábeas data en contra de Pacifictel, presentado por el abogado Enrique Torres Araujo, que pasó al Juzgado Duodécimo de lo Civil del Guayas.
El primer recurso buscaba dejar sin efecto la convocación para seleccionar al operador; el segundo pedía la documentación de soporte del proceso iniciado por el Conam. Los dos tenían el mismo fin: obstaculizar la concesión. (JT)
La pérdida de tiempo
"Sería una pérdida de tiempo, si se acepta el trámite del recurso de amparo en contra de la concesión de la administración de Pacifictel a una operadora privada, pues pararía el proceso y con ello el desarrollo del sector de las telecomunicaciones".
Las declaraciones son de Rogelio Viesca, presidente de Porta Celular, reproducidas por el matutino quiteño El Comercio el 28 de mayo de 2002, cuando un recurso judicial ponía en duda el proceso. (JT)
El fracaso en un hotel de Guayaquil
Jueves 23 de mayo de 2002. "Gerardo García Sánchez, en calidad de gerente de Telefecom S.A., mayor de edad, ejecutivo domiciliado en la ciudad de Guayaquil, comparezco, formulo y presentó la siguiente acción de amparo constitucional". Ese es el prolegómeno de una polémica que sacudió a diversos sectores políticos y económicos, empezando por uno de los partidos políticos más fuertes del país: el Social Cristiano.
Las acusaciones fueron lanzadas por el presidente del Consejo Nacional de Modernización, Ricardo Noboa, en un hotel de Guayaquil, cuando se pensaba concretar el traspaso de la administración de Pacifictel a una operadora privada internacional. Por los pasillos del hotel se paseaban varios legisladores del Partido Roldosista Ecuatoriano, que culparon al Gobierno de un nuevo fracaso.
Momentos después de que fracasara el traspaso de la administración, Ricardo Noboa declaró: "Una mafia boicoteó el proceso de selección del operador internacional para administrar Pacifictel". Ese día por la noche, en una cadena de televisión, señaló a quiénes, según él, estaban detrás de la campaña sucia. (JT)
Las acusaciones se realizan con nombres y apellidos
Jueves 30 de mayo de 2002. El primer acusado por el presidente del Conam, Ricardo Noboa, fue el diputado socialcristiano José Alvear Ycaza, porque supuestamente estaba involucrado con empresas ligadas a las telecomunicaciones: "Es abogado en ejercicio profesional de Cibertec y Alcatel, compañías interesadas en la telefonía", dijo.
La respuesta de José Alvear no se hizo esperar: "Soy un abogado especializado en derecho de seguros. No manejo telecomunicaciones y menos aún tengo vínculos con Alcatel y Cibertec", respondió. Su hijo, José Alvear Campodónico, había publicado varios anuncios en la prensa cuestionando el proceso a nombre de las juventudes socialcristianas, razón por la cual el presidente de ese partido, Pascual del Cioppo realizó un llamado de atención. "Recuerdo a ustedes (Marcelo Dotti, José Alvear Ycaza, Xavier Vivas y José Alvear Campodónico, que firmaban los anuncios) una vez más que nuestra organización política no puede ni debe ser instrumento para dichos fines", decía la carta fechada el 7 de junio de 2002, ocho días después de que fracasó el proceso para licitar la administración. (JT)
La metas que no se alcanzaron
El contrato debía tener una duración de cinco años, período en el cual, el operador internacional debía cumplir con metas operativas mayores que las especificadas en el actual contrato de concesión con el Conatel. También debía cumplir con metas financieras, que ayudarían al Fondo de Solidaridad a recibir mayores ingresos. El cumplimiento de las metas debía ser supervisado por el Directorio de Pacifictel y por una empresa de auditores de reconocida experiencia internacional. Esos eran los objetivos que se perseguían. (JT)
Ricardo Noboa responsabiliza a varios legisladores
Tres legisladores del PRE son mencionados como parte del grupo que boicoteó el proceso
Viernes 31 de mayo de 2002. Víctor Hugo Sicouret, Vicente Estrada y Adolfo Bucaram, diputados del PRE, responden a Ricardo Noboa y dicen que el fracaso de la licitación se produjo por la falta de transparencia del Conam. Según Noboa, entre los roldosistas estaba Roberto Gaybor, propietario de la compañía de seguridad Oreseg, que perdió un contrato para ese servicio con la telefónica.
Como la denuncia tocaba también a Alcatel, la empresa emitió un comunicado oficial en el que refutaba las declaraciones de Ricardo Noboa Bejarano.
"Alcatel es una empresa líder mundial en el sector de las telecomunicaciones. Por lo tanto, no podíamos participar ni lo hemos hecho, en el proceso de Pacifictel. Tampoco hemos brindado apoyo a ninguno de los interesados", decía el boletín de prensa emitido. La supuesta relación de la empresa era por medio de un abogado. (JT)
¿Quién redactó la misteriosa carta?
"Yo, Gerardo García Sánchez, portador de la cédula de identidad número 0912667318, en la ciudad de Guayaquil, por libre y espontánea voluntad, declaro que este documento es veraz".
Así empieza la carta que fue adjuntada en una denuncia que presentó el presidente del Conam en la Comisión Anticorrupción, en contra de quienes obstaculizaron el proceso de modernización de Pacifictel por favorecer intereses económicos y políticos.
"Hace unos meses tuve la idea de incursionar en el ámbito de las telecomunicaciones, y creé un portador", asegura García Sánchez. Para eso habría comprado la compañía Telefecom, de la cual sería el único representante legal.
Es en esta carta en la que García Sánchez reveló una serie de nombres que estarían detrás de los obstáculos a la modernización de Pacifictel. Además, García contó por iniciativa de quién había presentado el recurso de amparo para frenar el proceso de selección. El representante de Telefecom trató de justificarse aduciendo que habían falsificado su firma. (JT)
El retiro de América Móvil
El fracaso del proceso se venía venir, sobre todo cuando el representante de América Móvil (uno de los interesados en administrar Pacifictel), Marco Antonio Campos, envió una carta a Galo García Feraud, presidente del Comité de selección, en la que advertía del inicio de una campaña para boicotear el proceso. "Habiendo solo dos oferentes, se ha iniciado una campaña por parte de sectores que cuestionan el proceso, en la cual no se han escatimado recursos económicos ni argumentos políticos y de otros géneros que dañan la imagen y prestigio de nuestro grupo", dice la carta remitida. (JT)
Declaración juramentada que intenta borrar lo hecho
¿Quién firmó la carta? El 11 de junio de 2002, Gerardo Gonzalo García Sánchez, representante legal de Telefecom, realizó una declaración juramentada ante el notario Rodolfo Pérez Pimentel, en Guayaquil, negando haber redactado la carta en la que se revelaba una serie de intereses políticos y económicos (los mismos a los que acusó Ricardo Noboa) que lo incentivaron a pagar anuncios en la prensa para cuestionar la transparencia del proceso.
"Declaro bajo la gravedad de juramento que dicha carta es completamente adulterada y falsa, ya que la firma no es la misma que Gerardo García Sánchez usa en todos sus actos públicos y privados. Jamás he suscrito, firmado o elaborado, ni por mis propios derechos, ni por los derechos que represento de Telefecom, carta alguna que haga relación con el concurso supuestamente público que ha convocado Pacifictel S.A.", dice la declaración.
En la carta, que García negó haber firmado, se hablaba de una serie de llamadas que el representante de Telefecom recibió de diputados del PRE y del PSC para respaldarlo en las acciones que había iniciado contra el proceso de modernización de Pacifictel.
García Sánchez negó haber recibido una llamada del abogado Alejandro Pazmiño Arias, supuesto representante de Alcatel, ofreciéndole invertir en su empresa a cambio de la publicación de avisos en la prensa en contra del proceso.
Lo extraño es que el abogado de García Sánchez es Alejandro Pazmiño Arias, y que un examen pericial de la Policía reveló que la firma de la carta coincidía con la que estampó en el recurso de amparo que presentó García Sánchez. (JT)
Una prueba grafológica de la firma
Por pedido de la Fiscalía, que investiga las denuncias de Ricardo Noboa, presidente del Conam, el perito Luis Horacio Tamayo analizó la autenticidad de la firma estampada en la polémica carta fechada el 31 de mayo de 2002, en la que Gerardo García Sánchez revelaba la serie de intereses económicos y políticos que estaban detrás de la obstaculización al proceso de traspaso de la administración de Pacifictel.
"Para realizar el estudio dispongo de dos documentos: el primero que corresponde a la firma (garabato) que se estampa al pie del nombramiento que la Junta General de Accionistas de la compañía Telefecom, en la cual se designa a Gerardo García Sánchez gerente general", dice el perito.
El otro documento que analizó el perito es la firma que García Sánchez estampó en el recurso de amparo presentado en el Juzgado para frenar el proceso de concesión de la administración de Pacifictel.
Sobre la firma que se estampa en el nombramiento como gerente de Telefecom dice el perito: es un conjunto de líneas envolventes elípticas, casi concéntricas, muy desarrolladas o ampulosas que se elevan notoriamente (...)". Sobre la firma que se halla en el recurso de amparo dice: "Encuentro que los trazos, rasgos presión gráfica, marcha escritural y manerismos de esta líneas elípticas envolventes coinciden en su totalidad a la firma ya descrita". (JT)
Las pruebas no se pueden eliminar con juramentos
Firma dubitativa se llama a la que se halla en la carta que Gerardo García Sánchez, representante legal de Telefecom, calificó de falsa, en su declaración juramentada.
"Siguiendo el mismo proceso (que el usado para analizar las firmas que Gerardo García Sánchez reconocía como suyas) encuentro que el trazo inicial superior izquierdo es filiforme, al descender el trazo se ven tres óvalos envolventes, desarrollados con el mismo arco interior (...)".
La conclusión del perito: "Encuentro que este conjunto gráfico pertenece al mismo puño escribiente del señor Gerardo García Sánchez". Pese a que se quiso poner en duda la autenticidad de su firma, además del informe pericial, la Fiscalía tiene una carta de Rogelio Viesca Arrache, presidente de Conecel, en la que se afirma que varias personas vieron al representante de Telefecom redactar el documento en el que se ratifican las denuncias de Ricardo Noboa. (JT)
Los mil y un oficios de Telefecom S.A.
¿Qué es Telefecom S.A.? Gerardo García Sánchez asegura que es una compañía que tiene como accionistas a él y a su hermano César García Sánchez, atrás de los cuales estaría un grupo de jóvenes emprendedores que decidieron publicar anuncios en la prensa sobre el proceso de modernización de Pacifictel, porque la convocación realizada por el Conam supuestamente dejó fuera de toda opción a las nuevas empresas, como Telefecom.
La joven empresa, como la llama Gerardo García Sánchez, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil el 9 de julio de 2001, con un capital autorizado de $1 600 y un capital suscrito de $800.
La compañía fue constituida en la Notaría Vigesimoquinta de Guayaquil, el 9 de junio de 2001, por Diana Elizabeth Vera Cedeño y María Luisa Bracco Vera.
¿Cuáles eran sus fines? Reproducimos parte del documento suscrito en la Notaría: "La importación, exportación, distribución, compraventa, comercialización, elaboración, intermediación de productos farmacéuticos y afines; así como también de repuestos, partes y piezas automotores, equipos pesados y camineros. Reparación de contenedores tanto para la carga refrigerada como para la carga no refrigerada. También se dedicará a la concesión de plantas eléctricas, así como grupos y sistemas de generación eléctrica; equipos, materiales, repuestos, accesorios y cables para la construcción y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; turbinas, motores de combustión interna; toda clase de juguetes y juegos infantiles". Pero la lista no termina ahí. Es una empresa con mil oficios. (JT)
Acciones
l El plazo por el cual se constituye la compañía es de 50 años, que se cuentan a partir de la fecha de inscripción de la escritura.
l El domicilio principal de la empresa es Guayaquil, y está en capacidad de abrir agencias en todo el país.
l El capital suscrito de Telefecom es de $800, dividido en 800 acciones ordinarias nominativas de $1 cada una.
La capacidad de hacer todo con $800
En más de ocho páginas se detallan los fines comerciales con los cuales se crea Telefecom. De sus intereses no escapa nada, ni la joyería, ni la rama alimenticia ni la bisutería ni la librería ni la agricultura ni el transporte marítimo.
De acuerdo con el documento de constitución de la compañía, con un capital suscrito de $800, podía dedicarse al transporte marítimo y fluvial; a la operación de buques; a la importación, distribución, comercialización, compra y venta de motores, vituallas y equipos para buques. Podía consolidar y desconsolidar carga en la Aduana; prestar servicios portuarios y hasta explorar y explotar objetos preciosos que se encuentran en el fondo del mar, por el hundimiento de galeones.
Como era de esperar, entre los objetivos comerciales de Telefecom no podía faltar el sector de las telecomunicaciones: "También tendrá por objeto dedicarse a la asesoría en sistema informático, en sistema de telecomunicaciones. Se dedicará a la telefonía de larga distancia desde y hasta países lejanos, para lo cual realizará llamadas telefónicas desde diferentes regiones del territorio ecuatoriano; también prestará servicio completo de portador de comunicaciones". Los aquí descritos son solo algunos de los fines comerciales para los cuales se creó Telefecom, la empresa en la que, según la denuncia del presidente del Conam, Ricardo Noboa, se escondieron poderosos intereses económicos y políticos que lo amenazaron con juicios penales, por haberlos acusado públicamente. Esos intereses se han intentado revelar en este informe. (JT)
Denuncias
l Ricardo Noboa presentó documentos que sustentan sus denuncias en la Comisión Anticorrupción y en la Fiscalía.
l La Fiscalía pidió a un perito que analizara la autenticidad de la firma de un documento de García Sánchez.
l Los organismos de control aún no presentan un informe sobre las denuncias del presidente del Conam.
ANALISIS
¿La punta del ovillo?
La historia que narra BLANCO Y NEGRO puede ser la descripción de una novedosa forma de actuar de algunos grupos de poder para detener los procesos de modernización, cuando sienten que sus intereses serán afectados.
Pero podría también ser un capítulo más de los equívocos cometidos por el Conam, institución que se niega a admitir que ha fracasado en su intento por modernizar el país, ya sea por ausencia de un plan confiable, o por falta de transparencia que sembró de dudas el proceso para enajenar las áreas eléctricas y telefónicas, fundamentalmente; o porque allí no fueron capaces de actualizar su discurso a sabiendas de que los ecuatorianos habían descalificado todo lo que sonara a privatización, por los ejemplos de Argentina y Perú.
Pero el informe de BLANCO Y NEGRO puede, asimismo, convertirse en la punta del ovillo que habrá que desenredar, para descubrir, en algún momento, la realidad ya no solo del proceso sino de la marcha de Pacifictel mismo, entidad que adolece de serios cuestionamientos.
En efecto, que se haya constituido una empresa con apenas $800 de capital, y que esta haya tenido la fuerza suficiente para instrumentar un amparo judicial y detener un proceso que debe haberle costado al Ecuador una importante suma de dinero, deja preguntas sin respuestas sobre qué y quiénes están detrás del fracaso de esta privatización.
Lo que BLANCO Y NEGRO entrega a sus lectores es un primer informe sobre una institución, de la cual los políticos han echado mano constantemente, hasta convertirla no solo en botín electoral, sino, según se comenta, en el premio con el que se pagan favores y lealtades. (TFF)
(BLANCO Y NEGRO 22 DE JUNIO DE 2002)
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