Oleoducto Es Un Buen Negocio

Quito. 12.11.93. La operación del oleoducto Transecuatoriano,
que el gobierno busca transferir al sector privado mediante
las reformas a la Ley de Hidrocarburos, arroja una
rentabilidad anual de 7.5 millones de dólares, según conoció
HOY.

El ducto que conduce el mayor volumen de petróleo -el
principal renglón de divisas para el país- desde la amazonia
hasta Esmeraldas volvió a la mesa de discusiones tras
conocerse el proyecto gubernamental de reformas a la Ley de
Hidrocarburos.

El Gobierno sostiene que las reformas son indispensables para
permitir la ampliación de esa línea de transporte, que
necesitará de una mayor capacidad cuando se incremente la
producción nacional.

Pero los críticos del proyecto argumentan que esta es solo una
justificación tras la cual se encuentra la intención de
devolver al sector privado este sistema de transportación de
crudo que ha estado manejado por Petroecuador en los últimos
cuatro años, después que lo operó Texaco durante 23 años.

El costo de operación que el Estado reconoce ahora a
Petroecuador es de 0.41 centavos de dólar por barril
transportado, según conoció hoy.

¿UN NUEVO OLEODUCTO?

Encontradas opiniones en torno a la reforma a la Ley de
Hidrocarburos que permitiría a la empresa privada ampliar y
operar el oleoducto Transecuatoriano han aparecido en los
últimos días después de conocerse el proyecto definitivo.

El Gobierno fundamenta su propuesta de reforma en la necesidad
de incrementar la capacidad de transporte de crudo del país en
100 mil o 150 mil barriles diarios de crudo para responder así
a un futuro crecimiento de la producción con la incorporación
de aquellos campos descubiertos en los últimos años y los que
podrían surgir de la exploración de las compañías que ganen la
séptima ronda.

La capacidad de transporte del oleoducto Transecuatoriano es
de 400 mil barriles diarios y actualmente conduce alrededor de
325 mil barriles. En el esquema del Gobierno, la ampliación
debería producirse con la construcción de un oleoducto
paralelo al actual, cuya capacidad está por definirse, aunque
hay criterios técnicos en el sentido de que bastaría un
ampliación del Transecuatoriano para responder a la demanda de
la producción.

Cualquiera que fuere la alternativa, el Gobierno estima que
Petroecuador no cuenta ni con los 200 millones de dólares que
requeriría la ampliación y menos con los 600 millones de
dólares necesarios para tender una nueva línea.

Pero algunos expertos como el ex-ministro de Energía, Rafael
Almeida, sostienen que en el transfondo de la propuesta
gubernamental no se encuentra la necesidad de incrementar la
capacidad de transporte ni tampoco la de suplir la escasez de
recursos financieros en Petroecuador, sino la intención de
entregar a la empresa privada este negocio, que es altamente
rentable y no comporta riesgo alguno para los inversionistas.

Pero, sostiene Almeida, la primera pregunta que habría que
responder en torno al tema es si el potencial petrolero del
país justifica la construcción de una nueva línea de
transporte de crudo. Según el ex-ministro, no es
indispensable, puesto que en el mejor de los casos, la
producción del país llegará a 450 mil barriles en 1997.

Pero hay mas: algunos comentaristas, entre los que figura el
ex-ministro de Finanzas, Jaime Moncayo, abogaron en el
reciente seminario de CEDATOS por la fijación de una tasa de
producción diaria de crudo que permita una vida más larga de
los pozos.

En caso de plasmarse esa propuesta, ella significaría que el
Ecuador no llegará a extraer 400 mil barriles diarios, lo que
haría innecesaria la ampliación del Oleoducto.

Con relación al financiamiento, algunos expertos sostienen que
la empresa privada tampoco tiene recursos suficientes para
emprender la ejecución de la obra, lo que la obligará a
recurrir al crédito externo o a la asociación con capitales
extranjeros, alternativas a las que también puede acudir
Petroecuador.

Así, en el transfondo del proyecto de reformas quedaría la
aspiración de acceder a una actividad que tiene una atractiva
rentabilidad, con la particularidad de que ha sido y será
siempre monopólica, y comporta riesgos menores que la
exploración, sostienen algunos comentaristas.

Al respecto, indagaciones realizadas por HOY permitieron
obtener datos en el sentido de que las utilidades que arrojó
el manejo del oleoducto en el último año calendario
ascendieron a 7.5 millones de dólares, cifra que se
incrementará en el futuro cuando el oleoducto deba transportar
un volumen mayor de crudo, producto de la incorporación de
nuevos campos a la producción.

Algunos analistas sostienen que en el evento de que se
transfirieran a manos privadas la operación del oleoducto, las
utilidades variarán dependiendo de las condiciones de pago que
acuerde Petroecuador con la operadora. Si en ellas se
establece que se reconocerá una utilidad sobre el monto
invertido en la ampliación, las ganancias serán menores. Pero
si se decide reconocer costos de operación y utilidad sobre la
totalidad del crudo transportado, la rentabilidad será mayor.

En cualquier caso afirman que el transporte de crudo no dejará
de ser una actividad monopólica, puesto que las
características del país no justifican la existencia de varios
oleoductos.

En consecuencia, las tarifas de transporte no podrán ser
fijadas por el mercado, sino que tendrán que ser determinadas
necesariamente por el Estado, el cual no puede hacerlo sino
estableciéndo un margen de utilidad para la operadora, lo
cual, de antemano garantiza a esta una rentabilidad sobre sus
inversiones y elimina la casi totalidad de riesgos.

De esta manera, el oleoducto Transecuatoriano vuelve colocarse
en el centro de las disputas del mundo petrolero ecuatoriano,
como ocurrió ya en el pasado.

Si bien el sistema fue manejado por Texaco sin interrupciones
hasta 1989, no es menos cierto que ese período estuvo marcado
por permanentes cuestionamientos de técnicos nacionales al
tiempo en el que la empresa norteamericana amortizó sus
inversiones y a la fecha en que transfirió las operaciones al
Estado.

Para esos expertos, Texaco cubrió sus inversiones en la
construcción del oleoducto, mucho años antes de lo que la
compañía afirmaba, lo que de ser cierto le habría provocado al
Estado pérdidas de recursos por el transporte de crudo.

Además, la compañía norteamericana debió haber entregado el
Oleoducto a Petroecuador en 1986, pero el entonces presidente
León Febres Cordero pospuso el cumplimiento de la cláusula
contractual respectiva hasta que el gobierno siguiente
(Rodrigo Borja) decidió dar cumplimiento a las estipulaciones
del contrato de concesión firmado en 1966 entre el Estado y la
Texaco.

BANCO MUNDIAL NO RECOMIENDA CONSTRUCCION

Sumergida en dos corrientes de opinión, la decisión del
gobierno de delegar a la empresa privada la construcción del
oleoducto paralelo y por tanto la administración de todo el
sistema de transporte del crudo, parece constituirse en una de
las más polémicas entre las reformas puntuales a la ley de
Hidrocarburos.

El proyecto gubernamental contempla la construcción de 899
kilómetros de extensión, de los cuales, 374 corresponden al
ducto paralelo al oleoducto transecuatoriano entre Lago Agrio
y Balao, Esmeraldas en la costa del Pacífico, y 525 kilómetros
al sur en dos nuevos ramales: de Villano a Baeza, y de Santo
Domingo de los Colorados a La Libertad en la península de
Santa Elena.

Tendrá capacidad para transportar alrededor de 185.000
barriles, en las siguientes fases: el paralelo evacuará
conjuntamente con el oleoducto transecuatoriano,
aproximadamente 450.000 barriles; la línea Villano Baeza,
80.000 ( en tres etapas: 30.000, 50.000 y 80.000 barriles); y
Santo Domingo-Libertad, 55.000 barriles, sin estaciones de
bombeo una vez que se aprovechará la presión que tiene el
sistema en la estación de Santo Domingo.

El oleoducto transecuatoriano tiene una extensión de 503
kilómetros y capacidad para 400.000 barriles. Evacúa un
promedio diario mensual de 330.000 barriles diarios, de una
producción de 351.000 barriles. Entró en funcionamiento en
agosto de 1972 y el 1 de octubre de 1986 revirtió al Estado,
pero la compañía Texaco continuó administrando hasta 1989, año
en el Ecuador asume la operación efectiva.

Es decir que el Ecuador, con una producción máxima proyectada
de 447.000 barriles diarios para 1999, contaría con una red de
oleoductos de 1.402 kilómetros de extensión que, de no
descubrirse importantes yacimientos, quedaría subutilizada aún
antes del período de amortización de las nuevas inversiones,
según opinan expertos en la materia.

Pero, los técnicos de Petroecuador explicaron que el problema
radica en que la nueva producción del Ecuador, de crudos
pesados, hará disminuir la calidad actual del hidrocarburo de
28.1 grados API a 25 en los próximos años, lo que técnicamente
imposibilitará emplear la capacidad total de la línea y
serviría solo para transportar 280.000 barriles.

El ministro de Energía y Minas, Francisco Acosta, justificó la
construcción y dijo que se hace además necesaria para que
tenga éxito la séptima ronda de licitaciones internacionales
que el gobierno convocará en enero próximo, cuyos principales
bloques se encuentran ubicados en la Región Amazónica.

También servirá para evacuar la nueva producción de las
compañías prestatarias de servicios que operan en el Ecuador
mediante contratos de prestación de servicios. Para enero de
1994 se proyecta producir 371.000 barriles para llegar a fines
de año a 400.000.

Sin embargo, el Banco Mundial, sostiene que no se justifica
económicamente la construcción del nuevo ducto.

El documento "Análisis de las principales propuestas de
inversión en producción y transporte del crudo oriente",
elaborado por el consultor de ese organismo multilateral,
William E. Simmons, señala que aún considerando que el pico de
producción excedería la cifra de 400.000 barriles por día
entre 1995 y 1998 de un promedio de calidad API de 24.5
grados, el oleoducto transecuatoriano puede expanderse a ese
volumen con la instalación de 10 nuevas estaciones de bombeo,
cuyo costo estimado de inversión sería del orden de los 200
millones de dólares.

Según el informe al que tuvo acceso HOY, Petroecuador puede
utilizar a la vez el oleoducto transandino de Colombia para
evacuar 40.000 barriles diarios.

El informe del Banco Mundial, que tiene fecha 23 de febrero de
1993, indica que desde 1986 el capital extranjero ha invertido
en el Ecuador 500 millones de dólares en exploración y ha
descubierto 649 millones de barriles, que se irán
incrementando hasta 1997.

Sostiene que desde 1988 Petroproducción ha descubierto 300
millones de barriles de crudo y ha invertido solo 33 millones
de dólares. Advierte que la producción petrolera ecuatoriana
irá elevándose rápidamente hasta cerca de 450 mil barriles en
el período 96-97 comenzando luego su declinación. Pero con la
incorporación de campos pequeños podrá mantenerse en los 400
mil barriles.

El Banco Mundial indica que para que el Ecuador mantenga su
calidad de productor exportador del hidrocarburo, se requiere
perforar entre 15 y 20 pozos al año, con una inversión de 60 a
90 millones de dólares anuales.

Asimismo, señala que el crudo va perdiendo calidad. Es así que
de 28.18 grados API en 1993, a 26.46 en el 94 y se cree que el
año 2001 estaría en 25 grados.

El transporte del crudo por el oleoducto es considerada como
una actividad rentable, pues reporta al Estado utilidades por
el orden de los 7.5 millones de dólares anuales. El costo de
operación asciende a 41 centavos de dólar por barril,
incluyendo el consumo de unos 500.000 barriles al año por
concepto de combustible.

¿CUALES SON LOS NUEVOS RAMALES?

La ampliación del oleoducto requerirá inversiones estimadas
entre los 500 y 600 millones de dólares.

Pero los nuevos ramales, tanto el que va paralelo al oleoducto
transecuatoriano como los que se extienden al sur de la Región
Amazónica, no operarán independientemente del actual sistema
porque deberá utilizar toda las facilidades existentes, como
son las estaciones de bombeo, de reducción, los tanques de
almacenamiento, incluyendo el derecho de vía.

En ese sentido, el gobierno espera delegar a la empresa
privada la administración y operación del oleoducto. En todo
caso, de aprobarse las reformas a la ley de Hidrocarburos, la
empresa que gane el concurso de ampliación, asumirá esas
actividades.

Los nuevos ductos

El proyecto de ampliación consiste en las siguientes fases:

- Construcción de un ducto de 18 pulgadas de diámetro desde
Lago Agrio hasta la estación reductora de San Juan en una
longitud aproximada de 262 kilómetros.

- Construcción de un ducto paralelo desde la estación La
Palma -cerca a Santo Domingo de los Colorados- hasta la
estación de Santo Domingo, de 22 pulgadas de diámetro y
longitud de 34 kilómetros.

- Un ducto de 18 pulgadas de 78 kilómetros desde Quinindé
hasta Balao en Esmeraldas.

Para evacuar la producción del sur Oriente el proyecto
contempla la construcción de dos ramales:

- Villano-Baeza de 18 pulgadas de diámetro y extensión de 171
kilómetros. Por esta línea se tiene previsto evacuar la
producción de la compañía Arco y de las otras que participarán
en la séptima ronda de licitaciones internacionales, de
resultar comercialmente rentables los hallazgos.

- Santo Domingo de los Colorados-La Libertad, de 18 pulgadas
de diámetro y 354 kilómetros de longitud, con el objeto de
suministrar el crudo que se procesará en las refinerías de La
Libertad, en la península de Santa Elena.

Según explicaciones técnicas, con este sistema el país se
ahorraría el costo por concepto del cabotaje (traslado de
crudo de un puerto a otro) de un dólar por barril desde
Esmeraldas hasta La Libertad.

El proyecto de ampliación se complementa con la instalación de
tres unidades de operación adicionales, de características
idénticas a las que actualmente existen y construir una nueva
estación de bombeo en Quinindé.

Asimismo deberán cambiarse las válvulas de control en las
estaciones reductoras y construir dos tanques de
almacenamiento de crudo con capacidad para 25.000 barriles en
Lago Agrio y cinco tanques para 512.000 en Balao.

También se proyecta adecuar la monoboya para que puedan cargar
buques-tanque con capacidad para 250.000 toneladas de peso
muerto.

¿En qué consistiría el contrato de ampliación?

Datos suministrados a HOY, revelan que el contrato consiste en
licitar la solución de ingeniería para que la empresa o
compañía ganadora financie, construya y opere el oleoducto por
un tiempo perentorio y, al término del mismo, revierta al
Estado a costo cero.

Se estaría frente al mismo modelo contractual que el Ecuador
suscribió con la compañía Texaco en agosto de 1972 y que duró
hasta el 1 de octubre de 1989.

El contrato que el gobierno de Sixto Durán Ballén tiene
previsto aplicar estipula también que la compañía ganadora
cobrará al Estado vía tarifa transporte del crudo.

El éxito que tenga el gobierno dependerá de las ofertas
técnicas y económica que presenten las compañías que se hallan
interesadas en participar. "Tenemos elaboradas las bases del
concurso, pero se espera la expedición de las reformas a la
ley de Hidrocarburos", dijeron fuentes gubernamentales.

De efectuarse la convocatoria en enero de 1994 , en abril se
estarían recibiendo las ofertas, para dedicar dos o tres meses
al análisis de las mismas y tomar una decisión, luego de lo
cual se adjudicaría la obra en julio.

La construcción demandaría un tiempo de dos años. Mientras
tanto se utilizaría el oleoducto transandino de Colombia y se
harían mezclas químicas en el oleoducto transecuatoriano para
optimizar la calidad del crudo pesado con el liviano. (3A)