LIMA. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó hoy en Lima una campaña para difundir el Convenio 169 que recoge los derechos de los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe, y que ha estado en el centro del debate en los últimos meses.
Responsables del organismo internacional presentaron en rueda de prensa el "Programa para la promoción y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas", regulados en el Convenio 169 de la OIT y cuyo fin es promover la participación de los pueblos indígenas en los asuntos que les afectan.
Durante cuatro años, el programa servirá para monitorear la relación entre el Estado y las comunidades indígenas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
Desde que la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 169 en 1989, 20 países lo han ratificado pero los expertos consideran que aún falta llevarlo a la práctica.
En este sentido, el especialista de la OIT Xavier Beaudonnet destacó que en 2009 al menos seis países de América Latina -Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú- fueron objeto de observaciones por parte de la Comisión de Expertos del organismo por incumplir el citado convenio.
En la mayoría de los casos, no se respetó el procedimiento de consulta para los pueblos indígenas, uno de los aspectos que la OIT quiere desarrollar.
El director de la oficina subregional de la OIT para los países andinos, José Luis Daza, explicó que la consulta no es un derecho exclusivo de las comunidades indígenas, sino de todos los actores involucrados, incluido el Estado, las empresas y los sindicatos.
Este método sirve a las partes a ponerse de acuerdo en cuestiones como la explotación de los recursos naturales, sin que tenga carácter vinculante, según Daza.
El "derecho de consulta" estuvo en el centro del debate el año pasado en Perú porque los indígenas encuadrados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) acusaban al Gobierno de no haberlo respetado a la hora de otorgar concesiones petroleras.
El enfrentamiento entre el Gobierno y Aidesep se intensificó hasta cristalizar en los choques armados en la localidad amazónica de Bagua, donde en junio pasado murieron 34 personas, en su mayor parte policías. (EFE)
Responsables del organismo internacional presentaron en rueda de prensa el "Programa para la promoción y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas", regulados en el Convenio 169 de la OIT y cuyo fin es promover la participación de los pueblos indígenas en los asuntos que les afectan.
Durante cuatro años, el programa servirá para monitorear la relación entre el Estado y las comunidades indígenas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
Desde que la Conferencia Internacional del Trabajo aprobó el Convenio 169 en 1989, 20 países lo han ratificado pero los expertos consideran que aún falta llevarlo a la práctica.
En este sentido, el especialista de la OIT Xavier Beaudonnet destacó que en 2009 al menos seis países de América Latina -Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú- fueron objeto de observaciones por parte de la Comisión de Expertos del organismo por incumplir el citado convenio.
En la mayoría de los casos, no se respetó el procedimiento de consulta para los pueblos indígenas, uno de los aspectos que la OIT quiere desarrollar.
El director de la oficina subregional de la OIT para los países andinos, José Luis Daza, explicó que la consulta no es un derecho exclusivo de las comunidades indígenas, sino de todos los actores involucrados, incluido el Estado, las empresas y los sindicatos.
Este método sirve a las partes a ponerse de acuerdo en cuestiones como la explotación de los recursos naturales, sin que tenga carácter vinculante, según Daza.
El "derecho de consulta" estuvo en el centro del debate el año pasado en Perú porque los indígenas encuadrados en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) acusaban al Gobierno de no haberlo respetado a la hora de otorgar concesiones petroleras.
El enfrentamiento entre el Gobierno y Aidesep se intensificó hasta cristalizar en los choques armados en la localidad amazónica de Bagua, donde en junio pasado murieron 34 personas, en su mayor parte policías. (EFE)
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