Unos 50 hechos (entre escándalos políticos y denuncias de corrupción) han marcado la gestión de Lucio Gutiérrez desde enero de 2003. La Comisión de Control Cívico de la Corrupción investiga 45 denuncias en entidades estatales y empresas que usan fondos públicos. Por eso, la creación del Sistema Anticorrupción del Ecuador (SAE) deja más dudas de su validez
La noticia sorprendió y fastidió. Es más, muchos no lo podían creer, tal como lo reseñó la prensa el 8 y 9 de junio. Mediante Decreto Ejecutivo 1776, el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, el 7 de junio creó la Comisión para la aplicación del Sistema Anticorrupción del Ecuador (SAE), "encargada de diseñar un Plan Nacional para la lucha anticorrupción que contempla acciones en prevención, investigación, sanción, reparación, administración pública y participación ciudadana", según reza el documento.
La reacción no se hizo esperar y hasta ahora no hay una respuesta oficial desde Carondelet. Claro, frente al centenar de escándalos y denuncias sobre corrupción en el actual régimen (como se detalla en los recuadros de este informe, aparte de otros que no se incluyen), parecería paradójico que sea este Gobierno el que invoque a la lucha contra la corrupción si no empieza a investigar y a sancionar los casos denunciados.
Jim Wesberry, director del proyecto "Sí se puede", una entidad que propende la lucha contra la corrupción, cree que ahora se ha confundido todo. "El SAE era una muy buena idea, tal como se lo concibió antes, pero nuestra esperanza era que se activase, pero en su totalidad, con todos los organismos contemplados y los fines planteados". Y remata: "La confusión nunca ayuda; estamos bien confundidos, hay una confusión legal que tiene que ser deserendada".
Por eso, juristas, políticos y representantes de varias entidades públicas y de organizaciones no gubernamentales consideran que la decisión de Gutiérrez es anticonstitucional y antidemocrática. En un comunicado del 22 de junio, firmado por 23 personalidades de la llamada sociedad civil, se exige a Gutiérrez "garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción". Y allí demandan mantener la garantía de independencia entre las funciones del Estado; respetar la Constitución, al considerar a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) "como la única representación de la sociedad civil en asuntos anticorrupción"; derogar, "de manera inmediata, el inconstitucional e ilegal Decreto Ejecutivo 1776"; retomar la propuesta técnica consensuada, en la que se define la estructura, ámbitos y funcionamiento del SAE; y desechar, "de una vez por todas la idea de que usted o un representante suyo presida cualquier instancia u organismo de coordinación de lucha contra la corrupción, respetando así la autonomía e independencia que establece la Constitución".
Lo que más fastidia es que el SAE fue una iniciativa social acogida en el Decreto 122, de febrero de 2003. Por ello se conformó un equipo de trabajo integrado por técnicos delegados de la Contraloría y de la Procuraduría generales del Estado, Ministerio Público, CCCC, superintendencias de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, Defensoría del Pueblo, Servicio de Rentas Internas, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República.
Tras varios meses de trabajo, ese equipo produjo una propuesta técnica y consensuada para constituir el SAE. La propuesta estuvo lista para ser presentada, el 12 de agosto de 2003, en acto oficial, a Gutiérrez. Todo se vino abajo por la salida de Augusto Barrera (Pachakutik), quien se desempeñaba como secretario de Diálogo Social y coordinador del equipo de delegados.
Ahora, según el decreto de Gutiérrez, el SAE elaborará un Plan Nacional. Nunca se habla de plazos, nombres ni de mecanismos.
Lo que flota en toda la propuesta es cómo el actual Gobierno asume la lucha contra la corrupción en todos los casos que se han denunciado en su propia gestión desde enero de 2003. Si, como reza el decreto, el plan de trabajo "comprende el diseño de una agenda emergente de investigación y sanción de prácticas y casos de corrupción", ¿se ha empezado a analizar cada denuncia?, ¿existe un hecho que puede llevar a la sanción de algún funcionario?
Además, el Gobierno propone impulsar convenios interinstitucionales y tratados internacionales para coordinar procesos de extradición y repatriación. Sin embargo, ¿dónde quedan los instrumentos jurídicos actuales (nacionales e internacionales), las demandas de sanción solicitadas por el Congreso Nacional y la CCCC?
Para las personalidades que exigen la derogatoria del decreto solo queda una certeza: el ofrecimiento electoral de Gutiérrez de luchar contra la corrupción se desvanece. (OP)
LOS MILITARES
La injerencia de la política mina la credibilidad de las Fuerzas Armadas
Al 20 de enero de 2003, la injerencia de la política en las FFAA fue denunciada desde el inicio del régimen con la salida de 19 altos oficiales en menos de dos semanas. La salida produjo malestar y un gasto de $1 millón para la cesantía.
El 11 de febrero de 2003, el diputado Carlos González denunció la creación de un grupo paramilitar afín al Gobierno. Eso, supuestamente, con la creación de empresas de seguridad de familiares y seguidores del presidente.
Desde enero de 2003 se dispuso un análisis jurídico para el posible perdón de los oficiales que participaron en el golpe del 21 de enero de 2000. El tema se cierra con la negativa a mediados del año pasado.
El 21 de mayo de 2003, el presidente se reunió con el alto mando para discutir el retraso de los sueldos. Desde ese momento empezó un acercamiento mayor. El presidente, en una ocasión, cenó con oficiales, cita en la cual se juró lealtad. Este escenario se repitió a principios de 2004 en Pusuquí, cuando oficiales de todas las ramas también juraron lealtad. Adicionalmente, el Gobierno, a través de su ministro de Defensa, Nelson Herrera, presentó demandas en contra del diputado Guillermo Haro, quien insistió en sus denuncias en contra de varios oficiales, por los casos de faltantes y tráfico de armas, contrabando para los comisariatos militares y la explosiones en Riobamba y en la Base Naval Sur.
La credibilidad de las FFAA quedó afectada con la denuncia del viaje a Galápagos de altos mandos militares, acompañados de familiares durante la Semana Santa última.
En estos días se tramita el ascenso de varios coroneles de la promoción del presidente Gutiérrez, muchos de los cuales están ya al mando de unidades operativas. (LB/SC)
LOS POLICÍAS
La sombra del coronel Villa empaña la gestión de la institución policial
El 28 de febrero de 2004, un informe de BLANCO Y NEGRO presentó el protagonismo del cuñado del presidente, Napoleón Villa, en los cambios de la Policía. El tema clave fue la influencia en la conformación de la Corte de Justicia Policial, cuya designación del presidente de esa instancia tuvo el visto bueno del mandatario.
La acción más polémica fue la acusación contra el ex comandante de Policía Jorge Villarroel y otros oficiales por el supuesto sobreprecio en la adquisición de repuestos. Villarroel es justamente uno de los oficiales que calificó a Villa en su proceso de ascenso fallido en 1998. Villa negó que hubiera resentimiento.
La "caída" del ex comandante Edgar Vaca también fue atribuida a la injerencia de Villa, según el diputado Carlos González, que encaró en su momento al dirigente de SP en el sentido de que visitó en dos ocasiones su residencia para pedirle pruebas que incriminasen al general. Villa no rebatió la acusación. En el cambio de mando se favorecieron algunos generales, entre ellos Marcelo Vega, primo del presidente y ahora, tercero en mando como Inspector General de la Policía.
Villa ocupó el helicóptero de la Policía para ir a una actividad política de su partido en San Miguel de los Bancos. Las explicaciones oficiales demoraron más de 24 horas, para señalar que solo había sido un invitado del comandante Jorge Poveda, pues él iba en misión de seguridad del presidente.
El caso "Fybeca" ha puesto en entredicho el espíritu de cuerpo en la institución policial y la posición de las autoridades no ha sido contundente para aclarar el incidente.
En agosto de 2003 se descubrió en un avión de la FAE un cargamento para los comisariatos de la Policía. (LB/SC).
LA POLÍTICA
La "rectificación" se vuelve una política de Gobierno
El presidente advirtió que no se posesionaría en el Congreso. Calificó de ilegítimos los acuerdos legislativos. Dijo que su posesión sería en el estadio Atahualpa. Esto luego del fracaso de armar una mayoría legislativa. Entonces, en el PSC y el Prian se habló del intento de "comprar conciencias".
En enero 12 de 2003, Gutiérrez acusó a los ex presidentes. Mencionó: "Un mafioso no destruirá el país", "convirtieron la política en mafia", "son los responsables del desastre nacional"... Asimismo, calificó de "mutilantes" algunas publicaciones de prensa. En ambos casos rectificó al día siguiente. Posteriormente, hizo otros comentarios y atacó a los medios al decir que hay mentirosos y chismosos. También aclaró el tema. A principios de marzo, periodistas de Carondelet denunciaron malos tratos de la seguridad presidencial. El 9 de julio de 2003, la Asociación de Agencias de Publicidad le pidió precisiones sobre quiénes presionan para promocionar al Gobierno.
Las pugnas iniciales con su aliado Pachakutik por puestos tuvieron un desenlace con la salida de la ministra de Educación Rosa María Torres, el 21 de julio de 2003, cuyo despacho fue tomado meses antes por el mayor Rodrigo Braganza y militantes de SP.
El presidente firmó un decreto que designó a su cuñado, Napoleón Villa, como presidente del Fondo de Solidaridad, que tiene $1 000 millones de activos del Estado. Se definió sus ingresos y funciones. Tras un debate jurídico Villa dejó el cargo estratégico. Gutiérrez acusó a un coronel (Edy Sánchez) y a "una doctora" de SP de estar detrás de las críticas. A mitad de año, Villa, en un eufórico discurso en la convención de SP en Guayaquil, pidió que se entregara toda el área social al partido de Gobierno.
Los impasses con la primera dama, Ximena Bohórquez, eran frecuentes. En SP se pidió analizar su conducta. Guitérrez la excluyó de la gira a China; y apareció en la foto compartiendo el bastón de mando con Mónica Acosta, su secretaria.
El presidente desistió ante las críticas de la idea de comprar la mansión del banquero prófugo Nicolás Landes y el nuevo avión presidencial. Igual se descartó la adquisición de El Telégrafo y de un canal de televisión de la AGD. (LB/SC)
LOS PARIENTES...
Denuncias de nepotismo y corrupción son la tónica
El ministro de Vivienda Nelson Álvarez fue el primero en salir del Gobierno, el 12 de marzo, tras la denuncia de HOY de que fue procesado en 1996 por haber entregado un cheque de una cuenta cerrada y por tener una acusación de haber firmado una papeleta de retiro de depósitos de una cuenta de su ex socio. Lo reemplazó el coronel Jorge Pinos, quien admitió tener un proceso por insubordinación.
BLANCO Y NEGRO reveló, el 19 de julio de 2003, la existencia de una red de familiares en las empresas telefónicas y en los organismos de control del sector. Doce personas fueron obligadas a dimitir.
BLANCO Y NEGRO denunció una lista de medio centenar de designaciones a importantes cargos del servicio exterior, las "petros", las telefónicas, la CFN, el BNF y otras instancias de primer nivel a favor de parientes del presidente y parientes de sus colaboradores cercanos.
El ministro de Bienestar Social Patricio Ortiz dejó su cargo tras las denuncias de un supuesto sobreprecio en la adquisición de bidones para los afectados del Tungurahua. A fines de 2003, una funcionaria reveló en BLANCO Y NEGRO que Ortiz destinó $389 441 del Programa de Alimentación Escolar para indemnizar a funcionarios del MBS y para el plan picos y palas que entregaba el presidente a varias comunidades indígenas.
El 10 de enero de 2004, BLANCO Y NEGRO publicó que la austeridad fiscal no llegó a Pacifictel al detectarse sobrevaloración en pagos de horas extra por $ 3 393 764, liquidaciones exageradas, menos ingresos facturados y más gastos en publicidad.
Otras denuncias posteriores, como la de la banda ancha, desembocaron en la caída y posterior fuga del presidente de la telefónica, el capitán Mauricio Galindo, compañero de armas del diputado Gilmar Gutiérrez. El tema reveló conflicto de intereses con la acusación del diputado Renán Borbúa de un "círculo oscuro" de León Febres Cordero.
La Ley de Servicio Civil es papel mojado. Un informe de BLANCO Y NEGRO, del 4 de octubre de 2003, señaló que SP instaló 200 puestos en Petroecuador y sus filiales. Los nuevos funcionarios ganan entre $ 1 000 y $ 7 000. (LB/SC)
EL PRESIDENTE
Caso "Fernández": los afiches mexicanos y la salida de Acosta debilitaron al régimen
La propuesta de inversión hecha por el coreano David Lee, por $5 000 millones fue falsa. El ex secretario de Comunicación, Antonio Tramontana, dejó el cargo el 21 de mayo de 2003 por sus discrepancias con el secretario de la Administración, Patricio Acosta, quien atribuyó la responsabilidad del contacto al presunto inversor. En principio se negó. Un video mostró a Lucio Gutiérrez reunido con Lee, en el hotel La Colina. Acosta participó de la cita.
El caso "Fernández" puso en aprietos al Gobierno que inicialmente dijo no conocer a los personajes. Fotos e imágenes mostraron que César Fernández ayudó en la campaña electoral. El empresario manabita fue detenido tras el operativo "Aniversario", el 23 de octubre de 2003, junto a otras 13 personas, entre ecuatorianos, mexicanos y colombianos. La declaración de Alma Díaz, apresada en el operativo y puesta en libertad, reveló una reunión entre algunos de los detenidos, el cuñado del presidente, Napoleón Villa, y su esposa, Janeth Gutiérrez, en el hotel Marriott. La Comisión de Fiscalización investiga la participación de Fernández en la campaña electoral. El ex gobernador de Manabí (en el Gobierno de Sixto Durán Ballén) es hermano de Luis Fernández, ex director de la Regional 2 del IESS en ese gobierno. Este personaje fue visto en Carondelet y en el Congreso.
El origen del aporte para los afiches de campaña importados desde México es materia de investigación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que decidió reabrir el expediente del partido de gobierno, Sociedad Patriótica (SP), por pedido del diputado Carlos González. SP recibió una multa de $400 mil por haberse excedido en el gasto electoral. La Comisión de Fiscalización investiga otros aportes no reportados manejados en una cuenta de Carlos Vega, directivo del Conam y responsable financiero de la campaña.
Marco Velasco, como asesor del presidente, es factor de controversia. El empresario ambateño es investigado por la Comisión de Fiscalización por supuesto lavado de dinero. El presidente reitera su apoyo a este personaje.
Juan Carlos López, familiar de Velasco, actual gobernador de Tungurahua; él tiene un juicio por incumplir un contrato en la adecuación de una casa.
El ex subsecretario de Gobierno Virgilio Hernández denunció, al dejar su cargo, que al interior del Gobierno existía un "círculo oscuro". Identificó a Patricio Acosta como su eje. El hasta entonces considerado hombre fuerte dejó su cargo tras el incidente de su esposa Cecibell Pazmiño, al no permitírsele entrar a EEUU. Según ella, por pedido del Gobierno ecuatoriano.
El 25 de marzo de 2003 se creó la Comisión Anticorrupción adscrita a la Presidencia, bajo la dirección de Alejandro Nájera. A él se le atribuye elaborar una lista de enemigos del Gobierno, que incluía a periodistas. Además se le endilgó espionaje telefónico y "pinchazos". Como resultado de esto, fueron removidos tres funcionarios de Petrocomercial, el 7 de julio de 2003.
El 11 de marzo de 2004, Gutiérrez firmó el decreto con el que condecoró con la La Gran Cruz a la ministra fiscal Mariana Yépez. El presidente dijo no haber sido bien informado y pidió explicaciones a la Cancillería. La fiscal no acusó a Martha Hurtado Borbúa en un caso por supuesta estafa y a Álex Hurtado Borbúa, por un proceso por peculado. Ambos son primos del presidente. A la par, se abstuvo de acusar al mandatario por delito aduanero, en la importación de material electoral. (LB/SC)
FRENTE EXTERNO
La diplomacia y el servicio exterior han sido puestos en entredicho más de una vez
El 11 de febrero de 2003, Gutiérrez le dijo a George Bush: "queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de EEUU en la lucha permanente por alcanzar la paz en el mundo, por fortalecer la democracia, por reducir la pobreza, por combatir el narcotráfico y por terminar con otra lacra humana, como es el terrorismo". Sus aliados Pachakutik y la Conaie, y la oposición calificaron el gesto como una entrega incondicional de la soberanía nacional.
El 10 de mayo de 2003, Gutiérrez se ofreció como mediador en el conflicto colombiano. Planteó la posibilidad de ceder un espacio ecuatoriano para proceso de diálogo. El gesto fue entendido como otro desliz.
El 20 de marzo de 2003, Gutiérrez no descartó la aplicación de la interdicción marítima con EEUU para el control del narcotráfico. Esto se anunció pese a que un sistema así requiere de reformas a instrumentos internacionales.
En el servicio exterior se denuncia el nombramientos del hijo del diputado Renán Borbúa, menor de edad, en un consulado de EEUU; Susana Gutiérrez (hermana del presidente), profesora que asumió una representación consular en Argentina, el coronel Germánico Molina, amigo personal, como embajador en Buenos Aires, y el coronel Wilson Torres, embajador en Bogotá.
El diputado Guillermo Haro denunció la nacionalización de autos de lujo a nombre de funcionarios diplomáticos. Entre ellos: la importación de un vehículo de lujo del entonces vicecanciller Patricio Zuquilanda. El tema pasa a la fiscalía, pero el tema queda en el aire al no tener seguimiento la denuncia.
El ex presidente Gustavo Noboa pidió asilo político a República Dominicana y se refugió en la residencia del embajador tras el pedido de arraigo de la AGD. La Cancillería se pronunció y calificó que el ex mandatario no era un perseguido político. Al final, la custodia se dio una vez que el Gobierno de ese país concedió el asilo, una decisión que es vinculante.
Como una reacción tardía que afectó la credibilidad de las FFAA ecuatorianas fue calificada la posición de Ecuador ante la denuncia del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre el uso supuesto de armas del Ejército ecuatoriano en el atentado contra el ganadero de ese país Jorge Visbal. Uribe insinuó el tráfico de armas, pues "era lamentable que soldados corruptos ecuatorianos hubiesen facilitado las armas". El incidente fue en febrero de 2004.
En enero de 2004, la prensa argentina denunció que el embajador de Ecuador de entonces en ese país, Germánico Molina, ayudó a romper el arresto domiciliario del ex dictador Suárez Mason para ir a una fiesta.
La captura del guerrillero de las FARC, conocido como Simón Trinidad, en suelo ecuatoriano, puso en entredicho la posición oficial cuando las autoridades colombianas señalaron que fue parte de un operativo en donde participó personal de inteligencia de ese país. La Policía Nacional dijo inicialmente que fue aprehendido en un acción rutinaria de migración.
Gutiérrez aclaró que se malinterpretó sus declaraciones de que el conflicto entre Bolivia y Chile no era parte de la agenda de la OEA.
En tribunales de EEUU se presentaron quejas de malos tratos a empleadas de diplomáticos ecuatorianos. (LB/SC) (BLANCO Y NEGRO)
La noticia sorprendió y fastidió. Es más, muchos no lo podían creer, tal como lo reseñó la prensa el 8 y 9 de junio. Mediante Decreto Ejecutivo 1776, el presidente de la República, Lucio Gutiérrez, el 7 de junio creó la Comisión para la aplicación del Sistema Anticorrupción del Ecuador (SAE), "encargada de diseñar un Plan Nacional para la lucha anticorrupción que contempla acciones en prevención, investigación, sanción, reparación, administración pública y participación ciudadana", según reza el documento.
La reacción no se hizo esperar y hasta ahora no hay una respuesta oficial desde Carondelet. Claro, frente al centenar de escándalos y denuncias sobre corrupción en el actual régimen (como se detalla en los recuadros de este informe, aparte de otros que no se incluyen), parecería paradójico que sea este Gobierno el que invoque a la lucha contra la corrupción si no empieza a investigar y a sancionar los casos denunciados.
Jim Wesberry, director del proyecto "Sí se puede", una entidad que propende la lucha contra la corrupción, cree que ahora se ha confundido todo. "El SAE era una muy buena idea, tal como se lo concibió antes, pero nuestra esperanza era que se activase, pero en su totalidad, con todos los organismos contemplados y los fines planteados". Y remata: "La confusión nunca ayuda; estamos bien confundidos, hay una confusión legal que tiene que ser deserendada".
Por eso, juristas, políticos y representantes de varias entidades públicas y de organizaciones no gubernamentales consideran que la decisión de Gutiérrez es anticonstitucional y antidemocrática. En un comunicado del 22 de junio, firmado por 23 personalidades de la llamada sociedad civil, se exige a Gutiérrez "garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción". Y allí demandan mantener la garantía de independencia entre las funciones del Estado; respetar la Constitución, al considerar a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) "como la única representación de la sociedad civil en asuntos anticorrupción"; derogar, "de manera inmediata, el inconstitucional e ilegal Decreto Ejecutivo 1776"; retomar la propuesta técnica consensuada, en la que se define la estructura, ámbitos y funcionamiento del SAE; y desechar, "de una vez por todas la idea de que usted o un representante suyo presida cualquier instancia u organismo de coordinación de lucha contra la corrupción, respetando así la autonomía e independencia que establece la Constitución".
Lo que más fastidia es que el SAE fue una iniciativa social acogida en el Decreto 122, de febrero de 2003. Por ello se conformó un equipo de trabajo integrado por técnicos delegados de la Contraloría y de la Procuraduría generales del Estado, Ministerio Público, CCCC, superintendencias de Bancos, Compañías y Telecomunicaciones, Defensoría del Pueblo, Servicio de Rentas Internas, Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República.
Tras varios meses de trabajo, ese equipo produjo una propuesta técnica y consensuada para constituir el SAE. La propuesta estuvo lista para ser presentada, el 12 de agosto de 2003, en acto oficial, a Gutiérrez. Todo se vino abajo por la salida de Augusto Barrera (Pachakutik), quien se desempeñaba como secretario de Diálogo Social y coordinador del equipo de delegados.
Ahora, según el decreto de Gutiérrez, el SAE elaborará un Plan Nacional. Nunca se habla de plazos, nombres ni de mecanismos.
Lo que flota en toda la propuesta es cómo el actual Gobierno asume la lucha contra la corrupción en todos los casos que se han denunciado en su propia gestión desde enero de 2003. Si, como reza el decreto, el plan de trabajo "comprende el diseño de una agenda emergente de investigación y sanción de prácticas y casos de corrupción", ¿se ha empezado a analizar cada denuncia?, ¿existe un hecho que puede llevar a la sanción de algún funcionario?
Además, el Gobierno propone impulsar convenios interinstitucionales y tratados internacionales para coordinar procesos de extradición y repatriación. Sin embargo, ¿dónde quedan los instrumentos jurídicos actuales (nacionales e internacionales), las demandas de sanción solicitadas por el Congreso Nacional y la CCCC?
Para las personalidades que exigen la derogatoria del decreto solo queda una certeza: el ofrecimiento electoral de Gutiérrez de luchar contra la corrupción se desvanece. (OP)
LOS MILITARES
La injerencia de la política mina la credibilidad de las Fuerzas Armadas
Al 20 de enero de 2003, la injerencia de la política en las FFAA fue denunciada desde el inicio del régimen con la salida de 19 altos oficiales en menos de dos semanas. La salida produjo malestar y un gasto de $1 millón para la cesantía.
El 11 de febrero de 2003, el diputado Carlos González denunció la creación de un grupo paramilitar afín al Gobierno. Eso, supuestamente, con la creación de empresas de seguridad de familiares y seguidores del presidente.
Desde enero de 2003 se dispuso un análisis jurídico para el posible perdón de los oficiales que participaron en el golpe del 21 de enero de 2000. El tema se cierra con la negativa a mediados del año pasado.
El 21 de mayo de 2003, el presidente se reunió con el alto mando para discutir el retraso de los sueldos. Desde ese momento empezó un acercamiento mayor. El presidente, en una ocasión, cenó con oficiales, cita en la cual se juró lealtad. Este escenario se repitió a principios de 2004 en Pusuquí, cuando oficiales de todas las ramas también juraron lealtad. Adicionalmente, el Gobierno, a través de su ministro de Defensa, Nelson Herrera, presentó demandas en contra del diputado Guillermo Haro, quien insistió en sus denuncias en contra de varios oficiales, por los casos de faltantes y tráfico de armas, contrabando para los comisariatos militares y la explosiones en Riobamba y en la Base Naval Sur.
La credibilidad de las FFAA quedó afectada con la denuncia del viaje a Galápagos de altos mandos militares, acompañados de familiares durante la Semana Santa última.
En estos días se tramita el ascenso de varios coroneles de la promoción del presidente Gutiérrez, muchos de los cuales están ya al mando de unidades operativas. (LB/SC)
LOS POLICÍAS
La sombra del coronel Villa empaña la gestión de la institución policial
El 28 de febrero de 2004, un informe de BLANCO Y NEGRO presentó el protagonismo del cuñado del presidente, Napoleón Villa, en los cambios de la Policía. El tema clave fue la influencia en la conformación de la Corte de Justicia Policial, cuya designación del presidente de esa instancia tuvo el visto bueno del mandatario.
La acción más polémica fue la acusación contra el ex comandante de Policía Jorge Villarroel y otros oficiales por el supuesto sobreprecio en la adquisición de repuestos. Villarroel es justamente uno de los oficiales que calificó a Villa en su proceso de ascenso fallido en 1998. Villa negó que hubiera resentimiento.
La "caída" del ex comandante Edgar Vaca también fue atribuida a la injerencia de Villa, según el diputado Carlos González, que encaró en su momento al dirigente de SP en el sentido de que visitó en dos ocasiones su residencia para pedirle pruebas que incriminasen al general. Villa no rebatió la acusación. En el cambio de mando se favorecieron algunos generales, entre ellos Marcelo Vega, primo del presidente y ahora, tercero en mando como Inspector General de la Policía.
Villa ocupó el helicóptero de la Policía para ir a una actividad política de su partido en San Miguel de los Bancos. Las explicaciones oficiales demoraron más de 24 horas, para señalar que solo había sido un invitado del comandante Jorge Poveda, pues él iba en misión de seguridad del presidente.
El caso "Fybeca" ha puesto en entredicho el espíritu de cuerpo en la institución policial y la posición de las autoridades no ha sido contundente para aclarar el incidente.
En agosto de 2003 se descubrió en un avión de la FAE un cargamento para los comisariatos de la Policía. (LB/SC).
LA POLÍTICA
La "rectificación" se vuelve una política de Gobierno
El presidente advirtió que no se posesionaría en el Congreso. Calificó de ilegítimos los acuerdos legislativos. Dijo que su posesión sería en el estadio Atahualpa. Esto luego del fracaso de armar una mayoría legislativa. Entonces, en el PSC y el Prian se habló del intento de "comprar conciencias".
En enero 12 de 2003, Gutiérrez acusó a los ex presidentes. Mencionó: "Un mafioso no destruirá el país", "convirtieron la política en mafia", "son los responsables del desastre nacional"... Asimismo, calificó de "mutilantes" algunas publicaciones de prensa. En ambos casos rectificó al día siguiente. Posteriormente, hizo otros comentarios y atacó a los medios al decir que hay mentirosos y chismosos. También aclaró el tema. A principios de marzo, periodistas de Carondelet denunciaron malos tratos de la seguridad presidencial. El 9 de julio de 2003, la Asociación de Agencias de Publicidad le pidió precisiones sobre quiénes presionan para promocionar al Gobierno.
Las pugnas iniciales con su aliado Pachakutik por puestos tuvieron un desenlace con la salida de la ministra de Educación Rosa María Torres, el 21 de julio de 2003, cuyo despacho fue tomado meses antes por el mayor Rodrigo Braganza y militantes de SP.
El presidente firmó un decreto que designó a su cuñado, Napoleón Villa, como presidente del Fondo de Solidaridad, que tiene $1 000 millones de activos del Estado. Se definió sus ingresos y funciones. Tras un debate jurídico Villa dejó el cargo estratégico. Gutiérrez acusó a un coronel (Edy Sánchez) y a "una doctora" de SP de estar detrás de las críticas. A mitad de año, Villa, en un eufórico discurso en la convención de SP en Guayaquil, pidió que se entregara toda el área social al partido de Gobierno.
Los impasses con la primera dama, Ximena Bohórquez, eran frecuentes. En SP se pidió analizar su conducta. Guitérrez la excluyó de la gira a China; y apareció en la foto compartiendo el bastón de mando con Mónica Acosta, su secretaria.
El presidente desistió ante las críticas de la idea de comprar la mansión del banquero prófugo Nicolás Landes y el nuevo avión presidencial. Igual se descartó la adquisición de El Telégrafo y de un canal de televisión de la AGD. (LB/SC)
LOS PARIENTES...
Denuncias de nepotismo y corrupción son la tónica
El ministro de Vivienda Nelson Álvarez fue el primero en salir del Gobierno, el 12 de marzo, tras la denuncia de HOY de que fue procesado en 1996 por haber entregado un cheque de una cuenta cerrada y por tener una acusación de haber firmado una papeleta de retiro de depósitos de una cuenta de su ex socio. Lo reemplazó el coronel Jorge Pinos, quien admitió tener un proceso por insubordinación.
BLANCO Y NEGRO reveló, el 19 de julio de 2003, la existencia de una red de familiares en las empresas telefónicas y en los organismos de control del sector. Doce personas fueron obligadas a dimitir.
BLANCO Y NEGRO denunció una lista de medio centenar de designaciones a importantes cargos del servicio exterior, las "petros", las telefónicas, la CFN, el BNF y otras instancias de primer nivel a favor de parientes del presidente y parientes de sus colaboradores cercanos.
El ministro de Bienestar Social Patricio Ortiz dejó su cargo tras las denuncias de un supuesto sobreprecio en la adquisición de bidones para los afectados del Tungurahua. A fines de 2003, una funcionaria reveló en BLANCO Y NEGRO que Ortiz destinó $389 441 del Programa de Alimentación Escolar para indemnizar a funcionarios del MBS y para el plan picos y palas que entregaba el presidente a varias comunidades indígenas.
El 10 de enero de 2004, BLANCO Y NEGRO publicó que la austeridad fiscal no llegó a Pacifictel al detectarse sobrevaloración en pagos de horas extra por $ 3 393 764, liquidaciones exageradas, menos ingresos facturados y más gastos en publicidad.
Otras denuncias posteriores, como la de la banda ancha, desembocaron en la caída y posterior fuga del presidente de la telefónica, el capitán Mauricio Galindo, compañero de armas del diputado Gilmar Gutiérrez. El tema reveló conflicto de intereses con la acusación del diputado Renán Borbúa de un "círculo oscuro" de León Febres Cordero.
La Ley de Servicio Civil es papel mojado. Un informe de BLANCO Y NEGRO, del 4 de octubre de 2003, señaló que SP instaló 200 puestos en Petroecuador y sus filiales. Los nuevos funcionarios ganan entre $ 1 000 y $ 7 000. (LB/SC)
EL PRESIDENTE
Caso "Fernández": los afiches mexicanos y la salida de Acosta debilitaron al régimen
La propuesta de inversión hecha por el coreano David Lee, por $5 000 millones fue falsa. El ex secretario de Comunicación, Antonio Tramontana, dejó el cargo el 21 de mayo de 2003 por sus discrepancias con el secretario de la Administración, Patricio Acosta, quien atribuyó la responsabilidad del contacto al presunto inversor. En principio se negó. Un video mostró a Lucio Gutiérrez reunido con Lee, en el hotel La Colina. Acosta participó de la cita.
El caso "Fernández" puso en aprietos al Gobierno que inicialmente dijo no conocer a los personajes. Fotos e imágenes mostraron que César Fernández ayudó en la campaña electoral. El empresario manabita fue detenido tras el operativo "Aniversario", el 23 de octubre de 2003, junto a otras 13 personas, entre ecuatorianos, mexicanos y colombianos. La declaración de Alma Díaz, apresada en el operativo y puesta en libertad, reveló una reunión entre algunos de los detenidos, el cuñado del presidente, Napoleón Villa, y su esposa, Janeth Gutiérrez, en el hotel Marriott. La Comisión de Fiscalización investiga la participación de Fernández en la campaña electoral. El ex gobernador de Manabí (en el Gobierno de Sixto Durán Ballén) es hermano de Luis Fernández, ex director de la Regional 2 del IESS en ese gobierno. Este personaje fue visto en Carondelet y en el Congreso.
El origen del aporte para los afiches de campaña importados desde México es materia de investigación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que decidió reabrir el expediente del partido de gobierno, Sociedad Patriótica (SP), por pedido del diputado Carlos González. SP recibió una multa de $400 mil por haberse excedido en el gasto electoral. La Comisión de Fiscalización investiga otros aportes no reportados manejados en una cuenta de Carlos Vega, directivo del Conam y responsable financiero de la campaña.
Marco Velasco, como asesor del presidente, es factor de controversia. El empresario ambateño es investigado por la Comisión de Fiscalización por supuesto lavado de dinero. El presidente reitera su apoyo a este personaje.
Juan Carlos López, familiar de Velasco, actual gobernador de Tungurahua; él tiene un juicio por incumplir un contrato en la adecuación de una casa.
El ex subsecretario de Gobierno Virgilio Hernández denunció, al dejar su cargo, que al interior del Gobierno existía un "círculo oscuro". Identificó a Patricio Acosta como su eje. El hasta entonces considerado hombre fuerte dejó su cargo tras el incidente de su esposa Cecibell Pazmiño, al no permitírsele entrar a EEUU. Según ella, por pedido del Gobierno ecuatoriano.
El 25 de marzo de 2003 se creó la Comisión Anticorrupción adscrita a la Presidencia, bajo la dirección de Alejandro Nájera. A él se le atribuye elaborar una lista de enemigos del Gobierno, que incluía a periodistas. Además se le endilgó espionaje telefónico y "pinchazos". Como resultado de esto, fueron removidos tres funcionarios de Petrocomercial, el 7 de julio de 2003.
El 11 de marzo de 2004, Gutiérrez firmó el decreto con el que condecoró con la La Gran Cruz a la ministra fiscal Mariana Yépez. El presidente dijo no haber sido bien informado y pidió explicaciones a la Cancillería. La fiscal no acusó a Martha Hurtado Borbúa en un caso por supuesta estafa y a Álex Hurtado Borbúa, por un proceso por peculado. Ambos son primos del presidente. A la par, se abstuvo de acusar al mandatario por delito aduanero, en la importación de material electoral. (LB/SC)
FRENTE EXTERNO
La diplomacia y el servicio exterior han sido puestos en entredicho más de una vez
El 11 de febrero de 2003, Gutiérrez le dijo a George Bush: "queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de EEUU en la lucha permanente por alcanzar la paz en el mundo, por fortalecer la democracia, por reducir la pobreza, por combatir el narcotráfico y por terminar con otra lacra humana, como es el terrorismo". Sus aliados Pachakutik y la Conaie, y la oposición calificaron el gesto como una entrega incondicional de la soberanía nacional.
El 10 de mayo de 2003, Gutiérrez se ofreció como mediador en el conflicto colombiano. Planteó la posibilidad de ceder un espacio ecuatoriano para proceso de diálogo. El gesto fue entendido como otro desliz.
El 20 de marzo de 2003, Gutiérrez no descartó la aplicación de la interdicción marítima con EEUU para el control del narcotráfico. Esto se anunció pese a que un sistema así requiere de reformas a instrumentos internacionales.
En el servicio exterior se denuncia el nombramientos del hijo del diputado Renán Borbúa, menor de edad, en un consulado de EEUU; Susana Gutiérrez (hermana del presidente), profesora que asumió una representación consular en Argentina, el coronel Germánico Molina, amigo personal, como embajador en Buenos Aires, y el coronel Wilson Torres, embajador en Bogotá.
El diputado Guillermo Haro denunció la nacionalización de autos de lujo a nombre de funcionarios diplomáticos. Entre ellos: la importación de un vehículo de lujo del entonces vicecanciller Patricio Zuquilanda. El tema pasa a la fiscalía, pero el tema queda en el aire al no tener seguimiento la denuncia.
El ex presidente Gustavo Noboa pidió asilo político a República Dominicana y se refugió en la residencia del embajador tras el pedido de arraigo de la AGD. La Cancillería se pronunció y calificó que el ex mandatario no era un perseguido político. Al final, la custodia se dio una vez que el Gobierno de ese país concedió el asilo, una decisión que es vinculante.
Como una reacción tardía que afectó la credibilidad de las FFAA ecuatorianas fue calificada la posición de Ecuador ante la denuncia del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre el uso supuesto de armas del Ejército ecuatoriano en el atentado contra el ganadero de ese país Jorge Visbal. Uribe insinuó el tráfico de armas, pues "era lamentable que soldados corruptos ecuatorianos hubiesen facilitado las armas". El incidente fue en febrero de 2004.
En enero de 2004, la prensa argentina denunció que el embajador de Ecuador de entonces en ese país, Germánico Molina, ayudó a romper el arresto domiciliario del ex dictador Suárez Mason para ir a una fiesta.
La captura del guerrillero de las FARC, conocido como Simón Trinidad, en suelo ecuatoriano, puso en entredicho la posición oficial cuando las autoridades colombianas señalaron que fue parte de un operativo en donde participó personal de inteligencia de ese país. La Policía Nacional dijo inicialmente que fue aprehendido en un acción rutinaria de migración.
Gutiérrez aclaró que se malinterpretó sus declaraciones de que el conflicto entre Bolivia y Chile no era parte de la agenda de la OEA.
En tribunales de EEUU se presentaron quejas de malos tratos a empleadas de diplomáticos ecuatorianos. (LB/SC) (BLANCO Y NEGRO)
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