BOGOTA.- ¿Aumentarán las violaciones a los derechos humanos en Colombia luego de poner en marcha el plan del presidente Alvaro Uribe de crear una red de un millón de informantes y reclutar a 40 000 âsoldados campesinosâ para terminar con la guerra más sangrienta que sacude a América Latina?
Hice esta y otras preguntas a Uribe en una entrevista de una hora en su despacho esta semana, luego de que varias organizaciones internacionales de derechos humanos levantaron una voz de alarma en dÃas recientes sobre la ofensiva militar anunciada por Uribe después de su toma de posesión el 7 de agosto.
Las organizaciones Human Rights Watch, Amnesty International y Washington Office on Latin America, tres grupos que siguen muy de cerca la situación en Colombia, firmaron una carta conjunta criticando la reciente decisión del Gobierno de Bush de desembolsar $70 millones para el entrenamiento militar y compra de armas del Ejército colombiano. Los tres grupos señalaron que ââel nuevo presidente Uribe ha tomado acciones que amenazan con debilitar aún más la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos, y con contribuir al crecimiento de los grupos paramilitares ilegalesââ.
Colombia no ha suspendido sus funciones a los militares sospechosos de haber cometido abusos de derechos humanos, ni ha hecho mucho por cortar los lazos que quedan entre el Ejército y los paramilitares, señalaron. Asimismo, los grupos temen que los futuros pelotones de âsoldados campesinosâ se conviertan en bandas descontroladas que -como ya ha ocurrido en el pasado en Colombia- terminen en organizaciones paramilitares.
Pocas horas antes de entrevistar a Uribe, hablé con José Miguel Vivanco, un alto funcionario de Human Rights Watch, el grupo cuyos informes sobre Colombia me merecen más respeto. A diferencia de otros grupos de derechos humanos, Human Rights Watch ha criticado no solo los abusos de las fuerzas armadas, sino también los de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son los responsables de una buena parte del narcotráfico, los secuestros y actos terroristas que han destrozado a este paÃs.
Según Vivanco, aunque serÃa prematuro condenar a Uribe a tan pocas semanas de haber asumido su cargo, la historia de Colombia en materia de civiles armados demuestra que ""Uribe está experimentando con un proyecto sumamente peligroso, que se le puede escapar de las manos"".
Aquà en Colombia, la mayor preocupación de la opinión pública son los crÃmenes de los narcoguerrilleros de las FARC. Según una reciente encuesta de Gallup-Invamer, solo el 1% de los colombianos tiene una opinión positiva de las FARC, mientras que el 93% tiene una imagen negativa, y el 6% no responde.
Uribe, que según la misma encuesta goza de un 72% de apoyo popular, se muestra confiado en que su plan de âsoldados campesinosâ e informantes no se le saldrá de las manos.
En primer lugar, los soldados-campesinos no serán un grupo de civiles armados, sino que serán soldados uniformados que estarán sometidos al mismo entrenamiento y a la misma disciplina militar que los soldados regulares, señaló. La única diferencia será que tendrán base en sus propias comunidades, en lugar de ser trasladados a otros puntos del paÃs. Los soldados-campesinos âtendrán que observar el reglamento de los soldados comunesâ, me dijo Uribe.
En segundo lugar, los soldados campesinos que no estén acuartelados no tendrán acceso a armamentos. âTampoco voy a promover el armamentismo ciudadanoâ, dijo.
En tercer lugar, la red de un millón de informantes âno tiene que ser armada, ni va a ser armadaâ, dijo Uribe. Según me explicó un alto jefe militar colombiano, no habrá un reclutamiento ni una lista de informantes. Más bien, será un llamado del Gobierno -como en Estados Unidos- a que los ciudadanos informen a las autoridades cuando tengan sospechas de actividades guerrilleras o paramilitares.
""Las Constituciones de los paÃses democráticos obligan a los ciudadanos a denunciar delitos, y aquà simplemente lo que vamos a promover es eso, que la gente cumpla el deber constitucional de denunciar"", dijo Uribe.
¿Mi conclusión? Los grupos de derechos humanos hacen bien en monitorear muy de cerca la situación colombiana. Pero, como algunos de sus propios dirigentes lo reconocen, no es justo condenar a Uribe de antemano por un plan que todavÃa está siendo refinado, y que el presidente promete que no se convertirá en una milicia armada descontrolada.
Si las cosas se van a hacer tal como Uribe dice, quizá su mayor error haya sido ponerle el temible rótulo de âsoldados campesinosâ o âredes de informantesâ a lo que podrÃa ser un simple proyecto de aumento de tropas y fuentes de información de un Ejército notablemente reducido para un paÃs como Colombia. Pronto lo sabremos.
Corresponsal extranjero y columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald ©2001 El Nuevo Herald. Dist. por Los Angeles Times Syndicate International
Hice esta y otras preguntas a Uribe en una entrevista de una hora en su despacho esta semana, luego de que varias organizaciones internacionales de derechos humanos levantaron una voz de alarma en dÃas recientes sobre la ofensiva militar anunciada por Uribe después de su toma de posesión el 7 de agosto.
Las organizaciones Human Rights Watch, Amnesty International y Washington Office on Latin America, tres grupos que siguen muy de cerca la situación en Colombia, firmaron una carta conjunta criticando la reciente decisión del Gobierno de Bush de desembolsar $70 millones para el entrenamiento militar y compra de armas del Ejército colombiano. Los tres grupos señalaron que ââel nuevo presidente Uribe ha tomado acciones que amenazan con debilitar aún más la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos, y con contribuir al crecimiento de los grupos paramilitares ilegalesââ.
Colombia no ha suspendido sus funciones a los militares sospechosos de haber cometido abusos de derechos humanos, ni ha hecho mucho por cortar los lazos que quedan entre el Ejército y los paramilitares, señalaron. Asimismo, los grupos temen que los futuros pelotones de âsoldados campesinosâ se conviertan en bandas descontroladas que -como ya ha ocurrido en el pasado en Colombia- terminen en organizaciones paramilitares.
Pocas horas antes de entrevistar a Uribe, hablé con José Miguel Vivanco, un alto funcionario de Human Rights Watch, el grupo cuyos informes sobre Colombia me merecen más respeto. A diferencia de otros grupos de derechos humanos, Human Rights Watch ha criticado no solo los abusos de las fuerzas armadas, sino también los de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son los responsables de una buena parte del narcotráfico, los secuestros y actos terroristas que han destrozado a este paÃs.
Según Vivanco, aunque serÃa prematuro condenar a Uribe a tan pocas semanas de haber asumido su cargo, la historia de Colombia en materia de civiles armados demuestra que ""Uribe está experimentando con un proyecto sumamente peligroso, que se le puede escapar de las manos"".
Aquà en Colombia, la mayor preocupación de la opinión pública son los crÃmenes de los narcoguerrilleros de las FARC. Según una reciente encuesta de Gallup-Invamer, solo el 1% de los colombianos tiene una opinión positiva de las FARC, mientras que el 93% tiene una imagen negativa, y el 6% no responde.
Uribe, que según la misma encuesta goza de un 72% de apoyo popular, se muestra confiado en que su plan de âsoldados campesinosâ e informantes no se le saldrá de las manos.
En primer lugar, los soldados-campesinos no serán un grupo de civiles armados, sino que serán soldados uniformados que estarán sometidos al mismo entrenamiento y a la misma disciplina militar que los soldados regulares, señaló. La única diferencia será que tendrán base en sus propias comunidades, en lugar de ser trasladados a otros puntos del paÃs. Los soldados-campesinos âtendrán que observar el reglamento de los soldados comunesâ, me dijo Uribe.
En segundo lugar, los soldados campesinos que no estén acuartelados no tendrán acceso a armamentos. âTampoco voy a promover el armamentismo ciudadanoâ, dijo.
En tercer lugar, la red de un millón de informantes âno tiene que ser armada, ni va a ser armadaâ, dijo Uribe. Según me explicó un alto jefe militar colombiano, no habrá un reclutamiento ni una lista de informantes. Más bien, será un llamado del Gobierno -como en Estados Unidos- a que los ciudadanos informen a las autoridades cuando tengan sospechas de actividades guerrilleras o paramilitares.
""Las Constituciones de los paÃses democráticos obligan a los ciudadanos a denunciar delitos, y aquà simplemente lo que vamos a promover es eso, que la gente cumpla el deber constitucional de denunciar"", dijo Uribe.
¿Mi conclusión? Los grupos de derechos humanos hacen bien en monitorear muy de cerca la situación colombiana. Pero, como algunos de sus propios dirigentes lo reconocen, no es justo condenar a Uribe de antemano por un plan que todavÃa está siendo refinado, y que el presidente promete que no se convertirá en una milicia armada descontrolada.
Si las cosas se van a hacer tal como Uribe dice, quizá su mayor error haya sido ponerle el temible rótulo de âsoldados campesinosâ o âredes de informantesâ a lo que podrÃa ser un simple proyecto de aumento de tropas y fuentes de información de un Ejército notablemente reducido para un paÃs como Colombia. Pronto lo sabremos.
Corresponsal extranjero y columnista de The Miami Herald y El Nuevo Herald ©2001 El Nuevo Herald. Dist. por Los Angeles Times Syndicate International
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