Solo desde septiembre de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2000 se iniciaron en el país 38 procesos por delitos financieros, relacionados por el desplome de la banca. Las pérdidas se calcularon en más de $3,5 mil millones, sumados a la incertidumbre financiera y productiva. De la noche a la mañana, miles de ecuatorianos se vieron con unos inusuales documentos en las manos, los Certificados de Depósitos Reprogramables (CDR), emitidos por el congelamiento de sus cuentas: una nueva moneda, que se canjeaba por otros bienes; que se negociaba en las Bolsas de Valores (relativamente pocos) o que simplemente se los vendía a terceros, incluso por medio de avisos clasificados en la prensa.
"Si bien es cierto que los márgenes de descuento (de los CDR) se han incrementado, el mercado ofrece todo tipo de oportunidades, que van desde un 5% hasta un 50%", decía el matutino guayaquileño Expreso, el 28 de abril de 1999, 46 días después del feriado bancario.
Varias casas comerciales intercambiaron los CDR por bienes, principalmente, papeles de los bancos cerrados con los que mantenían deudas. Y fue en noviembre de 1999, cuando miles de esos papeles circulaban por el mercado, que la crisis tocó a las puertas de la Corporación Financiera Nacional (CFN).
El 4 de noviembre de 1999 la Central de Riesgos informa que el 48% de la cartera de la CFN, equivalente a $350 millones, se encontraba en poder de clientes de los bancos en saneamiento: previo al desate de la crisis financiera, el organismo canalizó por medio de 45 instituciones financieras $720 millones a favor de los sectores productivos; el cierre progresivo de la banca provocó que parte de su cartera pasara también a saneamiento.
Seis días más tarde, el Gobierno de Jamil Mahuad da una estocada al organismo que actúa como banca de segundo piso: el decreto 1492, que obliga a la CFN a recibir CDR al valor nominal para cubrir las obligaciones por vencer y las vencidas. El entonces presidente de la Asociación de Bancos Privados, Mario Canessa, envió una comunicación al entonces presidente de la República, Jamil Mahuad, calificando de inconstitucional el decreto. Sin embargo, ese decreto sigue vigente y ha permitido que la CFN se acumule de papeles que ahora no tienen ningún valor, porque hasta el momento el Banco Central no ha decidido ponerles un interés, que equivaldría a transformar los $410,8 millones en papeles que recibió la Corporación en una especie de bonos del Estado. Deudas de la banca cerrada que se endosaron a la CFN, por medio de los CDR, y que esta traspasó al Ministerio de Economía para poder recuperarse en los balances. (JT)
Los golpes de gracia por los que nadie se responsabiliza
Desde que Mahuad emitió el decreto 1492 comenzaron a llegar a la CFN los CDR, que se negociaban por debajo de su valor en el mercado negro. Las personas y empresas que mantenían deudas con los bancos cerrados cancelaron de esa manera sus acreencias en la CFN. Pero faltaba un golpe más para hacer el panorama más desolador, según Pablo Bayas, de Asesoría Legal de la CFN, el decreto 75, publicado en febrero de 2000, que obliga al organismo a recibir Certificados de Pasivos Garantizados (CPG) al valor nominal, para cubrir las obligaciones por vencer y las vencidas que hayan sido redescontadas a la institución; es decir, vendidas, sean pagarés o hipotecas. "Los CDR eran solo lo que congelaron a los bancos abiertos y después cayeron, los CPG son las deudas del Banco de Préstamos, de Solbanco, porque las autoridades dijeron "pobrecitos", ellos también tienen derechos", dice Bayas, desde su sillón, en el piso 19 de la CFN.
El organismo se amontonó de papeles y deudas por cobrar y experimentó una brutal descapitalización por los $300 millones que hasta entonces había recibido en CDR. El entonces ministro de Comercio Exterior, Roberto Peña, esbozó el origen del problema: el Gobierno anterior (Jamil Mahuad) abrió la posibilidad de que la Corporación aceptara los certificados como manera de cubrir las obligaciones de sus deudores. En declaraciones a HOY, el 23 de junio de 2000, el entonces ministro aseguró que el Directorio se reuniría para analizar una solución definitiva.
El 30 de junio de 2000, a la semana siguiente, la resolución de la Junta Bancaria, JB-2000-226, da la estocada final a la CFN: el tema de las provisiones. (JT)
La "chatarra" necesita 30% de provisiones
"Las instituciones del Sistema Financiero que registren en sus inversiones CDR de instituciones que se encuentren en proceso de saneamiento deberán constituir provisiones de al menos 30% del valor de dichos certificados", decía la resolución JB-2000-226 de la Junta Bancaria.
La única institución del sistema financiero que para ese entonces tenía CDR, y por millones, era la CFN; la resolución de la Junta Bancaria le obligaba a una mayor descapitalización, porque debía colocar de sus recursos frescos provisiones para garantizar papeles que solo valían en la Corporación.
En una exposición realizada por Nicolás Espinosa, presidente de la CFN, se dijo que la resolución de la Junta Bancaria, en primer lugar, violaba la Ley de Transformación Económica, que dice en su artículo 18 que las normas aplicables para preservar la solvencia de una institución financiera son los estándares internacionales, especialmente los del Comité de Basilea: "las deudas estatales o soberanas se provisionan al 1%". Las cifras rojas daban alertas y era evidente el riesgo de que la CFN entrara en mora con los organismos internacionales.
Para hacer una evaluación del impacto de los decretos, basta hacer una comparación de los balances generales de 1998 (cuando la cartera de la institución era de $911 millones, sus inversiones de $127 millones y su total de activos eran de $1 072 millones), con las cifras de la CFN a fines de 2001: sus activos cayeron a $574 millones y su patrimonio cayó de $196 millones a $80 millones. (JT)
Alguna razón
La explicación de los balances negativos de la CFN a fines de 2001 hizo evidente la crisis de la institución. "Como por un embudo nos han entregado papeles y cuentas casi incobrables", dijo el 25 de julio de 2001 el ex presidente del organismo, Pedro Khon.
Joyce de Ginnata, la entonces titular de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, fue la que acuñó la cita adecuada para calificar la situación de la CFN: "Fue usada como tacho de basura". Para evitar continuar recibiendo "basura", se organizó un programa para recuperar deudas. (JT)
Los abogados que rastrean millones de dólares perdidos
Los juicios contra las coactivas presentados en Guayaquil han sido ganados en etapas por la CFN; es decir, están en proceso de espera de providencia, según explica el asesor legal de la CFN en esa ciudad, Edgar Camino. En la Dirección Nacional de Coactivas trabajan 30 abogados, según explica Santiago Guarderas, de ese Departamento.
Entre los juicios presentados contra la CFN está el de Industria Alimenticia (IASA)-La Portuguesa. Según un auto de pago emitido por la CFN el 15 de abril de 1998, esta mantiene valores vencidos desde octubre de 1996, de préstamos recibidos, en cuya garantía se otorgaron varios bienes. Al no haber cancelado, el Juzgado de Coactiva exigió el pago en un plazo de tres días. La deuda ascendía a $1 531 363.
La CFN ordenó el embargo de los inmuebles hipotecados en garantía y de las prendas industriales de los contratos. IASA y CFN suscribieron un contrato de Prenda Industrial el 7 de agosto de 1996, pero la empresa alimenticia asegura que el contrato fue extinguido por prescripción y que su ejecución es ilegítima e ilegal, por lo que inició la demanda de excepciones.
La demanda fue presentada en el Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil del Guayas, por Bernardo Higgins Fuentes, gerente general de IASA, en 2001.
Pero ese no es el único caso, el representante de Egroextra, Henry Taleb Terán, interpuso una demanda de competencia contra el juez de Coactiva de la CFN, Terry Christiansen, en noviembre de 2001, pretendiendo que se desconociera como apto para ejecutar la coactiva contra la empresa. La deuda: Taleb firmó en 1997 y 1998 tres pagarés en calidad de avalista a la orden de Banco Unión, por $202 570.
Los trámites están congelados desde que el juez admitió el juicio, es decir, después de recibir alegatos de la CFN no ha habido avance en el proceso.
En cuanto a las personas naturales, está la demanda de Gonzalo Manuel Andrade, quien, junto con su esposa, solicitó un préstamo de 500 millones de sucres en 1996, a través del Banco de Préstamos. (SCQ).
El reacomodo de las cifras, por otro endoso
La subrogación no evita el problema al Estado, solo lo traspasa
La Ley de Transformación Económica y sus reformas señalaron que en los CDR y los CPG se reconocerá una tasa de interés debiéndose contabilizar hasta el día en que se produzca el pago, no obstante hasta la presente fecha el Directorio del Banco Central no ha definido la tasa de interés para estos documentos, según explican los asesores legales de la CFN. ¿Qué significa?
Como los documentos no tienen reconocida una tasa de interés, se negociaron en el mercado negro a precios irrisorios, para cancelar deudas con la CFN al 100% de su valor. Los perjudicados primero fueron los clientes de la banca cerrada y ahora es el Estado.
En este contexto, el presidente de la República dispone, el 28 de febrero de 2002, que el Ministerio de Economía ejecute un Plan de Regularización de la CFN, lo que ha permitido, según el presidente de la CFN, Nicolás Espinosa, viabilizar la recuperación de la CFN. ¿Cómo?
El asesor legal de la CFN, Pablo Bayas, explica cómo dieron un vuelco a las cifras rojas de la CFN: la subrogación al Estado de la deuda contraída por la institución con el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Así, la CFN deja de deber $268,4 millones a los organismos internacionales, reduce las provisiones, porque transfiere ese mismo monto de papeles al Ministerio de Economía, y respira.
¿Y los deudores? Ese fue otro de los ejes del plan de reactivación, porque la CFN conformó una Unidad de Coactivas, que ha instaurado más de 500 juicios. (JT)
DIRECTORIO
Los juicios coactivos crecieron de tal manera con la crisis bancaria, que la CFN creó la Dirección de Coactivas.
Las causas deben ser rápidas, pero los deudores han obstaculizado el cobro con varias argucias jurídicas, se dice.
La ley obliga a aceptar a trámite las causas cuando el deudor haya consignado el monto en el Juzgado.
Los amparos constitucionales han sido otro de los recursos de los deudores para evitar pagar sus acreencias.
El inusual caso de la Pesquera Jambelí
Esta fábrica, ubicada en el cantón Posorja (Guayas), es la segunda mayor deudora de Filanbanco, según datos emitidos por la CFN en junio pasado. Hasta esa fecha, Jambelí adeudaba alrededor de $13 millones, de los cuales $9,1 millones están vencidos. Las obligaciones pendientes con el sistema financiero (abierto y cerrado) bordeaban los $25 millones, hasta diciembre de 2001.
El vencimiento del plazo de pago motivó que la CFN, bajo mando de su gerente, Federico Saporitti, ordenara el embargo de la Pesquera el pasado 12 de junio. La empresa, de propiedad del grupo Hidalgo-Febres Cordero, adeudaba a la Corporación aproximadamente $8 millones, cuando se inició el juicio de coactiva en su contra.
El Juzgado de Coactiva de la CFN emitió, el 7 de junio, la resolución mediante la cual exigió el pago de la deuda pendiente de cancelar desde 1997, en la cual se puso el plazo de tres días.
La Pesquera Jambelí presentó a inicios de 2002 una solicitud para refinanciar sus obligaciones con la banca cerrada en la Unidad de Reestructuración de Créditos (URC), en vista de que enfrenta también deudas con los bancos Unión, Crédito y Finagro, en saneamiento, cuyo pago es exigido por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
La CFN mantiene la custodia de la Pesquera, con guardia permanente, en vista de que no son los únicos que quieren reclamar las propiedades para cubrir lo que se les adeuda. Al momento del embargo, 125 empleados de la fábrica reclamaron el pago de sus sueldos atrasados desde octubre de 2001, los cuales no serán cubiertos por ninguno de los acreedores. (SCQ)
DEMANDAS
JURIDICAS
Chitoa S.A. espera un informe
El Juzgado Cuarto de lo Civil calificó el juicio de excepciones planteado por el representante de Chitoa S.A., Armando Pluguiese, que obstaculizó el cobro de la deuda que fue endosada a la CFN: $667 927. La causa, por el momento, espera un informe del perito que debe presentar un avalúo de las instalaciones de la empresa. (JT)
La segunda parte, por perjuicios
No conforme con plantear una demanda de excepción a la deuda que Chitoa S.A. tiene con la CFN, el representante legal presentó en otro Juzgado de lo Civil, en el Sexto, una demanda en contra de la CFN, por daños y perjuicios, con los documentos con los que se alegó la ilegalidad de la deuda. El juez debe dictar sentencia. (JT)
Los $2 045 882 de Aviflor
El representante legal de Aviflor, Patricio Avilés, tampoco accedió a pagar una deuda por $2 045 882, a la CFN. El proceso de excepciones fue aceptado a trámite en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha. La última providencia se dictó el 3 de julio de 2002. En la causa está prevista la citación al procurador general del Estado. (JT)
NATURALES
El ataque se organiza en dos frentes
Luis Londoño planteó dos demandas en contra de la CFN, en el Juzgado Cuarto de lo Civil y en el Octavo. Su deuda, de acuerdo con la CFN, asciende a $470 431.
La última providencia en el primer caso es de julio de 2002, en donde el juez califica la demanda, y el segundo salió del período de prueba el 29 de julio pasado. (JT)
Un proceso de Guayaquil a Quito
Si bien el juicio instaurado por Tandex Cia. Ltda. se inició en el Juzgado Decimonoveno de lo Civil del Guayas, en la actualidad el caso se lo tramita en Quito. La deuda es de $343 814. En el juicio fue citado el gerente de la Corporación, señalando un casillero judicial en Guayaquil, de acuerdo con un informe del organismo. (JT)
Los alegatos que presenta Matheus
Santiago Matheus tiene iniciados dos procesos por una deuda con la CFN. El primero es un recurso de amparo constitucional presentado en el Juzgado Noveno de lo Civil, en el que alegó la imposibilidad de la defensa, y el segundo en el Vigésimo de lo Civil, para la exhibición de la prenda pecuaria. La deuda asciende a $2 865 386. (JT)
La deuda de la televisora que no se ha querido reconocer
El 17 de agosto de 1994 Sí TV firmó un contrato con el Banco del Progreso S.A., denominado Préstamo a Mutuo dentro del Programa Global de Crédito Multisectorial, por $909 000.
La coactiva fue iniciada por la CFN por una deuda de $854 460, cuyo plazo de pago se declaró vencido el 11 de enero de 2001.
Sí TV inició el juicio de excepciones en contra de la Corporación el 7 de marzo de 2001, alegando que el documento en el que se basa el cobro no prueba la existencia de la deuda. Además, subraya la diferencia entre la deuda que muestra el contrato firmado y la del auto de pago. Indica también que el documento del contrato no ha sido legalmente cedido por el banco a la CFN, por lo que acusa a los cobradores de utilizar documentos supuestamente falsos.
La CFN declara que los documentos de endoso de la deuda fueron suscritos por los representantes del Banco el 27 de diciembre de 1994, en los cuales es clara la cuantía de los valores adeudados. El caso es manejado por abogados externos de la CFN. El período de prueba de este juicio ha culminado y se espera que el juez dicte sentencia, que fue solicitada por el departamento legal de la Corporación el pasado 20 de mayo.
Como la empresa ha cambiado de propietarios varias veces, según los abogados de la CFN, estos al comprar el bien adquieren también las deudas que posee la empresa. Hasta la actualidad ninguno de los propietarios ha cambiado su posición dentro del proceso legal con la CFN.
Otro caso pendiente es el de Novolli S.A., empresa que posee dos juicios: competencia y excepciones. Los representantes de la compañía, Francisco Romero y su esposa Gladys Rivera, firmaron cuatro pagarés a favor del banco Financorp, cuyas obligaciones vencieron. En las demanadas alegan que los documentos de cobro no fueron presentados dentro del plazo establecido por la ley y que algunos ya estaban vencidos y otros por vencer cuando los conocieron, lo que supuestamente los exime de su obligación.
La CFN rechazó el juicio que fue calificado por el juez Quinto de lo Civil de Guayaquil. (SCQ)
ANALISIS
CFN, otra víctima de los banqueros corruptos y de alguien más
La crisis financiera que vivió el país continúa dejando secuelas en la mayor de sus víctimas, el Estado, que equivale a decir el pueblo ecuatoriano.
La serie de medidas absurdas que tomó Jamil Mahuad, en un intento por dar la apariencia de que la situación económica no se agravaría como producto de la estafa cometida por los banqueros, lejos de arreglar el problema, lo agravó.
Este es el caso de la Corporación Financiera Nacional (CFN) a la que, mediante decreto presidencial, se le transformó en un gran basurero al que fueron a parar los Certificados de Depósitos Reprogramables (CDR) y los Certificados de Pasivos Garantizados (CPG).
Haciendo uso de esa "gracia" presidencial, empresas que habían obtenido ventajosos créditos de la CFN, fueron autorizadas a pagar sus deudas con los benditos papeles, obtenidos por ellos a precios insignificantes, con lo cual resultaron doblemente beneficiarios.
En efecto, la mayoría de los CDR fueron adquiridos por los deudores de la Corporación con castigos de hasta el 85%, en el gran mercado negro que se abrió en en todo el país, para abaratar los costos de lo único que les quedaba a los acreedores de la banca cerrada, los papeles.
Resulta paradójico que el gobierno de Mahuad haya emitido decretos para viabilizar el pago de deudas de quienes pidieron recursos a instituciones del Estado, mientras se permitía que aquellos que confiaron su dinero en los bancos fuesen perjudicados doblemente: por los corruptos que se robaron la plata en las instituciones, y por quienes compraron los papeles para hacer negocio con ellos.
El decreto 1492, emitido por el gobierno de Mahuad, autorizando la recepción al 100% de los papeles mencionados, fue para la CFN un golpe terrible del que apenas empieza a levantarse.
A la Corporación no solo le ha resultado imposible encontrar valor a los CDR, sino que, en el colmo de la audacia, los beneficiarios de sus créditos han encontrado en el recurso de amparo una triquiñuela para no devolver el dinero que recibieron de la CFN. Pero esta actitud tiene un nombre; por favor, póngalo usted. (TFF).
(BLANCO Y NEGRO 24 DE AGOSTO DE 2002)
"Si bien es cierto que los márgenes de descuento (de los CDR) se han incrementado, el mercado ofrece todo tipo de oportunidades, que van desde un 5% hasta un 50%", decía el matutino guayaquileño Expreso, el 28 de abril de 1999, 46 días después del feriado bancario.
Varias casas comerciales intercambiaron los CDR por bienes, principalmente, papeles de los bancos cerrados con los que mantenían deudas. Y fue en noviembre de 1999, cuando miles de esos papeles circulaban por el mercado, que la crisis tocó a las puertas de la Corporación Financiera Nacional (CFN).
El 4 de noviembre de 1999 la Central de Riesgos informa que el 48% de la cartera de la CFN, equivalente a $350 millones, se encontraba en poder de clientes de los bancos en saneamiento: previo al desate de la crisis financiera, el organismo canalizó por medio de 45 instituciones financieras $720 millones a favor de los sectores productivos; el cierre progresivo de la banca provocó que parte de su cartera pasara también a saneamiento.
Seis días más tarde, el Gobierno de Jamil Mahuad da una estocada al organismo que actúa como banca de segundo piso: el decreto 1492, que obliga a la CFN a recibir CDR al valor nominal para cubrir las obligaciones por vencer y las vencidas. El entonces presidente de la Asociación de Bancos Privados, Mario Canessa, envió una comunicación al entonces presidente de la República, Jamil Mahuad, calificando de inconstitucional el decreto. Sin embargo, ese decreto sigue vigente y ha permitido que la CFN se acumule de papeles que ahora no tienen ningún valor, porque hasta el momento el Banco Central no ha decidido ponerles un interés, que equivaldría a transformar los $410,8 millones en papeles que recibió la Corporación en una especie de bonos del Estado. Deudas de la banca cerrada que se endosaron a la CFN, por medio de los CDR, y que esta traspasó al Ministerio de Economía para poder recuperarse en los balances. (JT)
Los golpes de gracia por los que nadie se responsabiliza
Desde que Mahuad emitió el decreto 1492 comenzaron a llegar a la CFN los CDR, que se negociaban por debajo de su valor en el mercado negro. Las personas y empresas que mantenían deudas con los bancos cerrados cancelaron de esa manera sus acreencias en la CFN. Pero faltaba un golpe más para hacer el panorama más desolador, según Pablo Bayas, de Asesoría Legal de la CFN, el decreto 75, publicado en febrero de 2000, que obliga al organismo a recibir Certificados de Pasivos Garantizados (CPG) al valor nominal, para cubrir las obligaciones por vencer y las vencidas que hayan sido redescontadas a la institución; es decir, vendidas, sean pagarés o hipotecas. "Los CDR eran solo lo que congelaron a los bancos abiertos y después cayeron, los CPG son las deudas del Banco de Préstamos, de Solbanco, porque las autoridades dijeron "pobrecitos", ellos también tienen derechos", dice Bayas, desde su sillón, en el piso 19 de la CFN.
El organismo se amontonó de papeles y deudas por cobrar y experimentó una brutal descapitalización por los $300 millones que hasta entonces había recibido en CDR. El entonces ministro de Comercio Exterior, Roberto Peña, esbozó el origen del problema: el Gobierno anterior (Jamil Mahuad) abrió la posibilidad de que la Corporación aceptara los certificados como manera de cubrir las obligaciones de sus deudores. En declaraciones a HOY, el 23 de junio de 2000, el entonces ministro aseguró que el Directorio se reuniría para analizar una solución definitiva.
El 30 de junio de 2000, a la semana siguiente, la resolución de la Junta Bancaria, JB-2000-226, da la estocada final a la CFN: el tema de las provisiones. (JT)
La "chatarra" necesita 30% de provisiones
"Las instituciones del Sistema Financiero que registren en sus inversiones CDR de instituciones que se encuentren en proceso de saneamiento deberán constituir provisiones de al menos 30% del valor de dichos certificados", decía la resolución JB-2000-226 de la Junta Bancaria.
La única institución del sistema financiero que para ese entonces tenía CDR, y por millones, era la CFN; la resolución de la Junta Bancaria le obligaba a una mayor descapitalización, porque debía colocar de sus recursos frescos provisiones para garantizar papeles que solo valían en la Corporación.
En una exposición realizada por Nicolás Espinosa, presidente de la CFN, se dijo que la resolución de la Junta Bancaria, en primer lugar, violaba la Ley de Transformación Económica, que dice en su artículo 18 que las normas aplicables para preservar la solvencia de una institución financiera son los estándares internacionales, especialmente los del Comité de Basilea: "las deudas estatales o soberanas se provisionan al 1%". Las cifras rojas daban alertas y era evidente el riesgo de que la CFN entrara en mora con los organismos internacionales.
Para hacer una evaluación del impacto de los decretos, basta hacer una comparación de los balances generales de 1998 (cuando la cartera de la institución era de $911 millones, sus inversiones de $127 millones y su total de activos eran de $1 072 millones), con las cifras de la CFN a fines de 2001: sus activos cayeron a $574 millones y su patrimonio cayó de $196 millones a $80 millones. (JT)
Alguna razón
La explicación de los balances negativos de la CFN a fines de 2001 hizo evidente la crisis de la institución. "Como por un embudo nos han entregado papeles y cuentas casi incobrables", dijo el 25 de julio de 2001 el ex presidente del organismo, Pedro Khon.
Joyce de Ginnata, la entonces titular de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, fue la que acuñó la cita adecuada para calificar la situación de la CFN: "Fue usada como tacho de basura". Para evitar continuar recibiendo "basura", se organizó un programa para recuperar deudas. (JT)
Los abogados que rastrean millones de dólares perdidos
Los juicios contra las coactivas presentados en Guayaquil han sido ganados en etapas por la CFN; es decir, están en proceso de espera de providencia, según explica el asesor legal de la CFN en esa ciudad, Edgar Camino. En la Dirección Nacional de Coactivas trabajan 30 abogados, según explica Santiago Guarderas, de ese Departamento.
Entre los juicios presentados contra la CFN está el de Industria Alimenticia (IASA)-La Portuguesa. Según un auto de pago emitido por la CFN el 15 de abril de 1998, esta mantiene valores vencidos desde octubre de 1996, de préstamos recibidos, en cuya garantía se otorgaron varios bienes. Al no haber cancelado, el Juzgado de Coactiva exigió el pago en un plazo de tres días. La deuda ascendía a $1 531 363.
La CFN ordenó el embargo de los inmuebles hipotecados en garantía y de las prendas industriales de los contratos. IASA y CFN suscribieron un contrato de Prenda Industrial el 7 de agosto de 1996, pero la empresa alimenticia asegura que el contrato fue extinguido por prescripción y que su ejecución es ilegítima e ilegal, por lo que inició la demanda de excepciones.
La demanda fue presentada en el Juzgado Trigésimo Primero de lo Civil del Guayas, por Bernardo Higgins Fuentes, gerente general de IASA, en 2001.
Pero ese no es el único caso, el representante de Egroextra, Henry Taleb Terán, interpuso una demanda de competencia contra el juez de Coactiva de la CFN, Terry Christiansen, en noviembre de 2001, pretendiendo que se desconociera como apto para ejecutar la coactiva contra la empresa. La deuda: Taleb firmó en 1997 y 1998 tres pagarés en calidad de avalista a la orden de Banco Unión, por $202 570.
Los trámites están congelados desde que el juez admitió el juicio, es decir, después de recibir alegatos de la CFN no ha habido avance en el proceso.
En cuanto a las personas naturales, está la demanda de Gonzalo Manuel Andrade, quien, junto con su esposa, solicitó un préstamo de 500 millones de sucres en 1996, a través del Banco de Préstamos. (SCQ).
El reacomodo de las cifras, por otro endoso
La subrogación no evita el problema al Estado, solo lo traspasa
La Ley de Transformación Económica y sus reformas señalaron que en los CDR y los CPG se reconocerá una tasa de interés debiéndose contabilizar hasta el día en que se produzca el pago, no obstante hasta la presente fecha el Directorio del Banco Central no ha definido la tasa de interés para estos documentos, según explican los asesores legales de la CFN. ¿Qué significa?
Como los documentos no tienen reconocida una tasa de interés, se negociaron en el mercado negro a precios irrisorios, para cancelar deudas con la CFN al 100% de su valor. Los perjudicados primero fueron los clientes de la banca cerrada y ahora es el Estado.
En este contexto, el presidente de la República dispone, el 28 de febrero de 2002, que el Ministerio de Economía ejecute un Plan de Regularización de la CFN, lo que ha permitido, según el presidente de la CFN, Nicolás Espinosa, viabilizar la recuperación de la CFN. ¿Cómo?
El asesor legal de la CFN, Pablo Bayas, explica cómo dieron un vuelco a las cifras rojas de la CFN: la subrogación al Estado de la deuda contraída por la institución con el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Así, la CFN deja de deber $268,4 millones a los organismos internacionales, reduce las provisiones, porque transfiere ese mismo monto de papeles al Ministerio de Economía, y respira.
¿Y los deudores? Ese fue otro de los ejes del plan de reactivación, porque la CFN conformó una Unidad de Coactivas, que ha instaurado más de 500 juicios. (JT)
DIRECTORIO
Los juicios coactivos crecieron de tal manera con la crisis bancaria, que la CFN creó la Dirección de Coactivas.
Las causas deben ser rápidas, pero los deudores han obstaculizado el cobro con varias argucias jurídicas, se dice.
La ley obliga a aceptar a trámite las causas cuando el deudor haya consignado el monto en el Juzgado.
Los amparos constitucionales han sido otro de los recursos de los deudores para evitar pagar sus acreencias.
El inusual caso de la Pesquera Jambelí
Esta fábrica, ubicada en el cantón Posorja (Guayas), es la segunda mayor deudora de Filanbanco, según datos emitidos por la CFN en junio pasado. Hasta esa fecha, Jambelí adeudaba alrededor de $13 millones, de los cuales $9,1 millones están vencidos. Las obligaciones pendientes con el sistema financiero (abierto y cerrado) bordeaban los $25 millones, hasta diciembre de 2001.
El vencimiento del plazo de pago motivó que la CFN, bajo mando de su gerente, Federico Saporitti, ordenara el embargo de la Pesquera el pasado 12 de junio. La empresa, de propiedad del grupo Hidalgo-Febres Cordero, adeudaba a la Corporación aproximadamente $8 millones, cuando se inició el juicio de coactiva en su contra.
El Juzgado de Coactiva de la CFN emitió, el 7 de junio, la resolución mediante la cual exigió el pago de la deuda pendiente de cancelar desde 1997, en la cual se puso el plazo de tres días.
La Pesquera Jambelí presentó a inicios de 2002 una solicitud para refinanciar sus obligaciones con la banca cerrada en la Unidad de Reestructuración de Créditos (URC), en vista de que enfrenta también deudas con los bancos Unión, Crédito y Finagro, en saneamiento, cuyo pago es exigido por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
La CFN mantiene la custodia de la Pesquera, con guardia permanente, en vista de que no son los únicos que quieren reclamar las propiedades para cubrir lo que se les adeuda. Al momento del embargo, 125 empleados de la fábrica reclamaron el pago de sus sueldos atrasados desde octubre de 2001, los cuales no serán cubiertos por ninguno de los acreedores. (SCQ)
DEMANDAS
JURIDICAS
Chitoa S.A. espera un informe
El Juzgado Cuarto de lo Civil calificó el juicio de excepciones planteado por el representante de Chitoa S.A., Armando Pluguiese, que obstaculizó el cobro de la deuda que fue endosada a la CFN: $667 927. La causa, por el momento, espera un informe del perito que debe presentar un avalúo de las instalaciones de la empresa. (JT)
La segunda parte, por perjuicios
No conforme con plantear una demanda de excepción a la deuda que Chitoa S.A. tiene con la CFN, el representante legal presentó en otro Juzgado de lo Civil, en el Sexto, una demanda en contra de la CFN, por daños y perjuicios, con los documentos con los que se alegó la ilegalidad de la deuda. El juez debe dictar sentencia. (JT)
Los $2 045 882 de Aviflor
El representante legal de Aviflor, Patricio Avilés, tampoco accedió a pagar una deuda por $2 045 882, a la CFN. El proceso de excepciones fue aceptado a trámite en el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha. La última providencia se dictó el 3 de julio de 2002. En la causa está prevista la citación al procurador general del Estado. (JT)
NATURALES
El ataque se organiza en dos frentes
Luis Londoño planteó dos demandas en contra de la CFN, en el Juzgado Cuarto de lo Civil y en el Octavo. Su deuda, de acuerdo con la CFN, asciende a $470 431.
La última providencia en el primer caso es de julio de 2002, en donde el juez califica la demanda, y el segundo salió del período de prueba el 29 de julio pasado. (JT)
Un proceso de Guayaquil a Quito
Si bien el juicio instaurado por Tandex Cia. Ltda. se inició en el Juzgado Decimonoveno de lo Civil del Guayas, en la actualidad el caso se lo tramita en Quito. La deuda es de $343 814. En el juicio fue citado el gerente de la Corporación, señalando un casillero judicial en Guayaquil, de acuerdo con un informe del organismo. (JT)
Los alegatos que presenta Matheus
Santiago Matheus tiene iniciados dos procesos por una deuda con la CFN. El primero es un recurso de amparo constitucional presentado en el Juzgado Noveno de lo Civil, en el que alegó la imposibilidad de la defensa, y el segundo en el Vigésimo de lo Civil, para la exhibición de la prenda pecuaria. La deuda asciende a $2 865 386. (JT)
La deuda de la televisora que no se ha querido reconocer
El 17 de agosto de 1994 Sí TV firmó un contrato con el Banco del Progreso S.A., denominado Préstamo a Mutuo dentro del Programa Global de Crédito Multisectorial, por $909 000.
La coactiva fue iniciada por la CFN por una deuda de $854 460, cuyo plazo de pago se declaró vencido el 11 de enero de 2001.
Sí TV inició el juicio de excepciones en contra de la Corporación el 7 de marzo de 2001, alegando que el documento en el que se basa el cobro no prueba la existencia de la deuda. Además, subraya la diferencia entre la deuda que muestra el contrato firmado y la del auto de pago. Indica también que el documento del contrato no ha sido legalmente cedido por el banco a la CFN, por lo que acusa a los cobradores de utilizar documentos supuestamente falsos.
La CFN declara que los documentos de endoso de la deuda fueron suscritos por los representantes del Banco el 27 de diciembre de 1994, en los cuales es clara la cuantía de los valores adeudados. El caso es manejado por abogados externos de la CFN. El período de prueba de este juicio ha culminado y se espera que el juez dicte sentencia, que fue solicitada por el departamento legal de la Corporación el pasado 20 de mayo.
Como la empresa ha cambiado de propietarios varias veces, según los abogados de la CFN, estos al comprar el bien adquieren también las deudas que posee la empresa. Hasta la actualidad ninguno de los propietarios ha cambiado su posición dentro del proceso legal con la CFN.
Otro caso pendiente es el de Novolli S.A., empresa que posee dos juicios: competencia y excepciones. Los representantes de la compañía, Francisco Romero y su esposa Gladys Rivera, firmaron cuatro pagarés a favor del banco Financorp, cuyas obligaciones vencieron. En las demanadas alegan que los documentos de cobro no fueron presentados dentro del plazo establecido por la ley y que algunos ya estaban vencidos y otros por vencer cuando los conocieron, lo que supuestamente los exime de su obligación.
La CFN rechazó el juicio que fue calificado por el juez Quinto de lo Civil de Guayaquil. (SCQ)
ANALISIS
CFN, otra víctima de los banqueros corruptos y de alguien más
La crisis financiera que vivió el país continúa dejando secuelas en la mayor de sus víctimas, el Estado, que equivale a decir el pueblo ecuatoriano.
La serie de medidas absurdas que tomó Jamil Mahuad, en un intento por dar la apariencia de que la situación económica no se agravaría como producto de la estafa cometida por los banqueros, lejos de arreglar el problema, lo agravó.
Este es el caso de la Corporación Financiera Nacional (CFN) a la que, mediante decreto presidencial, se le transformó en un gran basurero al que fueron a parar los Certificados de Depósitos Reprogramables (CDR) y los Certificados de Pasivos Garantizados (CPG).
Haciendo uso de esa "gracia" presidencial, empresas que habían obtenido ventajosos créditos de la CFN, fueron autorizadas a pagar sus deudas con los benditos papeles, obtenidos por ellos a precios insignificantes, con lo cual resultaron doblemente beneficiarios.
En efecto, la mayoría de los CDR fueron adquiridos por los deudores de la Corporación con castigos de hasta el 85%, en el gran mercado negro que se abrió en en todo el país, para abaratar los costos de lo único que les quedaba a los acreedores de la banca cerrada, los papeles.
Resulta paradójico que el gobierno de Mahuad haya emitido decretos para viabilizar el pago de deudas de quienes pidieron recursos a instituciones del Estado, mientras se permitía que aquellos que confiaron su dinero en los bancos fuesen perjudicados doblemente: por los corruptos que se robaron la plata en las instituciones, y por quienes compraron los papeles para hacer negocio con ellos.
El decreto 1492, emitido por el gobierno de Mahuad, autorizando la recepción al 100% de los papeles mencionados, fue para la CFN un golpe terrible del que apenas empieza a levantarse.
A la Corporación no solo le ha resultado imposible encontrar valor a los CDR, sino que, en el colmo de la audacia, los beneficiarios de sus créditos han encontrado en el recurso de amparo una triquiñuela para no devolver el dinero que recibieron de la CFN. Pero esta actitud tiene un nombre; por favor, póngalo usted. (TFF).
(BLANCO Y NEGRO 24 DE AGOSTO DE 2002)
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