Quito. 9 ene 97. Hace tres años, Ricardo perdió su trabajo de
"perchero", en la sucursal de un conocido supermercado del país.
El no quería dejar su puesto, pero se vio forzado a hacerlo y
a aceptar que su caso fuera registrado en los archivos laborales
de esa empresa como "renuncia voluntaria". Además, fue prevenido
de no volver por el lugar, a riesgo de ser sacado a rastras por
los guardias.
Ricardo -nombre ficticio de un joven que prefiere no
identificarse por temor a ser objeto de nuevos actos de
discriminación- trabajó durante ocho años en ese lugar. Su
trayectoria, asegura, era buena y con perspectivas de ascenso.
"Entonces, ya ganaba más de un millón de sucres mensuales. Yo
quería seguir ahí porque tenía una buena remuneración y estaba
empezando a construir una casa. Además, el trabajo me gustaba".
Pero seguir fue imposible. El no robó, ni fue negligente, ni
faltó al respeto a nadie. Una infidencia de alguien -hasta hoy
Ricardo dice no saber de quién- regó el rumor en su oficina:
Ricardo es portador del virus del sida. Eso le costó el puesto.
"Yo me enteré de que estaba contagiado cuando doné sangre para
un amigo. A los dos días me llamaron y me avisaron. Creo que fue
mi culpa, porque yo era muy promiscuo", se condena este joven
heterosexual, moreno, robusto y de mirada esquiva.
"En mi casa no le dije a nadie. A mi mamá le aseguré que estaba
mal del corazón y que por eso debía tratarme. Nadie sabía nada.
Solo él médico y yo".
Sin embargo, una mañana, sorpresivamente, la jefa de personal de
su empresa lo llamó y le aseguró que su ficha médica se había
extraviado. "Me dijo que debía realizarme nuevos exámenes en un
laboratorio particular. Yo caí como pato".
"Después de varios días, el médico de la empresa me llamó. Me
comunicó que mis muestras habían sido analizadas y después me
preguntó varias veces que qué tenía. Yo le respondí que él era
el médico y qué él debía saber. El sabía. Me dijo: usted tiene
sida y le queda máximo un año de vida".
Al diagnóstico, el médico añadió una oferta. "Dijo que era mejor
que no siguiera trabajando allí. Que era por mi bien, porque
todos se iban a burlar de mí si se enteraban. Me ofreció de parte
de la empresa, diez millones de sucres a cambio de mi renuncia".
"Pedí que me dejaran trabajar de guardia, pero tampoco quisieron,
Creían que si me cortaba o algo, iba a contagiar a la gente".
La presión fue intensa. La madre de Ricardo se enteró de su
contagio, por boca de la jefa de personal. "Yo pensé en
demandarlos, pero no había ninguna legislación que me amparara.
Finalmente, me pagaron cinco millones de sucres y me dijeron que
era mejor que no me metiera en reclamos legales porque antes de
ganarles, me iba a morir".
RESERVA Y PROTECCION LABORAL SON LAS DEMANDAS
En el Ecuador, el único proyecto de ley pensado para beneficiar
a las víctimas del contagio del SIDA, viola, desde sus preceptos,
uno de los derechos fundamentales de estas personas: la reserva.
El proyecto de Ley de Creación del Servicio Nacional de
Asistencia a Enfermos de SIDA, presentada al Congreso por el
diputado socialcristiano Mauricio Salem, incluye la
obligatoriedad de examinarse a los empleados públicos. El
artículo viola, según los promotores del trabajo con el sida, el
derecho a la privacidad. Así lo manifestó, cuando fue presentado
el proyecto, Orlando Montoya, uno de los promotores de la Red
VIH/SIDA.
Pero, según Yolanda Gaón, la violación a este derecho empieza en
el mismo Estado. La directora de VIVIR asegura que existe una
pugna constante entre las organizaciones que trabajan con
personas contagiadas y el Ministerio de Salud Pública que exige
información de los casos, incluyendo la identidad de los
contagiados.
"La intención, seguramente, es que no se dupliquen datos. Pero
nosotros insistimos en que la información, en estos casos, sea
manejada con códigos que combinen la fecha del nacimiento y los
primeros dígitos del número de cédula", sostiene Gaón.
Los propios infectados -especialmente lo que han sufrido en carne
propia el discrimen laboral- están empeñados en impulsar un
proyecto de ley que proteja su derecho a la reserva y sus
derechos laborales.
El propio Ricardo acaba de entregar a la diputada Odette Salcedo,
la legislación que al respecto rige en Colombia y Venezuela.
"Quiero que me asesoren para elaborar un proyecto", dice Ricardo.
Todavía no ha recibido respuesta. (DIARIO HOY) (P. 1-B)
"perchero", en la sucursal de un conocido supermercado del país.
El no quería dejar su puesto, pero se vio forzado a hacerlo y
a aceptar que su caso fuera registrado en los archivos laborales
de esa empresa como "renuncia voluntaria". Además, fue prevenido
de no volver por el lugar, a riesgo de ser sacado a rastras por
los guardias.
Ricardo -nombre ficticio de un joven que prefiere no
identificarse por temor a ser objeto de nuevos actos de
discriminación- trabajó durante ocho años en ese lugar. Su
trayectoria, asegura, era buena y con perspectivas de ascenso.
"Entonces, ya ganaba más de un millón de sucres mensuales. Yo
quería seguir ahí porque tenía una buena remuneración y estaba
empezando a construir una casa. Además, el trabajo me gustaba".
Pero seguir fue imposible. El no robó, ni fue negligente, ni
faltó al respeto a nadie. Una infidencia de alguien -hasta hoy
Ricardo dice no saber de quién- regó el rumor en su oficina:
Ricardo es portador del virus del sida. Eso le costó el puesto.
"Yo me enteré de que estaba contagiado cuando doné sangre para
un amigo. A los dos días me llamaron y me avisaron. Creo que fue
mi culpa, porque yo era muy promiscuo", se condena este joven
heterosexual, moreno, robusto y de mirada esquiva.
"En mi casa no le dije a nadie. A mi mamá le aseguré que estaba
mal del corazón y que por eso debía tratarme. Nadie sabía nada.
Solo él médico y yo".
Sin embargo, una mañana, sorpresivamente, la jefa de personal de
su empresa lo llamó y le aseguró que su ficha médica se había
extraviado. "Me dijo que debía realizarme nuevos exámenes en un
laboratorio particular. Yo caí como pato".
"Después de varios días, el médico de la empresa me llamó. Me
comunicó que mis muestras habían sido analizadas y después me
preguntó varias veces que qué tenía. Yo le respondí que él era
el médico y qué él debía saber. El sabía. Me dijo: usted tiene
sida y le queda máximo un año de vida".
Al diagnóstico, el médico añadió una oferta. "Dijo que era mejor
que no siguiera trabajando allí. Que era por mi bien, porque
todos se iban a burlar de mí si se enteraban. Me ofreció de parte
de la empresa, diez millones de sucres a cambio de mi renuncia".
"Pedí que me dejaran trabajar de guardia, pero tampoco quisieron,
Creían que si me cortaba o algo, iba a contagiar a la gente".
La presión fue intensa. La madre de Ricardo se enteró de su
contagio, por boca de la jefa de personal. "Yo pensé en
demandarlos, pero no había ninguna legislación que me amparara.
Finalmente, me pagaron cinco millones de sucres y me dijeron que
era mejor que no me metiera en reclamos legales porque antes de
ganarles, me iba a morir".
RESERVA Y PROTECCION LABORAL SON LAS DEMANDAS
En el Ecuador, el único proyecto de ley pensado para beneficiar
a las víctimas del contagio del SIDA, viola, desde sus preceptos,
uno de los derechos fundamentales de estas personas: la reserva.
El proyecto de Ley de Creación del Servicio Nacional de
Asistencia a Enfermos de SIDA, presentada al Congreso por el
diputado socialcristiano Mauricio Salem, incluye la
obligatoriedad de examinarse a los empleados públicos. El
artículo viola, según los promotores del trabajo con el sida, el
derecho a la privacidad. Así lo manifestó, cuando fue presentado
el proyecto, Orlando Montoya, uno de los promotores de la Red
VIH/SIDA.
Pero, según Yolanda Gaón, la violación a este derecho empieza en
el mismo Estado. La directora de VIVIR asegura que existe una
pugna constante entre las organizaciones que trabajan con
personas contagiadas y el Ministerio de Salud Pública que exige
información de los casos, incluyendo la identidad de los
contagiados.
"La intención, seguramente, es que no se dupliquen datos. Pero
nosotros insistimos en que la información, en estos casos, sea
manejada con códigos que combinen la fecha del nacimiento y los
primeros dígitos del número de cédula", sostiene Gaón.
Los propios infectados -especialmente lo que han sufrido en carne
propia el discrimen laboral- están empeñados en impulsar un
proyecto de ley que proteja su derecho a la reserva y sus
derechos laborales.
El propio Ricardo acaba de entregar a la diputada Odette Salcedo,
la legislación que al respecto rige en Colombia y Venezuela.
"Quiero que me asesoren para elaborar un proyecto", dice Ricardo.
Todavía no ha recibido respuesta. (DIARIO HOY) (P. 1-B)
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