Quito. 21 de abril de 1997. INFORME. La Corte Suprema no pedirá
ni tramitará la extradición de Abdalá Bucaram, porque todavía no
es el momento procesal. Ese trámite solo puede darse cuando haya
una orden de prisión definitiva. Por su lado, Rodrigo Borja duda
de que el Gobierno de Panamá autorice la extradición por la
amistad de Bucaram con el presidente Ernesto Pérez Balladares.
Bucaram: la extradición debe esperar
Abdalá Bucaram puede estar tranquilo, porque, por el momento, el
presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, no pedirá ni
tramitará su extradición.
El argumento es que solo se ha dictado una orden de prisión
preventiva, por presunciones de responsabilidad y para la
extradición se necesita que haya una orden de captura en firme
o una sentencia condenatoria.
Solórzano fue contundente en la providencia dictada el miércoles
pasado sobre este caso: "oportunamente se gestionará su
extradición a las autoridades competentes". En declaraciones
posteriores ratificó que debe haber una orden de captura
definitiva, porque no es el momento procesal.
Además, la Corte Suprema no ha enviado a la Cancillería ninguna
solicitud con respecto a este trámite, por lo que queda
descartada la devolución de Bucaram a Ecuador.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Penal también es
claro: "en los casos de prisión preventiva o sentencia
condenatoria se tramitará la extradición en concordancia con las
normas establecidas a la Ley de Extranjería y su reglamento".
Esta ley determina que se cumplirá con ese paso legal cuando haya
una orden de captura definitiva.
Si Bucaram se queda en Panamá, el juicio de los gastos reservados
correrá el mismo destino que el iniciado al ex vicepresidente
Alberto Dahik. Es decir, el proceso solo prosperará hasta la
etapa plenaria.
El artículo 254 del Código de Procedimiento Penal estipula que
si al momento de dictarse las acusaciones el sindicado está fuera
del país el juicio se suspenderá hasta que éste sea apresado.
En el Congreso Nacional se moldea la idea de presentar un
proyecto para impedir que los juicios por peculado prescriban y
que los sindicados fugados del país puedan ser sentenciados. Sin
embargo, este proyecto no influiría en los procesos actuales por
peculado, porque la ley no es retroactiva.
Eso significa que todos los enjuiciados en este momento serán
juzgados de acuerdo con las normas vigentes.
Por su lado, el ex presidente Rodrigo Borja acusó al mandatario
panameño, Ernesto Pérez de "cómplice" de Bucaram y dudó que su
Gobierno conceda su extradición.
Borja aseguró que Bucaram y Pérez se habrían puesto de acuerdo
para contrabandear desde el puerto libre de Panamá, "donde se
embarcaron miles de contenedores hacia el Ecuador".
Pérez Balladares, en declaraciones a EFE expresó: "la primera vez
en mi vida que vi a Bucaram fue cuando vino a Panamá como
presidente electo, por lo que mal puede hablarse de amistades ni
sociedades de ningún tipo".
Villón pide libertad
El juez que lleva en Perú el pedido de extradición de un asesor
del ex presidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram, suspendió las
audiencias por una semana, durante la que viajará al interior del
país para recopilar testimonios.
La audiencia de extradición comenzó el jueves y se ha suspendido
hasta el próximo jueves 17 para recabar todos los documentos de
la Fiscalía y de la defensa.
El juez Rubén Mansilla viajará el domingo a Tumbes, donde
entrevistará a los oficiales que detuvieron al acusado.
Mansilla debe presentar un informe a la Corte Suprema sobre si
Villón es sujeto o no de extradición. En Tumbes, donde la Policía
detuvo a Villón el 7 de marzo, el juez buscará determinar, entre
otras cosas, cuánto dinero tenía el ecuatoriano en su poder, al
momento de su detención.
Versiones periodistas señalaron que se le encontró 3,5 millones
de dólares al momento de su captura, pero su abogado, Miguel
Bedriñana, sostiene que solo tenía 3.401 dólares.
Por otro lado, se supo que el ex-colaborador del depuesto
Presidente solicitó, a través de sus abogados defensores, la
libertad temporal. La Justicia peruana analizará en las próximas
horas este nuevo pedido, pues Villón presentó anteriormente una
solicitud de asilo, por considerarse como un perseguido político.
Al respecto el vicecanciller, Diego Rivadeneira, reiteró la
preocupación del Gobierno ecuatoriano por la demora en los
trámites para deportar al ex-funcionario, considerado como una
pieza clave para las investigaciones del manejo doloso de fondos
del Estado, en ese Gobierno.
El embajador de Ecuador en Lima, Horacio Sevilla, aseguró que la
deportación de Villón debe pasar por un amplio proceso judicial.
Sevilla recordó que el último caso de deportación concedido por
el Gobierno peruano duró entre 8 y 9 meses y, podría suceder lo
mismo.
Enrique Villón es acusado de haber ordenado el retiro de 11 mil
millones de sucres de una cuenta de gastos reservados de la
Presidencia el 6 de febrero, luego de la caída del poder de
Abdalá Bucaram.
El ex-funcionario fue detenido el 7 de marzo pasado en la
localidad de Aguas Verdes por haber ingresado de manera ilegal
al Perú; desde entonces la justicia ecuatoriana ha solicitado a
su similar peruana agilidad en los trámites. (El Comercio)
ni tramitará la extradición de Abdalá Bucaram, porque todavía no
es el momento procesal. Ese trámite solo puede darse cuando haya
una orden de prisión definitiva. Por su lado, Rodrigo Borja duda
de que el Gobierno de Panamá autorice la extradición por la
amistad de Bucaram con el presidente Ernesto Pérez Balladares.
Bucaram: la extradición debe esperar
Abdalá Bucaram puede estar tranquilo, porque, por el momento, el
presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, no pedirá ni
tramitará su extradición.
El argumento es que solo se ha dictado una orden de prisión
preventiva, por presunciones de responsabilidad y para la
extradición se necesita que haya una orden de captura en firme
o una sentencia condenatoria.
Solórzano fue contundente en la providencia dictada el miércoles
pasado sobre este caso: "oportunamente se gestionará su
extradición a las autoridades competentes". En declaraciones
posteriores ratificó que debe haber una orden de captura
definitiva, porque no es el momento procesal.
Además, la Corte Suprema no ha enviado a la Cancillería ninguna
solicitud con respecto a este trámite, por lo que queda
descartada la devolución de Bucaram a Ecuador.
El artículo 164 del Código de Procedimiento Penal también es
claro: "en los casos de prisión preventiva o sentencia
condenatoria se tramitará la extradición en concordancia con las
normas establecidas a la Ley de Extranjería y su reglamento".
Esta ley determina que se cumplirá con ese paso legal cuando haya
una orden de captura definitiva.
Si Bucaram se queda en Panamá, el juicio de los gastos reservados
correrá el mismo destino que el iniciado al ex vicepresidente
Alberto Dahik. Es decir, el proceso solo prosperará hasta la
etapa plenaria.
El artículo 254 del Código de Procedimiento Penal estipula que
si al momento de dictarse las acusaciones el sindicado está fuera
del país el juicio se suspenderá hasta que éste sea apresado.
En el Congreso Nacional se moldea la idea de presentar un
proyecto para impedir que los juicios por peculado prescriban y
que los sindicados fugados del país puedan ser sentenciados. Sin
embargo, este proyecto no influiría en los procesos actuales por
peculado, porque la ley no es retroactiva.
Eso significa que todos los enjuiciados en este momento serán
juzgados de acuerdo con las normas vigentes.
Por su lado, el ex presidente Rodrigo Borja acusó al mandatario
panameño, Ernesto Pérez de "cómplice" de Bucaram y dudó que su
Gobierno conceda su extradición.
Borja aseguró que Bucaram y Pérez se habrían puesto de acuerdo
para contrabandear desde el puerto libre de Panamá, "donde se
embarcaron miles de contenedores hacia el Ecuador".
Pérez Balladares, en declaraciones a EFE expresó: "la primera vez
en mi vida que vi a Bucaram fue cuando vino a Panamá como
presidente electo, por lo que mal puede hablarse de amistades ni
sociedades de ningún tipo".
Villón pide libertad
El juez que lleva en Perú el pedido de extradición de un asesor
del ex presidente ecuatoriano, Abdalá Bucaram, suspendió las
audiencias por una semana, durante la que viajará al interior del
país para recopilar testimonios.
La audiencia de extradición comenzó el jueves y se ha suspendido
hasta el próximo jueves 17 para recabar todos los documentos de
la Fiscalía y de la defensa.
El juez Rubén Mansilla viajará el domingo a Tumbes, donde
entrevistará a los oficiales que detuvieron al acusado.
Mansilla debe presentar un informe a la Corte Suprema sobre si
Villón es sujeto o no de extradición. En Tumbes, donde la Policía
detuvo a Villón el 7 de marzo, el juez buscará determinar, entre
otras cosas, cuánto dinero tenía el ecuatoriano en su poder, al
momento de su detención.
Versiones periodistas señalaron que se le encontró 3,5 millones
de dólares al momento de su captura, pero su abogado, Miguel
Bedriñana, sostiene que solo tenía 3.401 dólares.
Por otro lado, se supo que el ex-colaborador del depuesto
Presidente solicitó, a través de sus abogados defensores, la
libertad temporal. La Justicia peruana analizará en las próximas
horas este nuevo pedido, pues Villón presentó anteriormente una
solicitud de asilo, por considerarse como un perseguido político.
Al respecto el vicecanciller, Diego Rivadeneira, reiteró la
preocupación del Gobierno ecuatoriano por la demora en los
trámites para deportar al ex-funcionario, considerado como una
pieza clave para las investigaciones del manejo doloso de fondos
del Estado, en ese Gobierno.
El embajador de Ecuador en Lima, Horacio Sevilla, aseguró que la
deportación de Villón debe pasar por un amplio proceso judicial.
Sevilla recordó que el último caso de deportación concedido por
el Gobierno peruano duró entre 8 y 9 meses y, podría suceder lo
mismo.
Enrique Villón es acusado de haber ordenado el retiro de 11 mil
millones de sucres de una cuenta de gastos reservados de la
Presidencia el 6 de febrero, luego de la caída del poder de
Abdalá Bucaram.
El ex-funcionario fue detenido el 7 de marzo pasado en la
localidad de Aguas Verdes por haber ingresado de manera ilegal
al Perú; desde entonces la justicia ecuatoriana ha solicitado a
su similar peruana agilidad en los trámites. (El Comercio)
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